A medio camino: nuevo informe sobre el anteproyecto de NDC en Chile

El nuevo Policy Brief de ONG FIMA analiza los principales vacíos del anteproyecto de actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), proponiendo recomendaciones clave para fortalecer la acción climática del país.

Mayo, 2025. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) son compromisos que los países presentan para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático, en el marco del Acuerdo de París. Estos compromisos deben actualizarse periódicamente para reflejar una mayor ambición climática, especialmente frente a la creciente urgencia de la crisis ecológica global.

Chile se encuentra actualmente en proceso de actualizar su NDC presentada en 2020, y en este contexto, es que ONG FIMA presenta un nuevo policy brief titulado «Anteproyecto de NDC en Chile: a medio camino para una política de cambio climático efectiva y ambiciosa», donde se analiza críticamente el contenido del anteproyecto sometido a consulta pública.

Si bien en el documento se reconocen ciertos avances, como la incorporación de una Estrategia Nacional de Transición Justa y un enfoque más profundo de integración entre ejes, también se identifican puntos críticos que deben ser abordados antes de su presentación en la COP30. Entre estos, se señala la falta de articulación con otros instrumentos de política climática, la necesidad de aumentar la ambición en todas las medidas propuestas, y la urgencia de incluir mecanismos eficaces de seguimiento, financiamiento y justicia climática.

Finalmente, en el apunte se ofrecen recomendaciones concretas para que Chile avance hacia una política climática coherente con sus compromisos internacionales y las demandas locales por justicia ambiental, en miras a la próxima COP30 de cambio climático a realizarse en noviembre de este año.

Coordinador Jurídico de FIMA participa como consejero del CNDT

Desde agosto de 2024, Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA, es parte del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), organismo que asesora al Presidente en políticas de desarrollo urbano, rural y ordenamiento territorial. Con su participación en subcomisiones temáticas, busca aportar en protección ambiental, participación y gobernanza.

Ante la creciente complejidad de los desafíos territoriales en Chile, repensar la planificación urbana y rural se vuelve necesario. El país enfrenta problemáticas que van desde el incremento de familias residiendo en campamentos, la ocupación de áreas expuestas a desastres naturales hasta la proliferación descontrolada de parcelaciones rurales, entre otras. Este escenario exige políticas públicas que reconozcan la diversidad de realidades en cada zona, promuevan la descentralización y abran espacios de diálogo para la construcción de soluciones integrales.

En este contexto, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) fue creado en 2023 como un organismo que reúne a 49 integrantes del sector público, la academia, gremios y la sociedad civil, con el fin de asesorar al Presidente de la República para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT). Para ello, la discusión en el CNDT apunta a generar instrumentos y herramientas que consideren la singularidad de cada región, permitiendo decisiones acordes a cada territorio.

 
El rol de ONG FIMA

Tras un proceso electoral de 2024, ONG FIMA, en conjunto con la Fundación Basura, fue elegida como parte de las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en las discusiones y subcomisiones del CNDT.

Para el trabajo de ONG FIMA, ser parte  de este espacio es de gran importancia, especialmente en los debates que abordan la actualización de políticas de desarrollo urbano y  estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. En este sentido, la participación de Marcos Emilfork, apunta a  contribuir a que las políticas territoriales integren los retos ambientales y climáticos, sin desvirtuar el enfoque en la sostenibilidad y la equidad.

“Estamos trabajando desde hace un par de meses en subcomisiones temáticas. Son ocho y ONG FIMA participa en la subcomisión relacionada a temas ambientales y en otra subcomisión relacionada a temas de participación y gobernanza, donde justamente la idea es elaborar, definir objetivos generales, específicos y lineamientos para concretizar estas políticas y que puedan ser operativas a lo largo de los años”, explica Marcos Emilfork.

Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA y consejero del CNDT

Entre las prioridades de estas subcomisiones se encuentra la protección de ecosistemas, gestión sostenible de recursos y promoción de una gobernanza inclusiva. Para ello, los diversos actores trabajan en la creación de herramientas que respondan a los conflictos territoriales derivados de fenómenos como el cambio climático y el desorden en el desarrollo rural.

