Archivo de la etiqueta: Revista Justicia Ambiental

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INSTRUCTIVO SOBRE COMPARECENCIA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ONG FIMA elaboró un documento para ayudar a la ciudadanía a hacerse parte en el procedimiento administrativo de invalidación en el caso Central Centinela en el Río Achibueno.

Este paso es necesario para que aquellos que estén interesados puedan ser parte de acciones legales ante los tribunales de justicia.

Descargar:

Instructivo comparecencia procedimiento administrativo.

COMUNICADO NAMATI

“DECLARACIÓN DE VILLA INFLAMABLE POR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODAS/OS Y EL EMPODERAMIENTO JURÍDICO”

En Villa Inflamable -Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina-, a los 24 días del mes de junio de 2017, en el marco del ¨Encuentro Regional de Intercambio de Experiencias sobre Empoderamiento Jurídico¨, nos encontramos reunidos/as representantes de organizaciones de la sociedad civil de alcance nacional, regional e internacional, provenientes de 13 países, que trabajamos con las comunidades más vulnerabilizadas de nuestras sociedades para revertir las violaciones de derechos y la discriminación estructural a la que son sometidas.

Bajo el entendimiento de que la articulación de esfuerzos a nivel latinoamericano permitirá potenciar nuestras capacidades internas y de incidencia para lograr que la promesa de una justicia igualitaria para todos y todas se haga realidad, acordamos la siguiente declaración abierta:

  1. Afirmamos:
  • Que nuestros países no han logrado revertir las profundas y estructurales desigualdades existentes, ni las injusticias que afectan a comunidades especialmente vulnerabilizadas como lo son las mujeres, los pueblos originarios, los/as migrantes y refugiados/as, las víctimas de la discriminación racial, los/as habitantes de asentamientos informales, las personas LGTBIQ+, los/as desplazados/as o afectados/as por razones ambientales, las personas con discapacidad, los/as niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de libertad, entre otras.
  • Que existe un amplio consenso internacional en torno a que el acceso a la justicia resulta fundamental para revertir este estado de cosas -lo cual se reconoce en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 100 Reglas de Brasilia, entre otros instrumentos de DDHH que específicamente protegen a los grupos en condiciones de vulnerabilidad-.
  • Que, a pesar de ello, las barreras que actualmente existen para acceder a la justicia en forma adecuada y oportuna se manifiestan de numerosas formas, incluyendo obstáculos de tipo geográfico, simbólico, económico, edilicio, lingüístico, cultural y de diseños institucionales.
  • Que para revertir las asimetrías existentes en el acceso a justicia se requiere el compromiso del sector público, pero también del sector privado, de la sociedad civil, de la academia y de la comunidad internacional, entre otros.
  • Que, sin embargo, estas barreras no se derribarán sólo sobre la base de reformas institucionales diseñadas “desde arriba”, sino que se requiere del rol protagónico de las comunidades y las víctimas, para conocer, usar y transformar el derecho.
  • Que las organizaciones aquí firmantes, las que se sumen a esta declaración, así como cientos de otras organizaciones, defensores/as y activistas de la sociedad civil en nuestros países, estamos en condiciones de jugar un rol clave tanto para acompañar, acelerar y potenciar los procesos jurídicos comunitarios, como para contribuir a promover sociedades pacíficas e inclusivas, al igual que para aportar a los cambios institucionales, culturales y económicos que nuestros países deben realizar con miras a brindar un servicio de justicia adecuado, igualitario, oportuno, de calidad, accesible y eficaz.
  1. Exhortamos:

A los Estados -incluyendo a los gobiernos locales, subnacionales y nacionales-,

  • A asegurar a todos/as sus habitantes sin distinción -y priorizando a los grupos más desfavorecidos-, el derecho de acceder a la justicia para revertir las violaciones de derechos que los aquejan y resolver sus necesidades jurídicas.
  • Para ello, a garantizar el acceso universal a asistencia jurídica -asequible, de calidad, independiente y con soporte interdisciplinario- para dichas poblaciones, asegurando su provisión a todo aquel que la necesite, amplificando la cobertura de los servicios de defensa pública, y proveyendo los recursos económicos y técnicos necesarios para lograrlo.
  • A eliminar todas las barreras y asimetrías que actualmente existen, entre los sectores de poder y el resto de la población, para acceder a la justicia y al ejercicio de funciones judiciales.
  • A generar diagnósticos exhaustivos y rigurosos sobre el acceso a la justicia, los cuales deben ser realizados bajo una perspectiva de derechos humanos, incluyendo elementos de interseccionalidad, como así también la percepción de la ciudadanía sobre sus derechos y el sistema institucional. Dichos diagnósticos deben incluir indicadores claros, que permitan medir los avances en el acceso a la justicia.
  • A sistematizar y brindar información detallada, en forma completa, veraz y oportuna, en torno al estado de situación del acceso a la justicia en cada uno de los ámbitos nacionales y subnacionales.
  • A brindar educación jurídica, y a desarrollar y apoyar la generación de capacidades comunitarias que aseguren a dichos grupos las condiciones para conocer y apropiarse del derecho y de las vías que existen -y/o deberían existir- para hacerlos valer.
  • A desplegar los canales adecuados para institucionalizar una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones públicas, incluyendo las de las instancias administrativas, judiciales y parlamentarias.
  • A implementar políticas de capacitación a operadores jurídicos, funcionarios públicos y magistrados, en derechos humanos, y de sensibilización sobre los problemas legales que enfrentan los sectores vulnerabilizados de nuestras sociedades.
  • A asegurar la existencia de vías adecuadas para la resolución alternativa de conflictos y la canalización de reclamos extrajudiciales o prejudiciales, evitando la judicialización de problemas que pueden ser resueltos por otras vías.
  • A generar vías administrativas idóneas -de trámite sencillo y de respuesta ágil-, para aquellos casos en que las violaciones de derechos se explican por la acción u omisión del propio Estado.
  • A implementar las políticas necesarias para lograr que los procesos judiciales, en particular aquellos colectivos o en los que se dirimen cuestiones estructurales, cuenten con instancias adecuadas de participación, se resuelvan con perspectiva de derechos humanos, y prevean mecanismos para el cumplimiento efectivo de las sentencias que se adopten.
  • A proteger de cualquier amenaza y/o riesgo a las víctimas, así como a los/as defensores y defensoras de estos derechos; a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión y asociación; y a abstenerse de incurrir en la criminalización de líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos.
  • A implementar políticas para descentralizar las oficinas y servicios de las instituciones públicas que tienen a su cargo la protección de los derechos -incluyendo las judiciales-, y acercarlas -no sólo geográficamente- a las comunidades vulnerabilizadas.
  • A generar en los Poderes Judiciales las condiciones para su independencia de los poderes político y económico, evitando interferencias en la resolución de conflictos, en particular en casos de violaciones de derechos humanos que requieren respuestas estructurales.
  • A reconocer y respetar las formas de organización, las decisiones y el sistema de valores que las propias comunidades -especialmente los pueblos originarios o ancestrales- pretenden darse para sí mismas, con criterios de pluralismo jurídico.
  • A garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y culturalmente adecuado de las personas y comunidades, en aquellas decisiones que las afectan.
  • A elaborar un plan de implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el cual debe ser ampliamente participativo, promoviendo especialmente el involucramiento activo de quienes enfrentan barreras territoriales, lingüísticas, económicas y culturales para acceder a dichos foros. Asimismo, el plan debe contar con indicadores de progreso que permitan identificar los avances en el acceso a la justicia de los sectores en condición de vulnerabilidad.

