Justicia Ecológica es el hilo conductor de la nueva edición de la Revista Justicia Ambiental

Revista Justicia Ambiental N°16
Este jueves ONG FIMA presentará en la Fundación Heinrich Böll la edición número 16 de su tradicional publicación 

Enero 2025. La Revista Justicia Ambiental es una publicación anual llevada a cabo por ONG FIMA desde el año 2010, y que cuenta actualmente con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Su objetivo es contribuir al desarrollo del Derecho Ambiental, promoviendo la discusión y profundización sobre temas jurídicos relevantes en la materia.

Esta edición estuvo a cargo  de Antonio Pulgar Martínez y Sofía Rivera Berkhoff, y tiene como hilo conductor la justicia ecológica. En ella se abordan temas clave como la litigación climática, los derechos de agua indígenas, la responsabilidad ambiental de las empresas, el empoderamiento jurídico y la transición justa, destacando entre los autores, la participación de Tônia Horbatiuk, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental y Ecología Política en la Sociedad de Riesgo-GPDA/UFSC, con su artículo «La justicia ecológica y el “giro ontológico”», y el abogado Antonio Rivas con «Posibilidades y limitaciones para la litigación climática en Chile vistas desde la perspectiva del recurso de protección». A su vez, escribe Diego Zúñiga, Analista Legal de la Dirección General de Aguas de Antofagasta sobre «Los derechos ancestrales de aguas indígenas y su cosmovisión en la zona norte de Chile», y Carla Figueroa, Asesora legal de Academia Into Space, sobre «Las etapas de cierre y post cierre de la faena minera: responsabilidad ambiental de las empresas mineras ante los pasivos ambientales mineros»

La publicación también incluye los estudios de «Tendencias en los litigios ecológicos y climáticos en América Latina» del Observatorio de Litigación Ecológica y Climática de América Latina, y los estudios de ONG FIMA «Empoderamiento jurídico y defensa del territorio en Magallanes», «¿Hacia una transición justa?: recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel», y «Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética».

“La justicia ecológica es un tema clave para reflexionar sobre la crisis climática y ecológica actual. Uno de los desafíos jurídicos de esta era se relaciona con la importancia de valorar los ecosistemas más allá de lo económico, incorporando los ciclos e interacciones entre componentes ambientales, las funciones climáticas que estos ecosistemas generan o los propios valores culturales asociados a distintos territorios que han determinado prácticas y formas de relacionarse con el entorno. Estos aspectos, muchas veces invisibilizados, son esenciales para enfrentar las asimetrías de poder y reducir la conflictividad socioambiental”, comenta Antonio Pulgar, coordinador de estudios en ONG FIMA y uno de los editores de la Revista.

La Revista será lanzada el jueves 9 de enero a las 18 hrs en la sede de la Fundación Heinrich Böll. Para el lanzamiento, que requiere inscripción previa, contaremos con las presentaciones de: Rodrigo Astorga, coordinador del eje de transición socioecológica de la Fundación Heinrich Böll; Dominique Herve, directora del Programa en Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales; y Rodrigo Míguez Núñez, abogado especializado en el fortalecimiento de capacidades locales. Actualmente es profesor asociado en el departamento de transición ecológica y desarrollo sustentable de la Universidad de Eastern Piedmont, además de coordinador del Proyecto Speak4Nature, iniciativa que busca empoderar a individuos y comunidades para que participen activamente en los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y restauración del hábitat. 

El lanzamiento también será transmitido a través del canal de YouTube de ONG FIMA.

Luego del evento, la revista Justicia Ambiental N°16 estará disponible para su revisión y descarga gratuita en www.revistajusticiaambiental.cl, junto a todas las ediciones anteriores.

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina
En un esfuerzo sin precedentes, organizaciones de México, Panamá, Perú y Chile forman parte del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), que busca combatir la pesca ilegal a través de herramientas satelitales y un enfoque colaborativo. La iniciativa promete marcar un antes y un después en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos de la región.

La pesca en aguas continentales es una importante fuente de alimentos y en 2019 representó el 12,7% de la producción pesquera mundial, siendo también una fuente de empleo para aproximadamente 58 millones de personas. Sin embargo, su importante relevancia económica se ha visto opacada por la pesca ilegal, una actividad que, según Naciones Unidas,  representa pérdidas anuales de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo tras el tráfico de drogas y armas. 

