SLAPP: Empresa acuícola sancionada por contaminar un río ahora demanda a abogados ambientalistas

El caso se desarrolla en torno al Río Chesque, en la comuna de Villarrica, lugar sagrado para la comunidad Mapuche que habita aguas abajo y que fue seriamente perjudicada debido al actuar de la empresa.

Las SLAPP, conocidas por sus siglas en inglés, son demandas estratégicas contra la participación pública. Lo que buscan los que las interponen, es acallar y amedrentar a quienes se oponen a sus intereses. No son un fenómeno nuevo y mucho menos aislado, sin embargo, en los últimos años el uso de estas estrategias ha aumentado. Conformándose como una táctica más de ataque a las personas defensoras del medio ambiente.

La utilización de la justicia como herramienta de persecución no solo pone en riesgo la libertad de expresión de toda la ciudadanía, sino que también atenta contra la democracia. Así, hemos podido ver cómo múltiples defensores y defensoras ambientales han sido víctimas de estas acciones, que, si bien en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales, han implicado graves consecuencias para su salud física y mental, así como daño económico al tener que dejar de lado su trabajo y financiar la defensa contra acusaciones sin fundamento.

Demanda contra abogados de ONG FIMA

ONG FIMA es una organización que se dedica a prestar asesoría jurídica especializada a diversas comunidades que enfrentan conflictos socioambientales. Así es como llegaron a representar a la Comunidad de Chesque Alto, quienes eran víctimas de la contaminación del río producida por una empresa acuícola, que luego de operar sin autorización ambiental por casi 20 años, una vez obtenida, continuó generando daños que llevaron a la autoridad a revocar su permiso de funcionamiento solo tres años después.

La empresa continuó operando sin autorización. Por este motivo, los abogados Antonio Madrid y Antonia Berrios, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Temuco una orden de no innovar, la cual paralizó la obra durante 11 meses. Posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los abogados, argumentando que la solicitud de la orden de paralización les había causado perjuicio económico, por lo que exigen una indemnización de $400 millones de pesos.

Actualmente, la causa se encuentra abierta y en proceso de pruebas, a pesar de la constancia del daño causado a la comunidad, a la evidencia de que la empresa sistemáticamente incumplió la normativa ambiental y a que fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Lo que estamos enfrentando con esta acción es un típico caso de un juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública. La instancia que dio la orden de paralizar las obras de la empresa fue la Corte de Apelaciones de Temuco y confirmó lo mismo la Corte Suprema. Si eso sucedió, fue porque la Corte vio que la solicitud tenía fundamentos y era necesario que se detuviera la intervención de manera inmediata para evitar posibles vulneraciones de garantías fundamentales”, explica Antonia Berríos, abogada de ONG FIMA y demandada en este caso.

Sobre la utilización de este tipo de demandas, Antonia Berrios reflexiona: “Por supuesto que para nosotros implica un desgaste al cual no quisiéramos estar sometidos, pero por sobre todo, nos hace pensar ‘si esto nos sucede a nosotros, abogados que estamos acostumbrados y mandatados a trabajar con la ley, ¿qué pasa con las personas y comunidades que solo quieren hacer valer sus derechos?’”.   

Lamentablemente, este caso es uno de tantos que han enfrentado defensores ambientales en Chile. Así lo vivió, por ejemplo, Rodrigo de la O, de la organización Vigilante Costero Maule Itata, quien por solicitar la aplicación instrumentos de planificación y gestión territorial, incluyendo una regulación rigurosa para proyectos de alto impacto ambiental, fue demandado en 2020 por la inmobiliaria Costa Calán, exigiendo al defensor más de $200 millones de pesos, alegando daño económico y de imagen. La acción fue desestimada por falta de fundamentos, pero el daño provocado es profundo.

“Uno se reconfigura muchas cosas, te hace pensar en tema de la sobreexposición, puede ser un arma de doble filo”, comenta Rodrigo.

“Uno empieza a cambiar la estrategia, a bajar el perfil, seguir haciendo actividades, pero no de forma tan directa o protagónica. Creo que aún falta acceso a la justicia y que el Tratado de Escazú se represente de verdad. Ni hablar de América Latina, pero en Chile ha ido incrementando la agresión y violencia hacia los defensores”, insistió de la O.

