ONG FIMA y sociedad civil invitan a participar a la comunidad de Arica en taller sobre Acuerdo de Escazú

El taller se enmarca en la preparación del caso de contaminación por polimetales que será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que en febrero de este año el Estado finalizara el proceso de solución amistosa sin presentar ninguna contrapropuesta.

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca garantizar derechos fundamentales en materia ambiental para toda América Latina y el Caribe, promoviendo el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Para Karla Vargas, encargada de procesos territoriales de ONG FIMA, “el Acuerdo de Escazú puede ser de gran ayuda para comunidades que se han visto afectadas por conflictos socioambientales, como es el caso de la comunidad de Arica y la contaminación por polimetales, donde la falta de transparencia y participación han limitado una oportuna respuesta a sus problemáticas. Conocer y participar en la implementación del Acuerdo permite a la ciudadanía exigir transparencia, ser parte activa en la elaboración de políticas públicas y demandar justicia cuando sus derechos no son respetados”. 

Es por ello que ONG FIMA, en colaboración con Modatima Arica y Parinacota, la Universidad de Tarapacá y el Comité Ambiental Comunal de Arica, organizan el Taller “Participación Ciudadana y Medio Ambiente: Descubriendo el Acuerdo de Escazú”. Esta instancia se llevará a cabo el martes 29 de abril, y está dirigida a toda la comunidad, sin necesidad de conocimientos previos. El objetivo es dar a conocer los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú, su relevancia para la región y cómo este puede contribuir a enfrentar los desafíos ambientales actuales. Puedes inscribirte aquí. 

Años de contaminación por polimetales en Arica

Durante años, las y los habitantes de Arica han sufrido las consecuencias de la contaminación por polimetales, un problema que inició en las décadas de los 80 y 90, luego del depósito de desechos tóxicos provenientes de Suecia en terrenos que entonces estaban deshabitados. A pesar de la peligrosidad de estos residuos, entre 1992 y 1996 se construyeron poblaciones en las cercanías, exponiendo a familias a metales pesados como plomo, arsénico y cadmio. Esto provocó distintos síntomas en los habitantes: abortos espontáneos, niños con dificultades de aprendizajes, jaquecas, dolor de huesos y cáncer.

Frente a esta situación, más de 900 personas demandaron al Estado en 1999, pero el proceso judicial ha sido largo y lleno de obstáculos. Aunque hubo una sentencia favorable en 2007, la mayoría de las víctimas no ha sido compensada y los residuos tóxicos no han sido debidamente gestionados. Hoy, las viviendas contaminadas están ocupadas por personas sin hogar e inmigrantes y el daño ambiental persiste. 

A pesar de las demandas y esfuerzos de las víctimas, el Estado de Chile aún no entrega una solución efectiva. En febrero de este año, el Estado puso fin al proceso de solución amistosa en el caso de los polimetales en Arica, sin ofrecer una contrapropuesta a las demandas de las personas afectadas. En este contexto, el proceso seguirá avanzando ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición presentada en 2007 y, eventualmente, determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de las más de 900 personas afectadas. 

Para avanzar en este proceso, se está desarrollando un trabajo clave para contactar a quienes presentaron esta petición hace más de 17 años. Muchos de ellos eran niños en ese entonces, otros han fallecido, se han trasladado o enfrentan problemas de salud que dificultan su participación. “Esta búsqueda no solo pretende informar sobre el estado actual del caso, sino también actualizar testimonios y asegurar una representación efectiva ante la CIDH. Recoger estas voces resulta fundamental para el proceso jurídico y para visibilizar una historia marcada por el abandono, la contaminación y la lucha por la justicia ambiental en el norte de Chile”, señaló la abogada de ONG FIMA. 

Si eres uno de los afectados o conoces a alguien que lo sea, puedes acceder al formulario de búsqueda y registrarte aquí. 

SLAPP: Empresa acuícola sancionada por contaminar un río ahora demanda a abogados ambientalistas

El caso se desarrolla en torno al Río Chesque, en la comuna de Villarrica, lugar sagrado para la comunidad Mapuche que habita aguas abajo y que fue seriamente perjudicada debido al actuar de la empresa.