En América Latina, esta práctica no solo amenaza los ecosistemas marinos, sino también los derechos humanos y las economías costeras. Algunas de las consecuencias de gran alcance de esta actividad incluyen la pérdida de biodiversidad, el aumento de plástico en los océanos y violaciones de los derechos humanos (incluida la pesca pirata, los conflictos por las zonas de pesca en alta mar, el trabajo infantil y forzado, y la trata de personas).

Frente a esta realidad, surge el Proyecto Legal Ocean Watch (LOW) ha desarrollarse entre el 2024 y 2026, que considera la participación de cuatro organizaciones no gubernamentales latinoamericanas y caribeñas especializadas en conservación marina y costera: Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) de México, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, y la organización líder del proyecto, FIMA de Chile.

LOW nace como una respuesta urgente y necesaria que busca comprender las principales oportunidades y desafíos en el uso de información satelital en procesos institucionales para controlar la pesca ilegal en América Latina y el Caribe. Tiene por objetivo mostrar el comportamiento de la pesca a nivel global proporcionando herramientas para recabar información sobre esta práctica ilícita y para esto, cuenta con el apoyo de la plataforma tecnológica Global Fishing Watch (GFW).

“Hoy en día la pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no sólo por la depredación del recurso pesquero, el agotamiento de las pesquerías, sino también por la contaminación que eso significa y los delitos o conductas asociadas a la pesca ilegal como la trata de personas o tratos de esclavitud. Global Fishing Watch tiene una herramienta increíble para poder mapear y encontrar esa actividad en los océanos, por ello distintas organizaciones nos reunimos para comprender cómo usar los sistemas de posicionamiento satelital y monitorear la actividad humana en el mar, en específico en relación a la pesca ilegal. De esta forma,  buscamos entender cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden usar esta información para mejorar las posibilidades de perseguir y capturar la pesca ilegal que ocurre en nuestros océanos”,  señaló Antonia Berrios, coordinadora general de ONG FIMA y coordinadora para Latinoamérica del proyecto Legal Ocean Watch.

Tecnología al servicio de la sostenibilidad

Uno de los pilares del proyecto es el uso de sistemas satelitales como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS), facilitados por GFW. Estas herramientas no solo permiten detectar embarcaciones en tiempo real, sino también recopilar datos que podrían ser utilizados en litigios o para mejorar la regulación pesquera. Para ello, las organizaciones participantes se capacitaron en jornadas de tres días para conocer la forma de utilizar estos instrumentos tecnológicos, los que serían un recurso para eventualmente presentar procesos administrativos, civiles o en otros casos penales y así disminuir la pesca ilegal. 

“En efecto, la problemática no es nada más de estos cuatro países, es a nivel mundial, y lo que está haciendo Global Fishing Watch es apoyar con herramientas de datos satelitales. La tecnología ayuda mucho a lo que es el análisis de la inteligencia para ver el comportamiento de las flotas pesqueras, ya sea supervisar las flotas pesqueras del pabellón nacional o bien ver las flotas pesqueras del pabellón extranjero que entran a las aguas jurisdiccionales de los países. Y con esto ellos puedan tener por lo menos insumos, reportes de eventos, tener imágenes satelitales y una serie de instrumentos que pueden ser evaluados en conjunto con otros más que pueden aportar para así levantar un caso robusto”, explicó Gabriel Caballero, oficial de Políticas de Panamá para Global Fishing Watch.

Innovación y colaboración

Las organizaciones participantes, no solo cuentan con experiencia en conservación marina, sino también en incidencia política y legal. Por ejemplo, DAN ha capacitado a organizaciones civiles sobre el marco legal mexicano, ha presentado denuncias sobre daños a los ecosistemas y ha exigido acciones gubernamentales para proteger especies en peligro de extinción. CIAM ha abogado por la ratificación de acuerdos internacionales, mientras que DAR ha influido significativamente en las políticas ambientales de Perú. Estas capacidades serán fundamentales para enfrentar los retos de una región donde los sistemas de trazabilidad y monitoreo siguen siendo limitados.

