Crisis climática y responsabilidades estatales: presentan libro con herramientas clave para la justicia ambiental

“State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation”, es el nombre del libro coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile que será lanzado en el marco de las audiencias de la Corte Internacional de Justicia  en La Haya sobre la opinión consultiva realizada por Vanuatu. 

Entre el 2 y el 12 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia iniciará las audiencias públicas sobre la opinión consultiva realizada por la Asamblea General de la ONU, e iniciada por el país insular Vanuatu, respecto a las responsabilidades de los Estados ante la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos.

En este contexto, el miércoles 4 de diciembre en el hotel Marriot de La Haya, se realizará el lanzamiento de forma presencial del libro “State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation” («Responsabilidades Estatales en la Crisis Climática: Normas Legales y Litigio Global»), coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Este libro es un proyecto colectivo que reúne las contribuciones de más de 10 académicos de renombre en Derecho Internacional Ambiental, provenientes de diversas regiones del mundo. Su objetivo principal es explorar las obligaciones legales de los Estados frente a la crisis climática, una problemática que exige una respuesta global urgente. 

Derecho para la justicia ambiental

El libro aborda los desafíos de la transición ecológica desde una perspectiva jurídica, destacando el rol del Derecho en la protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Estado de Derecho en un contexto de crisis climática. 

A través de un análisis detallado, el ejemplar conecta estas obligaciones con los derechos humanos, subrayando cómo la inacción frente al cambio climático afecta a las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables. En este sentido, propone reformas institucionales que permitan avanzar hacia la justicia climática, reconociendo responsabilidades y estableciendo estándares legales que respondan a las demandas de las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, el texto profundiza en el papel que deben jugar los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, junto con las instancias judiciales nacionales, para ser clave en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad frente a las consecuencias del cambio climático. A lo largo de los capítulos, se destacan las responsabilidades diferenciadas entre los países y la necesidad de que las leyes evolucionen para adaptarse a los retos del siglo XXI.

Fruto del trabajo de académicos de distintas regiones del mundo, esta obra explora soluciones jurídicas innovadoras para enfrentar la crisis climática, integrando valores esenciales como la dignidad humana y la integridad ambiental. Con un enfoque global, el libro invita a repensar el sistema jurídico actual para convertirlo en una herramienta transformadora hacia un futuro más sostenible.

Al respecto, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, señala que este documento trata varios temas relacionados con las preguntas que deben ser resueltas en la audiencia de la CIJ. “Entre ellos cuestiones como la protección de los derechos humanos de los migrantes climáticos, la protección de la naturaleza, la forma en que los estados deben cumplir internamente con obligaciones de protección de su población a propósito de la crisis climática y también como otros tribunales ya han abordado el asunto, por ejemplo como lo hizo el Tribunal del Derecho del Mar, son algunos de los capítulos interesantes que tiene el libro”, comenta. 

El libro no solo se limita al análisis académico, sino que también ofrece herramientas prácticas para involucrar a un público más amplio en la lucha por la justicia climática. En paralelo con la publicación, se ha creado un MOOC (Massive Open Online Course) que se ofrecerá de manera gratuita en la plataforma Udemy, con el objetivo de acercar el tema del litigio climático estratégico a estudiantes, profesionales y activistas interesados en el tema. Este curso, que cuenta con la participación de académicos y abogados de organizaciones internacionales como Greenpeace y Price for Oil, busca empoderar a los participantes para que comprendan y utilicen el derecho como herramienta de acción climática, brindando una perspectiva amplia y global sobre cómo las comunidades pueden utilizar las vías judiciales para abordar la crisis climática. 

Audiencias en la Corte Internacional 

Vanuatu, un pequeño estado insular que enfrenta su desaparición debido al aumento del nivel del mar, es uno de los países más afectados por la crisis climática, a pesar de ser responsable de una baja emisión de huella de carbono. Estos países, aunque tienen mínima contribución a la problemática, son los primeros en sufrir sus consecuencias, y muchos de sus habitantes ya se ven obligados a migrar por razones climáticas. 