Desafíos y proyecciones

Por otra parte, uno de los mayores retos del CNDT es la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que desde su creación en 2014 no ha integrado adecuadamente temas como el cambio climático, la mitigación ante desastres o la integración entre áreas urbanas y rurales. Al respecto, ONG FIMA busca contribuir a esta revisión, reconociendo que la planificación debe adaptarse a las realidades actuales para ser efectiva.

“Se espera poder terminar el trabajo de actualización y definición de objetivos y lineamientos asociados a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Probablemente después pasaremos a discutir lo mismo en torno a la Política Nacional de Desarrollo Rural y la idea en definitiva sería lograr documentos consistentes. Políticas que estén legitimadas por cada uno de los estamentos, gremios y finalmente consejeros quienes son los que discuten y participan en esta instancia para lograr en definitiva que los espacios de toma de decisiones y también reformas legislativas y normativas necesarias puedan ser ajustadas conforme a estos lineamientos”, puntualiza el abogado.

El trabajo del CNDT y de sus integrantes es un esfuerzo para avanzar hacia una planificación territorial que sea equitativa, descentralizada y sostenible, atendiendo las diversas realidades de las comunidades a lo largo del país. 

Nueva convocatoria para la Revista Justicia Ambiental

Publicada anualmente, cuenta con dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia.

Febrero, 2025. Se ha abierto una nueva convocatoria para la edición número 17 de la Revista Justicia Ambiental, invitando a académicos, profesionales y organizaciones a enviar artículos sobre justicia ecológica, antropoceno, giro ontológico y transición ecológica.

Esta iniciativa, impulsada por ONG FIMA en colaboración con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, busca fomentar el desarrollo del Derecho Ambiental y el debate crítico en torno a temáticas fundamentales para la justicia ambiental. La revista, que se publica anualmente desde 2008, está compuesta por dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia.

Las y los interesados podrán enviar artículos para ambas secciones desde cualquier disciplina académica, siempre que aborden cuestiones relacionadas con la justicia ambiental. Entre los temas de interés se incluyen la transición justa, regulación ambiental, energías y derecho ambiental, institucionalidad ambiental, bienes comunes y propiedad, nuevas formas de economía, participación ciudadana, ordenamiento territorial, gobiernos locales, derecho a la ciudad, derechos humanos ambientales, derechos de la naturaleza, cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas como humedales y zonas marinas, entre otros.

Las postulaciones deberán enviarse en dos archivos separados: uno con la obra anonimizada y otro con los datos del autor o autora (nombre y afiliación académica). Ambos deben ser enviados al correo revista@fima.cl antes del 16 de marzo de 2025.

Para conocer las instrucciones detalladas sobre formato, extensión y normas editoriales, visita el siguiente enlace: Normas para autores.

También puedes encontrar más información y conocer las ediciones anteriores de la revista en www.revistajusticiaambiental.cl

¡Participa y contribuye al debate sobre justicia ambiental!

Transición energética y derechos humanos: comunidades exponen ante la CIDH las vulneraciones por la extracción de litio

El 15 de noviembre se llevó a cabo una audiencia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar las vulneraciones asociadas a la extracción de minerales como el litio. Se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

La transición energética, fundamental en la lucha contra el cambio climático, ha impulsado una demanda creciente de minerales críticos como el litio, que se utiliza en la fabricación de baterías para energías renovables. Sin embargo, esta transición ha tenido un costo significativo para las comunidades de América Latina, donde la explotación de estos recursos ha generado graves consecuencias sociales y ambientales. 

Ante esta problemática, organizaciones de la Alianza Humedales Andinos solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar estos impactos y solicitar recomendaciones específicas para prevenir vulneraciones de derechos humanos. La instancia se llevó a cabo el 15 de noviembre, donde se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

Felipe Pino, coordinador de Programa de ONG FIMA, abrió la jornada ante la CIDH, destacando los desafíos y contradicciones que enfrenta América Latina en el contexto de la transición energética. Pino subrayó cómo, en lugar de fortalecer las economías de las comunidades afectadas, los proyectos de extracción de minerales están debilitando la regulación ambiental y limitando la participación local, abriendo espacio para la explotación desmedida por parte de empresas transnacionales.