Las SLAPP, conocidas por sus siglas en inglés, son demandas estratégicas contra la participación pública. Lo que buscan los que las interponen, es acallar y amedrentar a quienes se oponen a sus intereses. No son un fenómeno nuevo y mucho menos aislado, sin embargo, en los últimos años el uso de estas estrategias ha aumentado. Conformándose como una táctica más de ataque a las personas defensoras del medio ambiente.

La utilización de la justicia como herramienta de persecución no solo pone en riesgo la libertad de expresión de toda la ciudadanía, sino que también atenta contra la democracia. Así, hemos podido ver cómo múltiples defensores y defensoras ambientales han sido víctimas de estas acciones, que, si bien en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales, han implicado graves consecuencias para su salud física y mental, así como daño económico al tener que dejar de lado su trabajo y financiar la defensa contra acusaciones sin fundamento.

Demanda contra abogados de ONG FIMA

ONG FIMA es una organización que se dedica a prestar asesoría jurídica especializada a diversas comunidades que enfrentan conflictos socioambientales. Así es como llegaron a representar a la Comunidad de Chesque Alto, quienes eran víctimas de la contaminación del río producida por una empresa acuícola, que luego de operar sin autorización ambiental por casi 20 años, una vez obtenida, continuó generando daños que llevaron a la autoridad a revocar su permiso de funcionamiento solo tres años después.

La empresa continuó operando sin autorización. Por este motivo, los abogados Antonio Madrid y Antonia Berrios, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Temuco una orden de no innovar, la cual paralizó la obra durante 11 meses. Posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los abogados, argumentando que la solicitud de la orden de paralización les había causado perjuicio económico, por lo que exigen una indemnización de $400 millones de pesos.

Actualmente, la causa se encuentra abierta y en proceso de pruebas, a pesar de la constancia del daño causado a la comunidad, a la evidencia de que la empresa sistemáticamente incumplió la normativa ambiental y a que fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Lo que estamos enfrentando con esta acción es un típico caso de un juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública. La instancia que dio la orden de paralizar las obras de la empresa fue la Corte de Apelaciones de Temuco y confirmó lo mismo la Corte Suprema. Si eso sucedió, fue porque la Corte vio que la solicitud tenía fundamentos y era necesario que se detuviera la intervención de manera inmediata para evitar posibles vulneraciones de garantías fundamentales”, explica Antonia Berríos, abogada de ONG FIMA y demandada en este caso.

Sobre la utilización de este tipo de demandas, Antonia Berrios reflexiona: “Por supuesto que para nosotros implica un desgaste al cual no quisiéramos estar sometidos, pero por sobre todo, nos hace pensar ‘si esto nos sucede a nosotros, abogados que estamos acostumbrados y mandatados a trabajar con la ley, ¿qué pasa con las personas y comunidades que solo quieren hacer valer sus derechos?’”.   

Lamentablemente, este caso es uno de tantos que han enfrentado defensores ambientales en Chile. Así lo vivió, por ejemplo, Rodrigo de la O, de la organización Vigilante Costero Maule Itata, quien por solicitar la aplicación instrumentos de planificación y gestión territorial, incluyendo una regulación rigurosa para proyectos de alto impacto ambiental, fue demandado en 2020 por la inmobiliaria Costa Calán, exigiendo al defensor más de $200 millones de pesos, alegando daño económico y de imagen. La acción fue desestimada por falta de fundamentos, pero el daño provocado es profundo.

“Uno se reconfigura muchas cosas, te hace pensar en tema de la sobreexposición, puede ser un arma de doble filo”, comenta Rodrigo.

“Uno empieza a cambiar la estrategia, a bajar el perfil, seguir haciendo actividades, pero no de forma tan directa o protagónica. Creo que aún falta acceso a la justicia y que el Tratado de Escazú se represente de verdad. Ni hablar de América Latina, pero en Chile ha ido incrementando la agresión y violencia hacia los defensores”, insistió de la O.