A los organismos regionales y de la comunidad internacional,

  • A monitorear en cada uno de los países la situación en materia de acceso a la justicia, e impulsar, firme y decididamente, buenas prácticas en torno a la temática.
  • A apoyar política, técnica y financieramente la agenda de acceso a la justicia en los ámbitos locales, nacionales, regionales e internacionales.
  • A promover y monitorear avances efectivos para el adecuado cumplimiento, en los niveles nacionales y subnacionales, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y en particular su Meta 16.3. Asimismo, a reformar integralmente el sistema de indicadores vigente -el cual resulta limitado para monitorear el progreso de los Estados-, asegurando que éstos adquieran un alcance integral.

Al sector privado,

  • A garantizar en sus actividades el respeto de los principios y obligaciones en materia de derechos humanos y de derecho ambiental, y a cumplir con todas las normas internacionales, nacionales y subnacionales.
  • A respetar la participación y las decisiones de las comunidades en cuanto al uso de sus territorios; a contribuir, y abstenerse de causar daños a su calidad de vida.
  • A no incurrir en interferencias o tráfico de influencias en las instituciones públicas.
  • A cumplir con las decisiones estatales -legislativas, judiciales y administrativas- que los obliguen.
  • A producir y brindar información en cuanto a las actividades que realizan y su impacto.
  • A adaptar sus actividades económicas con miras al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  1. Nos comprometemos: 
  • A trabajar junto a las personas y comunidades para poner los derechos en sus manos, promoviendo el empoderamiento jurídico, y acompañando los procesos para su exigibilidad.
  • A conformar la Red Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, tener un rol activo en ésta, y promover la incorporación de nuevos/as integrantes que compartan los valores y prácticas expuestos.
  • A intercambiar información, experiencias, conocimientos y aprendizajes, para potenciar las acciones que se desplieguen en toda la región, en pos del acceso a la justicia de las comunidades vulnerabilizadas.
  • A realizar campañas públicas -y otras acciones de visibilización- en torno a los problemas que afectan a las comunidades con las que trabajamos; a la identificación de quienes producen dichos daños, y/o de quienes deben prevenirlos y/o repararlos; y a mostrar los avances y las potencialidades que impliquen las acciones de empoderamiento jurídico y promoción del acceso a la justicia de dichas comunidades.
  • A producir información sobre nuestras prácticas, y a aunar esfuerzos en la socialización y evaluación de las políticas de empoderamiento jurídico y acceso a la justicia que implementan nuestros países.
  • A realizar acciones de incidencia ante organismos públicos -de todos los poderes del Estado- para la implementación de políticas que reviertan los límites y barreras al derecho de acceder a la justicia en cada uno de nuestros países; así como a realizar acciones de incidencia en el plano regional y global, con miras a obtener un compromiso efectivo de la comunidad internacional en torno a la temática.

Los derechos en manos de la gente. ¡La justicia para todas y todos!

Declaración Inflamable – Red Latinoamericana de empoderamiento jurídico

ONG FIMA - Socios

HAZTE SOCIO DE FIMA

Estimad@s Amig@s:
No son muchas las organizaciones que se dedican a la defensa del interés público ambiental. Menos común, es que esas organizaciones logren mantenerse en esta labor por casi 20 años; ya que como ustedes sabrán, una de las grandes dificultades en Chile es el financiamiento.
ONG FIMA se ha mantenido en el tiempo, lo que nos ha permitido consolidarnos y ampliar nuestras líneas de acción, siempre con la mirada puesta en la justicia ambiental y el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
Uno de los desafíos que tenemos hoy, es diversificar nuestro financiamiento y conectarnos con más personas dispuestas a contribuir en las labores que ONG FIMA realiza. Por lo mismo, hemos iniciado una campaña de socios, en la que estamos invitando a nuestros amigos a aportar mensualmente en este esfuerzo.
Tenemos dos formas de hacerse socio aportante, una es mediante sistema paypal, el cual se realiza por internet y se descuenta a través de tarjeta de crédito. La otra es con un mandato bancario, que permite el descuento mensual en la cuenta. En caso de preferir este sistema, avísanos para coordinar que alguien de FIMA lleve el documento que debe ser firmado personalmente por el donante.
Puedes ver los videos que hemos creado para la campaña en nuestro canal de youtube y en nuestras redes sociales.

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Hasta el 15 de mayo se extiende recepción de artículos para Revista Justicia Ambiental

ONG FIMA invita a la comunidad académica, organizaciones y sociedad en general, interesada en temas ligados derecho ambiental, a enviar artículos para el IX número de la Revista Justicia Ambiental que se publicará durante el primer semestre del año 2017.

Hasta ahora, Justicia Ambiental ha sido publicada anualmente, pero con el propósito de mejorar nuestro nivel de indexación, editaremos 2 números por año.

Actualmente, la revista se encuentra indexada en SSRN y Latindex.

Las colaboraciones deben enviarse al correo electrónico fima@fima.cl, hasta el 15 de mayo de 2017.