A esto se le suma el nuevo conocimiento de los sistemas de monitoreo, cuyas jornadas de trabajo fueron valoradas de manera positiva por las organizaciones participantes. “En esta oportunidad hemos intercambiado nuestras respectivas legislaciones, en mi caso contando  cómo es en Perú, estableciendo avances en torno al concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Si bien nuestra regulación es adecuada en cuanto a la creación de instrumentos legales, aún persiste una brecha en su implementación y fiscalización. En este sentido, la herramienta de monitoreo satelital podría ser de gran utilidad, pero es fundamental que esté acompañada de transparencia, gobernanza e institucionalidad a nivel nacional”, puntualizó Sofía Rodríguez, especialista del Programa Sostenibilidad de DAR.

Por su parte,  Joana Ábrego, gerente legal de CIAM comentó: “Es importante para Panamá ser un país modelo para otras naciones en la gestión sostenible de sus recursos pesqueros, de manera que se evite la depredación de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas naturales, especialmente los océanos, son cruciales para los medios de vida de las comunidades y para la resiliencia ambiental, que ya enfrenta amenazas como el cambio climático, poniéndolos en grave riesgo. La presión humana ejercida sobre el medio natural, a través de una pesca no regulada o inadecuada, genera un impacto excesivo en estos ecosistemas. Por ello, es fundamental utilizar todos los recursos legales posibles, junto con las nuevas tecnologías, para proteger estos ecosistemas esenciales para el mundo”.

Resultados esperados y visión a futuro

A corto plazo, el proyecto aspira a fortalecer las capacidades de las organizaciones involucradas para utilizar datos satelitales en estrategias legales y administrativas. A largo plazo, se espera consolidar cambios regulatorios clave que faciliten el uso de esta información en procesos institucionales. Además, se busca promover relaciones éticas y colaborativas con comunidades locales que puedan verse afectadas por la pesca ilegal.

“Creo que el primer paso es lograr un mayor entendimiento dentro de las organizaciones que formamos parte, para luego transmitirlo hacia el exterior, ya sea a las autoridades, las comunidades o según las capacidades de cada organización. En el caso de México, donde las autoridades pesqueras no suelen ser muy transparentes, este tipo de herramientas podría ser de gran utilidad si lográramos implementarlas y utilizarlas para promover la transparencia (…).Por ello, es importante probar el sistema, evaluar cómo funciona y determinar hasta qué punto las autoridades están dispuestas a abrirse, transparentar procesos y aceptar este tipo de nuevas tecnologías”, detalló María Llano, directora del Programa de Análisis de Políticas Públicas y Legislación de DAN. 

El proyecto Legal Ocean Watch representa una oportunidad única para abordar una problemática global desde una perspectiva regional, innovadora y colaborativa. En un contexto donde la sostenibilidad de los océanos es clave para la supervivencia de las comunidades costeras, iniciativas como esta no solo son relevantes, sino también urgentes.

Funcionarios municipales de la Región de Valparaíso finalizan capacitación en justicia ambiental

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”

El programa fue implementado por  ONG FIMA con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso para  capacitar en derecho ambiental y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias municipales  de la región.

 

En una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 53 funcionarios y funcionarias de 12 municipalidades de Valparaíso recibieron una certificación por su participación en el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, un proyecto desarrollado entre 2023 y 2024 gracias al aporte de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso

El objetivo del programa es dejar capacidades permanentes en los municipios para que los mismos profesionales puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales existentes en sus localidades, de modo de poder facilitar el acceso a la justicia ambiental sin la necesidad de contratar servicios jurídicos externos.

“Los municipios son, sin duda, el primer lugar al que recurren los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen problemas o conflictos relacionados con el medio ambiente”, señaló Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. “Al conversar con las y los participantes y ver cómo han recibido todos los elementos del programa, creo que efectivamente esto les va a permitir tener un rol más activo en proteger sus territorios y en ayudar a las personas que viven en esas comunas a llevar adelante tanto proyectos y procesos de protección ambiental, como a solucionar sus conflictos”, agregó.

Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del programa, destacó que ha sido un trabajo muy arduo que “se traduce en frutos, en productos, que pueden ser relevantes para abordar las problemáticas que puedan tener los distintos municipios, generar capacidades a nivel de funcionarios municipales y también generar herramientas y entregar metodologías para poder trabajar con las comunidades locales y relevar sus sentires y sus preocupaciones”.

