Ya está disponible el nuevo Apunte de Política Ambiental de ONG FIMA: «Análisis del Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Chile». Este protocolo, aprobado el 4 de abril de 2024 y en vigor desde el 27 de diciembre del mismo año, constituye el primer paso del Estado chileno para cumplir con el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que exige garantizar un entorno seguro y propicio para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales.
Este documento examina el alcance, funcionamiento y desafíos del Protocolo, evaluando su alineación con los estándares internacionales de derechos humanos y protección ambiental. Además, aborda cómo, pese a ser un avance normativo, presenta importantes debilidades, señalando las fallas en accesibilidad y transparencia del portal informativo, y la necesidad urgente de fortalecer la coordinación institucional y territorial para garantizar su implementación efectiva.
Invitamos a revisar este apunte y a reflexionar sobre los desafíos pendientes para garantizar una protección real y efectiva a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en Chile.
Con una presentación a cargo del equipo de incidencia de ONG FIMA y luego un conversatorio en el que participaron Anahí Urquiza, del CR2 de la Universidad de Chile, Andrés Pica del Ministerio de Medio Ambiente y Mariana Cruz de la ONG Ceus, se dio a conocer el policy brief “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?” en el cual se abordan los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en su proceso de descarbonización.
El 2024 fue el año más caluroso registrado hasta la fecha y este es solo uno de los síntomas de que la crisis climática ha tomado una magnitud sin precedentes. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan su ascenso, y la comunidad internacional espera que los países actualicen sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales deben marcar el rumbo y paso de la acción climática de los próximos cinco años. Chile, al igual que otros países, está ante la oportunidad de tomar decisiones cruciales.
Frente a este panorama, ONG FIMA lanzó el policy brief titulado “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?”, en un evento desarrollado en la Fundación Heinrich Boll. En el espacio, Mariana Carrasco, una de las autoras del policy brief y analista de Incidencia Internacional de ONG FIMA, presentó un análisis exhaustivo del documento, donde expuso las principales barreras de Chile en su camino hacia la descarbonización, a través de una revisión del Plan de Descarbonización y la entrega de recomendaciones para aumentar la ambición del país de cara a la COP30.
“Vemos que el proceso de descarbonización en Chile enfrenta desafíos no resueltos y promesas incumplidas. Desde un principio ha estado limitado por este carácter voluntario y los resultados han sido que las emisiones no se han reducido. En este contexto, la actualización de la NDC propone una oportunidad concreta para elevar la ambición de cara a la COP30. En este sentido, los avances dependen de la adopción de un enfoque integral de la descarbonización centrado en la eliminación de las emisiones de carbono a la atmósfera; de establecer compromisos vinculantes enfocados en asegurar y acelerar el proceso de cierre de las centrales a través de planes de cierre efectivos y participativos; de aprovechar las oportunidades presentadas por la generación distribuida y la eficiencia energética. Todo esto debe desarrollarse bajo una perspectiva de transición socioecológica justa como condición habilitante, hasta ahora presente solo en lo narrativo”, señaló Carrasco.
Participación de panelistas
Posteriormente, en un panel con representantes del mundo académico, Estado y sociedad civil, se destacó la importancia de fortalecer las políticas climáticas de Chile en la actualización de las NDC, abordando tanto los aspectos técnicos como sociales de la transición energética, y la necesidad de garantizar un desarrollo socio ecológico justo para las comunidades en el proceso de descarbonización.
Andrés Pica Téllez, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, señaló que, pese a que las NDC no son vinculantes, existen varios elementos que buscan asegurar el cumplimiento por parte de Chile, pues la estrategia climática a largo plazo se traduce en responsabilidades para cada ministerio que pueden implementar normas de emisión o incentivos para la reducción de emisiones. “Ahora estamos armando todo un sistema nacional de acceso a la información de cambio climático, que busca ser la plataforma que también va a permitir un seguimiento más ciudadano de este tema”, agregó Pica, “se está avanzando en generar esa transparencia, en comunicar eso y las metas de Chile también se están reportando”.