Instrucciones a los Autores

afiche revista 15 de mayo

 

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Justicia Ambiental*: ¿Me lo puede explicar como a una niña de 6 años?

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Por Constanza Dougnac. Coordinadora de Comunicaciones ONG FIMA

“¿Qué es lo que más amas del derecho?”
“Que de vez en cuando – no muy seguido, pero ocasionalmente- tu eres parte de que se haga justicia. Cuando eso sucede, es realmente emocionante”. Andrew Beckett, Filadelfia.

Recientemente vi la película Filadelfia. No era la primera vez, pero en esta oportunidad se me vino a la cabeza el trabajo que realiza FIMA y los inicios de quienes comenzaron con el derecho ambiental en Chile. Claramente, el caso en que se basa esa historia está completamente alejado de la defensa ambiental, pero hay un factor en común: la justicia; y no lo digo someramente (aunque tal vez cualquier película que involucre abogados y juicios pueda ser asociada a este concepto). Me refiero a eso que va más allá de la lucha por una causa específica; a esa motivación inicial que marca un punto de no retorno, donde lo que está en juego es un derecho mucho más trascendente que las propias ideologías. Un inicio del que los actores involucrados tal vez ni se dieron cuenta, y que significa la defensa de aquellos que están impedidos de hacer valer su derechos. Porque finalmente, tanto en el caso de la película, como en muchos en los que trabaja FIMA, se trata del derecho de las personas a mantener su estilo de vida y a tener un desarrollo justo, donde el crecimiento de unos no sea a costa de otros.

Recuerdo que cuando tenía 6 años, viajé por primera vez sola con mi papá. Fuimos a Arica porque él tenía un caso allá. Ese fue mi primer acercamiento con la justicia ambiental. Era algo de aguas que involucraba a la comunidad (principalmente Aymará) que habitaba el sector de Pampa Algodonal. Y aún a esa edad, sin los matices de la adultez, me resultaba evidente que la carga estaba mal distribuida. Una empatía infantil hacia lo absurdo que resultaba pretender que personas que por tradición, durante décadas dedicadas a lo mismo, tuvieran que cambiar su estilo de vida, sin ninguna explicación ni reparación.

El juicio duró 15 años y finalmente las aguas fueron restituidas. Esos no eran los primeros pasos de él en la materia, ya antes había estado el caso del Lago Chungará (1985) que querían drenar, y contra la minera Disputada de Las Condes (1987) que desvió las aguas del río San Francisco para construir sus relaves, lo que casi termina en gran parte de Lo Barnechea sepultada bajo residuos mineros, entre otros casos que no hay espacio para nombrar. Pese al importantísimo valor ambiental de estos ejemplos, estoy segura de que se trató de un camino, que en un inicio, se forjo no tanto por tales factores ambientales, como por el humano. El lado de dar justicia en circunstancias de absoluta desigualdad (económica, de acceso, de influencias, de conocimientos, etc.).

Esa fue mi primera experiencia, pero definitivamente no la última. Y es que en Chile parece que, con la excusa del desarrollo (mientras no nos afecte a nosotros), se olvida a quienes deben sacrificarse por ello. Hay completa nitidez respecto a los beneficios, por ejemplo, de un proyecto como Rancagua Express que muchos municipios esperan con ansias debido a la conectividad que proporcionará, pero no hay claridad (o si la hay no se considera relevante) respecto a los afectados por el mismo: las familias que verán disminuida su calidad de vida debido al aumento de la velocidad y frecuencia con que los trenes pasarán a solo 8 metros de sus casas. Preferimos callar y asumir que es el “costo”, antes que mitigar los impactos y hacer de ese desarrollo algo real para todos.

De esa forma, hemos ido asumiendo cosas tan inadmisibles como las repetitivamente denominadas “zonas de sacrificio”. Solo pronunciar la frase suena absurdo, lo decimos casi casualmente, sin darnos cuenta de lo que significa, del daño irreparable, la muerte de niños y adultos, la pérdida de patrimonio natural irrecuperable, y el olvido de tradiciones que significan parte de nuestra identidad nacional. Pero peor aún, hemos naturalizado que, cuando esas personas a las que casi aleatoriamente les tocó ser “sacrificadas”, legítimamente claman que, por lo menos, los proyectos sean evaluados en todos sus efectos para la vida humana, lo cual significa necesariamente la preservación del entorno, se les trate como si oponerse, fuera algo que planearon durante años para frenar la economía.

Así, no es extraño que, cuando los proyectos son aprobados sin participación ciudadana, consulta indígena o estudios adecuados, y los afectados acuden a los Tribunales de Justicia, lejos de ser defendidos por un Estado garante de sus derechos, en la práctica se vean enfrentados no sólo al titular del proyecto, si no al Estado mismo, el que mediante abogados altamente preparados para ello (aunque la decisión sea abiertamente arbitraria), debe defender su decisión de aprobar la propuesta. En la misma mesa se sientan representantes del Servicio de Evaluación Ambiental y de las empresas, muchas veces acusando a los reclamantes (y a sus abogados) de mala fe. De buscar por medios torcidos que los proyectos no se desarrollen, sin reconocer que las personas tienen legítimo derecho a acudir a los tribunales frente a aquello que, consideran, vulnera sus derechos.

Al igual que en la película Filadelfia, miramos a los que luchan como personas desadaptadas y conflictivas. Olvidamos que esa pelea cambiará de lugar y tal vez de objeto, pero en algún momento nos tocará y entonces clamaremos por la obvia injusticia de la que somos víctimas, por el daño irreparable del patrimonio (si no a la vida) de nuestros hijos y probablemente nos acusarán de oponernos al bien del país.

Finalmente de eso se trata la defensa del medio ambiente, no es un asunto de hippies abrazando árboles. Es un asunto de Derechos Humanos, de vida, de JUSTICIA, más allá del apellido que después le pongamos.

* Definición de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés).

“La justicia ambiental es el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales.

El tratamiento justo significa que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel federal, estatal, local y tribal”.

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Admiten Recurso de Protección contra celulosa del Grupo Matte y el SEREMI de Salud de la Araucanía

Vecinos de la comuna de Renaico denuncian que el complejo industrial Pacífico, de CMPC, ha contaminado desde 1992 las aguas superficiales y subterráneas con metales tóxicos.

