Seminario Internacional sobre Políticas Industriales y Crisis Climática

Este evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, además de la presentación de autoridades de Chile y Estados Unidos, y representantes de la academia, quienes abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en el contexto de la crisis climática. 

Agosto, 2024. El próximo 29 de agosto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile será sede de una mesa redonda entre Chile y Estados Unidos sobre política climática e industrial, evento que busca fomentar el diálogo sobre políticas industriales, protección ambiental, políticas climáticas y comercio internacional.

El seminario contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales, además de la presentación inicial de autoridades como la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el Ministro de Energía, Diego Pardow, Heather Boushey, del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (NEC) y Economista Jefe del Gabinete Invest in America del Presidente Biden, además de representantes de la academia como Pablo Ruíz-Tagle, Decano de Derecho de la Universidad de Chile; Catalina Medel, Directora del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile (RegCom), y el director ejecutivo de ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile, Ezio Costa.

Organizado en conjunto por el Ministerio de Economía de Chile, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ONG FIMA, en este evento se abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en el contexto de la crisis climática. 

  • Fecha: 29 de agosto de 2024
  • Hora: Primer bloque de 9:00 a 13:30 hrs, y segundo bloque de 14:30 a 16:30 hrs
  • Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ubicada en Pío Nono #1 Providencia, Santiago de Chile. Ver ubicación aquí.
  • Importante: cupos limitados

Consulta el programa a continuación:

Agenda

9:00 – 10:00 hrs: Bienvenida y protocolos

Palabras de Apertura a cargo de Autoridades:

  • Pablo Ruíz-Tagle, Decano de Derecho Universidad de Chile
  • Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente, Chile
  • Diego Pardow, Ministro de Energía, Chile
  • Heather Boushey, Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (NEC) y Economista Jefe del Gabinete Invest in America del Presidente Biden, (EE.UU.)
  • Catalina Medel, Directora del Centro de Regulación y Competencia (RegCom)
  • Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA.

10:00 – 11:30 hrs: Mesa 1 – La economía mundial y el cambio climático: Riesgos, oportunidades y caminos a seguir

Moderador: Por anunciar

Ponentes:

  • Heather Boushey, White NEC – «Riesgos económicos mundiales y oportunidades de la crisis climática»
  • Harley Shaiken, Universidad de California en Berkeley – «Cooperación entre EE.UU. y Chile en materia de cadena de suministro y transición hacia energías limpias» (EE.UU.)
  • Annie Dufey, Directora de Espacio Público – «Caminos futuros para las políticas económicas y climáticas» (Chile)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

11:30 hrs – Coffee break

12:00 – 13:30 hrs: Mesa 2 – Inversiones para solucionar la crisis climática y ecológica

Discurso de apertura: Nicolás Grau, Ministro de Economía, Chile. 

Moderador: Dra. Frances Colón, Senior Fellow, Center for American Progress

Ponentes:

  • Elizabeth Baltzan, Senior Advisor to the U.S. Trade Representative – «US industrial Policy and trade as a solution in the climate change toolbox». (EE.UU.)
  • Mike Williams, Senior Fellow, Center for American Progress [Confirmado] – «Inversiones y normas para el nuevo siglo» (EE.UU.)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

13:30 – 15:00 hrs: Lunch break

15:00 – 16:30 hrs: Mesa 3 – Soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia y protección de la biodiversidad

Moderador: Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

Ponentes:

  • Beatriz Bustos, Profesora Asociada, Departamento de Geografía, Universidad de Chile – «Implementación de soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana» (Chile)
  • Stephenne Harding, Directora Senior de Tierras del Consejo de Calidad Medioambiental de la Casa Blanca – «Una estrategia nacional estadounidense para la resiliencia climática» (EE.UU.)
  • Monica Dean, Directora de Prácticas sobre Clima y Sostenibilidad, Universidad del Sur de California – «Mejores decisiones medioambientales: análisis coste-beneficio y los servicios de los ecosistemas» (EE. UU.) (US)
  • Daniela Manusevich, Jefa División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (Chile)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

Países de América Latina y el Caribe ya tienen el primer acuerdo ambiental vinculante

Lo que sigue es que el 27 de septiembre de este año, se abra la etapa de ratificación del tratado en la Asamblea General de la Naciones Unidas. De esta forma, los países tendrán dos años para ratificar el acuerdo (entre septiembre 2018 y septiembre 2020), entrando en vigor cuando 11 de las 24 partes lo hayan firmado y ratificado.