Más allá de estos casos, es necesario cuestionarse por qué este tipo de acciones judiciales pueden prosperar, a pesar de la constancia de los incumplimientos ambientales y del impacto en las comunidades. Aunque Chile ha firmado el Tratado de Escazú —instrumento internacional que promueve el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensores del medio ambiente—, aún falta avanzar en su implementación efectiva. La ausencia de mecanismos legales específicos que prevengan y sancionen las demandas SLAPP permite que se siga utilizando el sistema judicial como herramienta de hostigamiento. Incluir este debate en la agenda pública y legislativa es clave para asegurar que la participación ciudadana ambiental no sea castigada, sino protegida como un pilar fundamental de la democracia.

 

Revisa las infografías que preparamos explicando el caso:

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Nuevo Apunte de Política Ambiental disponible: Análisis crítico sobre la regulación del hidrógeno verde en Chile

Ya está disponible el nuevo Apunte de Política Ambiental de ONG FIMA: «Hidrógeno verde «a la chilena»: Análisis crítico de la (des)regulación del hidrógeno en Chile». Este documento examina el desarrollo del hidrógeno verde en el país, analizando sus implicancias socioambientales y la falta de regulaciones robustas para garantizar su sustentabilidad.

El apunte aborda cómo la promoción del hidrógeno verde ha sido impulsada como una estrategia clave para la transición energética acelerada, sin considerar de manera adecuada los impactos ambientales y territoriales. A pesar del discurso de una «transición justa», la regulación actual parece priorizar la industrialización y competitividad del sector sobre la protección de ecosistemas y comunidades locales.

Entre los principales hallazgos del informe, se destaca la preocupación por la desregulación ambiental y territorial que podría facilitar el despliegue de esta industria sin los debidos resguardos. Asimismo, se señala la necesidad urgente de fortalecer los marcos normativos para evitar la flexibilización de estándares ambientales y garantizar la participación ciudadana y la consulta indígena en el desarrollo de estos proyectos.

Invitamos a revisar este apunte y a reflexionar sobre los desafíos que plantea el hidrógeno verde en Chile.

Descarga aquí

Camino a la COP 30: Policy brief aborda los desafíos y oportunidades de la descarbonización en Chile

Con una presentación a cargo del equipo de incidencia de ONG FIMA y luego un conversatorio en el que participaron Anahí Urquiza, del CR2 de la Universidad de Chile, Andrés Pica del Ministerio de Medio Ambiente y Mariana Cruz de la ONG Ceus, se dio a conocer el policy brief “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?” en el cual se abordan los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en su proceso de descarbonización.

El 2024 fue el año más caluroso registrado hasta la fecha y este es solo uno de los síntomas de que la crisis climática ha tomado una magnitud sin precedentes. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan su ascenso, y la comunidad internacional espera que los países actualicen sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales deben marcar el rumbo y paso de la acción climática de los próximos cinco años. Chile, al igual que otros países, está ante la oportunidad de tomar decisiones cruciales. 

Frente a este panorama, ONG FIMA lanzó el policy brief titulado “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?”, en un evento desarrollado en la Fundación Heinrich Boll. En el espacio, Mariana Carrasco, una de las autoras del policy brief y analista de Incidencia Internacional de ONG FIMA, presentó un análisis exhaustivo del documento, donde expuso las principales barreras de Chile en su camino hacia la descarbonización, a través de una revisión del Plan de Descarbonización y la entrega de recomendaciones para aumentar la ambición del país de cara a la COP30.