En un esfuerzo por hacer frente a esta situación, Vanuatu presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, un mecanismo que permite obtener un precedente no vinculante sobre temas con poca jurisprudencia internacional. Esta solicitud busca esclarecer las obligaciones de los estados frente a los impactos de la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos, utilizando el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» del derecho internacional ambiental, que establece que todos somos responsables, pero de manera desigual, según nuestras capacidades y emisiones.

Es por esto que La Corte Internacional de Justicia escuchará las opiniones de más de 100 países sobre esta solicitud durante audiencias que se llevarán a cabo entre el 2 y el 12 de diciembre en el Palacio de la Paz de La Haya. Aunque la opinión consultiva no es vinculante, su desarrollo puede servir como un importante precedente legal y fortalecer el argumento de que la justicia ambiental debe ser alcanzada mediante un enfoque equitativo.

Transición energética y derechos humanos: comunidades exponen ante la CIDH las vulneraciones por la extracción de litio

El 15 de noviembre se llevó a cabo una audiencia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar las vulneraciones asociadas a la extracción de minerales como el litio. Se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

La transición energética, fundamental en la lucha contra el cambio climático, ha impulsado una demanda creciente de minerales críticos como el litio, que se utiliza en la fabricación de baterías para energías renovables. Sin embargo, esta transición ha tenido un costo significativo para las comunidades de América Latina, donde la explotación de estos recursos ha generado graves consecuencias sociales y ambientales. 

Ante esta problemática, organizaciones de la Alianza Humedales Andinos solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar estos impactos y solicitar recomendaciones específicas para prevenir vulneraciones de derechos humanos. La instancia se llevó a cabo el 15 de noviembre, donde se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

Felipe Pino, coordinador de Programa de ONG FIMA, abrió la jornada ante la CIDH, destacando los desafíos y contradicciones que enfrenta América Latina en el contexto de la transición energética. Pino subrayó cómo, en lugar de fortalecer las economías de las comunidades afectadas, los proyectos de extracción de minerales están debilitando la regulación ambiental y limitando la participación local, abriendo espacio para la explotación desmedida por parte de empresas transnacionales.

“Los efectos de la crisis climática ya afectan significativamente los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta. Sus impactos se expresan de forma violenta y evidente, en la magnitud y recurrencia de eventos climáticos extremos, así como en el funcionamiento de sus actividades económicas de subsistencia”, comentó.

Además, el abogado explicó que a medida que se posicionan proyectos de transición energética, también se multiplican las voces que demandan una “transición justa”. “Esto debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas de nuestro planeta. Así, si bien el alcance del concepto varía según su uso, hay consenso en que una transición justa es aquella que pone en el centro el respeto de los derechos humanos, tanto en su destino como en su transcurso”, añadió.

Impacto de la extracción de litio en Chile

Diversos testimonios expusieron cómo las actividades extractivas han afectado sus ecosistemas y sus formas de vida. Un ejemplo desde Chile, fue la intervención de Lady Sandon, originaria del pueblo Atacameño Lickanantay y representante de la Comunidad Atacameña de Coyo, ubicada en la cuenca del Salar de Atacama, quien relató los impactos de la sobreexplotación del agua en su territorio, especialmente debido a la extracción de litio, y cómo las políticas estatales y privadas están vulnerando los derechos de su comunidad.

“Lo que está pasando en nuestros territorios es por incumplimiento de las obligaciones del Estado Chileno a través de Corfo, porque se están vulnerando nuestros derechos en post de extraer litio que es agua salada. Además, donde no llega el Estado, llega el privado, ofreciendo solucionar los servicios básicos, como salud, educación, agua potable, energía, como moneda de cambio por el territorio. Empresas como SQM, Albemarle y Codelco, a pesar de sus infracciones medioambientales siguen siendo actores claves para la posible estrategia nacional del litio que evapora el agua de nuestro abuelo salar”, afirmó Sandon.

Asimismo, agregó que la Estrategia Nacional del Litio es un claro ejemplo de la falta de igualdad de condiciones y acceso a la información en los procesos de consulta indígena. “Para el mundo occidental son recursos, en nuestro mundo ancestral son bienes de la naturaleza que tienen la espiritualidad del pueblo, con importancia para el mundo global tenemos la ciencia ancestral en base al agua porque los salares y sus extremófilos, son claves para afrontar la crisis ambiental y en honor a nuestros antepasados y pensando en las generaciones venideras seguiremos cuidando protegiendo y preservando nuestros derechos”, concluyó. 