La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió admitir a trámite la acción interpuesta por vecinos de las localidades de Huelehueico y Manzanares en la Región de la Araucanía, debido a la contaminación con manganeso, hierro y otros metales pesados que afecta a las aguas superficiales y subterráneas de la zona. Junto con admitir el recurso a trámite y dada la gravedad de la situación, la Corte ordenó que de manera inmediata se comenzara a repartir agua potable a los habitantes de la zona, junto con practicárseles los exámenes médicos que corresponda para cautelar su salud.

Los afectados denuncian que la situación es grave y se viene generando desde hace más de 20 años, cuando la empresa de celulosa CMPC Pacífico, perteneciente al grupo Matte, se instaló en la comuna de Renaico. Los problemas se han manifestado en altas tasas de cáncer, enfermedades cutáneas, malformaciones, abortos espontáneos entre otras afecciones. Además, acusan que pese a las denuncias, no han tenido una respuesta adecuada por parte de la autoridad sanitaria, habiendo sido imposible, hasta ahora, tener una medición que les dijera cuales eran efectivamente los niveles de la contaminación.

Los vecinos son representados por abogados de la ONG FIMA y de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Central, desde donde se gestionaron los estudios toxicológicos pertinentes, encargados al Dr. Andrei Tchernitchin. Para esto, se tomaron muestras en diversos sectores de la localidad, siendo especialmente graves los hallazgos de la escuela “Liceo Rural y Agrícola Manzanares”, donde se encontraron niveles de un 1156% por sobre la norma relativa al Manganeso y un 439% por sobre la norma para el hierro, en las mismas tomas de agua que utilizan los niños.

“Lo que buscamos es cautelar la vida de las personas, exigiendo que se les proporcione agua potable y se fiscalice que las empresas de la zona dejen de contaminar. Por este motivo es que la demanda va en contra de quienes estarían causando el daño, pero también hacia quienes deben velar por el derecho de las personas a vivir en un ambiente saludable, es decir, la Seremi de Salud”, señaló Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA y profesor de la Universidad Central.

Efectos del hierro y el manganeso
La exposición a altas concentraciones de manganeso y hierro puede producir múltiples efectos en la salud de las personas, siendo especialmente graves aquellos que se producen debido a la exposición progresiva y diferida, es decir que el daño se puede manifestar tiempo después de haber estado bajo la influencia de los tóxicos.

En este sentido, es común encontrar altos niveles de cáncer, malformaciones fetales y daños neurológicos en recién nacidos.

reu embajada holanda

ONG’s involucradas en la negociación del Principio 10 se reúnen con embajadora de Holanda

Representantes de algunas de las Organizaciones No Gubernamentales que han venido trabajando en el proceso que busca la firma de un tratado para América Latina y El Caribe sobre Democracia Ambiental, se reunieron con la embajadora de Holanda en Chile, Sra. Marion S. Kappeyne van de Coppello.

A la reunión asistieron Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA, Antonio Madrid, Asistente de Proyectos de FIMA, Andrea Sanhueza de The Access Initiative , Alessandro Lodi de la Fundación Casa de la Paz y Ponciano Catrin, experto en temas indígenas, con la tarea de informarse respecto a la negociación que los países de ese continente tuvieron para la firma del Convenio de Aarhus, acuerdo Europeo que busca asegurar los derechos de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Ambiental incluídos en el Principio 10 de la Declaración de Río.

Esta transmisión de conocimiento, es especialmente importante en vísperas de la tercera reunión de negociación del instrumento regional, que se llevará a cabo en abril de 2016 en Uruguay; sobre todo cuando se espera que el acuerdo tenga un borrador final y sea firmado hacia el final de este año.

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17/04 cierre convocatoria Revista Justicia Ambiental VIII

Invitamos a toda la comunidad académica nacional e internacional, profesores y organizaciones interesadas en materias ligadas al derecho ambiental, aguas, minería, eléctrico, a escribir, a enviar sus artículos para el 8vo. número de la revista Justicia Ambiental, publicada por Fiscalía del Medio Ambiente en conjunto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
Actualmente la Revista Justicia Ambiental se encuentra indexada en SSRN y en Latindex.

Plazo para recepción de artículos: 17 de abril de 2016

afiche convocatoria revista

santa marta

Santa Marta: La justicia Ambiental en la basura.

Victoria Belemmi
Victoria Belemmi Procuradora de Litigios

Hace algunas semanas la mayoría de los santiaguinos abrimos los ojos antes de que sonara el despertador sin saber de dónde provenía ese olor. La respuesta fue inmediata. Las noticias informaban de un gran incendio en el relleno sanitario Santa Marta.

No está claro si sabíamos de la importancia de este relleno en nuestras vidas, o si nos fuimos enterando gracias al desfile de autoridades y científicos destacados que opinaban sobre él. Sin embargo, en cualquier caso, el incendio abrió la discusión sobre importantes temas que como sociedad no hemos resuelto.

No pretendo hablar del incendio mismo o de si Santa Marta cumplió o no con su RCA y la legislación ambiental aplicable, tampoco intento descubrir el fuego. Sólo pretendo hacer relucir discusiones que no necesariamente estaban presentes en la palestra pública, pese a parecer obvias, y de las cuales necesitamos hablar: me refiero a la justicia ambiental, al problema de la instalación de rellenos sanitarios y a la necesidad de implementar con urgencia políticas de reciclaje.

Está claro que, como país, requerimos de la existencia de rellenos sanitarios si no queremos convertir nuestros hogares en basurales y focos de infección. No obstante, nadie está dispuesto a aceptar de buenas a primeras la instalación de uno de ellos cerca de su casa. Por lo mismo, se ha vuelto un clásico en la materia la noción de “no en mi patio trasero”[1], convirtiendo a la basura en uno de esos temas que nadie quiere afrontar, porque mientras no se vea ni se huela, no existe.

He ahí uno de los problemas principales de la basura: pese a que todos nos beneficiamos con la existencia de rellenos sanitarios, sólo algunas comunidades deben lidiar con ellos, siendo invisibles para el resto, que a lo sumo nota su existencia una vez por semana al momento de arrugar la nariz por el tránsito del camión recolector. Esto es una clara manifestación del problema de justicia ambiental que existe en nuestro país, el que no solo se presenta frente a la distribución de la basura, sino que se encuentra en todo proyecto que genera impactos o daños ambientales (hidroeléctricas, termoeléctricas, forestales, mineras, empresas avícolas, mataderos, curtiembres, etc).