Por su parte, Mariana Cruz, directora ejecutiva de la ONG Ceus Chile, comentó los principales obstáculos que están frenando el progreso hacia la carbono neutralidad en Chile. “Hay dos ítems en este proceso de descarbonización que han sido complejos, el primero es que nos falta mucho para que estas metas sean efectivamente vinculantes, por ejemplo, revisamos la Ley Marco de Cambio Climático en sus planes y en los procesos de los reglamentos y no hemos visto algo que sea estructuralmente vinculante para exigir estos compromisos. Lo segundo, creo que hay un temor a soltar la necesidad del carbón y el gas para asegurar energía a lo largo del país, eso se relaciona, porque no hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de adaptación de nuestros sistemas eléctricos y todo lo que conlleva la energía. Hay una falta de consideración de que a medida que avanzan los efectos del cambio climático somos más vulnerables a quedarnos sin energía”.
En tanto, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2) y parte del directorio de ONG FIMA, se refirió a los impactos que las transformaciones tienen en los territorios. “Lo que podemos hacer es reducir los impactos y tratar que estas transformaciones sean una oportunidad de desarrollo para los territorios. Estamos en un país donde todavía parte importante de nuestra población vive en condiciones de vida que no son adecuadas y tienen expectativas de mejorar su calidad de vida. Eso en parte es un espacio que ocupan las empresas que apoyan a las comunidades con ciertas cosas que pueden ser muy asistencialistas y focalizadas y es porque los territorios no tienen resueltas las necesidades básicas. Entonces tenemos un problema de cómo logramos esas transiciones, que no es tan fácil de resolver y requiere inversión en infraestructura, en nuevas fuentes de trabajo, y que los territorios puedan reinventarse para que puedan tener nuevas actividades económicas que le den vida a esos territorios”.
El evento, realizado el pasado 15 de noviembre, fue organizado por ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el apoyo del Programa de Sustentabilidad de la UTEM. En la instancia, se reunieron 43 funcionarios y funcionarias de las áreas de medio ambiente de 19 municipios, con el objetivo de generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la gestión ambiental municipal.
Algunos de los municipios que llegaron hasta la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), fueron Santiago, Viña del Mar, San Joaquín, Recoleta, Cartagena, San Antonio, El Quisco, Mostazal y San Clemente, entre otros.
“Nos alegra mucho haber culminado nuestro 4° Encuentro de Municipio Verde en conjunto con UTEM y FES”, dijo Carolina Palma, politóloga y coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA. “Esperamos haber aportado en un espacio de reunión para funcionarios y funcionarias de distintos lugares de nuestro país, donde se sientan alentados a aprovechar las oportunidades que les entrega la ley para llevar a cabo la gestión ambiental de la comuna. Nos entusiasma aportar en la generación de espacios de conversación en torno a las estrategias y desafíos que han asumido los municipios en materia ambiental”.
El director de Proyecto de la Fundación Friedrich Ebert (FES), Christian Sánchez, indicó que “para avanzar en la gestión ambiental, la crisis climática y la biodiversidad necesitamos de un trabajo conjunto. En ese sentido, el apoyo mutuo que hemos tenido con los Municipios Verdes ha sido muy fructífero este cuarto año de trabajo. Para ello, buscamos aportar en entregar herramientas que sean útiles para quienes llegan a trabajar el medio ambiente en las diversas comunas que abarca Municipio Verde”.
Por otra parte, Carolina Rojas, coordinadora de Compromiso Institucional del Programa de Sustentabilidad UTEM, señaló que “los municipios, al igual que la UTEM, enfrentamos retos comunes, como la gestión de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, entre otros, que tienen un impacto significativo en los territorios. Para abordar estos desafíos de manera efectiva, es esencial crear y fortalecer redes de colaboración, compartir experiencias y construir un conocimiento colectivo que maximice los resultados de nuestro trabajo en las comunidades. En este contexto de urgencia climática, la unión de esfuerzos entre el Estado, la academia, la sociedad civil y las comunidades es más necesaria que nunca. Solo a través de una acción conjunta, podremos diseñar soluciones sostenibles, inclusivas y adaptadas a las realidades locales, asegurando un impacto positivo y duradero en los territorios”
Durante el Encuentro se llevó a cabo la presentación del informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades, un documento elaborado por ONG FIMA con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, que contiene información sobre las principales competencias con las que cuentan los municipios en temas ambientales.
