DECLARACIÓN COALICIÓN CHAO CARBÓN SOBRE PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN EN TODO EL PAÍS AL 2025

Este martes 27 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputados se votará el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a partir del año 2025. La iniciativa que establecería por ley el cierre de carboneras contaminantes urge debido a que el cierre de termoeléctricas a carbón comprometido por las empresas y el ejecutivo en el Plan de Descarbonización anunciado en 2019, es de carácter voluntario y con un laxo plazo de 20 años, terminando de cerrar estas centrales contaminantes al 2040.

Actualmente un mundo que se encuentra en una grave crisis climática y ecológica requiere que los países sean pioneros e implementen políticas que avancen en la mitigación de las emisiones de orden global. A su vez, en nuestro país se requiere del urgente cierre debido a que dichas centrales termoeléctricas se encuentran afectando los ecosistemas y la salud de los habitantes de las 5 zonas de sacrificio en donde se encuentran concentradas las 25 carboneras:  Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero- Puchuncaví y Coronel.

Las personas que habitan las zonas de sacrificio y los ecosistemas que las comprenden, han tenido que soportar por décadas la contaminación generada por este tipo de empresas, siendo gravemente expuestas a la contaminación y envenenamiento del agua, el suelo y el aire, exponiéndolas a enfermedades respiratorias, neurológicas y cardiacas, quedando en el abandono, ante un Estado que no toma medidas que remedien y reparen los diversos efectos que generan estas empresas.

El proyecto de ley, busca prohibir la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. Esta cuestión es necesaria, ya que dada la voluntariedad de la política energética que ha instalado el gobierno permite que este tipo de centrales podrían seguir instalándose en caso de que alguien decida hacerlo.

A su vez cuenta con un artículo transitorio que indica que las termoeléctricas a carbón que tengan menos de 30 años de antigüedad tendrán que dejar de funcionar al 31 de diciembre de 2025. Lo anterior es necesario, ya que el proyecto se hace cargo de la grave situación que viven las zonas de sacrificio y de la privación que tienen estas personas y sus territorios de vivir en un ambiente libre de contaminación, de tener derecho a la salud y el derecho y acceso a la justicia e información ambiental, cuestión que ha sido denegada por este gobierno al no firmar el Acuerdo de Escazú.

Es por ello qué instamos a esta Sala, a que reitere la voluntad ya expresada con ocasión de la aprobación del Proyecto de Acuerdo N°15 de 24 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicitó al Presidente de la República, la reducción del plazo para el cierre de las termoeléctricas en el marco del Plan de Descarbonización.

Hoy al votar, al fin, un proyecto que materializa las esperanzas de nuestras comunidades golpeadas por la injusticia y la desidia de quienes no han tomado las medidas necesarias, esperamos que se repita el holgado guarismo de 104 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, llevando así un mínimo de esperanza para quienes han sido condenados a vivir en zonas de sacrificio.

Solicitan que Contraloría se pronuncie sobre legalidad de funcionamiento de Central Termoeléctrica Mejillones

En la región hoy en día existen nueve centrales a carbón, siendo esta una de las más antiguas y cuyos impactos nunca fueron correctamente evaluados afectando gravemente la salud y la vida de las personas.

30 de julio 2020 – La acción es presentada por las agrupaciones Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Mejillones, Agrupación Juvenil de Batucada Axe Tim Baue, y ONG FIMA, con el objeto de que el órgano contralor se pronuncie sobre la legalidad de funcionamiento de la unidad a carbón propiedad de Engie, toda vez que esta obtuvo su aprobación ambiental en 1995, antes de que entrara en funcionamiento el reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de 1997, que puso mayores exigencias al ingreso de este tipo de generadoras.

“La Central opera en virtud de una resolución de calificación ambiental que es anterior a la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que en su otorgamiento no hubo una evaluación de impactos propiamente tal, es decir, no se estudió la línea de base, no se predijeron todos los impactos ni se establecieron medidas de mitigación, compensación ni reparación. Un proyecto en estas circunstancias se encuentra gozando prácticamente de un derecho adquirido de funcionar, cuestión que ni la Ley 19.300 ni los sucesivos reglamentos del SEIA, ni la naturaleza jurídica de la RCA permiten. Por este motivo, creemos que es urgente que Contraloría se pronuncie respecto a la necesidad de que el proyecto se ajuste al cumplimiento de la normativa vigente. En caso de que contraloría determinara la ilegalidad, entonces, según nuestro entendimiento, lo lógico sería que al menos se abriera un procedimiento de revisión ya sea a partir del artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 o de las reglas generales del derecho administrativo”, explica Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA.

En las sucesivas reformas que ha sufrido la institucionalidad para la evaluación de proyectos, se han incorporado nuevas exigencias como la realización de un estudio detallado de línea de base, predecir sus impactos y riesgos que conlleva, así como presentar un plan de medidas que mitigue, repare o compense ese impacto, entre otros, todos aspectos que no se evaluaron en esta unidad.

Para las agrupaciones de Mejillones, localidad considerada como “zona de sacrificio” según el informe del INDH de 2012, es urgente acelerar el proceso de cierre de esta planta, ya que se encuentra obsoleta y no cumple con los estándares mínimos para asegurar la correcta convivencia con la población.

