Esta declaración es preocupante. En primer lugar, por lo desalineado que aparece este objetivo con todos aquellos que se refieren a la sustentabilidad y el futuro de la energía en Chile. Aumentar la exploración y la explotación de petróleo y gas está muy lejos de mejorar las condiciones ambientales y de sustentabilidad del país. Estas industrias extractivas tienen fuertes impactos locales y son en general fuente de conflictos socio-ambientales en los lugares en que se emplazan. Luego, es especialmente complejo que se mencione al gas no convencional, pues este es normalmente extraído mediante el proceso de fracking o fractura hidráulica, que es ambientalmente controversial y que tiene entre sus efectos más graves la contaminación de las aguas subterráneas.

Por otra parte, mientras el mundo se debate sobre como disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero, parece un despropósito que nosotros focalicemos nuestros esfuerzos estatales en buscar más combustibles fósiles para quemar y así producir más de aquellos gases. Es cierto que Chile no es un gran emisor a nivel mundial y que las conversaciones entre los grandes emisores han sido complejas, pero parece un acto de decencia para con nosotros mismos y los humanos que vendrán, el al menos intentar no seguir siendo parte del problema.

La cuenta pública del 21 de mayo reproduce esta contradicción. Mientras en una parte se asegura que el cambio climático es un problema que ya afecta a nuestro país y se detallan algunas acciones a propósito del agua y los glaciares, por otra parte se vuelve a repetir la idea de buscar combustibles fósiles a través de ENAP.

Por último, es importante preguntarse qué tipo de consideraciones priman en esta decisión. Observando lo que el propio texto declara, pareciera que la capitalización de ENAP tiene por una parte un cariz puramente económico (el petróleo y el gas son rentables descubrimientos) y por otra parte una búsqueda de independencia energética y diversificación.

La primera consideración hay que observarla con atención. Si bien hacer rentable una empresa del Estado puede parecer aplaudible, el mismo hecho de ser una empresa Estatal hace más importante que en ningún otro caso observar los costos que ello conlleva. En este caso, costos propiamente ambientales por la contaminación que producirían dichas extracciones más la emisión de gases con efecto invernadero por la quema de esos combustibles fósiles, y costos sociales asociados a los conflictos que ello conllevará. ¿Es realmente conveniente hacer esta inversión? ¿No hay otras inversiones con menores costos y mayores beneficios sociales y ambientales?

Hay además un costo político, pues está señalando desde el gobierno que la voluntad del país es crecer en generación, por medio de combustibles fósiles, y esto nos lleva a la segunda consideración. Si lo que se busca es independencia energética y diversificación, ¿será positivo dar una señal hacia los combustibles fósiles, que es aquellos de los que Chile tiene mayor dependencia?

Haciendo una inversión que quizás sea social y ambientalmente más rentable, el Estado podría propender hacia el desarrollo de otras energías de base en las que Chile tiene un enorme potencial no explotado, como son la geotermia y la energía mareomotriz. Son además inversiones que el mundo privado no ha querido, no ha podido o no le ha convenido hacer. Sea por vía regulatoria propiamente tal o actuando directamente como Estado empresario, pareciera que un camino que lleve hacia el desarrollo de esas energías sería una mejor señal hacia la ciudadanía, el mercado e incluso la comunidad internacional.

La capitalización de ENAP es una medida del pasado que vuelve la mirada hacia los combustibles fósiles en tiempos en que nos debatimos sobre cómo deshacernos de ellos y sus nefastas consecuencias. El cambio climático es probablemente el mayor desafío de colaboración que ha enfrentado la humanidad y las políticas energéticas nacionales son un factor con importantes impactos en este sentido. Por lo demás, esta política a pesar de tratar la necesidad de validación social de los proyectos en otros apartados, en este menosprecia los impactos locales de las industrias extractivas, que tantos conflictos han causado en Chile y el mundo.

Termina la Agenda Energética, diciendo que para el año 2015 se pretende tener una política energética de largo plazo, validada por la sociedad chilena. ¿Podremos para entonces cambiar la idea de explotar combustibles fósiles por alguna política que en verdad mire al futuro? Un cambio de paradigma es esencial en esta materia.