Testimonios en Latinoamérica

Además de los testimonios de Chile, se compartieron otras preocupantes historias de vulneraciones de derechos humanos y ambientales provocadas por la extracción de minerales críticos en diferentes países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se expuso cómo las comunidades han sufrido desplazamientos forzados debido a la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

“Hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. Es decir, hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos como el oro, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal. Así, la transición energética ya ha llegado a los territorios amazónicos en forma de vulneraciones a los derechos humanos. No se trata de una discusión futura con consecuencias producto de la especulación”, manifestó Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia.

En Argentina, regiones como el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y la Cuenca de Salinas Grandes han sido escenario de impactos devastadores. En el primero, la extracción masiva ha secado ríos y humedales, mientras que en Salinas Grandes, más de 38 comunidades indígenas ven amenazada su supervivencia debido a la contaminación y la disputa por los recursos hídricos. Pese a la riqueza de recursos naturales, las comunidades denuncian que estas actividades no solo dañan el ambiente, sino que agravan desigualdades y violan sus derechos, mientras el Estado prioriza las inversiones extranjeras por sobre la protección del territorio.

Verónica Chávez, integrante de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes, resume la situación: “Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias, está en peligro. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral”. 

Finalmente, la situación en Bolivia es igual de alarmante. El Salar de Uyuni, el mayor del mundo, alberga unos 21 millones de toneladas de litio, lo que lo posiciona como un centro clave para la explotación de este mineral. Adicionalmente, existen otros 26 salares reservados por norma para esta actividad. Aunque la extracción estatal del litio inició formalmente en 2024, ya se han invertido más de 1.000 millones de dólares en proyectos durante más de una década. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, como problemas de corrupción y la firma de acuerdos con empresas rusas y chinas sin consultar a las comunidades locales. Esto, además, se combina con el impacto ambiental significativo de la extracción, que implica la retirada de millones de metros cúbicos de agua, amenazando los frágiles ecosistemas del altiplano. 

«Si bien en Bolivia se ha iniciado la extracción de litio recién este año ya desde hace 12 años el propio estado boliviano viene vulnerando derechos: Se han realizado 2 ‘denominadas consultas públicas’ el 2012 y 2018 en las que no se ha hecho participar a las comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas, elaboradas sin información precisa existente, sin responder a las preguntas y preocupaciones de los participantes. Ya existen denuncias informales de comunidades que han visto significativamente disminuida la cantidad de sus vertientes y pozos”, detalló Oscar Campanini, director e investigador del Centro de Documentación e Información, Bolivia. 

Llamado a la acción: Recomendaciones urgentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la facultad de emitir recomendaciones a los Estados para proteger los derechos humanos. En este sentido se espera que emita un informe con recomendaciones para abordar las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la extracción de litio en América Latina y también organice «visitas in loco» para documentar las violaciones de derechos humanos en los países afectados. 

Estas acciones serían clave para que los Estados adopten medidas eficaces que protejan a las comunidades y sus ecosistemas, promoviendo un desarrollo que respete tanto los derechos humanos como el medioambiente. La audiencia frente a la CIDH marca un hito en la lucha por una transición energética que proteja los ecosistemas y respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas.

¿Qué es la Alianza de Humedales Andinos?

Su objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, ONG Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. 

Conoce más de la Alianza aquí.

Surfeando la ola de las COPs: los océanos lo conectan todo

  • Felipe Cárcamo, analista de Programa en ONG FIMA

Quienes saben surfear entienden que el ritmo de las olas es cambiante. Aferrado a la tabla, observando el océano, se decide qué ola tomar o dejar pasar, calculando la dirección. Y de pronto, sin buscarlo, ya estás de pie, deslizándote por el mar… Por el ritmo del océano, mirando al horizonte, puedes ver con claridad lo que se avecina.

Este año ha sido decisivo en la gestión de las crisis ecológicas que afectan el océano. Actualmente navegamos entre tres Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas, dedicadas a tres convenciones diferentes de la ONU. Cada una tiene un orden del día diferente, pero también varios elementos en común. Entre ellos, el océano destaca como un tema transversal y potencialmente unificador.