“Como habitantes de una zona de sacrificio, creemos que instancias como estas, nos dan la oportunidad de buscar justicia y visibilizar las problemáticas que compartimos con otros territorios. Cabe señalar que Mejillones es una de las ciudades con más centrales termoeléctricas de Chile y nueve de ellas son a base de carbón”, explica Manuel Carvajal, vocero Axe Tim Baue y miembro de la coordinadora Despierta Mejillones.

De esta manera, desde la localidad ponen en cuestionamiento el rol que ejerce el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual ha permitido la instalación indiscriminada de industrias contaminantes en la región, sin evaluar los efectos sinérgicos que estos tienen.

“Hoy en día, sabemos que existen numerosos estudios que demuestran el daño que las termoeléctricas provocan a la salud y el medio ambiente, también nos damos cuenta de que existe un problema bastante serio a la hora de evaluar los proyectos ambientales en Chile. Nosotros vemos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental más como un aliado de las empresas que un ente evaluador y es necesario una mejor o reestructuración de este sistema que tome en cuenta factores importantes a la hora de la evaluación, por ejemplo el cambio climático y la participación real de los habitantes de los territorios. Con este escrito que presentamos a Contraloría, tenemos la esperanza de sentar un precedente a nivel local, tenemos estudios que demuestran el daño al medio ambiente, es por ello que ahora vamos por la justicia”, puntualiza Carvajal.

Por otra parte, es importante destacar que a nivel internacional en materia de cambio climático, nuestro país es parte del Acuerdo de París, en el cual los Estados se comprometen a evitar el aumento de las temperaturas a nivel global por sobre los 2ºC y una vez alcanzado, ir reduciéndolo cada vez más. Además, recientemente el gobierno presentó su NDC 2020, en el cual se fija una meta de neutralidad de carbono al año 2050, consistente en absorber tanto dióxido de carbono (CO2) como el que genera. Siendo imperante, terminar cuanto antes con todas las centrales a carbón que operan en Chile.

 

Comenzaron los alegatos por Recursos de Protección presentados por contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví

Hoy en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se realizó la primera jornada de los alegatos por los Recursos de Protección que diversas organizaciones y personas naturales presentaron producto de los episodios críticos de contaminación que el año pasado se vivieron en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví.

En total fueron 12 acciones que fueron acumuladas en una sola causa, dando lugar una doble jornada de tribunales en la que se espera que aleguen al menos 26 abogados representantes de las diversas partes.

Durante la jornada de hoy, se escucharon 8 alegatos por parte de los demandantes, entre ellos los de la Defensoría Ambiental, Clínica de Derecho Ambiental UDP, Defensora de la Infancia y ONG FIMA, mientras que para el mañana, jueves 7 de febrero, se espera el alegato que faltó de los recurrentes y todos los de la contraparte.

Recurso presentado por ONG FIMA

Representados por ONG FIMA, 8 organizaciones hacen un detallado recuento de la serie de eventos e irregularidades que se han sucedido en la zona producto de la inacción del presidente de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental al omitir la dictación de planes y normas de emisión, además de la no realización de las fiscalizaciones adecuadas respecto de la zona de las comunas de Puchuncaví y Quintero.

Los demandantes son las ONG: FIMA, Ecosistemas, Instituto de Ecología Política (IEP), Oceana, CODEFF, Fundación Terram, Greenpeace y Chile Sustentable.

En el recurso se indican múltiples ilegalidades cometidas por el Ministerio de Medio Ambiente, entre las que destaca la excesiva dilación del plan de Prevención y Descontaminación de la zona, el cual comenzó su revisión el año 2011 a consecuencia de la intoxicación sufrida por alumnos de la Escuela La Greda y fue presentado a Contraloría recién el 2017. Además, señalan que dicho plan es insuficiente frente a contaminantes altamente perniciosos.

Otro punto que abarca el escrito, es la omisión por parte del SEA en su labor de actualizar las Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos ubicados en la zona ni el cumplimiento de normas de emisión y calidad, como tampoco la elaboración de éstas, de forma de prevenir las consecuencias que trae la falta de estas labores en la población y en el medio ambiente.

Se solicita a la Corte que ordene la realización de las acciones de actualización de RCA, la dictación de normas de calidad para diversos contaminantes y la creación de una oficina especial que se dedique a la descontaminación de la zona, debidamente financiada por el Estado para llevar a cabo las soluciones necesarias. Las organizaciones pretenden que además el cumplimiento de las acciones de descontaminación sea seguido por una mesa constituida por todas las partes, pero donde sea el Poder Judicial el que vele porque efectivamente se lleven a cabo las acciones de descontaminación.

(Audio) Entrevista a Ezio Costa sobre contaminación en Quintero – Puchuncaví.

Ezio Costa Cordella
Abogado
Director Ejecutivo de FIMA

Escucha la entrevista de hoy (30.10.18) a nuestro Director Ejecutivo, Ezio Costa en el programa «En el Aire» de radio Universidad de Chile sobre la contaminación y crisis en Quintero y Puchuncaví.

Justicia Ambiental*: ¿Me lo puede explicar como a una niña de 6 años?

De esa forma, hemos ido asumiendo cosas tan inadmisibles como las repetitivamente denominadas “zonas de sacrificio”. Solo pronunciar la frase suena absurdo, lo decimos casi casualmente, sin darnos cuenta de lo que significa, del daño irreparable, la muerte de niños y adultos, la pérdida de patrimonio natural irrecuperable, y el olvido de tradiciones que significan parte de nuestra identidad nacional.

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