Un proceso de dos años

Para la selección de quienes fueron parte del programa, por un lado, se invitó a participar a los municipios en cuyos territorios existiera algún conflicto socioambiental identificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, también se llevó a cabo una convocatoria entre otras municipalidades de la Región de Valparaíso que tuvieran interés en ser parte. Finalmente, las comunas beneficiadas fueron Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quilpué, Quintero, San Antonio y Viña del Mar.

Uno de los participantes del programa fue Vladimir Vicencio, encargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, quien se refirió a los próximos desafíos ambientales ante una nueva administración edilicia. Es importante podamos extrapolar las herramientas conseguidas gracias a este proyecto a la nueva administración y que en conjunto podamos conseguir los resultados que buscamos, que es que todas las industrias y las empresas que están trabajando y desarrollando riquezas en Petorca cumplan con la normativa ambiental sin perjudicar a ningún vecino ni vecina”, comentó.

Por su parte, Daniela Albornoz, del Departamento de Medio Ambiente de Catemu y parte de Catemu en Movimiento, fue otra de las 53 personas que recibieron el certificado por haber completado su participación en el proyecto. Durante la ceremonia destacó el rol de la ciudadanía en la protección del territorio. “Necesitamos que la población, en general, tenga un pronunciamiento respecto de estos temas y, para que esto ocurra, necesitamos que la gente se interese y pueda tener la confianza y la seguridad de saber que, con las capacidades que tiene, puede abordar un proceso de evaluación ambiental, por ejemplo”. Agregó también que existe una responsabilidad institucional de parte de los municipios como tomarse un espacio para difundir sobre un proyecto, sobre la participación ciudadana, etcétera, pero es mutuo, porque a veces la ciudadanía puede tener muchas ganas pero no tiene las herramientas”.

Los resultados del proyecto

La implementación del programa Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental comenzó en marzo de 2023 con la capacitación a funcionarios y funcionarias de 6 comunas de Valparaíso en temas de derecho ambiental. Las primeras municipalidades beneficiadas fueron: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, quienes luego realizaron talleres abiertos a la comunidad sobre fiscalización ciudadana y denuncias ambientales, haciendo uso de los nuevos conocimientos adquiridos.

Este mismo proceso se repitió durante 2024 con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar.

Como resultado general, a lo largo del proyecto se realizaron 96 sesiones de capacitación para 80 funcionarios y funcionarias además de otras 60 sesiones para el co diseño de 14 talleres abiertos a la comunidad.

Sumado a lo anterior, el programa también incluyó un trabajo para la identificación de ecosistemas dañados, así como la realización de un informe de diagnóstico sobre su estado. Para esto, se generó un cuestionario ciudadano enfocado en las 12 comunas participantes, aunque no excluyente, a través del cual se logró identificar 180 ecosistemas de la región de Valparaíso con algún tipo de daño o intervención. Algunos de los más mencionados por los habitantes de la región fueron las Dunas de Concón, el Estero La Cigüeña, el Estero Marga Marga, el Humedal Ojos de Mar, el Río Putaendo y la Laguna El Peral. 

En tercer lugar, en el marco del proyecto se desarrolló el sitio web Poder Ambiental, una plataforma con información legal para proteger el medioambiente explicada de forma clara y sencilla, a fin de poder acercar la normativa chilena a quienes buscan defender sus territorios. Actualmente la página cuenta con diversas entradas sobre temas como conservación de ecosistemas, contaminación, derecho al agua y gestión ambiental local. Finalmente, con el objetivo de difundir el trabajo de los municipios, la academia y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, se grabó el podcast Diálogos por la Justicia Ambiental, que consta de 16 capítulos de entrevistas con distintos actores, principalmente de la Región de Valparaíso. Los episodios se están emitiendo a través de Radio Valparaíso y están disponibles también a través de Spotify.

Magallanes: Nueva versión del Curso de Derecho, Gestión y Política Ambiental para funcionarios/as públicos

El Curso de Derecho y Política Ambiental es una iniciativa de ONG FIMA que tiene como propósito proporcionar una visión práctica y general de los principios del Derecho Ambiental, centrándose en las responsabilidades y facultades de los funcionarios públicos, y brindando herramientas jurídicas para fortalecer la gestión ambiental a nivel comunal.