La justicia ambiental hace referencia al equilibrio entre las cargas y los beneficios que las comunidades deben soportar[2]. En teoría, todas las comunidades al interior de nuestro país debiesen mantener el mismo nivel de cargas ambientales, recibiendo incluso las compensaciones correspondientes en caso de no lograr minimizar los impactos ambientales. Por este motivo, se incorporó en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medioambiente, la obligación de presentar junto con las medidas de mitigación, las medidas de compensación necesarias para la aprobación de un proyecto[3].

Sin embargo, pese a que es posible vislumbrar el reconocimiento del principio en la Ley 19.300 y a que este no es más que la manifestación del derecho a la igualdad y a la igual repartición de las cargas públicas (artículo 19 N°2 y N°20 de la Constitución Política de la República), la realidad es que en Chile las cargas y beneficios ambientales se encuentran desequilibrados y cuando surgen problemas como el incendio de Santa Marta, afloran evidentes interrogantes ¿Por qué instalar un relleno sanitario en San Bernardo y Talagante, en dónde la comunidad ya había cargado durante 30 años con el vertedero Lepanto? ¿Se ha compensado adecuadamente a las comunidades que albergan rellenos sanitarios y que reciben la basura de otros sectores del país, debiendo soportar los impactos ambientales y la devaluación de los suelos que su instalación implica?

Junto con lo anterior, surgen preguntas sobre la instalación de rellenos sanitarios y la falta de políticas territoriales al respecto. Tanto San Bernardo como Talagante son comunas con vocaciones agrícolas, especialmente San Bernardo en que la cultura vitivinícola se mantiene con fuerza. ¿Por qué entonces instalar vertederos en ese sector, existiendo la posibilidad de malos olores y de infiltración de napas subterráneas, y con ello de afectación de la actividad económica del sector? ¿Es razonable hipotecar los pocos sectores verdes que la Región Metropolitana tiene con la instalación de un relleno sanitario?

Ciertamente son preguntas que no tienen respuestas únicas y que están mediadas por diferentes factores. Desde el punto de vista de la comunidad de San Bernardo y Talagante, tal como se ha reconocido por las autoridades y quedó en evidencia el día 19 de enero pasado, la instalación de rellenos sanitarios afecta la calidad de vida y la actividad económica del sector, porque no sólo implica malos olores y riesgos de daño ambiental, sino que también conlleva el tránsito constante de camiones y una desvalorización de los suelos del sector. Desde la otra vereda, bajo el punto de vista de los Municipios, que son los encargados de hacer frente al aseo y ornato de la comuna y quienes deben administrar los recursos municipales; es necesario que los rellenos sanitarios se instalen en sectores medianamente cercanos, pues de otra manera los costos de traslados de la basura harían impracticable su labor.

Cómo elegir y determinar la instalación es materia de urbanistas y geógrafos. Sin embargo, más allá de lo técnico y de los modelos de instalación que se puedan generar, sí podemos reclamar como ciudadanos la existencia de políticas territoriales adecuadas. Poco sabemos de las vocaciones económicas y sociales de cada sector, por lo que difícilmente somos capaces de respetarlas y evitar que se instale un vertedero en una zona agrícola. Pero, en la medida en que estos temas sean parte de nuestro diario vivir, podemos generar conciencia de la importancia de ellos para alcanzar una mejor comunidad.

Finalmente, el conocimiento de que el relleno sanitario Santa Marta tiene autorización para recibir 60 mil toneladas de basura mensuales[4], que Chile produce casi 17 millones de toneladas de basura al año[5] y que sólo el 17% de los chilenos recicla[6], nos ha hecho pensar en qué está Chile con sus políticas de reciclaje. Hemos descuidado una materia importante que debiese formar parte de las primeras líneas medioambientales, de la mano de la noción de desarrollo sustentable. Poco sirve proclamar la conservación del medioambiente y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, si esa consigna no va de la mano con políticas de reciclaje adecuadas que permitan reducir la cantidad de basura que producimos y con ello nuestra huella como pasajeros del mundo.

Esto no se trata de la pelea de los hippies abraza-arboles contra la gente seria, como muchas veces parece plantearse el tema. Se trata de entender que si queremos evolucionar como humanidad y evitar que el vivir entre la basura se haga realidad, necesitamos minimizar los daños ambientales que provocamos para que los que vengan puedan seguir respirando. Cualesquiera sean las opciones que tomemos, la reducción de las toneladas de basura que generamos como país será un aporte para la conservación de nuestro medioambiente, la protección de la salud y el devenir de las futuras generaciones.

[1] Not in My Backyard, o NIMBY.

[2] HERVE ESPEJO, Dominique. 2010. Noción y elementos de la justicia ambiental: directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Revista de Derecho. Vol, XXIII-N°1-Julio 2010. p,17.

[3] Artículo 16 de la Ley 19.300.

[4] COREMA RM. Resolución Exenta N°433 del 2001.

[5] CONAMA. Primer reporte sobre manejos de residuos sólidos en Chile. 2010. (Basado en el Proyecto “Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional sobre Residuos Sólidos de Chile) p, 4.

[6] En línea: http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/reciclaje%20en%20chile.pdf [Consulta: 02.2016]

 

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Convocatoria de articulos para Revista Justicia Ambiental VIII

Invitamos a toda la comunidad académica nacional e internacional, profesores y organizaciones interesadas en materias ligadas al derecho ambiental, aguas, minería, eléctrico, a escribir, a enviar sus artículos para el 8vo. número de la revista Justicia Ambiental, publicada por Fiscalía del Medio Ambiente en conjunto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

Actualmente la Revista Justicia Ambiental se encuentra indexada en SSRN y en Latindex.

Plazo para recepción de artículos: 17 de abril de 2016

afiche convocatoria revista

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Justicia Ambiental, es una revista de la ONG FIMA, que tiene por objeto contribuir al desarrollo del Derecho Ambiental, promoviendo la discusión crítica y plural sobre temas jurídicos relevantes en esta materia. La Revista se compone de dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia, en las cuales se aceptan trabajos inéditos de cualquier autor nacional o extranjero.

