Insumos para una Constitución Ecológica

Documentos elaborados por ONG FIMA

Hacia una Constitución Ecológica: Acceso a la justicia ambiental (2022)

Informe de ONG FIMA que busca avanzar en el acceso a la justicia en materia ambiental. El documento inicia con un diagnóstico de las barreras existentes para luego expresar la importancia de reconocer los derechos de acceso en esta materia y la necesidad de avanzar en temas como la creación de una Defensoría de la Naturaleza, la asistencia legal como un deber, la ampliación de la legitimidad ambiental y el establecimiento de mecanismos para mejorar el cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales.

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Hacia una Constitución Ecológica: Agencias reguladoras independientes en materia ambiental y la nueva Constitución de Chile (2022)

 Informe de ONG FIMA que busca plantear la posibilidad de lograr una solución institucional a largo plazo de los problemas que tienen los actuales entes regulatorios en materia ambiental. Para ello, se realiza un estudio teórico de las agencias reguladoras independientes para luego analizar el caso en el país y revisar cómo se podrían materializar en la regulación ambiental. 

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Hacia una Constitución Ecológica: Ordenamiento territorial en la nueva Constitución (2022)

El informe, realizado por ONG FIMA con el apoyo de FILE Foundation, analiza las normas que son parte de la propuesta de nueva Constitución y que permitirían avanzar en un Ordenamiento Territorial y en una mejor protección al medio ambiente.

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Protección Constitucional del Medio Ambiente: Bases para una Constitución Ecológica (2022)

Primera parte de una serie de informes que aborda las razones por las cuales es necesario incluir la protección del medio ambiente en la constitución, revisando en esta segunda y tercera entrega, algunos principios, derechos ambientales e instituciones.

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Hacia una Constitución Ecológica: Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución (2022)

En este informe se realiza un análisis del desarrollo de los derechos de la naturaleza en el derecho, haciendo una breve revisión sobre su recepción e implementación, y comparando la situación de países como Ecuador, Colombia, Australia, India, Nueva Zelanda, Bolivia, Bangladesh, México, Uganda y Estados Unidos. Esto con la finalidad de plantear algunas propuestas que puedan resultar útiles para que, en Chile, estos derechos sean una herramienta eficaz para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos ambientales.

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El camino de la transición socioecológica en Chile (2021)

Las discusiones sobre política económica han dejado de lado los factores sociales y ambientales, enfocándose únicamente en el crecimiento económico. Ante esto, y en búsqueda de revertir esta tendencia, ONG FIMA lanza un segundo informe -posterior a Reflexiones para la transición ecológica”-, con propuestas para transitar hacia una nueva política económica que considere el bienestar de la comunidad y el medio ambiente.

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Hacia una Constitución Ecológica: Cambio climático y nueva Constitución (2021)

El texto toma como referencia las propuestas para una Constitución Ecológica formuladas por ONG FIMA, para mostrar la relevancia de considerar la crisis climática y ecológica en una nueva constitución.

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La consagración jurídica de un modelo de desarrollo en la constitución de 1980 y sus consecuencias ambientales: Reflexiones para la transición ecológica (2021)

Informe de ONG FIMA que busca reflexionar sobre las propuestas que nos permitan acercarnos a una transición ecológica y a establecer un nuevo modelo adaptado a la situación climática y ecológica actual.

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Hacia una Constitución Ecológica: Herramientas comparadas para la consagración constitucional de la protección del medio ambiente (2021)

Reporte en conjunto de Oceana y ONG FIMA que analiza ejemplos sobre cómo otros estados protegen el medio ambiente a través de sus constituciones. El informe, encargado a la Directora del programa de derecho ambiental de la Universidad Diego Portales y doctora en derecho, Dominique Hervé, revisa la forma en que 30 países han incorporado el reconocimiento y protección del medio ambiente en sus Constituciones.