Más allá de estos casos, es necesario cuestionarse por qué este tipo de acciones judiciales pueden prosperar, a pesar de la constancia de los incumplimientos ambientales y del impacto en las comunidades. Aunque Chile ha firmado el Tratado de Escazú —instrumento internacional que promueve el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensores del medio ambiente—, aún falta avanzar en su implementación efectiva. La ausencia de mecanismos legales específicos que prevengan y sancionen las demandas SLAPP permite que se siga utilizando el sistema judicial como herramienta de hostigamiento. Incluir este debate en la agenda pública y legislativa es clave para asegurar que la participación ciudadana ambiental no sea castigada, sino protegida como un pilar fundamental de la democracia.

 

Revisa las infografías que preparamos explicando el caso:

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Motosierra a la regulación ambiental de Chile: Más de 80 organizaciones solicitan al presidente Boric quitar urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales

En una declaración pública, las organizaciones firmantes hacen un llamado a generar espacios de diálogo en el que las voces de la sociedad civil y expertos sean escuchadas para evitar la grave desregulación que implicaría la aprobación de esta iniciativa.

 

Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el senado el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, el cual es parte del paquete normativo compuesto también por la reforma a la institucionalidad ambiental y la ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, las cuales buscan flexibilizar la aprobación de proyectos en pos de la inversión. Estos intentos regulatorios, son visto con gran preocupación por un amplio espectro de Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes identifican que se trataría de una verdadera motosierra a los estándares construídos durante los últimos 20 años para la regulación de aquellas actividades que pueden tener un impacto negativo en nuestro medio ambiente, y por lo tanto en la vida de las y los habitantes de nuestro país.

Para Diego Luna Quevedo, Especialista en Política y Gobernanza de Manomet Conservation Sciences, “si bien existe cierto consenso sobre la necesidad de mejoras hacia una institucionalidad moderna, que dinamice procesos e interoperatividad, la agenda pro-inversión que el Gobierno está impulsando a nivel legislativo y territorial, está tomando una senda que va en contra de los principios preventivo y precautorio, vulnerando así el principio de no regresión necesario para el resguardo socioambiental en un escenario de crisis ecológica”.

En la declaración, las organizaciones identifican serios retrocesos en las normas del código de aguas, sanitario y reformas a las normas de la administración del Estado que crearían una suprainstitucionalidad denominada “Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión” que quitaría las atribuciones de resguardo del medio ambiente a los Ministerios sectoriales.

“El proyecto de Ley además de cambios al Código, Sanitario, Código de Aguas y Código Minero, establece severas reformas a las normas y procedimientos de la Administración del Estado, que limita y expropia a los Ministerios sectoriales las atribuciones de resguardo de la salud de la población y el patrimonio ambiental del país”, explica Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable. “Como si esto fuera poco, crea una «Oficina» que controlará la aplicación de la ley vigente y la formulación de las nuevas regulaciones sectoriales», agrega.

Además, acusan que se trataría de una negociación llevada a cabo por los ministros Grau y Marcel para subsanar el grave fracaso de la reforma tributaria, generando un “pacto fiscal” entre el gobierno y empresarios, en el cual se ha excluido las voces de expertos y la ciudadanía organizada.

Por su parte, Pamela Poo, politóloga y directora de Políticas Públicas e Incidencia en Fundación Ecosur indica, “El proyecto de permisos sectoriales, como el de reforma al SEIA, perdieron el rumbo en su tramitación, lamentablemente relajan lo que hoy existe, lo cual es muy peligroso, debido a que el estado no cuenta con los recursos para fiscalizar bien o con la cantidad de funcionarios necesarios en los servicios para que lo que prometen dichos proyectos se cumpla. Por último, de salir como están, probablemente lo que veremos es que aumentará la conflictividad ambiental en donde se pretenden emplazar las inversiones”.

Ver declaración con organizaciones firmantes

La Araucanía: Corte Suprema confirma sentencia contra piscicultura en río Chesque

La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por comunidades de la región de La Araucanía contra la piscicultura Chesque Alto, que opera desde 1998 sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

 

Enero, 2025. Chesque Alto, zona cordillerana de la Región de la Araucanía, forma parte de la Reserva de la Biósfera “Araucarias”, cercano al parque Nacional de Villarrica y en la orilla del volcán del mismo nombre (Rukapillan en mapudungun). Allí conviven comunidades mapuches y emprendimientos turísticos que dependen del Esteros Nalcahue y el Río Chesque. Además, el río es parte de la norma secundaria de calidad de la aguas, de la cuenca del río Valdivia. 