Se trata de la segunda versión del informe cuya primera edición fue publicada en 2021. En el documento actualizado, se encuentra el detalle de las leyes ambientales publicadas desde entonces hasta la fecha, como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso y la Ley Marco de Cambio Climático. Asimismo, el texto incluye un capítulo sobre leyes ya publicadas que aún no se implementan de forma plena, pero que representan oportunidades para la gestión ambiental municipal, entre ellas, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
“El informe de Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal se elaboró de manera participativa, con Municipios Verdes que nos colaboraron con sus iniciativas, desafíos y oportunidades”, explicó Carolina Palma de ONG FIMA. “Esperamos que sea una herramienta útil para funcionarios y funcionarias municipales en la gestión ambiental local”.
El informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades está disponible en el siguiente enlace:
Posteriormente, los funcionarios y funcionarias municipales fueron parte de un taller sobre Poder Ambiental, un sitio web que busca entregar información legal para la defensa del medio ambiente en un lenguaje claro y sencillo.
En esta ocasión, el taller ahondó en tres de las entradas disponibles en la página y que refieren a la gestión de los gobiernos locales: Competencia legales en materia ambiental; Gestión Ambiental Local; y Protección de Ecosistemas y Ordenamiento Territorial.
El sitio web Poder Ambiental fue desarrollado por ONG FIMA en el marco del programa Transferencias de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental llevado a cabo con un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.
Municipio Verde
El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna. Los municipios que deciden firmar este compromiso reciben material de apoyo para el uso de sus facultades ambientales y pueden participar de actividades de capacitación y de intercambio de experiencias, tal como el Encuentro Nacional de Municipios Verdes.
Actualmente hay 36 municipios comprometidos, de los cuales 6 se encuentran en la Región de Valparaíso: Casablanca, Concón, La Ligua, Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Además, también son parte de este compromiso comunas como Calama, Ñuñoa, Rancagua, Talca, Hualpén, Ancud y Coyhaique.
Revisa aquí una galería del evento:
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
En el contexto de la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Vanuatu ante la Corte Internacional de Justicia, surge una oportunidad histórica para que la ley supere las barreras políticas. Es momento de buscar la justicia climática, reconociendo responsabilidades, estableciendo nuevas normas y reformando nuestras instituciones para proteger la dignidad humana, la integridad ambiental y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Desde ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, hemos desarrollado el proyecto “Responsabilidades de los Estados frente a la Crisis Climática” junto a destacados académicos internacionales en derecho ambiental.
Con ello, ponemos a disposición el libro “State Responsibilities in the Climate Crisis”, disponible de forma gratuita y en inglés. Este recurso analiza estándares legales y estrategias de litigación global para enfrentar la crisis climática.
Además, ya está disponible un curso MOOC (Massive Online Open Course) online y gratuito en inglés, dividido en dos secciones, donde podrás profundizar en las responsabilidades legales de los Estados y explorar cómo traducir estas normas en acción concreta. Pronto estará disponible en Udemy con los siguientes módulos:
Finalmente, te invitamos a revivir la transmisión online del evento de lanzamiento del proyecto que se llevó a cabo este 4 de diciembre en La Haya. Puedes verlo aquí.
La Alianza de Humedales Andinos ha publicado un segundo Policy Brief titulado «Red de Salares Protegidos: Análisis crítico de la implementación de criterios de la Estrategia Nacional del Litio».
En este documento se evalúan los criterios empleados para la priorización de la Estrategia, identificando brechas que favorecen la explotación por sobre la protección ambiental. Los salares, fundamentales para el equilibrio socioecológico, enfrentan riesgos no evaluados adecuadamente, lo que podría generar impactos irreversibles en estos ecosistemas ya vulnerables.
