Publicada anualmente, cuenta con dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia.
Febrero, 2025. Se ha abierto una nueva convocatoria para la edición número 17 de la Revista Justicia Ambiental, invitando a académicos, profesionales y organizaciones a enviar artículos sobre justicia ecológica, antropoceno, giro ontológico y transición ecológica.
Esta iniciativa, impulsada por ONG FIMA en colaboración con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, busca fomentar el desarrollo del Derecho Ambiental y el debate crítico en torno a temáticas fundamentales para la justicia ambiental. La revista, que se publica anualmente desde 2008, está compuesta por dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia.
Las y los interesados podrán enviar artículos para ambas secciones desde cualquier disciplina académica, siempre que aborden cuestiones relacionadas con la justicia ambiental. Entre los temas de interés se incluyen la transición justa, regulación ambiental, energías y derecho ambiental, institucionalidad ambiental, bienes comunes y propiedad, nuevas formas de economía, participación ciudadana, ordenamiento territorial, gobiernos locales, derecho a la ciudad, derechos humanos ambientales, derechos de la naturaleza, cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas como humedales y zonas marinas, entre otros.
Las postulaciones deberán enviarse en dos archivos separados: uno con la obra anonimizada y otro con los datos del autor o autora (nombre y afiliación académica). Ambos deben ser enviados al correo revista@fima.cl antes del 16 de marzo de 2025.
Para conocer las instrucciones detalladas sobre formato, extensión y normas editoriales, visita el siguiente enlace: Normas para autores.
También puedes encontrar más información y conocer las ediciones anteriores de la revista en www.revistajusticiaambiental.cl
¡Participa y contribuye al debate sobre justicia ambiental!
En un esfuerzo sin precedentes, organizaciones de México, Panamá, Perú y Chile forman parte del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), que busca combatir la pesca ilegal a través de herramientas satelitales y un enfoque colaborativo. La iniciativa promete marcar un antes y un después en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos de la región.
La pesca en aguas continentales es una importante fuente de alimentos y en 2019 representó el 12,7% de la producción pesquera mundial, siendo también una fuente de empleo para aproximadamente 58 millones de personas. Sin embargo, su importante relevancia económica se ha visto opacada por la pesca ilegal, una actividad que, según Naciones Unidas, representa pérdidas anuales de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo tras el tráfico de drogas y armas.
En América Latina, esta práctica no solo amenaza los ecosistemas marinos, sino también los derechos humanos y las economías costeras. Algunas de las consecuencias de gran alcance de esta actividad incluyen la pérdida de biodiversidad, el aumento de plástico en los océanos y violaciones de los derechos humanos (incluida la pesca pirata, los conflictos por las zonas de pesca en alta mar, el trabajo infantil y forzado, y la trata de personas).
Frente a esta realidad, surge el Proyecto Legal Ocean Watch (LOW) ha desarrollarse entre el 2024 y 2026, que considera la participación de cuatro organizaciones no gubernamentales latinoamericanas y caribeñas especializadas en conservación marina y costera: Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) de México, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, y la organización líder del proyecto, FIMA de Chile.
LOW nace como una respuesta urgente y necesaria que busca comprender las principales oportunidades y desafíos en el uso de información satelital en procesos institucionales para controlar la pesca ilegal en América Latina y el Caribe. Tiene por objetivo mostrar el comportamiento de la pesca a nivel global proporcionando herramientas para recabar información sobre esta práctica ilícita y para esto, cuenta con el apoyo de la plataforma tecnológica Global Fishing Watch (GFW).
“Hoy en día la pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no sólo por la depredación del recurso pesquero, el agotamiento de las pesquerías, sino también por la contaminación que eso significa y los delitos o conductas asociadas a la pesca ilegal como la trata de personas o tratos de esclavitud. Global Fishing Watch tiene una herramienta increíble para poder mapear y encontrar esa actividad en los océanos, por ello distintas organizaciones nos reunimos para comprender cómo usar los sistemas de posicionamiento satelital y monitorear la actividad humana en el mar, en específico en relación a la pesca ilegal. De esta forma, buscamos entender cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden usar esta información para mejorar las posibilidades de perseguir y capturar la pesca ilegal que ocurre en nuestros océanos”, señaló Antonia Berrios, coordinadora general de ONG FIMA y coordinadora para Latinoamérica del proyecto Legal Ocean Watch.