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“DECLARACIÓN DE VILLA INFLAMABLE POR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODAS/OS Y EL EMPODERAMIENTO JURÍDICO”

Organizaciones de Latinoamérica se unen en una Red de empoderamiento Jurídico y urgen a los gobiernos, organizaciones internacionales y al sector privado a tomar medidas para disminuir las brechas en el acceso a la justicia de las distintas minorías y sociedad en general.

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Waterkeeper Alliance:

 Constituida formalmente en 1999 para defender y proteger las cuencas hidrológicas y velar por la calidad de las aguas, esta organización cuenta con cerca de 200 programas de protección en todo el mundo. Entrega asesoría en planificación estratégica, campañas de difusión, soporte científico y legal, para asegurar que el modelo Waterkeeper se mantenga y respete en cada uno de sus programas. WATERKEEPER

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AIDA: 

Asociación Interamericana de Defensa Ambiental. Fundada en 1998 en un esfuerzo mancomunado de ONGs americanas, con el fin de fortalecer la capacidad de todos y cada uno de sus miembros para enfrentar la grave amenaza ambiental, que las actividades económicas y la extracción de recursos naturales desenfrenada representan en la región. Como organización busca la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental a nivel nacional e internacional, y promueve los mecanismos de participación ciudadana necesarios para asegurar la efectividad de las normas. FIMA es el único integrante nacional desde su fundación. AIDA

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E-LAW

Environmental Law Alliance Worldwide o Alianza Mundial de Derecho Ambiental, es una organización fundada en 1989 y formada actualmente por cerca de 300 estudios jurídicos y científicos de más de 60 países. Su objetivo es proporcionar a abogados locales de interés público, junto a científicos y técnicos, el entrenamiento y recursos necesarios para la protección del medio ambiente en sus comunidades, a través del uso de la Ley. FIMA es su representante oficial en Chile desde el año 2000. E-LAW

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Gobiernos de América Latina y el Caribe se reúnen en Lima para tomar importante decisión en el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente

TALLER EN VIVO

A partir de hoy 15 Gobiernos de América Latina y El Caribe, entre ellos el gobierno Chile, se reunirán en Lima, Perú los días 28, 29, 30 y 31 de octubre próximos, para acordar la visión común de un instrumento que asegure el derecho a los ciudadanos a acceder a información de interés público, participar en las decisiones de desarrollo, y acceder a la justicia en materia ambiental.

Esta cita tendrá un gran impacto sobre la vida de millones de persona en el mediano plazo, ya que sus acuerdos sentarán las bases del instrumento con el que se negociará en el marco de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

En representación de nuestro país asistirá Constance Nalegach del Ministerio del Medio Ambiente, Waldemar Coutts de la Cancillería y Gabriela Burdiles, abogada de la Corporación FIMA, que es la organización que representa a la Iniciativa de Acceso (TAI) en nuestro país.

“Esta reunión es muy importante para nosotros, ya que como representantes de la Iniciativa de Acceso para Chile, esperamos que se establezcan las bases que permitan acordar un convenio regional para la protección de los tres ejes principales (información, participación, justicia) de los llamados derechos de acceso”, explicó Burdiles.

La situación en América Latina

La falta de respeto a los derechos ambientales ha desencadenado un aumento significativo en los conflictos socio-ambientales en los países de la región, lo cual amenaza la gobernabilidad democrática y la paz social, además de la pérdida y deterioro de los recursos naturales de la región.

Frente al aumento del nivel de conflictividad  y a la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible debido a la crisis ambiental, resulta necesario contar con un tratado internacional con obligaciones claras y robustas, fundado sobre los siguientes elementos claves:

i.         Sin la garantía del derecho a la vida, a vivir en un medio ambiente sano, al agua y la salud no habrá desarrollo sostenible posible.

ii.         Los derechos de acceso (los tres pilares del Principio 10) son esenciales para la democracia.  El desarrollo sostenible no es un proceso vertical de toma de decisiones, sino que exige la participación informada de la sociedad para lograr una ciudadanía activa y comprometida con el desarrollo.

iii.         El instrumento sobre el Principio 10 debe establecer estándares mínimos que los Estados deban cumplir para fortalecer progresivamente cada uno de los derechos de acceso, así como mecanismos efectivos que aseguren su cumplimiento.

“Confiamos que los Gobiernos signatarios de la Declaración sobre el Principio 10 que atenderán la III Reunión de los Puntos Focales organizada por la CEPAL y el gobierno de Perú, acordarán una visión común, que esté acorde con los desafíos que hoy enfrenta América Latina y el Caribe para fortalecer los derechos de acceso y la democracia ambiental, y así avanzar hacia un desarrollo sostenible. Esperamos que este resultado anime a otros Gobiernos a sumarse a esta iniciativa regional”, explicó Andrea Sanhueza del Secretariado de la Iniciativa de Acceso.