Desde hace años, la comunidad ha denunciado la contaminación de este cuerpo de agua producto de la actividad de la empresa “Acuícola e Inversiones Nalcahue Limitada”, una piscicultura de salmónidos que funciona desde 1998 en el lugar sin Resolución de Calificación Ambiental, ya que vertía los residuos de su producción a pocos metros de un sitio ceremonial mapuche.

“Nuestras familias han vivido y trabajado junto al río (Leufu Chesque) desde siempre y el impacto que esta empresa causó a nuestras comunidades no es solo material y económico, sino que también cultural y espiritual. Por eso estamos satisfechos de que finalmente la Corte Suprema haya acogido esta demanda y terminado con la amenaza que implica salmonera”, señalan Juan Huilipan de la comunidad Gregorio Alcapan y Juan Paillamilla, de la comunidad José Caripan y quien también es también agente de salud mapuche.

Si bien contó con una Resolución de Calificación Ambiental el año 2019, esta fue revocada el 2021 por no haberse evaluado correctamente las consecuencias del vertimiento de residuos industriales en el Estero Nalcahue. Pese a ello, la empresa continuó operando, lo que generó mayores vertidos contaminantes y conflicto con las comunidades locales. Es por ello que las comunidades presentaron un recurso de protección para solicitar que, mientras no se otorguen los permisos pertinentes, se suspenda el vertimiento de químicos contaminantes en el río, lo que afecta su salud y el desarrollo de ritos y actividades ceremoniales.

“Este fallo es un triunfo para las comunidades de Chesque Alto y Hualapulli, quienes llevan años insistiendo ante la institucionalidad ambiental para pedir algo tan sencillo: la evaluación ambiental de la industria que contamina su río. La Corte es clara en su sentencia al señalar que los organismos especializados deben actuar de forma oportuna, de lo contrario se vulneran derechos fundamentales”, comenta Antonia Berrios, Coordinadora General de ONG FIMA y abogada de la Comunidad. 

La Corte no solo revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había desestimado el caso, sino que también destacó la importancia de dar celeridad a la tramitación de denuncias ambientales. La Corte, además, ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente que resuelva el procedimiento sancionatorio contra la empresa en un plazo de 90 días, y que tome las medidas necesarias para resguardar la salud de la población y el medio ambiente, determinando que este organismo debe coordinarse con otras autoridades pertinentes y, en caso necesario, oficiar a la Contraloría General de la República para que realice las fiscalizaciones correspondientes.

Rechazo transversal a declaraciones de J.A Kast contra Matías Asún

Rechazo transversal a declaraciones de J. A Kast contra Matías Asún

Las organizaciones firmantes rechazamos las declaraciones emitidas por José Antonio Kast el pasado domingo 12 de enero en el programa Mesa Central de Canal 13. Es inaceptable que figuras públicas, con incidencia política y social, promuevan ideas que atentan contra el ejercicio de la democracia y los Derechos Humanos, y, en este caso, amenacen a trabajadores públicos, a dirigentes sociales y a ciudadanos con arrebatarles sus fuentes de trabajo o expulsarlos del país por el simple hecho de cumplir con su trabajo y
misión. Este tipo de mensajes evocan episodios lamentables de nuestra historia que no debemos permitir que se repitan: afortunadamente, los tiempos en que el Estado chileno exilió y exoneró a personas por no compartir las ideas de sus gobernantes quedaron en el pasado.

Matías Asun, como líder de Greenpeace Chile durante más de 10 años, ha dedicado su vida de manera pacífica y legal a la defensa del medio ambiente. Su trabajo se ha enfocado en promover la protección de los ecosistemas y denunciar proyectos que generan impactos devastadores para la naturaleza y las comunidades locales. Su compromiso y labor son un aporte fundamental para avanzar hacia un futuro más sostenible y justo, por lo que el libre ejercicio de su labor y el nuestro no sólo debiese estar garantizado por el Estado, sino que además debe ser fomentado y protegido por él, tal como se comprometió al adherir al Acuerdo de Escazú.

Reafirmamos nuestro apoyo y solidaridad con Matías Asun -y con todas las personas que día a día defienden nuestra naturaleza y ecosistemas- y hacemos un llamado a las autoridades, líderes de opinión y la ciudadanía a condenar aquellos discursos que dividen y que buscan deslegitimar causas esenciales como la justicia ambiental.