Pero a pesar de su importancia central, hay un déficit de atención al océano y sus tres crisis. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad en los mares ya se están manifestando en la subida del nivel del mar, temperaturas récord del agua, cambios en las precipitaciones, acidificación y desoxigenación de los océanos y declive de los ecosistemas.

Tres reuniones de la ONU dominan la agenda medioambiental de fin de año: la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Colombia, la COP29 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Azerbaiyán y la COP16 de la Convención de Lucha contra la Desertificación en Arabia Saudita. ¿Recibirá el océano la atención que requiere?

Octubre | Biodiversidad, COP16 | Cali

En 2022, las partes del Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (KMGBF, por sus siglas en inglés) fijaron el objetivo de proteger el 30% de las zonas terrestres y marinas para 2030. A mitad de camino, se reunieron en Cali, Colombia, el mes pasado, donde quedó claro que la protección mundial de los océanos está muy lejos de este objetivo.

Otro tratado de la ONU será un elemento clave para alcanzar este objetivo: el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Fuera de Jurisdicción Nacional, también conocido como Tratado de Alta Mar. Una vez ratificado por 60 países —actualmente solo lo han hecho 14, y muy recientemente se ha sumado Francia—, permitirá establecer zonas marinas protegidas en alta mar, los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Su protección complementará los esfuerzos por alcanzar el objetivo del 30% del KMGBF.

La protección de los océanos se ve reforzada por otros instrumentos internacionales negociados en los últimos años: el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (MERP) y el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, orientados a combatir la pesca ilegal y promover la sostenibilidad marina.

El financiamiento, sin embargo, siguió siendo un desafío central y pendiente en la COP16 de Cali.

La Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS) afirma que es necesario establecer el flujo de financiación destinado específicamente a la protección y conservación de la biodiversidad en cada país. La red afirma que los recursos financieros actualmente disponibles son insuficientes y que la crítica situación de los mercados de deuda en los países del Sur Global está desviando fondos que podrían combatir el cambio climático al pago de intereses. REDFIS también afirma que se necesitan mecanismos más eficaces para canalizar los fondos directamente a quienes protegen la naturaleza, en particular las comunidades locales, los pueblos indígenas y los afrodescendientes que gestionan las zonas marinas.

Noviembre | Cambio climático, COP29 | Bakú

Es de esperar que un informe reciente indique un punto de inflexión para que los debates sobre el cambio climático incorporen suficientemente el océano. Recopilado por los facilitadores del “diálogo sobre los océanos” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el reporte subraya la necesidad de sinergias entre diversos marcos multilaterales de las Naciones Unidas. Por ejemplo, entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica fuera de las Jurisdicciones Nacionales y el Marco Mundial sobre la Diversidad Biológica. El informe destaca que esta colaboración es fundamental para el éxito de las políticas nacionales sobre cambio climático, incluidas las de adaptación y mitigación.

Un tema central de la COP29 será cómo poner en práctica los compromisos climáticos. El informe del diálogo sobre los océanos insta a los países a unificar sus esfuerzos para evitar la duplicación y reforzar la acción colectiva sobre los océanos. La financiación de los compromisos climáticos de los países en desarrollo ocupará un lugar destacado.

Para América Latina, es crucial establecer un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) que defina un nivel de apoyo internacional para la financiación climática que apoye efectivamente a los países en desarrollo en la protección de sus aguas. Además, los países deben integrar a los océanos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y en sus Planes Nacionales de Adaptación para 2025. Ambos objetivos detallan los esfuerzos de los países para reducir las emisiones de dióxido de carbono y adaptarse al cambio climático.

La tecnología se está convirtiendo en un tema controvertido cuando las preocupaciones oceánicas se encuentran con el cambio climático, sobre todo en dos ámbitos. El primero es la geoingeniería para el secuestro de carbono marino, supervisada por la Organización Marítima Internacional de la ONU. Las consecuencias de estas tecnologías están aún por demostrarse. Podrían aumentar la absorción de dióxido de carbono por parte de los océanos, pero también podrían no marcar una diferencia significativa y dañar aún más a estos ecosistemas ya afectados.