“Vemos que el proceso de descarbonización en Chile enfrenta desafíos no resueltos y promesas incumplidas. Desde un principio ha estado limitado por este carácter voluntario y los resultados han sido que las emisiones no se han reducido. En este contexto, la actualización de la NDC propone una oportunidad concreta para elevar la ambición de cara a la COP30. En este sentido, los avances dependen de la adopción de un enfoque integral de la descarbonización centrado en la eliminación de las emisiones de carbono a la atmósfera; de establecer compromisos vinculantes enfocados en asegurar y acelerar el proceso de cierre de las centrales a través de planes de cierre efectivos y participativos; de aprovechar las oportunidades presentadas por la generación distribuida y la eficiencia energética. Todo esto debe desarrollarse bajo una perspectiva de transición socioecológica justa como condición habilitante, hasta ahora presente solo en lo narrativo”, señaló Carrasco. 

Participación de panelistas 

Posteriormente, en un panel con representantes del mundo académico, Estado y sociedad civil, se destacó la importancia de fortalecer las políticas climáticas de Chile en la actualización de las NDC, abordando tanto los aspectos técnicos como sociales de la transición energética, y la necesidad de garantizar un desarrollo socio ecológico justo para las comunidades en el proceso de descarbonización. 

Andrés Pica Téllez, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, señaló que, pese a que las NDC no son vinculantes, existen varios elementos que buscan asegurar el cumplimiento por parte de Chile, pues la estrategia climática a largo plazo se traduce en responsabilidades para cada ministerio que pueden implementar normas de emisión o incentivos para la reducción de emisiones. “Ahora estamos armando todo un sistema nacional de acceso a la información de cambio climático, que busca ser la plataforma que también va a permitir un seguimiento más ciudadano de este tema”, agregó Pica, “se está avanzando en generar esa transparencia, en comunicar eso y las metas de Chile también se están reportando”.

Por su parte, Mariana Cruz, directora ejecutiva de la ONG Ceus Chile, comentó los principales obstáculos que están frenando el progreso hacia la carbono neutralidad en Chile.  “Hay dos ítems en este proceso de descarbonización que han sido complejos, el primero es que nos falta mucho para que estas metas sean efectivamente vinculantes, por ejemplo, revisamos la Ley Marco de Cambio Climático en sus planes y en los procesos de los reglamentos y no hemos visto algo que sea estructuralmente vinculante para exigir estos compromisos. Lo segundo, creo que hay un temor a soltar la necesidad del carbón y el gas para asegurar energía a lo largo del país, eso se relaciona, porque no hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de adaptación de nuestros sistemas eléctricos y todo lo que conlleva la energía. Hay una falta de consideración de que a medida que avanzan los efectos del cambio climático somos más vulnerables a quedarnos sin energía”. 

En tanto, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2) y parte del directorio de ONG FIMA, se refirió a los impactos que las transformaciones tienen en los territorios. “Lo que podemos hacer es reducir los impactos y tratar que estas transformaciones sean una oportunidad de desarrollo para los territorios. Estamos en un país donde todavía parte importante de nuestra población vive en condiciones de vida que no son adecuadas y tienen expectativas de mejorar su calidad de vida. Eso en parte es un espacio que ocupan las empresas que apoyan a las comunidades con ciertas cosas que pueden ser muy asistencialistas y focalizadas y es porque los territorios no tienen resueltas las necesidades básicas. Entonces tenemos un problema de cómo logramos esas transiciones, que no es tan fácil de resolver y requiere inversión en infraestructura, en nuevas fuentes de trabajo, y que los territorios puedan reinventarse para que puedan tener nuevas actividades económicas que le den vida a esos territorios”.

  • El documento puede ser descargado aquí.
  • La presentación y panel de conversación, están disponibles aquí.

Motosierra a la regulación ambiental de Chile: Más de 80 organizaciones solicitan al presidente Boric quitar urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales

En una declaración pública, las organizaciones firmantes hacen un llamado a generar espacios de diálogo en el que las voces de la sociedad civil y expertos sean escuchadas para evitar la grave desregulación que implicaría la aprobación de esta iniciativa.

 

Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el senado el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, el cual es parte del paquete normativo compuesto también por la reforma a la institucionalidad ambiental y la ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, las cuales buscan flexibilizar la aprobación de proyectos en pos de la inversión. Estos intentos regulatorios, son visto con gran preocupación por un amplio espectro de Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes identifican que se trataría de una verdadera motosierra a los estándares construídos durante los últimos 20 años para la regulación de aquellas actividades que pueden tener un impacto negativo en nuestro medio ambiente, y por lo tanto en la vida de las y los habitantes de nuestro país.