Convocamos a los medios de comunicación serios a no dar tribuna a estos discursos de odio que solo buscan afectar la paz social y sacar réditos de corto plazo, pero cuyos impactos calan profundamente en nuestro sistema democrático. Asimismo, denunciamos la arremetida mediática en contra de organizaciones ambientales, la cual ha aumentado sistemáticamente en nuestro país y en el mundo. Frenar las noticias falsas o sacadas de contexto es una responsabilidad y un deber de cada uno de los actores de esta sociedad.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando unidos por la defensa de la democracia, los Derechos Humanos y el medio ambiente.

 
Adhieren a esta declaración 130 organización y más de 370 personas de todo Chile:
Agrupacion Aisen Reserva de Vida – Agrupación Multicultural Todas las Artes – Alerta Isla Riesco – Alianza territorial para la naturaleza y la biodiversidad – Fundación Lenga – Amigas y Amigos de la Naturaleza – Amnistía Internacional – Artesanas y tejedoras Ensenada – Asamblea El Manzano – Asociación Chilena de Voluntarios – Asociación de Chilenos de Basel(Suiza) – Asociación indígena multicultural ecológica costera inti chupika – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Aula de Mar – Canelo de Nos – Capsis – Catemu en Movimiento – Cedem – Centro Cultural Caleta Horcón – Centro cultural social y deportivo Rafael Pizarro Alvarado – Centro Cultural y de Información El Monte – Centro Ecuménico Diego de Medellín – Cerefan – Cerro Navia Somos Todos – Colectivo Cine Forum – Colectivo Fidelistas por siempre – Colectivo Teológico 14M – Comisión Chilena de Derechos Humanos – Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, Codeff – Comité Unión Diguillín – Comunidad Amanecer – Comunidad El Ciruelo Sur – Comunidad kawesqar at’ap – Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar – Comunidad Mapuche Huilliche PEPIUKELEN – Coordinadora Defensa Akunkawa – Coordinadora nacional contra Aguas San Isidro – Coordinadora Tocopilla Digna – Corp. Comuna Nueva – Corporación Artistas Pro Ecología – Corporación Camino a Farellones – Corporación Chelenko – Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho – Corporación El Canelo – Corporación Innovación y Ciudadanía – Corporación La Caleta – Corporación Mujeres Siglo XXI – Corporación por la Preservación y Rehabilitación de la Fauna Andina (CEREFAN) – Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén – Defensa Ambiental Región de Coquimbo – Defensoría Ambiental ONG – Departamento DDHH, Medio Ambiente y Biodiversidad COLMED Valparaíso – EcoWiluz AgroEcologia y Soberanía Alimentaria – Escazú Ahora Chile – Escuela Permanente PRAIS – Estero de Limache Sin Acueducto – Federación Regionalista Verde Social – Federación Regionalista Verde Social – Frevs Ñuble – Fundación Achercándose – Fundación Aulas de Cambio – Fundación Aysenda – Fundación Chile Sustentable – Fundación Chile Verde – Fundación Ciudadanos y Clima – Fundación ecociencias – Fundación Glaciares Chilenos – Fundación Lenga – Fundación Newenko – Fundación Ngenko – Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES – Fundación Ojos de mar – Fundación Origen – Fundación Pensamiento Verde – Fundación Protege los Molles – Fundación RedFe – Fundación Rewilding Chile – Fundación Ruta de la Paz – Fundación Tantí – Fundación Terram – Futaleufú Riverkeeper – Conadecus – Instituto de Ecología Política – Junta de vecinos Parque Quillay – Justicia y Paz, Iglesia Aysén – Kolectiva Feminista Gloria Lagos Nilsson de Puerto Williams – Las Ecológicas de Porvenir Alto – Latinas por el Clima – Mi comuna eco-lógica – Ministerio Ecológico Presbiterio de San Juan – Modatima Antofagasta – Modatima Punta Arenas – Movimiento no más anglo – Movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y el medioambiente (MODATIMA) – Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble – Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero – Mujeres en Resistencia Chile – Mujeres por el Buen Vivir – No a Comahue – No Alto Maipo – Ñuble Libre – Observatorio de Género y Equidad – Oceana – ONG Defensa Ambiental – ONG Ecosistemas – ONG FIMA – ONG Playeras – Plataforma de acción y educación para el resguardo ambiental y social – ONG Uno Punto Cinco – Orden Franciscana Seglar – Otros Cruces – Parlamento Ambiental Ciudadano – Parque Comunitario Panul – Parque Puerto Fonck – Plastic Oceans Chile – Red de Acción por los derechos ambientales RADA – Red de Humedales de Chile – Red por la Defensa de la Precordillera – Revista Pantana – Ruteros – San Antonio Ambiental – Sitio de Memoria Irán 3037- Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes – Somos Biodiversidad, de cordillera a mar – Somos Cuencas – Sphenisco Chile – Taller de buceo Kawésqar kskoi – Tu Aldea – Veeduria Ambiental Chinchina Caldas Colombia – Voluntariado IESA Contigo – Wanaku Akunkawa