Sigue en vivo el Taller Regional para la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río

TALLER EN VIVO

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Quince países de América Latina preparan convención internacional por derechos ambientales

Nota

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de Helmuth Huerta Radio Universidad de Chile

Entre los gobiernos presentes en la instancia se cuentan Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile, los cuales están negociando una Convención Internacional sobre ‘democracia ambiental’, para aplicar el Principio 10 de la Convención de Río, y fijar así una base institucional, administrativa y política sobre tres pilares: acceso a información, participación ciudadana y derecho a Justicia en materia medioambiental. El Gobierno chileno preside actualmente el proceso, que se encuentra en fase de negociación técnica. Esta es llevada a cabo por 40 profesionales de los ministerios: de Medioambiente, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, y de la Secretaría General de la Presidencia.

América Latina no tiene plataformas de información ambiental de alcance continental, para saber, por ejemplo, de la transferencia de contaminantes entre países, derivada de actividades extractivas o productivas como la minería, la generación termoeléctrica, los transgénicos, o la situación del suelo, el aire y el agua. Tampoco existe estándar básico de participación ciudadana en las decisiones políticas y productivas, y menos todavía una base sobre acceso a Justicia para exigir derechos ambientales.

Con ese vacío en mente, 15 países de América Latina buscan crear una institucionalidad continental, a fin de operacionalizar el Principio 10 de la Convención de Río. Además del trabajo continuo que se hace a través de teleconferencias, ya se han realizado dos reuniones internacional en noviembre de 2012 en Santiago y en abril de este año en México, donde se fijó la hoja de ruta. La próxima es a fines de octubre o comienzos de noviembre en un país aún por definir.

Al amparo de Naciones Unidas, la Unión Europea ya creó en 1999 la llamada “Convención de Aarhus” sobre derecho a información, participación ciudadana y acceso a justicia, considerado el instrumento más avanzado sobre ‘democracia ambiental’, y firmado ya por 46 países. Pese a ello, la abogada y negociadora del Ministerio de Medioambiente, Constance Nalegach, aduce que se optó por crear una institucionalidad nueva, porque en América Latina los recursos naturales son más necesarios para la economía en comparación con Europa:

“Si bien la Convención de Aarhus está abierta a todos los países del mundo, nosotros como América Latina y El Caribe también enfrentamos desafíos que son particulares a nuestra región. El uso de los recursos naturales en nuestra región es una base de la economía, lo que no es tan fuerte en Europa. En nuestra región ya hay ciertos indicios sobre todo de temas de conflictos de interés e incluso de conflictos ambientales por el uso de los recursos naturales”, adujo la funcionaria.

Por su parte, el director de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Waldemar Coutts, informa los temas que propuso Chile en esta instancia internacional:

“Llegamos con dos temas a la conferencia de Río + 20 del llamado ‘Principio 10’ que abarca estos tres pilares, y también la importancia que reviste la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la consecución del desarrollo sustentable, y que se refleja en el documento final de la conferencia, denominado “El futuro que queremos”, y eso quedó reflejado en dos párrafos, el 46 sobre la importancia de la RSE y el 47 referida a la importancia de que las empresas, tanto del Estado como las privadas que cotizan en la bolsa, generen informes de sustentabilidad”, acotó el funcionario de Cancillería.

En representación de la sociedad civil actúa la “Iniciativa Acceso”, que incorpora una organización no gubernamental (ONG) por cada país. Chile es representado por la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una de las de mayor tradición en la defensa de derechos ambientales. Su director ejecutivo, Ezio Costa, resalta el papel del Gobierno para revertir el vacío institucional ambiental en América Latina.

“No hay nada a nivel latinoamericano, por eso es importante tener una convención como esta, que permita tener ciertas lógicas comunes, que a la larga lleven a algún nivel de gestión común, pues los recursos naturales, el medioambiente y los ecosistemas son recursos comunes que traspasan las fronteras, de tal manera que esas políticas consideren la existencia de estos derechos reconocidos internacionalmente y el acuerdo y la voluntad de los Estados de América Latina de hacerlos cumplir, y de respetar sus obligaciones internacionales. Hasta ahora ha sido un proceso que en el caso de Chile ha tomado muy en cuenta a la sociedad civil organizada”, dijo el ambientalista.

Ver nota completa de Radio Universidad de Chile

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