El Consejo Editorial de la Revista someterá a evaluación los trabajos recibidos, cuyo resultado será comunicado al autor a más tardar 90 días después de su recepción. La Revista se reserva el derecho de aceptar o rechazar la publicación de los trabajos recibidos, así como de sugerir al autor cambios de forma que no impliquen alterar el fondo del trabajo.

Estudios:

Las colaboraciones deberán presentarse escritas en idioma español, en páginas tamaño carta, letra Times New Roman 12, a espacio y medio. Aquéllos correspondientes a estudios no podrán tener una extensión superior a 30 páginas.

Tratándose de estudios, el autor titulará su trabajo de la forma más breve posible en español e inglés, y anotará al inicio su nombre y apellidos, grado académico, dirección postal, correo electrónico y la institución a la que pertenece. Además, se deberá incluir un resumen del contenido del trabajo al inicio del texto en español y en inglés y en no más de dos párrafos. Por último deberá contener 5 palabras claves en español e inglés.

Jurisprudencia:

La jurisprudencia comentada deberá tener una extensión no superior a 15 páginas, incluyendo el contenido del fallo, el que también deberá ser transcrito por el autor del comentario.

Las citas bibliográficas y notas al texto deberán hacerse a pie de cada página, de acuerdo a la norma de citas publicada en la página www.fima.cl.

Ver norma de Citas ISO

Las colaboraciones deben enviarse al correo electrónico fima@fima.cl hasta el 15 de abril de 2016.

* * *

Toda solicitud de colaboración, canje, suscripción debe dirigirse a:

Fiscalía del Medio Ambiente – FIMA

Mosqueto 491. Of 312, Santiago / (56-2)3205 9012 / www.fima.cl

abierta

Lanzamiento Revista Justicia Ambiental VII

La publicación fue presentada por la Ministra del Segundo Tribunal Ambiental, Ximena Insunza y contó con más de 80 asistentes.

Por séptimo año consecutivo, la ONG FIMA, dedicada a la defensa del medio ambiente desde el ámbito legal, lanzó su revista Justicia Ambiental, donde se reúnen artículos de destacados profesionales del derecho y análisis de jurisprudencia de causas recientes.

La revista es elaborada con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y en esta oportunidad contó con la presentación de Ximena Insunza, quien desde el año 2015 integra el Segundo Tribunal Ambiental como Ministra Suplente; además del Presidente de FIMA, Fernando Dougnac; la Directora de la Fundación Heinrich Böll, Ingrid Wher; y el Director Ejecutivo de FIMA, Ezio Costa.

“Constituye un privilegio, presentar esta revista en mi calidad de Ministra suplente del Tribunal Ambiental de Santiago. Ustedes no se imaginan cuánto se aprecia que existan abogados que estén dispuestos a destinar parte de su tiempo a investigar, sistematizar y elaborar producciones de calidad y relevancia como son las que hoy me tocan comentar”, señaló Ximena Insunza.

Por su parte, Fernando Dougnac, aprovechó la oportunidad para rendir un homenaje a Douglas Tompkins, recordando la difícil tarea que tuvo en la preservación de nuestra patagonia y el gran legado que nos dejó.

Los artículos de la revista en ese número son:

  1. Hacia una Nueva Definición del Concepto de ‘Interesado’. Paula Gajardo Matthews.
  2. El acto administrativo ambiental como objeto mediato de la acción general de reclamación de la Ley N° 20.600.
 Christian Paredes Letelier.
  3. Responsabilidad Ambiental de las Entidades Financieras: Análisis de su Aplicación en Chile de Acuerdoa la Jurisprudencia de la Corte Suprema. Macarena Muñoz Valenzuela.
  4. Participación Pública en la Evaluación de Impacto Ambiental y Conflicto Ambiental: Un Análisis desde el Derecho Internacional.
 Romina Chávez Fica.
  5. Institucionalidad y Desafíos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en Chile: Historia, comparación y propuestas. Natalia Acevedo Castillo.
  6. Ausencia de la Regulación de Usos Prioritarios de las Aguas en Chile: Propuesta de Modificación Legal al Código de Aguas desde una
Perspectiva Comparada. 
María Ignacia Sandoval Muñoz.
  7. Orientaciones y contradicciones en la Ley de Bosque Nativo. Felipe Moreno del Valle.

Comentarios de Jurisprudencia

  1. ¿Se puede intervenir en las áreas silvestres protegidas del Estado? Una aproximación al contexto chileno a partir del dictamen N° 38.429 de
la Contraloría General de la República.
Felipe Guerra Schleef.
  2. Mejora Regulatoria, Legitimación y Principio de No Regresión: El Fallo de la Corte Suprema en el Caso MP 10.
Ezio Costa Cordella.

La revista es gratuita y está disponible para ser descargada en pdf 

Fotos

Convocatoria Revista Justicia Ambiental VIII

 

afiche portada

21/01: Lanzamiento VII número Revista Justicia Ambiental

Estamos muy orgullosos de anunciar el lanzamiento del VII número de la Revista Justicia Ambiental.
En esta oportunidad, presentará el libro la Ministra del Segundo Tribunal Ambiental Sra. Ximena Insunza Corvalán.

El evento se realizará el 21 de enero a partir de las 18:30 hrs. en la Fundación Heinrich Böll.
Interesados en participar deben inscribirse al correo fima@fima.cl (cupos limitados).

CUPOS AGOTADOS 

El viernes 22 estará disponible en esta web la versión digital de la revista. 

Afiche Revista FIMA VII

 

Estatua justicia valparaíso

Un contaminado trepa por Chile, parte II: En busca de la Justicia

EzioAgobiado por la espera y la complejidad que significa para las instituciones estatales hacerse cargo de un problema de contaminación como los que exploramos en la primera parte de esta serie, el ciudadano afectado por un daño ambiental puede decidir buscar otra vía institucional y recurrir a quienes cumplen por excelencia el rol de terceros imparciales para solucionar estos casos; los tribunales de justicia.