Para Diego Luna Quevedo, Especialista en Política y Gobernanza de Manomet Conservation Sciences, “si bien existe cierto consenso sobre la necesidad de mejoras hacia una institucionalidad moderna, que dinamice procesos e interoperatividad, la agenda pro-inversión que el Gobierno está impulsando a nivel legislativo y territorial, está tomando una senda que va en contra de los principios preventivo y precautorio, vulnerando así el principio de no regresión necesario para el resguardo socioambiental en un escenario de crisis ecológica”.

En la declaración, las organizaciones identifican serios retrocesos en las normas del código de aguas, sanitario y reformas a las normas de la administración del Estado que crearían una suprainstitucionalidad denominada “Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión” que quitaría las atribuciones de resguardo del medio ambiente a los Ministerios sectoriales.

“El proyecto de Ley además de cambios al Código, Sanitario, Código de Aguas y Código Minero, establece severas reformas a las normas y procedimientos de la Administración del Estado, que limita y expropia a los Ministerios sectoriales las atribuciones de resguardo de la salud de la población y el patrimonio ambiental del país”, explica Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable. “Como si esto fuera poco, crea una «Oficina» que controlará la aplicación de la ley vigente y la formulación de las nuevas regulaciones sectoriales», agrega.

Además, acusan que se trataría de una negociación llevada a cabo por los ministros Grau y Marcel para subsanar el grave fracaso de la reforma tributaria, generando un “pacto fiscal” entre el gobierno y empresarios, en el cual se ha excluido las voces de expertos y la ciudadanía organizada.

Por su parte, Pamela Poo, politóloga y directora de Políticas Públicas e Incidencia en Fundación Ecosur indica, “El proyecto de permisos sectoriales, como el de reforma al SEIA, perdieron el rumbo en su tramitación, lamentablemente relajan lo que hoy existe, lo cual es muy peligroso, debido a que el estado no cuenta con los recursos para fiscalizar bien o con la cantidad de funcionarios necesarios en los servicios para que lo que prometen dichos proyectos se cumpla. Por último, de salir como están, probablemente lo que veremos es que aumentará la conflictividad ambiental en donde se pretenden emplazar las inversiones”.

Ver declaración con organizaciones firmantes

El Convenio Iberoamericano para el Acceso a la Justicia: un instrumento transformador para garantizar los derechos humanos

Este instrumento ya cuenta con su primer borrador y desde la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) se trabaja en el desarrollo de una segunda propuesta en conjunto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile. 

Durante el año 2021, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ) iniciaron un proceso histórico: la creación de un convenio internacional que establezca un marco normativo obligatorio para garantizar el acceso a la justicia en los países iberoamericanos. Esta propuesta surge en un contexto donde diversas barreras -económicas, geográficas, culturales, entre otras- dificultan dicho acceso, por lo que se busca establecer un estándar mínimo de garantías a escala internacional para asegurar que los Estados establezcan suficientes mecanismos para el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos ante tribunales.

¿Qué dice el primer borrador del convenio? 

El documento preliminar plantea un enfoque integral que no solo refuerza los mecanismos jurisdiccionales tradicionales, sino que también incorpora estrategias preventivas como la educación en derechos, el empoderamiento jurídico y la asistencia legal gratuita. Además, destaca la necesidad de garantizar una justicia más inclusiva, considerando medidas específicas para mujeres, niños, personas con discapacidad, comunidades indígenas y poblaciones en contextos de exclusión social.

Entre los puntos clave del Convenio está la promoción de mecanismos de justicia alternativa y restaurativa, incluyendo la mediación, el arbitraje y la justicia comunitaria, con el objetivo de hacer más accesible la resolución de conflictos. También se propone la implementación de un sistema de justicia abierto basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, asegurando que la información sobre el funcionamiento del sistema judicial sea comprensible y accesible para toda la población.