Tribunal Ambiental excede sus atribuciones para favorecer a Dominga y ordena al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto

  • Será la tercera vez que la instancia ministerial califique la iniciativa de Andes Iron
  • Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, junto a las comunidades locales, anuncian que impugnarán el fallo ante la Corte Suprema

Santiago, 9 de diciembre, 2024. En una inédita sentencia, el 1er Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron, empresa titular de Dominga, y ordenó al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto minero portuario, poniéndole una serie de condiciones que exceden sus atribuciones.

“Nos parece que esta sentencia contiene claras ilegalidades, el Tribunal ha excedido sus facultades de manera notoria. No aprueban directamente el proyecto, pero hacen una orden detallada para forzar la voluntad del Comité de Ministros, lo que en la práctica es lo mismo y una evidente vulneración de la ley”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA. “El tribunal ambiental olvida su rol que es el de revisar si las decisiones que ha tomado el Comité de Ministros están dentro de la legalidad o no y, en su lugar, pretende que la forma en que el propio tribunal analiza los antecedentes técnicos es la forma correcta, eso es inadecuado y es un incumplimiento directo de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule”, agregó el abogado que representa a la organización de conservación marina Oceana en el litigio.

La sentencia establece que en un plazo máximo de 15 días, el Comité de Ministros debe emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga “considerando que se presentaron antecedentes suficientes y se evaluaron correctamente los impactos asociados a las emisiones de MPS, a los recursos hídricos, a las AMERB, al medio marino, al valor turístico y al efecto sinérgico entre los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande”, además de “dictarse con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”.

Desde Alianza Humboldt criticaron la sentencia y la directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, afirmó que “el tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones”. “Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción”, añadió.

Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, parte de Alianza Humboldt, aseguró que “nos preocupa la decisión del tribunal ambiental, creemos que se equivoca en varios de sus argumentos, y, en consecuencia, deja en desprotección al ecosistema del archipiélago de Humboldt y a las actividades económicas sustentables que las comunidades que allí habitan realizan desde tiempos inmemoriales”. “Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del tribunal ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, agregó la abogada representante de las comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.

Dominga: Una historia sin fin

En 2013, el proyecto minero portuario Dominga, que consiste en dos minas a rajo abierto, un mega puerto, una planta desaladora, un depósito de relaves para la extracción de hierro y concentrado de cobre en un periodo de 22 años, entró a evaluación ambiental. En 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario de Andes Iron, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt y donde, recordemos, se creó la reciente área marina costera protegida de múltiples usos Archipiélago de Humboldt.

Desde entonces, la empresa Andes Iron decidió buscar la aprobación del proyecto por vías judiciales, las que hasta ahora han fracasado. De hecho, Dominga ha sido rechazada dos veces por el Comité de Ministros, y en dos oportunidades la Corte Suprema ha revisado las sentencias del Tribunal Ambiental; la primera vez, estableció que el rechazo entregado al proyecto en 2017 fue legal, al contrario de lo que proponía la empresa, y ordenó al Tribunal Ambiental referirse a los aspectos técnicos que motivaron ese rechazo. En la segunda oportunidad, la Suprema determinó que el caso debía resolverse a nivel administrativo, es decir, dejó la decisión en el Comité de Ministros, instancia que rechazó por segunda vez el proyecto Dominga, resolución ante la cual la empresa volvió a apelar ante el 1TA, cuya resolución se da a conocer ahora.