“Los efectos de la crisis climática ya afectan significativamente los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta. Sus impactos se expresan de forma violenta y evidente, en la magnitud y recurrencia de eventos climáticos extremos, así como en el funcionamiento de sus actividades económicas de subsistencia”, comentó.

Además, el abogado explicó que a medida que se posicionan proyectos de transición energética, también se multiplican las voces que demandan una “transición justa”. “Esto debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas de nuestro planeta. Así, si bien el alcance del concepto varía según su uso, hay consenso en que una transición justa es aquella que pone en el centro el respeto de los derechos humanos, tanto en su destino como en su transcurso”, añadió.

Impacto de la extracción de litio en Chile

Diversos testimonios expusieron cómo las actividades extractivas han afectado sus ecosistemas y sus formas de vida. Un ejemplo desde Chile, fue la intervención de Lady Sandon, originaria del pueblo Atacameño Lickanantay y representante de la Comunidad Atacameña de Coyo, ubicada en la cuenca del Salar de Atacama, quien relató los impactos de la sobreexplotación del agua en su territorio, especialmente debido a la extracción de litio, y cómo las políticas estatales y privadas están vulnerando los derechos de su comunidad.

“Lo que está pasando en nuestros territorios es por incumplimiento de las obligaciones del Estado Chileno a través de Corfo, porque se están vulnerando nuestros derechos en post de extraer litio que es agua salada. Además, donde no llega el Estado, llega el privado, ofreciendo solucionar los servicios básicos, como salud, educación, agua potable, energía, como moneda de cambio por el territorio. Empresas como SQM, Albemarle y Codelco, a pesar de sus infracciones medioambientales siguen siendo actores claves para la posible estrategia nacional del litio que evapora el agua de nuestro abuelo salar”, afirmó Sandon.

Asimismo, agregó que la Estrategia Nacional del Litio es un claro ejemplo de la falta de igualdad de condiciones y acceso a la información en los procesos de consulta indígena. “Para el mundo occidental son recursos, en nuestro mundo ancestral son bienes de la naturaleza que tienen la espiritualidad del pueblo, con importancia para el mundo global tenemos la ciencia ancestral en base al agua porque los salares y sus extremófilos, son claves para afrontar la crisis ambiental y en honor a nuestros antepasados y pensando en las generaciones venideras seguiremos cuidando protegiendo y preservando nuestros derechos”, concluyó. 

Testimonios en Latinoamérica

Además de los testimonios de Chile, se compartieron otras preocupantes historias de vulneraciones de derechos humanos y ambientales provocadas por la extracción de minerales críticos en diferentes países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se expuso cómo las comunidades han sufrido desplazamientos forzados debido a la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

“Hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. Es decir, hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos como el oro, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal. Así, la transición energética ya ha llegado a los territorios amazónicos en forma de vulneraciones a los derechos humanos. No se trata de una discusión futura con consecuencias producto de la especulación”, manifestó Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia.

En Argentina, regiones como el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y la Cuenca de Salinas Grandes han sido escenario de impactos devastadores. En el primero, la extracción masiva ha secado ríos y humedales, mientras que en Salinas Grandes, más de 38 comunidades indígenas ven amenazada su supervivencia debido a la contaminación y la disputa por los recursos hídricos. Pese a la riqueza de recursos naturales, las comunidades denuncian que estas actividades no solo dañan el ambiente, sino que agravan desigualdades y violan sus derechos, mientras el Estado prioriza las inversiones extranjeras por sobre la protección del territorio.

Verónica Chávez, integrante de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes, resume la situación: “Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias, está en peligro. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral”. 