“Existen varios obstáculos que enfrentan las personas para acceder a la justicia en Iberoamérica, los cuales varían de país a país. En principio están, por ejemplo, el que no exista un acceso gratuito a la justicia, la ausencia de funcionarios y funcionarias especializados y capacitados para atender adecuadamente a poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad o que la justicia tome demasiado tiempo en cumplir con lo resuelto, etc.”, explicó Sofía Rivera, investigadora del equipo de  Estudios de ONG FIMA, organización que promueve este convenio en Chile.

Participación de la sociedad civil 

La participación de la sociedad civil ha sido clave en el proceso de elaboración del Convenio, siendo ONG FIMA un punto focal en Chile. La organización ha aportado especialmente en la coordinación de las instituciones interesadas en el acceso a la justicia. En este sentido, un hito clave fue la realización del  “Encuentro Regional: Avanzando hacia el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia”, desarrollado en diciembre de 2024, el cual impulsó el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de la academia, destacando la participación del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, todos estos esfuerzos, se han hecho en estrecha colaboración con “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia” (ACIJ), organización argentina que ha sido líder en la articulación de la sociedad civil iberoamericana. 

Dentro de las observaciones que han realizado las OSC iberoamericanas, se ha enfatizado en que los Estados asuman compromisos vinculantes en lugar de limitarse a recomendaciones, asegurando además la asignación de recursos financieros y humanos para implementar las políticas acordadas. Por otro lado, se ha insistido en que el Convenio garantice un enfoque inclusivo, eliminando barreras económicas, geográficas y culturales que aún persisten en la región.

“La participación de la sociedad civil es una de las más importantes porque son quienes están a ‘pie de cañón’, acompañando, guiando y orientando a las personas sobre cómo acceder a la justicia, ofreciendo defensa gratuita y viviendo el proceso de acceso junto a las víctimas y usuarios. De igual forma, la academia cumple el rol de ser el pensamiento crítico, reforzando el conocimiento práctico con un sustento teórico que permite identificar y mejorar los obstáculos que enfrentamos”, señaló la investigadora de ONG FIMA. 

Otro punto relevante impulsado desde las OSC es la creación de un robusto sistema de datos de justicia que permita recopilar información detallada sobre las necesidades jurídicas y la calidad de los servicios. Mediante la implementación de encuestas de victimización, estudios cualitativos y el seguimiento de indicadores, se busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que facilitaría el acceso público a la información, permitiendo que la ciudadanía supervise y participe activamente en la mejora continua del sistema de justicia. 

Desafíos y rol clave de Chile

Chile juega un rol esencial en el desarrollo del Convenio Iberoamericano para el Acceso a la Justicia, ya que su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sido designado como el organismo técnico encargado de liderar el proceso de redacción del documento. Esta responsabilidad representa una oportunidad única para que las organizaciones nacionales participen activamente y contribuyan con sus aportes a la construcción de un marco normativo que garantice un acceso equitativo y efectivo a la justicia en toda la región.

Mientras las autoridades de la COMJIB y los Ministerios de Justicia analizan el borrador y consideran las propuestas de la sociedad civil, las organizaciones participantes del proceso, trabajan para que el contenido del Convenio reconozca los desafíos y brechas de la región, e incorpore medidas que permitan la operacionalización del instrumento lo antes posible.

En este contexto, se está organizando el evento “Diálogos para la Justicia”, que se llevará a cabo el 19 de marzo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El espacio busca reunir a diversas OSC, con el objetivo de recopilar críticas, comentarios y sugerencias que fortalezcan el Convenio, de cara a las próximas etapas de su negociación. La interacción entre quienes enfrentan diariamente barreras para acceder a la justicia y los especialistas académicos será clave para identificar los principales desafíos y oportunidades que deberá abordar este convenio regional.

Tribunal anula programa de cumplimiento de procesadora de salmones Dumestre y ordena reanudar procedimiento sancionatorio

La empresa incumplió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante 2020 y 2021.