Tecnología al servicio de la sostenibilidad
Uno de los pilares del proyecto es el uso de sistemas satelitales como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS), facilitados por GFW. Estas herramientas no solo permiten detectar embarcaciones en tiempo real, sino también recopilar datos que podrían ser utilizados en litigios o para mejorar la regulación pesquera. Para ello, las organizaciones participantes se capacitaron en jornadas de tres días para conocer la forma de utilizar estos instrumentos tecnológicos, los que serían un recurso para eventualmente presentar procesos administrativos, civiles o en otros casos penales y así disminuir la pesca ilegal.
“En efecto, la problemática no es nada más de estos cuatro países, es a nivel mundial, y lo que está haciendo Global Fishing Watch es apoyar con herramientas de datos satelitales. La tecnología ayuda mucho a lo que es el análisis de la inteligencia para ver el comportamiento de las flotas pesqueras, ya sea supervisar las flotas pesqueras del pabellón nacional o bien ver las flotas pesqueras del pabellón extranjero que entran a las aguas jurisdiccionales de los países. Y con esto ellos puedan tener por lo menos insumos, reportes de eventos, tener imágenes satelitales y una serie de instrumentos que pueden ser evaluados en conjunto con otros más que pueden aportar para así levantar un caso robusto”, explicó Gabriel Caballero, oficial de Políticas de Panamá para Global Fishing Watch.
Innovación y colaboración
Las organizaciones participantes, no solo cuentan con experiencia en conservación marina, sino también en incidencia política y legal. Por ejemplo, DAN ha capacitado a organizaciones civiles sobre el marco legal mexicano, ha presentado denuncias sobre daños a los ecosistemas y ha exigido acciones gubernamentales para proteger especies en peligro de extinción. CIAM ha abogado por la ratificación de acuerdos internacionales, mientras que DAR ha influido significativamente en las políticas ambientales de Perú. Estas capacidades serán fundamentales para enfrentar los retos de una región donde los sistemas de trazabilidad y monitoreo siguen siendo limitados.
A esto se le suma el nuevo conocimiento de los sistemas de monitoreo, cuyas jornadas de trabajo fueron valoradas de manera positiva por las organizaciones participantes. “En esta oportunidad hemos intercambiado nuestras respectivas legislaciones, en mi caso contando cómo es en Perú, estableciendo avances en torno al concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Si bien nuestra regulación es adecuada en cuanto a la creación de instrumentos legales, aún persiste una brecha en su implementación y fiscalización. En este sentido, la herramienta de monitoreo satelital podría ser de gran utilidad, pero es fundamental que esté acompañada de transparencia, gobernanza e institucionalidad a nivel nacional”, puntualizó Sofía Rodríguez, especialista del Programa Sostenibilidad de DAR.
Por su parte, Joana Ábrego, gerente legal de CIAM comentó: “Es importante para Panamá ser un país modelo para otras naciones en la gestión sostenible de sus recursos pesqueros, de manera que se evite la depredación de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas naturales, especialmente los océanos, son cruciales para los medios de vida de las comunidades y para la resiliencia ambiental, que ya enfrenta amenazas como el cambio climático, poniéndolos en grave riesgo. La presión humana ejercida sobre el medio natural, a través de una pesca no regulada o inadecuada, genera un impacto excesivo en estos ecosistemas. Por ello, es fundamental utilizar todos los recursos legales posibles, junto con las nuevas tecnologías, para proteger estos ecosistemas esenciales para el mundo”.