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Protección Constitucional del Medio Ambiente: Bases para una Constitución Ecológica (2021)

Primera parte: ¿Por qué necesitamos una Constitución Ecológica?

El documento revisa cinco de las razones por las que se debe mejorar la protección constitucional del medio ambiente, enfocándose en el contexto político, social y ambiental del país.

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Discusión sobre medio ambiente en el marco de una nueva Constitución (2018)

Documento elaborado en colaboración de la Fundación Heinrich Böll, que busca involucrar a representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia en la discusión sobre cómo debe resguardarse este derecho en un eventual proceso de reforma constitucional, con miras a difundir los resultados de esta discusión, generar propuestas e incidir en un cambio en este sentido.

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COP2 Escazú: Sensaciones encontradas para un proceso que exige mayor participación del público

Necesidad de avanzar en un plan de acción de género, potenciar la participación de pueblos originarios y urgencia ampliar los mecanismos de difusión, siguen siendo puntos débiles para la gobernanza del tratado

La Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina desde el 19 al 21 de abril, cierra sin anuncios de nuevas ratificaciones de países de la región, no obstante la presencia de delegaciones de Brasil y Colombia, países que ostentan los peores indicadores en materia de defensores a nivel regional y que aún no adhieren formalmente a este marco regional.

“Perú ha sido el gran ausente en esta Conferencia, un país que, a pesar de ser impulsor del Acuerdo, ha visto la oposición en el Congreso de la Republica en dos oportunidades, archivando la ratificación y con ello la seguridad de los y las defensores indígenas de la Amazonía”.- Aida Gamboa – DAR Peru

Esta COP extraordinaria, tenía como propósito dar término al proceso de elección, de más de un año, de los Candidatos del Comité de Apoyo a Aplicación y Cumplimiento (CAAC), cuya operación comenzará de manera formal en un año. Luego de tres días de encuentro, los países definieron a los siete miembros que conformarán dicha instancia dejando una sensación tibia frente a la exclusión de personas con reconocimiento a nivel regional por su rol en el impulso de la democracia ambiental y los derechos de acceso desde 1992. Ello, abonando a la sensación de exclusión de muchos representantes del organizaciones y pueblos y nacionalidades indígenas frente al proceso y lineamientos para la confirmación del CAAC y la participación en la COP propiamente tal.

“Pese a la urgencia de avanzar rápidamente en la puesta en marcha del Comité, resultó alarmante la intención de Bolivia de minar las características constitutivas de este órgano y su sentido basal de independencia gubernamental e imparcialidad al proponer la incorporación de miembros del gobierno”, señala Carmen Capriles, de Reacción Climática, Bolivia.

Por su parte, Ezio Costa, de ONG FIMA, Chile, señaló, “Felicitamos a los nuevos representantes del Comité de Cumplimiento, varios de ellos son personas que llevan años trabajando por este proceso y para que el Acuerdo de Escazú avance efectivamente. Lamentamos mucho que personas fundamentales no hayan quedado como parte, porque su experiencia hubiese sido un gran aporte para continuar con la implementación. Es fundamental que como Sociedad Civil estemos atentos a apoyar tanto esta instancia como a los y las representantes del público, porque son espacios por los que hemos luchado y que van en dirección de construir una herramienta sólida de democracia ambiental y protección de derechos humanos”.

Acciones para la protección de defensores ambientales

Otro de los temas tratados en la COP2 fue la presentación del índice que dará pié al Plan de Acción en materia de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que espera aprobarse en 2024, aspecto que fue cuestionado por el público en tanto el proceso no cumplió los plazos establecidos por los países ni las propuestas para su socialización tienen en cuenta las necesidades y realidades de la región, en particular en materia de acceso a tecnologías de información.

“Es fundamental que el proceso de consulta sea inclusivo y esté sustentado en las realidades de nuestros países, es decir el limitado acceso a internet y la baja familiarización con sistemas en línea por parte de las comunidades y pueblos indígenas. Consideramos que definir un proceso de consulta presencial que contemple el tiempo y los mecanismos para que todos puedan participar, es fundamental”, Vanesa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, Colombia.

