Abogada
Directora de Proyectos ONG FIMA
*Columna publicada en Boletín de CAN LA «Reflexiones de la COP 25: Una mirada desde CANLA»
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la respuesta al cambio climático. Sin embargo, existe una participación desigual de la mujer en los procesos de adopción de decisiones y en los mercados de trabajo que impide que las mujeres contribuyan plenamente a la planificación, formulación y aplicación de políticas relacionadas con el clima.
Desde 2012, las Partes de la CMNUCC han reconocido formalmente la importancia de una participación igualitaria entre mujeres y los hombres en los procesos de la Convención y en la elaboración y aplicación de políticas climáticas a partir de la Decisión 23/CP.18 que ordena “promover la igualdad de género y mejorar la participación de las mujeres en las negociaciones de la UNFCCC(por sus siglas en inglés) y en la representación de las partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención o del Protocolo de Kioto”. Posteriormente, en 2014, en la COP20, se adoptó el Programa de Trabajo de Lima sobre Género (LWPG por sus siglas en inglés) que concluye con una referencia a la “igualdad de género” en el preámbulo del Acuerdo de París (2015) y un claro reconocimiento del rol de las mujeres en las secciones de adaptación y creación de capacidades de dichos acuerdos.
El LWPG y su plan de acción (GAP) se constituyeron inicialmente una agenda dos años, que posteriormente fue renovada en la COP23 por otros dos años lo que fortaleció el intercambio de información, mejores prácticas, instrumentos y debates sobre la aplicación de la perspectiva de género en la implementación de las políticas climáticas. Este año, durante la COP25, tanto en LWPG como su GAP, fueron revisados adoptándose un nuevo programa denominado “Versión mejorada del Programa de Trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción sobre el género” a ejecutarse en los próximos cinco años (hasta 2024).
El nuevo programa tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género “en todas las metas y los objetivos pertinentes de las actividades realizadas en el ámbito de la Convención”. Esto teniendo en cuenta que los efectos del cambio climático en las mujeres y los hombres pueden diferir “debido a las desigualdades de género históricas y actuales y a factores pluridimensionales, y pueden ser más pronunciados en los países en desarrollo y en las comunidades locales y los pueblos indígenas”.
El programa se enmarca en el reconocimiento que hace el Acuerdo de París de las obligaciones de las Partes en materia de derechos humanos y en la necesidad de realizar “una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad”. Los países de América Latina, fueron grandes impulsores y defensores de estos conceptos.
Este nuevo programa debe ser supervisado, implementado y coordinado por la Secretaría de la Convención, y parte de la evidencia de “la persistente falta de progresos” y la urgente necesidad de mejorar la representación de la mujer en las delegaciones de las Partes y en los órganos constituidos de la Convención. Por ello, se alienta a las partes a establecer coordinadores o puntos focales especialmente dedicados a este asunto y a incluir, dentro de los informes nacionales de avance que presentan a la Convención Marco elementos relacionados con esta materia.
Las áreas prioritarias del plan de acción son: 1. Creación de capacidades, gestión de los conocimientos y comunicación; 2. Equilibrio de género, participación y liderazgo de las mujeres; 3. Coherencia; 4. Aplicación y medios de implementación que tengan en cuenta las cuestionessde género; 5. Monitoreo y reporte. Las actividades contempladas en cada área deben ser implementadas en diferentes niveles (nacional, regional e internacional), en ciertos plazos y por responsables específicos, esto es, por las Partes, la Secretaría de la Convención, los órganos constituidos u otros pertinentes.
A diferencia de los planes anteriores, el GAP avanza e incluye diversas medidas que deben ser implementadas a nivel nacional por las partes, lo que sin duda es un logro. Sin embargo, el plan no incorpora un área de financiamiento y apoyo a los países denominados en desarrollo para implementar estas acciones, lo que plantea el desafío importante a la hora de impulsarlo a nivel nacional, especialmente en el área del fortalecimiento de capacidades, dificultando así la inclusión de más mujeres, comunidades locales y representantes indígenas.
