*Publicada el 22.03.19 en El Mercurio
Sr. Director:
A cinco meses de que organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas con la democracia ambiental enviáramos una carta solicitando al Presidente Sebastián Piñera una audiencia para entender la decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú, recibimos una respuesta ambigua en la cual no se agrega ninguna información nueva ni fecha para su firma. Mucho menos una audiencia.
Es más, se continúa afirmando que Chile ya cuenta con el camino avanzado en materia de acceso, poniendo como ejemplo la existencia de los Tribunales Ambientales y la posibilidad de llevar los casos hasta la Corte Suprema. Sin embargo, y respondiendo a ese mismo ejemplo, ¿qué tipo de facilidad se entrega a la ciudadanía para acceder a esa justicia?, ¿cómo se pueden financiar los estudios que en la mayoría de los casos se requieren para evaluar el daño ambiental? Las cosas no son mucho más optimistas en materia de participación ni de acceso a la información.
También es altamente decepcionante que se apele a que se necesitaba más tiempo para estudiar las implicancias de un acuerdo que Chile promovió y negoció desde sus inicios, y que en ese tiempo no se haya avanzado en el análisis ni en una respuesta coherente a la postura que a nivel internacional se quiere dar realizando la COP25 en nuestro país.
Ezio Costa, Director Ejecutivo ONG FIMA
Ximena Salinas, Directora Ejecutiva Codeff
Violeta Rabi, Espacio Público
Andrea Sanhueza E. Especialista en Participación Ciudana
Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram
Matias Asun, Director Nacional de Greenpeace