El segundo ámbito es la explotación minera de los fondos marinos, supervisada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. A algunos expertos les preocupa que esto pueda perturbar el secuestro de carbono en las profundidades, mientras que sus defensores afirman que es una fuente vital de elementos necesarios para la transición verde. Algunos países, entre ellos varios latinoamericanos, promueven una moratoria. Esto permitiría seguir investigando científicamente estos ecosistemas poco conocidos de las profundidades, aplicando el principio de precaución ante posibles impactos ambientales.

Para lograr avances significativos en la protección de los océanos en Bakú, es necesario llegar a un acuerdo sobre cambios concretos en todos los ámbitos mencionados.

Diciembre | Desertificación, COP16 | Riad

La conexión entre la tierra y el océano es de especial relevancia para la tercera COP de 2024: en Arabia Saudita, los miembros de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se reunirán para celebrar su decimosexta conferencia.

Al abordar la intensificación de las sequías, la convención subraya la necesidad de alinear los esfuerzos con las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El enfoque de la convención es holístico: destaca la interrelación de los ecosistemas terrestres y marinos, y fomenta un desarrollo que refuerce su resiliencia. También reconoce que las presiones sobre los ecosistemas oceánicos y los recursos hídricos están íntimamente ligadas a la necesidad de garantizar alimentos y agua para millones de personas.

Este año ha estado marcado por ciclones devastadores y un calentamiento oceánico sin precedentes, lo que nos alerta sobre el rol fundamental de los océanos en el clima y la biodiversidad. La “simultaneidad” de estas tres COP ofrece una oportunidad única para generar sinergias efectivas entre los espacios multilaterales.

Resulta esperanzador constatar que detrás de cada decisión política siempre existe una lucha activista incesante, conformada por comunidades locales, indígenas y afrodescendientes, movilizadas por la protección de los océanos.

Como saben los surfistas, hace falta equilibrio para subir a la tabla. Domar las olas del cambio exige un triple equilibrio: guiarse por los conocimientos científicos y locales, tomar medidas permanentes que sean contundentes y tener una gran ambición en la labor de mitigar el cambio climático. Hagámoslo bien y, antes de que nos demos cuenta, estaremos de pie, surfeando sobre el mar.

Publicada en Dialogue Earth – 08/11/24

Seminario Internacional sobre Políticas Industriales y Crisis Climática

Este evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, además de la presentación de autoridades de Chile y Estados Unidos, y representantes de la academia, quienes abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en el contexto de la crisis climática. 

Agosto, 2024. El próximo 29 de agosto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile será sede de una mesa redonda entre Chile y Estados Unidos sobre política climática e industrial, evento que busca fomentar el diálogo sobre políticas industriales, protección ambiental, políticas climáticas y comercio internacional.

El seminario contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales, además de la presentación inicial de autoridades como la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el Ministro de Energía, Diego Pardow, Heather Boushey, del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (NEC) y Economista Jefe del Gabinete Invest in America del Presidente Biden, además de representantes de la academia como Pablo Ruíz-Tagle, Decano de Derecho de la Universidad de Chile; Catalina Medel, Directora del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile (RegCom), y el director ejecutivo de ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile, Ezio Costa.

Organizado en conjunto por el Ministerio de Economía de Chile, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ONG FIMA, en este evento se abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en el contexto de la crisis climática. 

  • Fecha: 29 de agosto de 2024
  • Hora: Primer bloque de 9:00 a 13:30 hrs, y segundo bloque de 14:30 a 16:30 hrs
  • Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ubicada en Pío Nono #1 Providencia, Santiago de Chile. Ver ubicación aquí.
  • Importante: cupos limitados

Consulta el programa a continuación:

Agenda

9:00 – 10:00 hrs: Bienvenida y protocolos

Palabras de Apertura a cargo de Autoridades:

  • Pablo Ruíz-Tagle, Decano de Derecho Universidad de Chile
  • Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente, Chile
  • Diego Pardow, Ministro de Energía, Chile
  • Heather Boushey, Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (NEC) y Economista Jefe del Gabinete Invest in America del Presidente Biden, (EE.UU.)
  • Catalina Medel, Directora del Centro de Regulación y Competencia (RegCom)
  • Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA.