Durante la COP2, fue destacable la presentación de propuestas concretas por parte de las y los defensores del ambiente como la incorporación y reconocimiento de protocolos de autoprotección y sistemas de alertas tempranas, hasta la ampliación de la idea de defensores a sujetos colectivos, reconociendo que son los pueblos los que dada su interrelación con la naturaleza la han protegido por milenios.

“Es fundamental reconocer y fortalecer el rol de los pueblos y nacionalidades en la defensa de los territorios y entender su defensa no solo en términos de su propio interés sino del interés público, es decir de cada uno de los seres que habitamos el planeta, en tanto protegen los bienes globales comunes fundamentales para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad”.- Karla Maass, Climate Action Network Latin America (CANLA)

Actualmente el Acuerdo tiene 15 partes, países como Honduras, Perú, Brasil y Colombia todavía no adhieren, siendo considerados dentro los países más peligrosos de América Latina y el Caribe para defender el medio ambiente.

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Comunicación ante la decisión que aprobó la ampliación del proyecto Los Bronces Integrado, de parte del Comité de Ministros Sustentabilidad

21 de abril 2023

Como Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio, vemos con preocupación la decisión del Comité de Ministros de aprobar la ampliación del proyecto minero Los Bronces Integrado, de la transnacional Anglo American. 

La crisis climática que afecta a todo el mundo golpea fuertemente a Chile, un país que cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad asociados al cambio climático, definidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En este contexto, cualquier megaproyecto extractivista debe ser analizado bajo un estricto enfoque climático.

Resulta particularmente alarmante el impacto que el proyecto aprobado tendrá sobre glaciares milenarios que forman parte del ecosistema hídrico que abastece de agua a la región más poblada del país. Sobre todo si consideramos que la zona ha sido azotada por un agresivo proceso de sequía, que por más de 10 años ha perpetrado un escenario de profunda escasez hídrica, y que solo se agravará con el tiempo, según todos los pronósticos.

El proyecto fue también muy cuestionado por impactos a la calidad del aire de Santiago,  una de las ciudades más contaminadas de América Latina. De acuerdo a un reciente estudio del Lancet Countdown sobre Sudamérica(1), Chile lidera el ranking de los países con mayor tasa de mortalidad prematura atribuible a la exposición sistemática a la contaminación del aire, con 240 muertes por millón de habitantes(2). Al respecto, resulta cuestionable, primero, la falta de información presentada por el titular para descartar un impacto a la salud de la población producto de las emisiones contaminantes del proyecto; y, segundo, las insuficientes medidas planteadas para compensar dichas emisiones, que contribuirán a la degradación del aire y, con ello, a la salud de la población. 

En efecto, Anglo American se comprometió, como una de las principales medidas de su Plan de Compensación de Emisiones (PCE), a compensar sus emisiones cambiando 70.000 calefactores a leña de la Región Metropolitana, equivalentes al 80% del total, según el mismo PCE. Si bien la calefacción a leña es un problema real que debe solucionarse, actualmente no se cuenta con estudios recientes ni con experiencias que respalden la potencial efectividad de la medida propuesta por la minera que, por lo demás, recae en la voluntad de terceras personas. De hecho, esto ya se ha intentado sin éxito en otras zonas del país, donde motivos culturales han obstaculizado una transición hacia medios de calefacción menos contaminantes. En definitiva, Anglo American está comprometiéndose a ejecutar una medida compensatoria poco clara, que depende de terceros y que requiere remover prácticas y arraigos culturales de muchísimas personas para su éxito. 

También se acordaron otras medidas como pavimentar caminos locales e incorporar aspirados de calles. Si bien estas buscan evitar la resuspensión de partículas, Anglo American no entrega análisis convincentes respecto a su efectividad. Para el caso del aspirado de vías, por ejemplo, a esta medida se le asigna una efectividad de apenas un 7%, teniendo como base una frecuencia de aspirado una vez cada 14 días. 