No podríamos de ninguna manera creer que esa decisión es simple, el sólo hecho de tener que buscar un abogado ya la complejiza lo suficiente. ¿Qué abogado querría tomar una de estas complicadas y costosas causas? Muy pocos. Habrá algunos que en su propia búsqueda de justicia o por ser parte de una ONG dedicada al asunto la acepten de manera gratuita o a un costo muy bajo-mercado; habrá otros que aceptarán arriesgarse a cambio de una posible y eventual futura indemnización; y por último, hay clínicas jurídicas de Universidades que intentan batirse en estas lides con todo lo que ser una instancia educacional implica. Peor aún, la especialización de la judicatura ambiental los ha ido convirtiendo en un recurso cada vez más escaso, pues litigar ante un tribunal especializado como el Tribunal Ambiental requiere de un conocimiento y experiencia específica.

Si la persona, tiene un interés especial por la temática, tal vez conozca a quienes podría recurrir y logre hacerse de los servicios de un abogado suficientemente calificado para la tarea. El abogado, para poder ayudarlo, le pedirá que al menos le surta de pruebas sobre el asunto que pretende llevar a juicio. Y acá puede terminar todo. Supongamos que la persona sabe que en su comunidad hay un alza inusitada de casos de cáncer, sabe que el agua tiene un sabor extraño y supone que una posible causa de ambas cosas, es la operación de una planta de químicos en las cercanías del sector. Pero determinarlo con un grado de certeza relativamente aceptable es una tarea inconmensurable, incluso contando con la ayuda del abogado o del equipo de una ONG. Determinar científicamente que lo que el vecino cree, es real y hacer los nexos causales entre las enfermedades, el agua y la planta de químicos necesitará de muchísimas horas de trabajo de personas expertas, con el costo económico que esto implica. Peor aún, aunque existan profesionales, dispuestos a hacer su parte del trabajo de manera gratuita, en general la prueba requerirá de implementos técnicos, laboratorios y otros bienes de capital que no están al alcance de cualquiera y cuyo costo de uso suele ser bastante elevado.

Intentando solucionar esto, la ley que crea los Tribunales Ambientales ha dado la posibilidad de que se hagan peritajes a costo del Estado, los cuales han sido escasamente ocupados. El problema es que la solicitud del peritaje normalmente ocurre dentro de un juicio ya comenzado, y por lo tanto será prueba complementaria a la que inicialmente logre dar las bases mínimas para demandar, la cual de por sí es muchas veces inaccesible. Pero supongamos que hay medios y fruto del esfuerzo de todos los involucrados se logra de una manera u otra dar con evidencias que permiten, al menos, darle fundamento a la presentación de la demanda. A veces por algún mecenas preocupado, otras por algún hallazgo milagroso, en ocasiones por el mero trabajo de quemarse las pestañas que rodea a todos estos casos, se produce el momento Eureka y la intervención de los tribunales puede ser invocada. Hay buenas pruebas de que se han contaminado las napas subterráneas y que ello ha incidido en la expectativa de vida de los vecinos, de manera que se puede presentar la demanda, con la salvedad de que sólo podrá pedirse que se repare el medio ambiente dañado, pues la ley prohíbe que junto con ello se soliciten las indemnizaciones correspondiente. Se quiso evitar así que haya un incentivo a demandar. La ley prefiere incentivar el status quo.

Para defenderse, la empresa de químicos del ejemplo no sólo dispone de todos los permisos que debe disponer, sino que también tiene toda la información sobre sus procesos productivos y sus insumos. Tiene además –porque estudió en algún momento a su costo- la mejor información sobre las napas subterráneas del sector, sus dinámicas y particularidades. Esa información no la tiene ni siquiera el Estado, de manera que puede ser usada a su voluntad. A la empresa claramente no le gusta que sus vecinos la acusen de algo que –asegura- no tiene ningún asidero en la realidad. Preocupada, contrata a uno de los más caros estudios de abogados dedicados a la litigación en temas ambientales, a una consultora experta en temas de contaminación y a una oficina de comunicación estratégica, que impida que su marca se vea afectada y además le haga ver a la gente los beneficios que la planta ha traído al sector.

El juicio comienza y al peritaje ordenado por el Tribunal Ambiental -a costa estatal y que le da tibiamente la razón a la comunidad- se le oponen 3 peritajes de reputadas universidades nacionales que afirman lo contrario. A cada poblador que testifica sobre su dolor, se le oponen dos testigos expertos que relatan el proceso físico y químico de las enfermedades y de los contaminantes, y le cuenta al tribunal como es poco probable que un determinado componente, en determinadas condiciones produzca como consecuencia las que los pobladores han descrito.

Entonces el Tribunal – compuesto por dos abogados y un economista- tendrá que decidir en base a lo que sabe, es decir, a la prueba que se le presentó. Escueta por un lado, robusta y contundente por el otro. Opuesta, como las pretensiones de las partes. El resultado es más o menos previsible y la posibilidad de subir con el juicio a la Corte Suprema –sólo en casos de infracción a la ley- no mejora sustancialmente las probabilidades de éxito. Esto explica en parte, como es posible que en más de 2 años de funcionamiento de los Tribunales Ambientales, se hayan resuelto apenas 4 casos de daño ambiental, 3 de ellos en contra de quienes alegaban el daño y sólo uno a favor del demandante, que en esa ocasión era el Estado demandado a una pequeña empresa arenera que ni siquiera presentó defensa en el juicio.

A estas alturas del partido, probablemente ya habrán transcurrido varios años desde que el corajudo vecino tomó las banderas y se alzó contra lo que considera una injusticia. Horas y horas de trabajo de mucha gente invertidos en transitar un camino en que lo que más habrán encontrado son nuevas injusticias que van perpetuando la suya propia. Una ruta trazada para hacer lo más difícil posible, que cualquier hijo de vecino se interponga en los caminos del poder.

Columna publicada en El Mostrador el 18/10/15 http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/10/18/un-contaminado-trepa-por-chile-parte-ii-en-busca-de-la-justicia/

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Cerrada convocatoria para Revista Justicia Ambiental VII

Ante el gran número de consultas y solicitudes, informamos que el plazo de envío de artículos para la Revista Justicia Ambiental VI se extiende hasta el 15 de junio a las 23:59.

Invitamos a toda la comunidad académica nacional e internacional, profesores y organizaciones interesadas en materias ligadas al derecho ambiental, aguas, minería, eléctrico, a escribir, a enviar sus artículos para el 7mo. número de la revista Justicia Ambiental, publicada por Fiscalía del Medio Ambiente en conjunto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

Actualmente la Revista Justicia Ambiental se encuentra indexada en SSRN  y en Latindex.