Resultados esperados y visión a futuro
A corto plazo, el proyecto aspira a fortalecer las capacidades de las organizaciones involucradas para utilizar datos satelitales en estrategias legales y administrativas. A largo plazo, se espera consolidar cambios regulatorios clave que faciliten el uso de esta información en procesos institucionales. Además, se busca promover relaciones éticas y colaborativas con comunidades locales que puedan verse afectadas por la pesca ilegal.
“Creo que el primer paso es lograr un mayor entendimiento dentro de las organizaciones que formamos parte, para luego transmitirlo hacia el exterior, ya sea a las autoridades, las comunidades o según las capacidades de cada organización. En el caso de México, donde las autoridades pesqueras no suelen ser muy transparentes, este tipo de herramientas podría ser de gran utilidad si lográramos implementarlas y utilizarlas para promover la transparencia (…).Por ello, es importante probar el sistema, evaluar cómo funciona y determinar hasta qué punto las autoridades están dispuestas a abrirse, transparentar procesos y aceptar este tipo de nuevas tecnologías”, detalló María Llano, directora del Programa de Análisis de Políticas Públicas y Legislación de DAN.
El proyecto Legal Ocean Watch representa una oportunidad única para abordar una problemática global desde una perspectiva regional, innovadora y colaborativa. En un contexto donde la sostenibilidad de los océanos es clave para la supervivencia de las comunidades costeras, iniciativas como esta no solo son relevantes, sino también urgentes.
El programa fue implementado por ONG FIMA con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso para capacitar en derecho ambiental y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias municipales de la región.
En una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 53 funcionarios y funcionarias de 12 municipalidades de Valparaíso recibieron una certificación por su participación en el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, un proyecto desarrollado entre 2023 y 2024 gracias al aporte de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso.
El objetivo del programa es dejar capacidades permanentes en los municipios para que los mismos profesionales puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales existentes en sus localidades, de modo de poder facilitar el acceso a la justicia ambiental sin la necesidad de contratar servicios jurídicos externos.
“Los municipios son, sin duda, el primer lugar al que recurren los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen problemas o conflictos relacionados con el medio ambiente”, señaló Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. “Al conversar con las y los participantes y ver cómo han recibido todos los elementos del programa, creo que efectivamente esto les va a permitir tener un rol más activo en proteger sus territorios y en ayudar a las personas que viven en esas comunas a llevar adelante tanto proyectos y procesos de protección ambiental, como a solucionar sus conflictos”, agregó.
Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del programa, destacó que ha sido un trabajo muy arduo que “se traduce en frutos, en productos, que pueden ser relevantes para abordar las problemáticas que puedan tener los distintos municipios, generar capacidades a nivel de funcionarios municipales y también generar herramientas y entregar metodologías para poder trabajar con las comunidades locales y relevar sus sentires y sus preocupaciones”.
Un proceso de dos años
Para la selección de quienes fueron parte del programa, por un lado, se invitó a participar a los municipios en cuyos territorios existiera algún conflicto socioambiental identificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, también se llevó a cabo una convocatoria entre otras municipalidades de la Región de Valparaíso que tuvieran interés en ser parte. Finalmente, las comunas beneficiadas fueron Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quilpué, Quintero, San Antonio y Viña del Mar.
Uno de los participantes del programa fue Vladimir Vicencio, encargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, quien se refirió a los próximos desafíos ambientales ante una nueva administración edilicia. “Es importante podamos extrapolar las herramientas conseguidas gracias a este proyecto a la nueva administración y que en conjunto podamos conseguir los resultados que buscamos, que es que todas las industrias y las empresas que están trabajando y desarrollando riquezas en Petorca cumplan con la normativa ambiental sin perjudicar a ningún vecino ni vecina”, comentó.