En este sentido, el sistema de compensación de emisiones planteado por Anglo American y aceptado por la autoridad, no logrará compensar efectivamente las nuevas emisiones que el proyecto minero vendría a sumar a un espacio ya saturado, con lo que el proyecto estaría agravando una situación que ya es seria. 

Como Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio, hacemos un llamado a que se revise la aprobación de la ampliación de la mina Los Bronces por parte del Comité de Ministros y, a que se eleven los estándares de resguardo ambiental a niveles que evidencien la acción urgente que requiere la crisis climática que atravesamos. 

(1)  Hartinger, et al. The 2022 South America report of The Lancet Countdown on health and climate change: trust the science. Now that we know, we must act. March 2023, https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100470 

(2)  Camila Quilodrán – Escuela de Salud Pública U. de Chile. Induambiente. Estudio detecta que Chile es el país sudamericano con más muertes por contaminación del aire.

Reconocer el problema y avanzar

Por Constanza Dougnac, Coordinadora de Comunicaciones en ONG FIMA

Ad portas de una nueva Conferencia de las Partes para el Acuerdo de Escazú, vale la pena siempre volver a los orígenes para poder evaluar tanto lo que se ha avanzado como lo que se viene por delante, no solo en Chile, también a nivel regional. Es evidente que en mayor o menor medida todos los países de América Latina y el Caribe, tienen una enorme oportunidad de mejora en lo que respecta a democracia ambiental y derechos humanos, pero el haber tomado la decisión de avanzar hacia la creación de este tratado ya es en sí misma una buena señal. Como se dice en otras disciplinas, “el primer paso es reconocer el problema”. 

A 4 años desde su adopción, siguen sumándose partes, siendo las más recientes las de Chile, Granada y Belice, y sin embargo, a nivel regional, la percepción entre la sociedad civil, es que es poco lo que se ha avanzado en implementación para los 15 Estados que han ratificado.

No es posible aquí hacer un análisis desglosado respecto a lo que falta para cada uno, sin embargo hay temáticas en las que es urgente avanzar a nivel general y también hay roles que son fundamentales para que el Acuerdo de Escazú no quede en una bonita declaración de principios que nunca nadie tomó en serio. 

Sobre las medidas más urgentes de implementar, sin duda el establecer un entorno seguro y propicio para las y los defensoras/es ambientales es fundamental. Si bien todos los derechos de acceso son parte de esa seguridad, lo cierto es que hoy en día la vida de quienes defienden la naturaleza, está en riesgo y no hay ningún país que pueda decir que tiene la tarea hecha al respecto. La asimetría de poder entre quienes defienden la naturaleza y los privados e incluso los Estados es una barrera que difícilmente podrá emparejarse sin que exista mecanismos especiales de protección para quienes están en situaciones de vulnerabilidad, y eso implica tomar tanto medidas preventivas como reactivas, pero por sobre todo, empoderar a las comunidades para el conocimiento y uso de sus derechos. 

Relacionado con lo anterior, viene el segundo punto al que me gustaría referirme: el rol de la sociedad civil, tanto para la implementación del acuerdo en sus respectivos países como para asegurar que se cumplan los principios del tratado y se dote a este de una gobernanza sólida, que lo convierta en un tratado robusto y exigible. Este es un gran desafío, pues si bien el público siempre fue parte de las negociaciones del acuerdo, su representación no es simétrica, habiendo países en los que esta es muy fuerte, y otros en los que por diversos motivos, esta no tiene un verdadero rol incidente. Y será solo con la presión de la sociedad civil y con el ejemplo entre pares, que efectivamente lograremos consagrar los derechos de acceso en nuestra región.  

Artículo escrito para el boletín «La voz de CANLA en Escazú: una mirada desde las organizaciones en la sociedad civil». Puedes leer el boletín completo aquí.