La sentencia de la Corte Suprema por los episodios de intoxicaciones masivas ocurridas en Quintero-Puchuncaví en 2018, cumple 4 años, y se encuentra incumplida por parte del Estado.
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Sr. Director:
La Ministra de Medio Ambiente ha anunciado una serie de medidas para reformar el SEIA, entre ellas modificaciones al sistema de participación ciudadana y la incorporación de la participación temprana.
Sobre esta última, es importante recordar que la idea de participación tiene que ver con la influencia de los ciudadanos sobre la toma de decisiones, y por lo tanto debiera estar en la línea de permitir dicha influencia y no de convertirse en un espacio de negociación entre titulares y ciudadanos que serán afectados por un proyecto.
En esta materia, existen estándares y principios fijados por organismos como CEPAL y la OCDE, que debieran ser atentamente observados. Entre ellos, que la participación sea inclusiva, oportuna, que incida efectivamente en la decisión de la autoridad, que tenga tiempos adecuados y que cuente con un sistema de control externo, son mínimos conceptuales para considerar un procedimiento efectivo. Hoy el SEIA no cumple con esas condiciones y por lo tanto urge mejorar esos estándares. Pero además, la participación no se agota en ese procedimiento. Las personas también participan y ejercen sus derechos cuando recurren a un tribunal, y ese acceso a la justicia debe ser resguardado y ampliado.
Nos preocupa que las reformas que se propongan, efectivamente tiendan a mejorar la participación, sobre todo a instancias en que recientemente se ha eliminado a la división del SEA encargada de participación ciudadana y redistribuido sus funciones. Creemos que hoy se abre una oportunidad de efectivamente mejorar la participación en el SEIA, pero ello requiere un cambio de mirada; no pensarla como negociación privada, ni debilitar el rol del Estado.
La solicitud se basa en los compromisos que Chile tiene como firmante del convenio 169 de OIT y el efecto que esta reforma tendría sobre los derechos ancestrales que a todas las comunidades indígenas, pero en particular las del norte del país, les son reconocidos sobre las aguas.
Hasta la oficina de partes del Congreso en Valparaíso, llegaron las representantes de las asociaciones indígenas de regantes de los ríos San Pedro y Vilama para entregar una solicitud de realización de Consulta Indígena a la Comisión de Agricultura del Senado que estudia el proyecto de Ley de Reforma al Código de Aguas.
Juana Corante de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río Vilama y Marcela Ramos de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río San Pedro, acompañaron el documento con una carta firmada por parlamentarios de diversas bancadas que apoyan la solicitud del pueblo Lickanantay.
“El agua es un elemento fundamental para la cosmovisión de nuestro pueblo Lickanantay y el sistema que tenemos hoy en día funciona de manera comunitaria y social, por eso es muy relevante para nosotros ser consultados respecto a cualquier cambio que se quiera realizar ya que de una u otra forma tendrá impacto sobre nuestros sistemas de vida”, señaló Marcela Ramos, Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río San Pedro.
Por su parte, Juana Corante Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del río Vilama, explicó, “Desde que nos enteramos de esta proyecto de reforma, nuestras comunidades han solicitado esta Consulta Indígena, primero al Ministro de Obras Públicas del gobierno anterior y ahora a la comisión del Senado que revisa el proyecto”.
En su carta de apoyo, las diputadas y diputados hacen referencia a la problemática del agua que afecta de manera especial y particular a los diferentes pueblos originarios país debido a que los aspectos económicos, sociales, culturales, ceremoniales y sus formas de vida en general se encuentran ligados a su territorio y al agua.
“La consulta indígena es básica para restablecer los derechos de agua en Chile. Los derechos de los indígenas se establecen en el Convenio N°169 de la OIT, que el gobierno de Piñera ha puesto en tela de juicio, y nosotros pensamos, como Revolución Democrática, que cualquier reforma al Código de Aguas, cualquier nueva política hídrica en Chile, debe tener como base el respeto y la consulta a los pueblos indígenas”, señaló el Diputado Renato Garín (RD), integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara.
La Diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, agregó “Es fundamental que todas las comunidades indígenas, y en particular el pueblo Lickanantay que está haciendo esta solicitud, puedan participar en el debate de esta reforma, sobre todo en aspectos que impactan positiva o negativamente su diario vivir, expresiones culturales, tradiciones ancestrales y en algunos casos, su relación con los recursos naturales. Su opinión es necesaria, muy pertinente y constituye una obligación para el estado de Chile sobretodo en materia de política hídrica».
La situación del agua es un tema de vital relevancia para las comunidades atacameñas, quienes durante siglos han cultivado la tierra pese a habitar el desierto más árido del mundo; es por eso que su preocupación actualmente no solo está en el proyecto de Reforma al Código de Aguas, si no también a la explotación de Litio y al acuerdo que Corfo y SQM tiene para extraer mineral del Salar de Atacama.