Por su parte, Daniela Albornoz, del Departamento de Medio Ambiente de Catemu y parte de Catemu en Movimiento, fue otra de las 53 personas que recibieron el certificado por haber completado su participación en el proyecto. Durante la ceremonia destacó el rol de la ciudadanía en la protección del territorio. “Necesitamos que la población, en general, tenga un pronunciamiento respecto de estos temas y, para que esto ocurra, necesitamos que la gente se interese y pueda tener la confianza y la seguridad de saber que, con las capacidades que tiene, puede abordar un proceso de evaluación ambiental, por ejemplo”. Agregó también que existe una responsabilidad institucional de parte de los municipios como tomarse un espacio para difundir sobre un proyecto, sobre la participación ciudadana, etcétera, pero es mutuo, porque a veces la ciudadanía puede tener muchas ganas pero no tiene las herramientas”.
Los resultados del proyecto
La implementación del programa Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental comenzó en marzo de 2023 con la capacitación a funcionarios y funcionarias de 6 comunas de Valparaíso en temas de derecho ambiental. Las primeras municipalidades beneficiadas fueron: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, quienes luego realizaron talleres abiertos a la comunidad sobre fiscalización ciudadana y denuncias ambientales, haciendo uso de los nuevos conocimientos adquiridos.
Este mismo proceso se repitió durante 2024 con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar.
Como resultado general, a lo largo del proyecto se realizaron 96 sesiones de capacitación para 80 funcionarios y funcionarias además de otras 60 sesiones para el co diseño de 14 talleres abiertos a la comunidad.
Sumado a lo anterior, el programa también incluyó un trabajo para la identificación de ecosistemas dañados, así como la realización de un informe de diagnóstico sobre su estado. Para esto, se generó un cuestionario ciudadano enfocado en las 12 comunas participantes, aunque no excluyente, a través del cual se logró identificar 180 ecosistemas de la región de Valparaíso con algún tipo de daño o intervención. Algunos de los más mencionados por los habitantes de la región fueron las Dunas de Concón, el Estero La Cigüeña, el Estero Marga Marga, el Humedal Ojos de Mar, el Río Putaendo y la Laguna El Peral.
En tercer lugar, en el marco del proyecto se desarrolló el sitio web Poder Ambiental, una plataforma con información legal para proteger el medioambiente explicada de forma clara y sencilla, a fin de poder acercar la normativa chilena a quienes buscan defender sus territorios. Actualmente la página cuenta con diversas entradas sobre temas como conservación de ecosistemas, contaminación, derecho al agua y gestión ambiental local. Finalmente, con el objetivo de difundir el trabajo de los municipios, la academia y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, se grabó el podcast Diálogos por la Justicia Ambiental, que consta de 16 capítulos de entrevistas con distintos actores, principalmente de la Región de Valparaíso. Los episodios se están emitiendo a través de Radio Valparaíso y están disponibles también a través de Spotify.
El evento, realizado el pasado 15 de noviembre, fue organizado por ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el apoyo del Programa de Sustentabilidad de la UTEM. En la instancia, se reunieron 43 funcionarios y funcionarias de las áreas de medio ambiente de 19 municipios, con el objetivo de generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la gestión ambiental municipal.
Algunos de los municipios que llegaron hasta la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), fueron Santiago, Viña del Mar, San Joaquín, Recoleta, Cartagena, San Antonio, El Quisco, Mostazal y San Clemente, entre otros.
“Nos alegra mucho haber culminado nuestro 4° Encuentro de Municipio Verde en conjunto con UTEM y FES”, dijo Carolina Palma, politóloga y coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA. “Esperamos haber aportado en un espacio de reunión para funcionarios y funcionarias de distintos lugares de nuestro país, donde se sientan alentados a aprovechar las oportunidades que les entrega la ley para llevar a cabo la gestión ambiental de la comuna. Nos entusiasma aportar en la generación de espacios de conversación en torno a las estrategias y desafíos que han asumido los municipios en materia ambiental”.