Entre las conclusiones principales, se identifican cinco aspectos claves que no están siendo considerados: el balance entre criterios productivos y ecológicos, la protección de ecosistemas vulnerables, adecuada participación ciudadana y consulta indígena, la transparencia en la información pública y comprender adecuadamente la interconexión entre los salares y acuíferos subterráneos.
Alianza de Humedales Andinos
La Alianza de Humedales Andinos reúne a organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y movimientos socioambientales en Argentina, Bolivia y Chile, entre ellas ONG FIMA, cuyo objetivo es la protección, conservación y defensa de los humedales andinos en territorios campesinos e indígenas. El enfoque del trabajo de la alianza se basa en la conservación ambiental, el respeto a los derechos humanos y la justicia ambiental ante la crisis ecológica y climática. Conoce más en www.humedalesandinos.org
El documento entrega 14 propuestas, entre las que se mencionan temas como la seguridad hídrica, economía circular, reducción de emisiones y la modificación del impuesto al carbono.
El Comité de Carbono-Neutralidad y Resiliencia fue creado en marzo de 2024 convocado por los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Energía, Ciencia, Agricultura y Obras Públicas, cuya finalidad fue desarrollar propuestas que impulsen la economía del país hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática. Este comité, conformado por 19 expertos provenientes del sector privado, la academia y la sociedad civil, entre los que se encuentran el Director Ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, entregó su informe final, marcando un hito en el camino hacia una transición energética en el país.
El informe fue producto de un trabajo consensuado y participativo entre diversos actores, entregando 14 propuestas que abordan aspectos como la seguridad hídrica, reducción de emisiones, economía circular y, marcado como una de las más relevantes, la modificación del impuesto al carbono para reflejar de manera progresiva las externalidades de las emisiones, incentivando la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias.
Para Ezio Costa la transición hacia la carbono-neutralidad no solo debe ser eficiente económicamente, sino que “también debe propender hacia un sistema más justo donde los beneficios sean repartidos de manera equitativa, se proteja al medio ambiente, la salud y calidad de vida de las personas”.
Respecto al factor de participación ciudadana, en el informe se recoge que debido a tiempo acotado de elaboración, no se realizó un proceso formal, sin embargo, el Comité mantuvo a la ciudadanía informada mediante reuniones virtuales y una plataforma web abierta a sugerencias, lo que aportó a la creación de las propuestas.
Finalmente, las y los comisionados transparentan que para que estas propuestas puedan ser llevadas a cabo, deben existir ciertas condiciones, tales como voluntad política, planificación, integración con políticas públicas, financiamiento, comunicación y transparencia.
“Chile ha hecho esfuerzos por encaminarse hacia la carbono neutralidad y me parece que eso puede ser fuente de orgullo, pero ese camino solo es sostenible en el tiempo si en él cabemos todos y todas, para lo cual hay que mirar en detalle las vulnerabilidades que existen y abordarlas. Hay muchos discursos que intentan tomar las soluciones climáticas para generar mayor acumulación, o que no miran que las nuevas tecnologías bajas en carbono pueden producir otros daños. Hay que seguir avanzado, con velocidad, pero con cuidado e inclusión”, señala Costa.
Las propuestas
Acelerar la implementación del sistema de certificación voluntaria para huella de carbono establecido en el Art. 30 de la Ley 21.455, en línea con estándares internacionales.
Agricultura climáticamente inteligente.
Aumentar la resiliencia de las ciudades y aumentar su captura de GEI.
Aumento de captura de carbono en sector agroforestal y prevención de incendios forestales.
Diseñar e implementar un enfoque territorial integrado y multi-actor para la seguridad hídrica en cuencas de las regiones de Coquimbo (Elqui, Limarí y Choapa), Valparaíso (La Ligua-Petorca), Metropolitana de Santiago (Maipo) y Los Lagos (isla cuenca de Chiloé).