Frente a este nuevo escenario de incertidumbre son nuevamente las comunidades locales las más afectadas. Rodrigo Flores, presidente de la Mesa Consultiva del Archipiélago de Humboldt afirmó que no hay apoyo para la minera en la comunidad. “Nosotros llevamos décadas trabajando en un turismo sostenible y en nuestras áreas de manejo, tenemos una economía local que va de la mano con la protección del medio ambiente, y no estamos dispuestos a que se destruya todo lo que hemos construido en este territorio” afirmó Flores.

Por su parte, desde del Movimiento en Defensa del Medioambiente, Modema, aseguraron que, pese a todo el tiempo de lucha por la defensa de esta área, continuarán trabajando por frenar la iniciativa de Andes Iron. “Por años hemos sido testigos de las irregularidades de Dominga en nuestra comuna, intentando comprarse a la gente por medio de regalías. Dominga es parte de los casos de corrupción más bullados del último tiempo en Chile, y no es posible que se le deje la puerta abierta en una zona que, además, tiene un valor ambiental reconocido a nivel mundial”, señaló Carolina Bahamondes, presidenta de Modema, una de las agrupaciones locales que son parte de Alianza Humboldt.

Juzgado de Chanco condena a Inmobiliaria Costa Calán al pago de costas en juicio contra defensor ambiental Rodrigo de la O

El Juzgado de Letras y Garantías de Chanco acogió este 28 de agosto el desistimiento de la demanda presentada por la Inmobiliaria Costa Calán contra Rodrigo de la O Guerrero en el 2020, condenando a la empresa a cubrir los gastos del juicio. Este caso es un ejemplo de lo que se conoce como SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés), un mecanismo utilizado para silenciar y amedrentar a defensores ambientales y de derechos humanos.

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Reforma ley 19300: 200 organizaciones de todo Chile llaman a bajar urgencia de ley de “permisología”

En una declaración apoyada por un amplio espectro de agrupaciones ambientales y territoriales, los firmantes indican las principales deficiencias del proyecto, el cual en lugar de proteger el medio ambiente es situado como un traje a la medida para los inversionistas

Luego de meses en que la narrativa de la “permisología” permeara toda la discusión política, económica y ambiental del país, el gobierno envió al Senado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente – más conocida como 19300 – , la que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.

En la declaración, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran ONG ambientalistas, movimientos territoriales y pueblos indígenas, señalan que “el proyecto, que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse, en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno y por la oposición, en una amenaza las posibilidades de sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al control del Estado sobre el patrimonio natural del país”, haciendo énfasis en la profundización de la desigualdad y conflictos sociales que esta reforma acarreará. 

“Este proyecto de ley no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas, está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos, cuestión que a larga genera grandes perjuicios para el país. Genera mayor conflictividad, menores posibilidades de desarrollo efectivo, y por lo mismo, creemos que debe hacerse una reflexión sobre este proyecto, quitarle la urgencia, y volver a ver si es posible una negociación que sea razonable para la protección ambiental”, señala Ezio Costa, Abogado y Director Ejecutivo de ONG FIMA.

En el documento se identifican 10 puntos como los más perjudiciales de la reforma, entre los que se encuentran el fin del principio preventivo en la evaluación de proyectos; aceleración de tramitación de proyectos elegidos discrecionalmente con el criterio político del gobierno de turno; creación de una estamento del Estado destinado a revisar y aprobar las reclamaciones de privados; se eleva el rol del Servicio de Evaluación Ambiental, dándole a éste la posibilidad de modificar sus observaciones para responder a un criterio economicista por sobre el de otros estamentos especializados. 

Por su parte, Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, señala, “El gobierno y los sectores productivos parecen olvidar que la ‘permisología’ contra la cual protestan ha sido clave para mitigar los conflictos socioambientales en Chile, controlar la contaminación atmosférica y prevenir la proliferación de nuevas zonas de sacrificio. El propósito central de nuestro sistema ambiental es proteger el medio ambiente y, con ello, la salud de las personas y el patrimonio ambiental; por lo tanto, no podemos retroceder en sus estándares”, 

Larraín enfatiza que, “para brindar certidumbre y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece dispuesto a asumir”.

Por otra parte, desde el mundo ambiental, se detecta la renuncia del gobierno a su propia propuesta en pos de las presiones del empresariado y la oposición. Al respecto, la declaración denuncia, entre otras: relega la participación local en la evaluación ambiental de proyecto, con indicaciones que restringen la injerencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades en la Evaluación Ambiental; Deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no considerados previamente en la evaluación original; Se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento clave para la planificación. 