El director de Proyecto de la Fundación Friedrich Ebert (FES), Christian Sánchez, indicó que “para avanzar en la gestión ambiental, la crisis climática y la biodiversidad necesitamos de un trabajo conjunto. En ese sentido, el apoyo mutuo que hemos tenido con los Municipios Verdes ha sido muy fructífero este cuarto año de trabajo. Para ello, buscamos aportar en entregar herramientas que sean útiles para quienes llegan a trabajar el medio ambiente en las diversas comunas que abarca Municipio Verde”.
Por otra parte, Carolina Rojas, coordinadora de Compromiso Institucional del Programa de Sustentabilidad UTEM, señaló que “los municipios, al igual que la UTEM, enfrentamos retos comunes, como la gestión de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, entre otros, que tienen un impacto significativo en los territorios. Para abordar estos desafíos de manera efectiva, es esencial crear y fortalecer redes de colaboración, compartir experiencias y construir un conocimiento colectivo que maximice los resultados de nuestro trabajo en las comunidades. En este contexto de urgencia climática, la unión de esfuerzos entre el Estado, la academia, la sociedad civil y las comunidades es más necesaria que nunca. Solo a través de una acción conjunta, podremos diseñar soluciones sostenibles, inclusivas y adaptadas a las realidades locales, asegurando un impacto positivo y duradero en los territorios”
Durante el Encuentro se llevó a cabo la presentación del informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades, un documento elaborado por ONG FIMA con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, que contiene información sobre las principales competencias con las que cuentan los municipios en temas ambientales.
Se trata de la segunda versión del informe cuya primera edición fue publicada en 2021. En el documento actualizado, se encuentra el detalle de las leyes ambientales publicadas desde entonces hasta la fecha, como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso y la Ley Marco de Cambio Climático. Asimismo, el texto incluye un capítulo sobre leyes ya publicadas que aún no se implementan de forma plena, pero que representan oportunidades para la gestión ambiental municipal, entre ellas, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
“El informe de Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal se elaboró de manera participativa, con Municipios Verdes que nos colaboraron con sus iniciativas, desafíos y oportunidades”, explicó Carolina Palma de ONG FIMA. “Esperamos que sea una herramienta útil para funcionarios y funcionarias municipales en la gestión ambiental local”.
El informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades está disponible en el siguiente enlace:
Posteriormente, los funcionarios y funcionarias municipales fueron parte de un taller sobre Poder Ambiental, un sitio web que busca entregar información legal para la defensa del medio ambiente en un lenguaje claro y sencillo.
En esta ocasión, el taller ahondó en tres de las entradas disponibles en la página y que refieren a la gestión de los gobiernos locales: Competencia legales en materia ambiental; Gestión Ambiental Local; y Protección de Ecosistemas y Ordenamiento Territorial.
El sitio web Poder Ambiental fue desarrollado por ONG FIMA en el marco del programa Transferencias de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental llevado a cabo con un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.
Municipio Verde
El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna. Los municipios que deciden firmar este compromiso reciben material de apoyo para el uso de sus facultades ambientales y pueden participar de actividades de capacitación y de intercambio de experiencias, tal como el Encuentro Nacional de Municipios Verdes.
Actualmente hay 36 municipios comprometidos, de los cuales 6 se encuentran en la Región de Valparaíso: Casablanca, Concón, La Ligua, Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Además, también son parte de este compromiso comunas como Calama, Ñuñoa, Rancagua, Talca, Hualpén, Ancud y Coyhaique.
Revisa aquí una galería del evento:
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEMCréditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Recientemente en su medio y otros de la región se ha replicado una carta enviada por el Sr. Carlos Odebret, presidente de los salmonicultores de Magallanes, preguntándose por qué ONG FIMA realiza capacitación de funcionarios públicos en normativa ambiental. Se lo pregunta a propósito del curso gratuito que nuestra organización impartirá en Magallanes.