“Es una zona de extrema fragilidad hídrica y por lo tanto todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el agua afecta a las comunidades y su derecho ancestral. Por eso la consulta indígena es una herramienta de gran importancia”, explicó Patricia Araya, abogada de la ONG FIMA, quien acompañó a las dirigentes a la entrega de la carta para la Comisión de Agricultura.
La iniciativa está siendo discutida por el Consejo de la Sociedad civil del Servicio de Evaluación Ambiental, y buscaría la implementación de un organismo o instancia que pueda asesorar técnica y legalmente a las comunidades que serán afectadas por proyectos presentados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), y que no cuentan con recursos para hacer valer efectivamente sus derechos.
La propuesta, impulsada por FIMA, parte de la idea de que el SEIA no recoge adecuadamente la posible contradicción de intereses entre las comunidades y los titulares de proyectos, donde el Estado actúa solo como mediador, dejando a las comunidades de escasos recursos prácticamente en la indefensión.
La idea de la instancia es que pueda, al menos, leer e interpretar adecuadamente los complejos estudios de impacto ambiental y con esa información pueda apoyar a quienes recibirán los impactos de la intervención que se realizará al medio ambiente.
Para la próxima sesión del consejo de la sociedad civil del SEIA, FIMA se ha comprometido a entregar a los consejeros un informe con las opciones para dar cuerpo a esta iniciativa.
Se invita a quienes quieran aportar en este proceso, a enviar sus propuestas a fima@fima.cl
Solicitan formar mesa de trabajo y labor conjunta de carteras de Energía, Medio Ambiente y Salud
Seguir leyendoEzio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señaló “Nuestro principal interés es que los proyectos que ingresan al SEIA sean evaluados incorporando todas las visiones necesarias, pero con especial vista a la necesidad de prevenir daños ambientale. Por eso, nos parece que si vamos a reformular esta instancia, el proceso debe considerar las propuestas de todos y no solo aquellas representativas de los titulares de los proyectos. En ese sentido, el trabajo de esta mesa ha sido muy abierto y esperamos que nuestras propuestas sean acogidas, así como que se haga un proceso abierto de participación ciudadana respecto de las mismas”.
Seguir leyendoEl 3 de enero 2017 Michel De L’Herbe adelantó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que la temporada de incendios 2017 sería altamente destructiva, que afectaría a las comunidades rodeadas por plantaciones forestales, señaló la insuficiencia del equipamiento de CONAF para controlar los incendios y la importancia de contar con ayuda internacional en caso de emergencias. A esta instancia se excusaron de asistir el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, el Director Ejecutivo de CONAF, Aarón Caviares, el Director de la ONEMI, Ricardo Toro y el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes.
Seguir leyendoCampaña de oposición a los mega proyectos hidroeléctricos que se pretenden llevar a cabo en la Patagonia Chilena, ignorando que una parte considerable de sus ecosistemas más espectaculares y extraordinarios se encuentran en su sector occidental, es decir, en territorio chileno. La campaña incluye ensayos, propuestas y reflexiones sobre los principales problemas que ha sufrido la Patagonia Chilena en su pasado reciente y los que amenazan su futuro. También se presentan ideas y alternativas respecto de opciones de desarrollo para esta macro bio región, que tienen como ejes, el respeto a la integridad ambiental de su naturaleza y a su identidad cultural. PATAGONIA SIN REPRESAS
Campaña de oposición a los mega proyectos hidroeléctricos que se pretenden llevar a cabo en la Patagonia Chilena, ignorando que una parte considerable de sus ecosistemas más espectaculares y extraordinarios se encuentran en su sector occidental, es decir, en territorio chileno. La campaña incluye ensayos, propuestas y reflexiones sobre los principales problemas que ha sufrido la Patagonia Chilena en su pasado reciente y los que amenazan su futuro. También se presentan ideas y alternativas respecto de opciones de desarrollo para esta macro bio región, que tienen como ejes, el respeto a la integridad ambiental de su naturaleza y a su identidad cultural. PATAGONIA SIN REPRESAS
]]>VIGILANTE COSTERO]]>
En su afán por establecer redes de trabajo en favor del Medio Ambiente, FIMA y el Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, han llegado a un acuerdo que permitirá a ambas instituciones asesorarse mutuamente, y así sacar el máximo provecho a los recién estrenados Tribunales Ambientales.
El convenio acordado por Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA y Dominique Hervé, Directora de
Este acuerdo se une a otros que nuestra Corporación ha estado desarrollando y que también están orientados a aprovechar todas las instancias que nuestra institucionalidad ambiental dispone para la defensa de nuestro ecosistema y el de las comunidades que ven vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así mismo, este convenio se suma al que FIMA y la Universidad Alberto Hurtado han venido desarrollando desde 2012, enfocado en cuestiones académicas de derecho ambiental.
De esta forma, FIMA reafirma su compromiso en la creación y participación de redes de colaboración que permitan un trabajo profundo, consistente y propositivo en el desarrollo sustentable de nuestro país.
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