Finalmente, la situación en Bolivia es igual de alarmante. El Salar de Uyuni, el mayor del mundo, alberga unos 21 millones de toneladas de litio, lo que lo posiciona como un centro clave para la explotación de este mineral. Adicionalmente, existen otros 26 salares reservados por norma para esta actividad. Aunque la extracción estatal del litio inició formalmente en 2024, ya se han invertido más de 1.000 millones de dólares en proyectos durante más de una década. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, como problemas de corrupción y la firma de acuerdos con empresas rusas y chinas sin consultar a las comunidades locales. Esto, además, se combina con el impacto ambiental significativo de la extracción, que implica la retirada de millones de metros cúbicos de agua, amenazando los frágiles ecosistemas del altiplano. 

«Si bien en Bolivia se ha iniciado la extracción de litio recién este año ya desde hace 12 años el propio estado boliviano viene vulnerando derechos: Se han realizado 2 ‘denominadas consultas públicas’ el 2012 y 2018 en las que no se ha hecho participar a las comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas, elaboradas sin información precisa existente, sin responder a las preguntas y preocupaciones de los participantes. Ya existen denuncias informales de comunidades que han visto significativamente disminuida la cantidad de sus vertientes y pozos”, detalló Oscar Campanini, director e investigador del Centro de Documentación e Información, Bolivia. 

Llamado a la acción: Recomendaciones urgentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la facultad de emitir recomendaciones a los Estados para proteger los derechos humanos. En este sentido se espera que emita un informe con recomendaciones para abordar las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la extracción de litio en América Latina y también organice «visitas in loco» para documentar las violaciones de derechos humanos en los países afectados. 

Estas acciones serían clave para que los Estados adopten medidas eficaces que protejan a las comunidades y sus ecosistemas, promoviendo un desarrollo que respete tanto los derechos humanos como el medioambiente. La audiencia frente a la CIDH marca un hito en la lucha por una transición energética que proteja los ecosistemas y respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas.

¿Qué es la Alianza de Humedales Andinos?

Su objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, ONG Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. 

Conoce más de la Alianza aquí.

Hacia la carbono-neutralidad: Comité entrega informe para acelerar la transición energética en Chile

El documento entrega 14 propuestas, entre las que se mencionan temas como la seguridad hídrica, economía circular, reducción de emisiones y la modificación del impuesto al carbono.

El Comité de Carbono-Neutralidad y Resiliencia fue creado en marzo de 2024 convocado por los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Energía, Ciencia, Agricultura y Obras Públicas, cuya finalidad fue desarrollar propuestas que impulsen la economía del país hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática. Este comité, conformado por 19 expertos provenientes del sector privado, la academia y la sociedad civil, entre los que se encuentran el Director Ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, entregó su informe final, marcando un hito en el camino hacia una transición energética en el país.

El informe fue producto de un trabajo consensuado y participativo entre diversos actores, entregando 14 propuestas que abordan aspectos como la seguridad hídrica, reducción de emisiones, economía circular y, marcado como una de las más relevantes, la modificación del impuesto al carbono para reflejar de manera progresiva las externalidades de las emisiones, incentivando la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias. 

Para Ezio Costa la transición hacia la carbono-neutralidad no solo debe ser eficiente económicamente, sino que “también debe propender hacia un sistema más justo donde los beneficios sean repartidos de manera equitativa, se proteja al medio ambiente, la salud y calidad de vida de las personas”.

Respecto al factor de participación ciudadana, en el informe se recoge que debido a tiempo acotado de elaboración, no se realizó un proceso formal, sin embargo, el Comité mantuvo a la ciudadanía informada mediante reuniones virtuales y una plataforma web abierta a sugerencias, lo que aportó a la creación de las propuestas.

Finalmente, las y los comisionados transparentan que para que estas propuestas puedan ser llevadas a cabo, deben existir ciertas condiciones, tales como voluntad política, planificación, integración con políticas públicas, financiamiento, comunicación y transparencia.