Es una buena oportunidad para informar a la opinión pública de nuestro trabajo, que por 25 años ha estado centrado en el progreso del derecho ambiental y la protección de la naturaleza y las personas, de modo de propender a un desarrollo nacional armónico. Como organización sin fines de lucro, esta labor se realiza de distintas maneras, entre las cuales está la colaboración con el Estado en el cumplimiento de sus objetivos en materia ambiental, razón por la cual hemos realizado asesorías e impartido cursos en centenares de ocasiones. La mayoría de esas actividades se han desarrollado de manera gratuita para los asistentes, pues por nuestra parte hacemos el esfuerzo de conseguir la inversión para que esas acciones puedan realizarse.
Otra de nuestras labores es acompañar con abogados a quienes buscan justicia ambiental. Contrario a lo que el señor Odebret señala, ONG FIMA generalmente no judicializa permisos de funcionamiento ni se encuentra a favor o en contra de ninguna actividad en particular. Nuestro trabajo es proveer de acceso a la justicia a quienes lo necesitan, en aquellas áreas en que dicho acceso es relevante para asegurar el cumplimiento del derecho ambiental y la protección del bien común. Esta es, precisamente, otra forma de contribuir al desarrollo de estándares que generen certeza jurídica y protejan el futuro del país.
Pero me permito una reflexión, en tiempos en que pareciera que lanzar acusaciones infundadas y generar polémicas artificiales es la mejor forma de comunicar. Esta reflexión tiene que ver precisamente con la pregunta que nos hicimos sobre si contestar o no la carta del señor Odebret y la observación de cómo lamentablemente ha existido desde algunos sectores de la industria salmonicultora un ánimo por denostar a las organizaciones de la sociedad civil, culpándolas de sus problemas.
Esa estrategia difícilmente contribuye al desarrollo del país, sino todo lo contrario. Las ONG cumplimos un rol en la sociedad y dentro de él está colaborar porque la normativa ambiental proteja efectivamente a la naturaleza y las personas. Parte de ese rol, en el caso de la ONG FIMA, es propiciar la educación en derecho ambiental entre todos los actores, incluyendo especialmente a los funcionarios públicos.
El avance y adecuado cumplimiento de la normativa ambiental es muy relevante para el país, las personas, las generaciones futuras, y también las industrias, incluída la salmonicultora que debe cumplirla para asegurar la calidad de sus productos. Para eso, necesitamos de un buen funcionamiento del derecho y las instituciones; es en ese espíritu que la ONG FIMA realiza sus labores.
Carta publicada en el medio SalmonExpert – 4/10/24
El Curso de Derecho y Política Ambiental es una iniciativa de ONG FIMA que tiene como propósito proporcionar una visión práctica y general de los principios del Derecho Ambiental, centrándose en las responsabilidades y facultades de los funcionarios públicos, y brindando herramientas jurídicas para fortalecer la gestión ambiental a nivel comunal.
Esta es la segunda vez que se amplía su alcance a funcionarios públicos, y no solo a funcionarios municipales como versiones anteriores. Estará dirigido a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, y cuenta con el financiamiento de la Fundación Heinrich Böll y la colaboración del Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes, el Centro de Estudios Regionales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Magallanes.
Este curso contará con 8 sesiones virtuales a realizarse los martes y jueves entre el 8 y 31 de octubre de 15 a 17 hrs, y una clase magistral presencial el 7 de noviembre. Además, se entregará un certificado de participación para quienes asistan a un mínimo de 80% de las sesiones. Para participar, cada institución podrá inscribir hasta dos personas, teniendo como plazo de postulación el 1 de octubre a las 23:59 horas.
Para más información o consultas, escribir a g.simonetti@fima.cl
Este documento elaborado por el equipo de empoderamiento y participación pública de ONG FIMA, aborda cómo ha sido el proceso de organización y empoderamiento jurídico de la comunidad Kawésqar y de las organizaciones de la sociedad civil frente al agresivo aumento de la industria salmonera en Magallanes.
Se inicia el trabajo con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar en el marco del proyecto «Transferencias de Conocimiento para el Fortalecimiento de las Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental».
En el marco del proyecto de ONG FIMA “Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, financiado a través de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso, se realizarán una serie de denuncias ciudadanas y fiscalización ambiental
