Mes: marzo 2023

• Por Antonio Pulgar, Coordinador de Estudios en ONG FIMA

El 6 de marzo se publicó en este mismo medio la columna “Minería chilena: más que extracción y comercialización de minerales”. En ella, el actual Subsecretario de Minería, Willy Kracht, remarca la necesidad de que Chile “exporte minería”, que comparta su capacidad de entregar soluciones a este sector a nivel mundial, por medio de la agregación de valor a la explotación y exportación de minerales, así como globalizando soluciones tecnológicas y de optimización de los procesos productivos. Todo esto en el marco de los desafíos climáticos que nos ponen en primera línea para ser un agente comercial clave en el mundo, aportando insumos esenciales para los desafíos de transición energética y electromovilidad.

Lo anterior, muy relacionado con iniciativas como la de Congreso Futuro de “minería verde”, reavivan un discurso que, apuntando a la responsabilidad mundial de proveer de los minerales estratégicos para la electromovilidad, ponen a Chile en primera línea del sacrificio ambiental. Resulta fácil reproducir el argumento desarrollista, reformulado incansablemente durante las últimas décadas en torno a las estrategias de crecimiento que, apelando a una mayor capacidad y eficiencia en la producción, olvidaron considerar los límites biofísicos que los ecosistemas son capaces de soportar, y que produjeron las condiciones de la crisis climática y ecológica actual.

El aumento de la producción mineral conlleva costos socioambientales de corto, mediano y largo plazo que nadie quiere asumir. Esos costos no son distribuidos equitativamente en la sociedad, sino que recaen en las comunidades más vulnerables y que no cuentan con las herramientas para ejercer su derecho a la participación de manera debida. Evidencia de esto abunda en nuestro país. Las faenas mineras, incluso las que publicitan altos estándares verdes, no logran hacerse responsables de obligaciones ambientales -que en realidad no son tan altas-. La afectación a los cuerpos de agua y la falta de mantención en los sistemas de monitoreo, la deficiente aplicación de metodologías para la evaluación de las variables ambientales y climáticas, o el daño irreparable al patrimonio arqueológico del país, son algunos de los casos recurrentes del desarrollo minero.

Este discurso no solo evoca la discusión en torno a la real responsabilidad del Estado chileno de participar en la explotación y sus rentas. Nos permite poner también en la mesa la problemática relación norte-sur global, que desplaza los costos de la transición energética mundial hacia los territorios que deben soportar procesos de producción cada vez más intensos, que siguen amenazando la calidad ambiental, incluyendo la supervivencia de la biodiversiad y la calidad y cantidad de las aguas de nuestras cuencas, con una institucionalidad que no genera un el involucramiento real de las comunidades en su planificación y que, finalmente, replican las mismas estrategias que durante los últimos 50 años nos dirigieron directamente a la crisis.

Para subsanar aquello, cualquier discusión sobre la agregación de valor en la minería debe considerar en serio las obligaciones ambientales. Debemos reflexionar y replantearnos la contribución a los efectos climáticos extremos que las prácticas productivas actuales generan en nuestros ecosistemas. Para exponer a Chile en la escena internacional de la minería, ninguna estrategia puede olvidar la necesaria consideración a los ecosistemas, territorios y comunidades que habitan nuestro país, realzando las obligaciones de prevención y garantía en torno a sus condiciones de dignidad mínima que deben ser resguardadas. De otra manera, las estrategias de transición socioecológica no lograrán incorporar la dimensión de “justicia” que tanto se necesita.

Columna publicada en La Tercera – 13/03/23

• Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Empieza la tercera fase del proceso constituyente chileno y el péndulo de las opciones ideológicas se mueve sobre nuestras cabezas, amenazando con dejarnos nuevamente en un estado de bloqueo donde la deliberación pública no termine por dar solución a nuestros problemas institucionales.

Mientras la primera fase (2016-2018) fue frustrada desde arriba, la segunda fase (2021-2022) terminó con un rechazo popular orquestado por sectores desde el centro hacia la derecha quienes, entre otras cosas, consideraron que sus visiones del mundo quedaban excluidas.

Algo similar a lo que sucedió entre octubre 2019 y comienzos de 2020, con otra parte muy importante de la sociedad que sintió como la desigualdad y los abusos eran contrarios a la posibilidad de vivir con dignidad. Millones salieron a marchar y cacerolear, votaron para que existiera una nueva Constitución y que ella fuera generada por un órgano mayormente ciudadano.

En esta nueva fase, y de solo observar la manera en que se ha planteado, ya es posible saber que un porcentaje de la derecha, sobre todo sus manifestaciones extremistas, votará en contra de la propuesta. Lamentablemente en ese sector aún hay pleitesía por el legado de la dictadura y se le defiende con religiosidad. En la izquierda, si bien la oportunidad de terminar con ese legado será un incentivo a aprobar, quienes se posicionan de manera más extrema o anti-institucional también rechazarán lo que sea que se les presente.

