50 años de excusas: seguridad climática, la prioridad olvidada

  • Por Carolina Palma, Coordinadora de Incidencia en ONG FIMA.

Fue en la década de 1970 cuando por primera vez se comenzó a tener noción del fenómeno del cambio climático entre políticos, economistas y científicos. Sorprendentemente han pasado 50 años, múltiples cambios geopolíticos, sociales y tecnológicos y el problema se sigue profundizando. Esta semana, el multimillonario Bill Gates publicó un manifiesto en el cual declara que el cambio climático «no conducirá a la desaparición de la humanidad» y que «la pobreza y las enfermedades siguen siendo los problemas más importantes de la humanidad».

En lo político internacional, Donald Trump ha expresado su negacionismo climático en numerosas decisiones, entre ellas, la retirada del Acuerdo de París. En el ámbito nacional, las cosas no se ven mucho mejor orientadas: los postulantes a La Moneda o niegan el cambio climático o parecen no comprender la magnitud del problema.

Las excusas siempre son las mismas: que los cambios deben ser paulatinos; los posibles impactos en la economía y la fe ciega en que esta se autorregula; que se necesita que las «futuras generaciones tomen conciencia…» y muchas otras que seguramente todas hemos escuchado y que nos perpetúan en la inacción. No se trata de que Chile no haya avanzado en temas climáticos y ambientales; pero no es suficiente y la desidia política, y el negacionismo, pueden llevarnos a perder el camino andado, a pesar de que la evidencia científica nos sitúa como un país altamente vulnerable frente al cambio climático y de que según la última evaluación de desempeño ambiental de la OCDE en 2024, los mayores desafíos que enfrentamos tienen que ver con la contaminación atmosférica, la gestión de residuos y la grave crisis hídrica que amenaza con el suministro de agua potable a medida que el desierto avanza por nuestro país.

En ese mismo sentido convive el discurso, instalado desde sectores empresariales, como «permisología». Una idea errada de que la evaluación ambiental estaría siendo un impedimento burocrático para el aumento a la inversión. A ciegas y sin cuestionar ni contrastar la información, casi todas las candidaturas han acuñado este relato, que antagoniza la idea de desarrollo con la protección ambiental.

Podemos coincidir en que las problemáticas que enfrenta el país hoy son variadas, y es de esperar que los candidatos al sillón presidencial ofrezcan ideas y soluciones para darle seguridad a la población no solo en materia de crimen y orden público, sino también en temas como seguridad hídrica y climática, cuestiones mínimas para la salud de la ciudadanía. De forma decepcionante, esas propuestas están al debe en la mayoría de los programas de las candidaturas presidenciales. José Antonio Kast y Johannes Kaiser derechamente creen que estas ideas son fruto de la ideología y, al igual que Trump, Milei o Bolsonaro; amenazan los avances que se han conseguido durante años de negociaciones y de amplio consenso político. Lo que deciden ignorar los políticos de la ultraderecha y el mismo Bill Gates es que la crisis climática se va a seguir agravando. Y dentro de los efectos de esta crisis, están la generación de más pobreza, más migración, más incertidumbre, más crisis social, sanitaria y económica.

En un escenario en el que el tema ambiental ha sido excluido de los debates, minimizado en los programas y convertido a posicionamientos netamente economicistas, desde la sociedad civil hacemos un llamado a no olvidar los mínimos. Esperamos del próximo presidente o presidenta de Chile se comprometa: en primer lugar a no retroceder en leyes, reglamentos y políticas que actualmente protegen al medio ambiente y las personas. En segundo lugar, un irrestricto respeto a los tratados internacionales a los que Chile ha suscrito y la legislación vigente, entendiendo que estas leyes siempre se pueden mejorar. Por último, esperamos que exista un compromiso con la transparencia de la información, accesible para toda la ciudadanía y que evidentemente esta sea también exigible a los privados que operan sobre bienes nacionales. Sabemos que el período presidencial de 4 años es corto, sin embargo no podemos esperar otros 50 años para hacernos cargo de esta crisis.

Columna de opinión publicada en Cooperativa – 4/11/25

Dos nuevos artículos del equipo de ONG FIMA en la revista “Justicia ambiental en América Latina y el Caribe”

Karla Vargas, Ezio Costa y Sofía Rivera escribieron para la publicación coordinada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Octubre, 2025. La revista “Justicia ambiental en América Latina y el Caribe” busca aportar a la comprensión del estado actual del derecho a la justicia ambiental en la región, en un contexto marcado por crecientes conflictos socioambientales, la criminalización de personas defensoras y la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar los derechos ambientales. Para esto, cuenta con artículos que analizan el estado del derecho en siete países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Chile. A través de sus capítulos, se estudian los marcos normativos y políticas públicas de cada país, identificando avances, retrocesos y desafíos en la implementación de la justicia ambiental.

Con esto, en la publicación se entregan recomendaciones para avanzar hacia una justicia ambiental efectiva, enfatizando en la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales, garantizar la gratuidad y accesibilidad de los procesos, y promover la especialización de magistrados y operadores de justicia en materia ambiental.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una organización sin fines de lucro que promueve el derecho ambiental y las políticas de desarrollo sostenible. Recientemente, presentaron una nueva publicación para abordar .

La contribución de FIMA desde Chile

Para el capítulo de Chile, tres integrantes de ONG FIMA, Ezio Costa, director ejecutivo; Karla Vargas, encargada de procesos territoriales; y Sofía Rivera, investigadora de estudios, participaron con artículos que analizan distintos aspectos del ejercicio del derecho a la justicia ambiental en el país. Sus aportes abordan temas como el fortalecimiento de los tribunales ambientales, los desafíos en la aplicación del Acuerdo de Escazú, la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos y los obstáculos que aún enfrentan las comunidades para acceder a mecanismos efectivos de reparación y defensa de sus derechos.

En este, concluyen que si bien Chile ha desarrollado avances importantes en materia institucional, como la creación de tribunales ambientales y la incorporación de estándares internacionales en su marco normativo, aún existen brechas importantes que impiden garantizar un acceso pleno y equitativo a la justicia ambiental. Entre los principales desafíos destacan la falta de recursos y capacidades en los organismos encargados de aplicar la legislación, la desigualdad en el acceso a la información y la participación, y las barreras que enfrentan las comunidades afectadas por conflictos socioambientales para obtener reparación efectiva. Los autores enfatizan que fortalecer la justicia ambiental en Chile requiere no solo mejoras normativas e institucionales, sino también un compromiso político y social para hacer de los derechos ambientales una realidad tangible para todas las personas.

Te invitamos a revisar la publicación completa aquí.