Por Constanza Dougnac, coordinadora de Comunicaciones y Redes de ONG FIMA
Miles de personas en Arica viven con el peso de una contaminación. La semana pasada se inauguró la exposición “Metales”, en el Espacio Cultural Veta de Santiago. La actividad, que es parte de la campaña #UnaVidaSinMetales de Fundación Relaves, nos recuerda la lucha de familias como la de Claudio y su hijo Isaías, un adolescente que no ha podido tener una vida como la de cualquier niño debido a múltiples enfermedades que lo afectan producto de haber vivido sus primeros años en el Cerro Chuño de Arica, población construida al lado de un depósito de desechos tóxicos traídos desde Suecia a principios de la década del 80. El objetivo de Claudio es reunir fondos para llevar a Isaís a España a realizarse un tratamiento de quelación que podría retirar los metales de su cuerpo, y así lograr que su hijo tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente. El esfuerzo incansable de esta familia nos permite hablar nuevamente de un tema que ningún gobierno ha querido resolver, y que sigue dejando secuelas en miles de personas.
Esta historia comenzó a finales de la década del 70’, cuando la empresa sueca Boliden entregó a la chilena Promel casi 21 mil toneladas de desechos tóxicos, los cuales, en plena dictadura y con la autorización del Servicio de Salud de Arica, fueron importados hasta esa ciudad, donde finalmente fueron abandonados en lo que se denominó “sitio F”. Entre los tóxicos se encontraban plomo, arsénico y cadmio.
Cerca del lugar ya se encontraba la población Sica Sica y con el crecimiento de la ciudad, en 1992 – ya en democracia- comenzó la construcción de las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales, a escasos metros del acopio de desechos tóxicos. Familias enteras se mudaron con la esperanza de empezar una nueva vida y poco a poco fueron arreglando las viviendas ocupando la tierra del cerro gris que tenían cerca, mientras niños y niñas jugaban en el depósito como si se tratara de la mejor plaza de diversiones. Al poco tiempo comenzaron a aparecer los primeros síntomas. Abortos espontáneos, niños con dificultades de aprendizajes, jaquecas, dolor de huesos y cáncer son recurrentes entre las personas que habitaron estas poblaciones.
El año 1999 más de 900 afectados demandaron al Estado de Chile, se ordenaron exámenes, perose extravió evidencia clave y se les dijo cosas como que el problema era la desnutrición de los niños. Años más tarde, en el 2007, la Corte Suprema ordenó indemnizar a 350 personas por el “daño moral” en el que habría incurrido el Estado, sin embargo, no explicó nunca por qué se determinó esa cantidad de personas ni el criterio para seleccionar a las indemnizadas. Fueron 8 millones de pesos por persona que estaban muy lejos de ser una solución para las enfermedades que enfrentaban y que dividió a toda una comunidad.
Ese mismo año, ONG FIMA presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recién en octubre del año 2022 hubo una respuesta de parte del Gobierno allanándose a un proceso de “solución amistosa de controversias”, ante lo cual las y los demandantes presentaron un petitorio en octubre del año 2023.
En el intertanto, los metales fueron removidos a un lugar provisorio, en el que todavía continúan, y el sitio F “reparado” con una delgada carpeta de asfalto. Los vecinos fueron trasladados a nuevas viviendas, pero las antiguas no fueron demolidas y hoy, sin servicios básicos, fueron tomadas por personas sin hogar e inmigrantes.
Lamentablemente, la historia de Arica se sigue contando y ,como si la salud de los habitantes les permitiera seguir esperando, todavía aguardan una respuesta.
Claudio e Isaías tampoco puede seguir esperando, te invitamos a sumarte a la campaña en unavidasinmetales.cl y a seguir contando esta historia para que todas estas familias no tengan que seguir esperando.