Febrero, 2025. El Tercer Tribunal Ambiental acogió un recurso de ilegalidad contra el Programa de Cumplimiento de la planta procesadora de salmones Dumestre, de la empresa Australis Sea Food, ubicada en Puerto Natales. Con ello, ordena la reanudación del procedimiento sancionatorio en su contra.

Durante la etapa de construcción de la planta, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) recibió una serie de denuncias porincumplimientos ambientales. Las fiscalizaciones comprobaron que la empresa extrajo áridos de canteras no informadas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y desvió el tránsito de camiones por rutas no autorizadas, como la zona de interés turístico Torres del Paine y la costanera de Puerto Natales, provocando también un considerable aumento del tráfico de camiones. Además, se constató que la empresa intervino un área mayor a la autorizada, sin restaurar la capa vegetal afectada.

Ante esto, la SMA formuló cargos contra Dumestre, calificando estas acciones como graves y leves. En respuesta, la empresa presentó un programa de cumplimiento para evitar sanciones, el cual fue aprobado por la SMA en marzo de 2024.

Sin embargo, desde ONG FIMA en representación de Loreto Vásquez, representante  de A.C.U.E. y vecina de Puerto Natales, impugnó la decisión de la SMA ante el Tercer Tribunal Ambiental, argumentando que el programa de cumplimiento no era válido, ya que los daños ya habían ocurrido en la fase de construcción y no podían ser corregidos en la etapa operativa.

En su sentencia, el Tribunal acogió la reclamación obligando a la SMA a retomar el procedimiento sancionatorio contra Dumestre. Esto debido a que el Plan no cumplía con el criterio de eficacia ya que no garantiza el retorno al cumplimiento de la normativa ambiental. Además, señaló que la obligación incumplida, como el uso de rutas no autorizadas, solo pudo haberse corregido durante la fase de construcción, por lo que pretender subsanar en la fase de operación era inviable. 

“Este fallo sienta un precedente clave en fiscalización ambiental, destacando que los Planes de Cumplimiento deben evaluarse en detalle, especialmente su eficacia para determinar si la obligación puede cumplirse o no” comenta Sofía Barrera, abogada y encargada de litigios en ONG FIMA.

Coordinador Jurídico de FIMA participa como consejero del CNDT

Desde agosto de 2024, Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA, es parte del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), organismo que asesora al Presidente en políticas de desarrollo urbano, rural y ordenamiento territorial. Con su participación en subcomisiones temáticas, busca aportar en protección ambiental, participación y gobernanza.

Ante la creciente complejidad de los desafíos territoriales en Chile, repensar la planificación urbana y rural se vuelve necesario. El país enfrenta problemáticas que van desde el incremento de familias residiendo en campamentos, la ocupación de áreas expuestas a desastres naturales hasta la proliferación descontrolada de parcelaciones rurales, entre otras. Este escenario exige políticas públicas que reconozcan la diversidad de realidades en cada zona, promuevan la descentralización y abran espacios de diálogo para la construcción de soluciones integrales.

En este contexto, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) fue creado en 2023 como un organismo que reúne a 49 integrantes del sector público, la academia, gremios y la sociedad civil, con el fin de asesorar al Presidente de la República para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT). Para ello, la discusión en el CNDT apunta a generar instrumentos y herramientas que consideren la singularidad de cada región, permitiendo decisiones acordes a cada territorio.

 
El rol de ONG FIMA

Tras un proceso electoral de 2024, ONG FIMA, en conjunto con la Fundación Basura, fue elegida como parte de las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en las discusiones y subcomisiones del CNDT.

Para el trabajo de ONG FIMA, ser parte  de este espacio es de gran importancia, especialmente en los debates que abordan la actualización de políticas de desarrollo urbano y  estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. En este sentido, la participación de Marcos Emilfork, apunta a  contribuir a que las políticas territoriales integren los retos ambientales y climáticos, sin desvirtuar el enfoque en la sostenibilidad y la equidad.