El camino que tendrán que recorrer los constituyentes será muy estrecho para lograr que se apruebe un nuevo texto. Se deberán balancear las opciones y preocupaciones del 38% que quería aprobar la propuesta constitucional en 2022, con las de ese porcentaje desconocido de personas que rechazaron, pero que quieren ver otro proyecto que sí los represente. Cualquier exceso, pero también cualquier bloqueo muy relevante hacia un lado y otro, puede desequilibrar la propuesta y amenazar su viabilidad. En el peor de los casos, un eventual nuevo rechazo puede empoderar a las fuerzas populistas y profundizar la crisis social e institucional del país, cuestión que bien saben quienes quieren que así suceda y que no escatimarán esfuerzos para lograrlo. Detener el péndulo y posicionarse en el plano de la igualdad, con miradas de largo plazo, será esencial en esta tarea.

Columna publicada en La Segunda – 10/03/23

• Por Constanza Dougnac, Coordinadora de Comunicaciones de ONG FIMA

Con el avance de la crisis climática y ecológica se ha evidenciado mediante diversos estudios, el impacto desigual que esta tiene sobre las mujeres, en particular por la asociación que existe entre género y labores de cuidado que históricamente les han sido asignadas.

En ese contexto, al ser las encargadas de ir a buscar agua, recolectar alimentos, y hacerse cargo en general de las labores domésticas y de subsistencia de la familia, muchas de ellas se ven más expuestas a las inclemencias meteorológicas.

Además, otro factor son las desigualdades estructurales, como el desmedro en el poder adquisitivo, lo que las hace necesitar de los recursos naturales, pero no poder ser dueñas de ellos.

Esto no es una situación que ocurra solo en lugares que culturalmente vemos como muy lejanos. También sucede en nuestro país. Al respecto, es interesante analizar el Sexto Reporte Estado del Medio Ambiente, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Sin embargo, por estos mismos roles, la necesidad de adaptarse frente a los cambios del ambiente, y los impactos directos que estos tienen en sus vidas, las mujeres han debido tomar acción.

Así las hemos visto actuando contra la contaminación que impacta a todo su entorno familiar, como lo que ocurre en las denominadas zonas de sacrificio y otros lugares a lo largo de Chile; en el rescate de sus tradiciones, como lo hacen las mujeres Kawésqar o Changas o Aymarás, o Mapuche, y tantas otras pertenecientes a de cada uno de los pueblos originarios presentes en nuestro país; defender el agua como lo hacen en Petorca, Aculeo y muchos lugares asolados por los monocultivos; y así una suma y sigue de catástrofes, en su mayoría producto de las acciones humanas, que tienen directo impacto en el clima.

Pero siempre se hace evidente que la defensa territorial no es suficiente y las demandas han de escalar al sistema político y jurídico, encontrándose muchas veces con una nueva barrera de acceso, que castiga el conocimiento empírico por no haber pasado por la academia y no tener los recursos para contratar expertos externos al territorio.

Y a pesar de todo lo anterior, en Chile, las mujeres siguen en la lucha por el cuidado del medio ambiente. Como mencionamos antes, desde las necesidades del territorio y el conocimiento al que se llega a través de la observación y vivencias, pero también desde la academia y la sororidad para llevar las voces de esas mujeres a otros lugares donde deben ser escuchadas.

Ocupar espacios de incidencia nacional no ha sido fácil y los logros no siempre son lo suficientemente impactantes en términos mediáticos. Pero poco a poco, se ha ido construyendo un sistema, que si bien, sigue teniendo muchas falencias, está más adelante que lo que había hace 30 años.

Es necesario aprovechar  este momento para reconocer esa labor a personas como Berta y Nicolasa Quintremán, Adriana Hoffmann, Flavia Liberona, Sara Larraín, Katta Alonso, Cristina Dorador, Marcela Mella, Miriam Chible y tantas otras que corrieron la barrera de los mínimos que hoy entendemos como aceptables cuando hablamos de medioambiente.

Junto con la experiencia concentrada en estas mujeres, nuevas defensoras se ponen al servicio del medioambiente. Formando una retroalimentación de conocimientos, recordándonos que la lucha seguirá y que es urgente tener presente la justicia intergeneracional para abordar la actual crisis planetaria.

Nuevas generaciones que no pueden olvidar que su camino también será seguido por otras y así sucesivamente, los saberes recogidos por sus predecesoras, serán la mejor herramienta para enfrentar el futuro.

Columna publicada en El Desconcierto – 08/03/23