10:00 – 11:30 hrs: Mesa 1 – La economía mundial y el cambio climático: Riesgos, oportunidades y caminos a seguir

Moderador: Por anunciar

Ponentes:

  • Heather Boushey, White NEC – «Riesgos económicos mundiales y oportunidades de la crisis climática»
  • Harley Shaiken, Universidad de California en Berkeley – «Cooperación entre EE.UU. y Chile en materia de cadena de suministro y transición hacia energías limpias» (EE.UU.)
  • Annie Dufey, Directora de Espacio Público – «Caminos futuros para las políticas económicas y climáticas» (Chile)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

11:30 hrs – Coffee break

12:00 – 13:30 hrs: Mesa 2 – Inversiones para solucionar la crisis climática y ecológica

Discurso de apertura: Nicolás Grau, Ministro de Economía, Chile. 

Moderador: Dra. Frances Colón, Senior Fellow, Center for American Progress

Ponentes:

  • Elizabeth Baltzan, Senior Advisor to the U.S. Trade Representative – «US industrial Policy and trade as a solution in the climate change toolbox». (EE.UU.)
  • Mike Williams, Senior Fellow, Center for American Progress [Confirmado] – «Inversiones y normas para el nuevo siglo» (EE.UU.)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

13:30 – 15:00 hrs: Lunch break

15:00 – 16:30 hrs: Mesa 3 – Soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia y protección de la biodiversidad

Moderador: Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

Ponentes:

  • Beatriz Bustos, Profesora Asociada, Departamento de Geografía, Universidad de Chile – «Implementación de soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana» (Chile)
  • Stephenne Harding, Directora Senior de Tierras del Consejo de Calidad Medioambiental de la Casa Blanca – «Una estrategia nacional estadounidense para la resiliencia climática» (EE.UU.)
  • Monica Dean, Directora de Prácticas sobre Clima y Sostenibilidad, Universidad del Sur de California – «Mejores decisiones medioambientales: análisis coste-beneficio y los servicios de los ecosistemas» (EE. UU.) (US)
  • Daniela Manusevich, Jefa División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (Chile)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

Países de América Latina y el Caribe ya tienen el primer acuerdo ambiental vinculante

Lo que sigue es que el 27 de septiembre de este año, se abra la etapa de ratificación del tratado en la Asamblea General de la Naciones Unidas. De esta forma, los países tendrán dos años para ratificar el acuerdo (entre septiembre 2018 y septiembre 2020), entrando en vigor cuando 11 de las 24 partes lo hayan firmado y ratificado.

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“DECLARACIÓN DE VILLA INFLAMABLE POR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODAS/OS Y EL EMPODERAMIENTO JURÍDICO”

Organizaciones de Latinoamérica se unen en una Red de empoderamiento Jurídico y urgen a los gobiernos, organizaciones internacionales y al sector privado a tomar medidas para disminuir las brechas en el acceso a la justicia de las distintas minorías y sociedad en general.

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Waterkeeper Alliance:

 Constituida formalmente en 1999 para defender y proteger las cuencas hidrológicas y velar por la calidad de las aguas, esta organización cuenta con cerca de 200 programas de protección en todo el mundo. Entrega asesoría en planificación estratégica, campañas de difusión, soporte científico y legal, para asegurar que el modelo Waterkeeper se mantenga y respete en cada uno de sus programas. WATERKEEPER

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AIDA: 

Asociación Interamericana de Defensa Ambiental. Fundada en 1998 en un esfuerzo mancomunado de ONGs americanas, con el fin de fortalecer la capacidad de todos y cada uno de sus miembros para enfrentar la grave amenaza ambiental, que las actividades económicas y la extracción de recursos naturales desenfrenada representan en la región. Como organización busca la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental a nivel nacional e internacional, y promueve los mecanismos de participación ciudadana necesarios para asegurar la efectividad de las normas. FIMA es el único integrante nacional desde su fundación. AIDA

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E-LAW

Environmental Law Alliance Worldwide o Alianza Mundial de Derecho Ambiental, es una organización fundada en 1989 y formada actualmente por cerca de 300 estudios jurídicos y científicos de más de 60 países. Su objetivo es proporcionar a abogados locales de interés público, junto a científicos y técnicos, el entrenamiento y recursos necesarios para la protección del medio ambiente en sus comunidades, a través del uso de la Ley. FIMA es su representante oficial en Chile desde el año 2000. E-LAW

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