“Estamos trabajando desde hace un par de meses en subcomisiones temáticas. Son ocho y ONG FIMA participa en la subcomisión relacionada a temas ambientales y en otra subcomisión relacionada a temas de participación y gobernanza, donde justamente la idea es elaborar, definir objetivos generales, específicos y lineamientos para concretizar estas políticas y que puedan ser operativas a lo largo de los años”, explica Marcos Emilfork.

Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA y consejero del CNDT

Entre las prioridades de estas subcomisiones se encuentra la protección de ecosistemas, gestión sostenible de recursos y promoción de una gobernanza inclusiva. Para ello, los diversos actores trabajan en la creación de herramientas que respondan a los conflictos territoriales derivados de fenómenos como el cambio climático y el desorden en el desarrollo rural.

Desafíos y proyecciones

Por otra parte, uno de los mayores retos del CNDT es la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que desde su creación en 2014 no ha integrado adecuadamente temas como el cambio climático, la mitigación ante desastres o la integración entre áreas urbanas y rurales. Al respecto, ONG FIMA busca contribuir a esta revisión, reconociendo que la planificación debe adaptarse a las realidades actuales para ser efectiva.

“Se espera poder terminar el trabajo de actualización y definición de objetivos y lineamientos asociados a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Probablemente después pasaremos a discutir lo mismo en torno a la Política Nacional de Desarrollo Rural y la idea en definitiva sería lograr documentos consistentes. Políticas que estén legitimadas por cada uno de los estamentos, gremios y finalmente consejeros quienes son los que discuten y participan en esta instancia para lograr en definitiva que los espacios de toma de decisiones y también reformas legislativas y normativas necesarias puedan ser ajustadas conforme a estos lineamientos”, puntualiza el abogado.

El trabajo del CNDT y de sus integrantes es un esfuerzo para avanzar hacia una planificación territorial que sea equitativa, descentralizada y sostenible, atendiendo las diversas realidades de las comunidades a lo largo del país. 

Dominga y el sistema jurídico ambiental

  • Por Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA, abogado de Oceana y Alianza Humboldt

Señor Director,

No es un misterio la complejidad del caso Dominga. Causas administrativas, recursos de protección, casaciones y apelaciones en paralelo. Expedientes que se retrotraen múltiples veces, nuevos brazos procedimentales que a la vez se bifurcan en la medida que las resoluciones se van haciendo más complejas, las indefiniciones más grandes y los caminos más inciertos. La causa ha estado varias veces en Contraloría, tres en el Tribunal Ambiental, dos en la Corte Suprema, ha sido objeto de investigaciones por la Cámara de Diputados e incluso es parte del acervo de los Panamá Papers y desde ahí, a una causa penal en que se sobresee al expresidente Piñera por causa de muerte, para que luego apareciera en el caso Hermosilla.

Tampoco es un misterio la tensión política. Ministros que renuncian para defender al empresariado en el gobierno de Bachelet, demoras inexplicables en el de Piñera, expresiones de campaña en el de Boric. Y a nivel local, la tensión ha sido aún más desgarradora. A propósito de grandes campañas por parte de la minera, hoy nos encontramos con un tejido social muy dañado, cuestión que probablemente ha sido el peor efecto de este caso.

Y la historia quizás recién entra en tierra derecha. Por distintas vías, la Suprema deberá conocer de las resoluciones dictadas por el 1er Tribunal Ambiental en un claro abuso de la ley. Abuso que puede ser entendido por el propio tribunal como una forma de concluir un asunto que lleva demasiadas vueltas, pero cuyo sustento jurídico es muy débil y que pone demasiado en riesgo. De universalizarse significaría un cambio radical y de facto para toda la litigación ambiental, y de singularizarse significaría un trato preferente que no resiste análisis desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, una de las pocas bases de convivencia que nos va quedando.

Por lo mismo, los capítulos que quedan por escribirse son fundamentales y su resolución marcará el futuro de los conflictos ambientales, pues comunicará si aún es posible confiar en el Derecho.

Carta publicada en El Mercurio – 20/02/25