Esta es la segunda vez que se amplía su alcance a funcionarios públicos, y no solo a funcionarios municipales como versiones anteriores. Estará dirigido a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, y cuenta con el financiamiento de la Fundación Heinrich Böll y la colaboración del Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes, el Centro de Estudios Regionales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Magallanes.

Este curso contará con 8 sesiones virtuales a realizarse los martes y jueves entre el 8 y 31 de octubre de 15 a 17 hrs, y una clase magistral presencial el 7 de noviembre. Además, se entregará un certificado de participación para quienes asistan a un mínimo de 80% de las sesiones. Para participar, cada institución podrá inscribir hasta dos personas, teniendo como plazo de postulación el 1 de octubre a las 23:59 horas.

Para más información o consultas, escribir a g.simonetti@fima.cl

EVALÚAN CREACIÓN DE ORGANISMO QUE ASESORE A COMUNIDADES ANTE PROYECTOS QUE AFECTEN EL MEDIO AMBIENTE

La iniciativa está siendo discutida por el Consejo de la Sociedad civil del Servicio de Evaluación Ambiental, y buscaría la implementación de un organismo o instancia que pueda asesorar técnica y legalmente a las comunidades que serán afectadas por proyectos presentados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), y que no cuentan con recursos para hacer valer efectivamente sus derechos.

La propuesta, impulsada por FIMA, parte de la idea de que el SEIA no recoge adecuadamente la posible contradicción de intereses entre las comunidades y los titulares de proyectos, donde el Estado actúa solo como mediador, dejando a las comunidades de escasos recursos prácticamente en la indefensión.

La idea de la instancia es que pueda, al menos, leer e interpretar adecuadamente los complejos estudios de impacto ambiental y con esa información pueda apoyar a quienes recibirán los impactos de la intervención que se realizará al medio ambiente.

Para la próxima sesión del consejo de la sociedad civil del SEIA, FIMA se ha comprometido a entregar a los consejeros un informe con las opciones para dar cuerpo a esta iniciativa.

Se invita a quienes quieran aportar en este proceso, a enviar sus propuestas a fima@fima.cl

VECINOS DE LO ESPEJO PRESENTAN RECURSO DE PROTECCIÓN EXIGIENDO EVALUACIÓN AMBIENTAL EFECTIVA DEL PROYECTO RANCAGUA EXPRESS

El proyecto generará graves impactos ambientales y sociales, como reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres, y riesgos a la salud de las personas.

 

Hasta el palacio de tribunales de Santiago, llegaron un grupo de 20 vecinos de Lo Espejo acompañados de los abogados de la Fiscalía del Medio Ambiente, Ezio Costa, Diego Lillo y Gabriela Burdiles, para oponerse a la Calificación Ambiental del proyecto “Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago – Rancagua” que presentó EFE. La empresa ferroviaria pretende aumentar la

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frecuencia y velocidad de los trenes que actualmente pasan a solo 8 metros de las casas de los vecinos demandantes, deteriorando drásticamente su calidad de vida debido a las fuertes vibraciones y ruido que ocasiona el tránsito de los ferrocarriles. “El proyecto en cuestión, incurre en graves ilegalidades puesto que reconoce abiertamente que fracciona la propuesta original al tratarse de un subproyecto de ‘Rancagua Xpress. Pero por sobre todo, afecta el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y finalmente el derecho de propiedad”, explicó Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA. Asimismo, la propuesta fue ingresada al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) como Declaración de Impacto Ambiental, siendo que debió hacerlo por Estudio de Impacto Ambiental, toda vez que generará graves impactos ambientales y sociales. “Para nosotros esto implicará un gran deterioro en nuestra calidad de vida, ya que los trenes pasarán cada 8 minutos, haciendo casi imposible continuar viviendo en nuestras casas”, expresó Catalina Huerta vecina de Lo Espejo. Entre las alteraciones que este proyecto acarreará para la vida de los vecinos del sector, se cuentan reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres, y riesgos a la salud de las personas. Ninguno de estos impactos fue evaluado para otorgar el permiso a la empresa.

Ver reportaje de Canal 13