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Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental.
El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo?
Los reclamos de la comunidad
Con la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace “que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel”, dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los “acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta”.
Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga “sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024”.
Una zona sobreexigida
Dentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura.
A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, “lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades”, afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
“El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.
De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.
“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales”, agrega Barrera.
“Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina”, aporta González.
A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. “¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?”, plantea Barrera.
Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, “no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad”.
Fotografía de portada por Patricio Miranda | Greenpeace Chile
Se presentaron reclamaciones de la comunidad ante la resolución del Comité de Ministros, en la que se sumaron once consejeros regionales
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Tras más de dos años de lucha socio ambiental y judicial se logró un acuerdo trascendental entre la comunidad, municipalidad de San Antonio, el Ministerio de Medio Ambiente y EPSA para la protección y preservación del sistema de lagunas ubicados en Llolleo.
La conciliación fue firmada este martes 27 de noviembre entre la Municipalidad de San Antonio, las partes reclamantes (entre ellas la organización Ojos de Mar, vecinos y la asociación indígena Calaucán), terceros coadyuvantes, el Consejo de Defensa del Estado – en representación del Ministerio del Medio Ambiente- y EPSA. Con esto, la autoridad ambiental deberá retrotraer el proceso a la etapa de evaluación técnica de la solicitud, realizar nuevas campañas y determinar, en un plazo de cinco meses, un nuevo polígono de protección. En el documento, también se establece un Comité encargado de la gobernanza del Humedal Urbano Ojos de Mar, presidido por la Municipalidad de San Antonio, quienes también se comprometen a dictar una Ordenanza General de Humedales Urbanos para la comuna, dentro de los primeros seis meses una vez declarada la protección. Por su parte, la empresa portuaria se comprometió, entre otras cosas, a financiar estudios de investigación para la protección del humedal, la verificación de las descargas de agua; instalar letreros informativos para las personas que visiten el área; coordinar el rescate de fauna; efectuar capacitaciones; y generar mesas de trabajo con la municipalidad y organizaciones comunitarias, en tanto no sea conformado el Comité de Gobernanza y Gestión, además de efectuar cambios en las luminarias para no afectar a la fauna existente en el lugar.
Representantes de la comunidad defensora del medio ambiente expresaron su satisfacción y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana. “Estamos satisfechas con este proceso, que no fue fácil, pero aquí se demuestra que el diálogo puede resultar en soluciones beneficiosas para el territorio y su biodiversidad, este es un primer paso y estaremos atentos a que los compromisos establecidos se cumplan en los plazos acordados ”, señala Liliana Plaza – Fundación Ojos de Mar.
Un largo camino para la protección de Fiu y otras especies
En San Antonio conviven una larga tradición portuaria con una comunidad empoderada y agotada del creciente deterioro ambiental de la comuna, quienes hicieron de las lagunas Ojos de Mar, en Llolleo, un emblema para demostrar que otro tipo de vida también es posible. Observando las múltiples interacciones y especies que dependen de este frágil ecosistema, decidieron ingresar un expediente para solicitar su protección en el marco de la ley 21.202 que busca proteger los humedales urbanos.
Sin embargo, el 24 de septiembre de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó la solicitud de declaratoria de humedal urbano para el sistema de lagunas Ojos de Mar, ubicadas en la localidad de Llolleo en la comuna de San Antonio. Este hito marcó un antes y un después para la comunidad, quienes convencidos de la enorme relevancia ambiental de estos ecosistemas y ante la amenaza que significaba la expansión del puerto de San Antonio, EPSA, reclamaron al Segundo Tribunal Ambiental. Fue en esta instancia en que se convocó a las partes, Municipio, Comunidad, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo de Defensa del Estado y Empresa Portuaria, para acudir a una resolución alternativa de conflictos, en este caso, someterse a un procedimiento de conciliación.
“Este acuerdo es un hito para la región, pero también para la institucionalidad de nuestro país. Si bien, Ojos de Mar fue el primer humedal urbano en ser rechazado en Chile, hoy es el primer humedal urbano que va a contar con un comité de gobernanza que es representativo tanto de organizaciones ambientales locales, como de organizaciones indígenas de la comuna, la empresa y la municipalidad de San Antonio.”señala Macarena Martinic abogada de la ONG FIMA, organización que representó a la comunidad reclamante durante todo el proceso.
La conciliación lograda integra importantes acciones y actividades que se enmarcan en 3 ejes estratégicos:
El primer eje se centra en lograr una delimitación precisa del humedal urbano a través de la ejecución de nuevas campañas en terreno y la incorporación de criterios técnicos y jurisprudenciales actualizados. Este trabajo estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente en el marco de una nueva resolución que reconozca a los Ojos de mar como Humedal Urbano.
El segundo eje se enfoca en la gobernanza del humedal. Se acordó establecer un comité encargado de la gobernanza y gestión del humedal liderado por la Municipalidad y conformada por EPSA, instituciones académicas, sociedad civil, pueblos originarios y el MMA. Esta instancia será responsable del seguimiento, control y toma de decisiones relacionadas con la administración y gestión del Humedal Urbano.