La declaración culmina con un llamado al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa al proyecto y, en caso de continuar, insta al Congreso a rechazar el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pues constituye un retroceso respecto a la legislación vigente. 

Revisa la declaración completa con firmas:

Declaración

Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas comienza su planificación estratégica 2024-2026

Las 21 organizaciones sociales que componen la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas se reunieron para definir los focos y prioridades que guiarán su actuación durante los próximos tres años.

La actividad tuvo también la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, quien comentó algunas de las prioridades que tendrá la cartera para este año y agradeció la oportunidad de contar con una contraparte organizada en la materia de derechos humanos y empresas. «Este proceso nos permitirá avanzar en un proyecto de Ley de Debida Diligencia, clarificando el espacio de intervención de las empresas y su contribución a un cambio cultural y social demandado por la ciudadanía. Además, los estándares internacionales nos exigen cumplir con ellos», señaló.

La Plataforma es un espacio compuesto por organizaciones de la Sociedad Civil, que busca la articulación entre los diferentes actores sociales y políticos, y busca incidir en la adopción de instrumentos que regulen, promuevan y faciliten el pleno respeto de los derechos humanos por parte de los actores económicos, privados y públicos.

El equipo de Coordinación, compuesto por Carolina Rudnick de Libera, Yerko Ljubetic de la FEN UAH, y Juan Carlos Cayo del Observatorio Ciudadano, dio la bienvenida al proceso, que se extenderá por tres meses y abordará temas como la gobernanza, el sistema de decisiones, y las prioridades de la Plataforma

Para Yerko Ljubetic, también ex ministro del Trabajo, este trabajo representa “la consolidación de la Plataforma como una organización fuerte de articulación en materia de derechos humanos y empresas, y que piensa generar una propuesta desde la sociedad civil para una Ley de Debida Diligencia a fines de año”.

Por su parte, Carolina Rudnick señaló, “este proceso no sólo nos ha permitido conocer las proyecciones que tiene el gobierno con respecto a derechos humanos y empresas, sino también es un encuentro que nos permite ponernos de acuerdo en pos de instalar y fortalecer un sistema robusto de protección de derechos humanos por parte de las empresas”.

Fortalecer el trabajo de la plataforma DD.HH y Empresas

El fortalecimiento de la Plataforma es parte de los objetivos del proyecto REDAR (Respeto Empresarial, Derechos, Ambiente y Responsabilidad) financiado por la Unión Europea y adjudicado a ONG FIMA, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y el Observatorio Ciudadano, estos últimos como coejecutores.

Sobre esto, Carolina Palma, coordinadora de incidencia de ONG FIMA y quien también está a cargo del proyecto REDAR, comenta que “La Plataforma de Derechos Humanos y Empresas se ha visto fortalecida gracias al proyecto REDAR, financiado por la Unión Europea, con esto hemos logrado proporcionar herramientas para apoyar a las organizaciones y empoderar a la sociedad civil, además de fomentar la investigación y promover la incidencia en políticas públicas relacionadas con los derechos humanos y las empresas».

Por último, el coordinador Ejecutivo de la Plataforma, Roberto Morales, señaló que esta instancia permite que la Plataforma cumpla un rol mucho más activo desde el punto de vista de interlocución desde la sociedad civil con lo diferentes actores “para incidir de manera oportuna y pertinente para realizar los cambios estructurales, generar normas y leyes, y otro tipo de acciones que permitan incorporar las condiciones desde el punto de vista de los impactos negativos que están produciendo las empresas en su desarrollo productivo”.

Conoce más de la plataforma en el sitio www.derechoshumanosyempresas.cl

5 años de la Reserva Nacional Kawésqar: los temas que siguen pendientes para su protección

Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental.

El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo?

Los reclamos de la comunidad

Con la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace “que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel”, dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los “acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta”.

Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga “sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024”.

Una zona sobreexigida

Dentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura.

A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, “lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades”, afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

“El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.

De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.
“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales”, agrega Barrera.

“Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina”, aporta González.

A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. “¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?”, plantea Barrera.

Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, “no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad”.

Fotografía de portada por Patricio Miranda | Greenpeace Chile