“Chile ha hecho esfuerzos por encaminarse hacia la carbono neutralidad y me parece que eso puede ser fuente de orgullo, pero ese camino solo es sostenible en el tiempo si en él cabemos todos y todas, para lo cual hay que mirar en detalle las vulnerabilidades que existen y abordarlas. Hay muchos discursos que intentan tomar las soluciones climáticas para generar mayor acumulación, o que no miran que las nuevas tecnologías bajas en carbono pueden producir otros daños. Hay que seguir avanzado, con velocidad, pero con cuidado e inclusión”, señala Costa.

Las propuestas

  1. Acelerar la implementación del sistema de certificación voluntaria para huella de carbono establecido en el Art. 30 de la Ley 21.455, en línea con estándares internacionales.
  2. Agricultura climáticamente inteligente.
  3. Aumentar la resiliencia de las ciudades y aumentar su captura de GEI.
  4. Aumento de captura de carbono en sector agroforestal y prevención de incendios forestales.
  5. Diseñar e implementar un enfoque territorial integrado y multi-actor para la seguridad hídrica en cuencas de las regiones de Coquimbo (Elqui, Limarí y Choapa), Valparaíso (La Ligua-Petorca), Metropolitana de Santiago (Maipo) y Los Lagos (isla cuenca de Chiloé).
  6. Disminuir las emisiones derivadas del consumo energético en las ciudades.
  7. Impulsar economía circular en ciudades.
  8. Impulsar la transición de una economía basada en materias primas fósiles a una fundada en recursos biobasados renovables.
  9. Impulsar recursos energéticos distribuidos para minimizar el consumo de energía de fuentes fósiles.
  10. Modificar el impuesto al carbono de manera que refleje adecuada y progresivamente las externalidades que generan sus emisiones, y que sea capaz de orientar inversiones y gatillar innovaciones para la reducción de emisiones en todas las industrias.
  11. Promover construcción en madera.
  12. Protección y valorización del Capital Natural y fomento de Soluciones basadas en la Naturaleza.
  13. Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.
  14. Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.

El Comité

Compuesto por Paloma Ávila, directora de CNN; Olga Barbosa, académica y consejera de WWF-Chile; Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad Desarrollo Tecnológico (UDT) de Universidad de Concepción; Marcela Bravo, gerente general de Acción de Empresas; Claudio Castro, alcalde de Renca; Amparo Cornejo, directora de Sonami; Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental (CDA); Lorenzo Gazmuri, presidente de ICARE; Mónica Gazmuri, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESCO); Sara Larraín, directora de Chile Sustentable; Ismaela Magliotto, joven negociadora de Chile para la COP27; Marcelo Mena, exministro de Medioambiente; Gonzalo Muñoz, exChampion de la COP25; Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de Corporate Leaders Group for Climate Action, CLG-Chile; Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS); Carolina Schmidt, exministra de Medioambiente; Claudio Seebach, decano de Ingeniería y Ciencias Universidad Adolfo Ibáñez, y Javier Torrejón, director de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.

Evento: ¡Conecta con la ciudad y la Naturaleza!

¿Te has preguntado alguna vez cómo es tu relación con la ciudad y cómo la ciudad se relaciona con la naturaleza ?

En el marco de la exposición Extraña Dignidad, te invitamos a un taller colaborativo para conversar y crear un mapa collage sobre las experiencias de habitar la ciudad de Santiago, a través de nuestra relación con los elementos del agua, fuego, aire y tierra. No importa tu edad, educación, lugar en el que vives, nacionalidad ni género ¡Todas y todos somos parte de nuestro entorno!

¿Cuándo? 6, 13 y 20 de diciembre entre 14 a 15 hrs

¿Dónde? Museo de Arte Contemporáneo (MAC) del Parque Forestal (Ismael Valdés Vergara 506)

Crean Comisión Paralela para Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Al respecto, Ezio Costa, director de la ONG FIMA, señaló “vemos que existe un déficit de democracia ambiental, especialmente asociado a la localización y características de los proyectos, que es algo que creemos se debe solucionar, pues hemos observado como este problema produce más y mayores conflictos socio-ambientales. Los problemas que enfrenta la institucionalidad requieren de mejor participación, más transparencia y mejor acceso a la justicia, basadas en un diagnóstico que incluya la visión ciudadana y de las comunidades».

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