El tercer eje se relaciona con la implementación de una serie de medidas que abordarán las amenazas presentes y futuras que enfrenta el humedal. Estas medidas se implementarán en el corto, mediano y largo plazo, previa visación de la instancia de gestión liderada por el municipio, y que se actualizarán en función de los conocimientos técnicos disponibles.
Con relación a las medidas de protección acordadas, para Francisco Sanhueza – Chile Ambiental, estas son muy relevantes, debido a que “las decisiones de protección, conservación y restauración tendrán la flexibilidad suficiente para adaptarse en un contexto de crisis climática y de biodiversidad, en base al conocimiento generado en el mismo humedal a partir de los estudios técnicos que acuerde la mesa de gobernanza”.
Comunicado sobre la creación de la Alianza por los Humedales Andinos, que busca proteger el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida que dependen de estos ecosistemas en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile.
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Ayer se dio a conocer la resolución del Comité de Ministros en la que se decidió rechazar las reclamaciones presentadas por la comunidad y organizaciones ambientales contra del proyecto de la empresa Anglo American, dando un vuelco en la determinación de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental de rechazar el proyecto presentado por la empresa en mayo de 2022.
La decisión llega a seis meses de presentadas las reclamaciones ante el organismo evaluador y es vista con gran decepción por la comunidad dado los altos impactos y riesgos que este proyecto implica, no sólo para quienes viven en las cercanías del proyecto, pero para toda la Región Metropolitana y de Valparaíso, significando una gran amenaza para la provisión de agua potable del 50% de los habitantes del país y un riesgo para la salud por la contaminación atmosférica.
“El Comité de Ministros operó con lógicas políticas mezquinas y aprobaron un proyecto que prioriza la inversión intentando ocultar la destrucción que genera. Triste es que el Servicio de Evaluación Ambiental contradiga su propia resolución técnica anterior y que pase por alto el daño que se causará a la región y al país contaminando nuestro aire y destruyendo glaciares imprescindibles para el abastecimiento de agua. Ante la grave crisis climática y pérdida de biodiversidad que vivimos, proyectos como este son inaceptables y nuestra tarea colectiva es unirnos para defender la vida”, señala Victoria Uranga, Presidenta de la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho.
En el documento emanado del Comité de Ministros se observa que, aun reconociendo que proyecto tendrá un impacto significativo sobre la salud de las personas debido a sus emisiones de material particulado 2,5 y 10 (generado producto de las acciones necesarias para la extracción de mineral como tronaduras y en toda su fase de operación), se aceptan las medidas de compensación presentadas, aunque estas no se relacionan con el impacto que causa el daño.
“La decisión del Comité es ilegal y eso lo sostendremos en todas las instancias. Los Bronces Integrado es un proyecto que no tiene la capacidad de compensar y de mitigar los graves impactos que va a producir y el Comité con esta resolución pasa por alto todos los pronunciamientos de los organismos técnicos en la evaluación”, señala Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA.
El Comité de Ministros aceptó medidas como la pavimentación de diversas rutas de acceso, la sustitución de buses de combustión por eléctricos, la sustitución de calefactores de combustión por eléctricos, el aspirado de calles en la ruta G-21, entre otras. Así mismo, el Comité de Ministros, valida la declaración de la empresa que no habrá impacto sobre los glaciares que se encuentran en el área de influencia del proyecto y adyacentes, sin evaluarlos correctamente y desestimando las repercusiones del depósito de carbón negro (black carbón) sobre estos.
“Entre muchas deficiencias, excluye arbitrariamente glaciares del área de influencia del proyecto, no miden adecuadamente sus impactos en ellos, hay áreas protegidas y fauna en riesgo no considerada por la empresa y el Comité aprueba medidas para compensar las emisiones que no se hacen cargo del riesgo que significa para la salud de las personas de la Región Metropolitana”, agrega Martinic.
Por su parte, los vecinos del sector y sus representantes de ONG FIMA ya se encuentran preparando los argumentos para acudir al Segundo Tribunal Ambiental, instancia en la que esperan puedan ser evaluados técnicamente los impactos significativos que esta operación tendrá en la región metropolitana, así como su interacción con los cambios climatológicos que se esperan producto de los efectos del cambio climático, situación que ni siquiera es mencionada en expediente de evaluación ambiental presentado.
Sentencia del Tribunal Ambiental contra el centro de salmones Colo Colo, propiedad de Acuícola Cordillera.
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En los meses de noviembre de 2021 y diciembre de 2022 fuimos contactados por la Municipalidad de Ñuñoa para realizar una oferta técnica ante la necesidad de defensa judicial para los casos “Mall Vivo” y “Egaña Sustentable” respectivamente. Analizados los antecedentes de cada caso y siendo concordante con las finalidades de nuestra organización, accedimos a tomar la defensa judicial de la Municipalidad.
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