Disminuir las emisiones derivadas del consumo energético en las ciudades.
Impulsar economía circular en ciudades.
Impulsar la transición de una economía basada en materias primas fósiles a una fundada en recursos biobasados renovables.
Impulsar recursos energéticos distribuidos para minimizar el consumo de energía de fuentes fósiles.
Modificar el impuesto al carbono de manera que refleje adecuada y progresivamente las externalidades que generan sus emisiones, y que sea capaz de orientar inversiones y gatillar innovaciones para la reducción de emisiones en todas las industrias.
Promover construcción en madera.
Protección y valorización del Capital Natural y fomento de Soluciones basadas en la Naturaleza.
Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.
Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.
El Comité
Compuesto por Paloma Ávila, directora de CNN; Olga Barbosa, académica y consejera de WWF-Chile; Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad Desarrollo Tecnológico (UDT) de Universidad de Concepción; Marcela Bravo, gerente general de Acción de Empresas; Claudio Castro, alcalde de Renca; Amparo Cornejo, directora de Sonami; Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental (CDA); Lorenzo Gazmuri, presidente de ICARE; Mónica Gazmuri, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESCO); Sara Larraín, directora de Chile Sustentable; Ismaela Magliotto, joven negociadora de Chile para la COP27; Marcelo Mena, exministro de Medioambiente; Gonzalo Muñoz, exChampion de la COP25; Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de Corporate Leaders Group for Climate Action, CLG-Chile; Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS); Carolina Schmidt, exministra de Medioambiente; Claudio Seebach, decano de Ingeniería y Ciencias Universidad Adolfo Ibáñez, y Javier Torrejón, director de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.
Se han publicado tres informes que abordan la justicia ambiental, territorial y de género en el contexto de la extracción de minerales críticos para la transición energética. Dos de estos informes fueron presentados en un webinar el 28 de agosto, mientras que el tercero fue dado a conocer en un taller de devolución el 31 de agosto en San Pedro de Atacama.
Septiembre, 2024. Desde el área de Estudios de ONG FIMA se han elaborado dos informes que analizan distintos aspectos de la transición energética y sus implicancias socioambientales: «Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial» y «¿Hacia una Transición Justa? Recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel».
El primero examina las narrativas sobre la extracción de minerales críticos, revelando cómo el modelo extractivista profundiza injusticias territoriales y ambientales, mientras que el segundo ofrece recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel, destacando la importancia de una transición que no solo sea ambientalmente sostenible, sino también equitativa para las comunidades afectadas.
Ambos informes fueron presentados en un webinar de lanzamiento donde participaron Cristina Lux de AIDA, Rudencindo Espindola de la Comunidad Lickanantay de Toconao y OPSAL, y Natalia Soto, ciudadana de Coronel. Puedes verlo aquí.
Adicionalmente, producto de un trabajo colaborativo entre GI-ESCR y ONG FIMA, se ha publicado un tercer informe titulado «Minerales críticos e igualdad de género: Las voces de las mujeres de Antofagasta y Atacama», que busca amplificar las experiencias y testimonios de mujeres de las regiones de Antofagasta y Atacama que se han visto afectadas por la minería de litio, entregando recomendaciones para avanzar hacia una gobernanza más democrática, sostenible y equitativa. Este trabajo fue presentado en un taller de devolución presencial en San Pedro de Atacama.
Esta guía, basada en la normativa actual, busca fortalecer las competencias municipales en protección de humedales, destacando la participación comunitaria y ofreciendo valiosa información para comprender, conservar y gestionar de manera efectiva los humedales urbanos.
El pasado 11 de noviembre se realizó la ceremonia de cierre de la Asamblea Climática Ciudadana de la región de Los Lagos, donde se entregó el informe final de recomendaciones al Gobierno Regional, Consejo Regional y Seremi de Medio Ambiente de la región.
En esta edición especial de nuestros Apuntes de Política Ambiental, analiza la recién promulgada ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, también conocido como SBAP por su siglas.