Afiche convocatoria 2015Plazo de recepción: 30 de mayo de 2015 15 15 de junio de 2015

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Justicia Ambiental, es una revista de la ONG FIMA, que tiene por objeto contribuir al desarrollo del Derecho Ambiental, promoviendo la discusión crítica y plural sobre temas jurídicos relevantes en esta materia. La Revista se compone de dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia, en las cuales se aceptan trabajos inéditos de cualquier autor nacional o extranjero.

El Consejo Editorial de la Revista someterá a evaluación los trabajos recibidos, cuyo resultado será comunicado al autor a más tardar 90 días después de su recepción. La Revista se reserva el derecho de aceptar o rechazar la publicación de los trabajos recibidos, así como de sugerir al autor cambios de forma que no impliquen alterar el fondo del trabajo.

Estudios:

Las colaboraciones deberán presentarse escritas en idioma español, en páginas tamaño carta, letra Times New Roman 12, a espacio y medio. Aquéllos correspondientes a estudios no podrán tener una extensión superior a 30 páginas.

Tratándose de estudios, el autor titulará su trabajo de la forma más breve posible en español e inglés, y anotará al inicio su nombre y apellidos, grado académico, dirección postal, correo electrónico y la institución a la que pertenece. Además, se deberá incluir un resumen del contenido del trabajo al inicio del texto en español y en inglés y en no más de dos párrafos. Por último deberá contener 5 palabras claves en español e inglés.

Jurisprudencia:

La jurisprudencia comentada deberá tener una extensión no superior a 15 páginas, incluyendo el contenido del fallo, el que también deberá ser transcrito por el autor del comentario.

Las citas bibliográficas y notas al texto deberán hacerse a pie de cada página, de acuerdo a la norma de citas publicada en la página www.fima.cl.

Ver norma de Citas ISO

Las colaboraciones deben enviarse al correo electrónico fima@fima.cl, antes del 30 de mayo de 2015. Hasta el 15 de junio de 2015.

* * *

Toda solicitud de colaboración, canje, suscripción debe dirigirse a:

Fiscalía del Medio Ambiente – FIMA

Portugal 120, oficina 1-A, Santiago / (56-2) 22221670 / www.fima.cl

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Revista Justicia Ambiental ingresa a Latindex!

Excelentes noticias para FIMA y la comunidad académica: la Revista Justicia Ambiental desde hoy está disponible para ser buscada como  “Revista de Publicación Científica”  en Latindex.

Con esto, nuestra revista  consolida su valor como una publicación académica y puede ser citada en cualquier trabajo de investigación.

Ver en web

Junto con esta gran noticia, reiteramos la convocatoria para enviar artículos para el VII número de nuestra revista, el cual estará abierto hasta el 30 de mayo de 2015.

Ver convocatoria

¿Qué es Latindex?

Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997.

Actualmente Latindex ofrece tres bases de datos:

1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas, ya sea que se publiquen en soporte impreso o electrónico;

2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas –impresas o electrónicas- que cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex y

3)  Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos completos en los sitios en que se encuentran disponibles. En la sección “Productos” se hace una mayor descripción de estos recursos y la forma de consultarlos.

Revistas2

Excelente lanzamiento de la Revista Justicia Ambiental VI

Presentación 2
Ezio Costa, Fernando Dougnac, Rafael Asenjo y Ingrid Wehr presentando la Revista Justicia Ambiental VI

El Presidente del Segundo Tribunal Ambiental, Rafael Asenjo Zegers, fue el encargado de presentar esta publicación, cuyo primer tomo fue elaborado el año 2009. En la oportunidad, el Ministro compartió la mesa con Ingrid Wehr, Directora Regional de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur; Fernando Dougnac, Presidente de FIMA y Ezio Costa; Director Ejecutivo de FIMA.

La presentación que se realizó a sala llena, sirvió para hacer un breve repaso de lo que han sido estos 6 años de la Revista y el aporte que significa para el derecho Ambiental en Chile.

“Para destacar este esfuerzo, nunca serán suficientes las meras palabras, los que lleven adelante esta difícil tarea, tienen que saber que cuentan y contarán siempre con nuestro apoyo en su esfuerzo de mantener abierto este canal de conversación sobre un tema que cada día genera más interés nacional e internacional y que solo tiene una vía: hacia delante; porque en esto no hay marcha atrás ni regresión posible”, señaló Rafael Asenjo.

Por otra parte, en relación a los artículos, el Presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, dijo:

“Los artículos que pude leer, me parecieron diversos, de distinta intensidad o profundidad, pero todos de gran interés y una cierta dosis de sana provocación, que siempre es bienvenida cuando se trata de movilizar a una comunidad aún no suficientemente motivada por los desafíos y alcances que implican el acceso a la información ambiental, el derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia ambiental; que son el marco conceptual general que explican la génesis, el desarrollo y el éxito de esta revista”.

Luego de la presentación, los asistentes compartieron un cóctel y pudieron revisar los artículos de la revista, que este año incluyó el discurso del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo para el Primer Foro Interamericano de Justicia Ambiental organizado por el Segundo Tribunal Ambiental.

Los otros artículos de la revista son:

  • EDITORIAL
Rodrigo Polanco Lazo
  • ESTUDIOS
  1. El Acceso a la Justicia Ambiental.- Sergio Muñoz Gajardo
  2. El Cierre del Mercado de Carbono para los países en desarrollo: Análisis de esta medida y nuevos desafíos y oportunidades para Chile.- Felipe Ramírez Parada.
  3. La Participación del público en la elaboración del derecho ambiental internacional: El Convenio de Aarhus.- Eduardo Salazar Ortuño y Magda Tóth Nagy
  4. El Deber – Obligación del estado de proteger el derecho a la vida de las personas. -Fernando Dougnac Rodríguez.
  5. Contaminantes climáticos de vida corta: Una oportunidad para combatir el cambio climático y mejorar la salud pública.- Florencia Ortúzar Greene.
  6. Compensación por instalación de proyectos locales no deseados: Consideraciones para su discusión.- Andrés Sáez Astaburuaga.
  7. Principio de precaución y regulación ambiental en Chile: Operando sin instrucciones, pero operando. – Ezio Costa Cordella.
  8. Propuestas regulatorias para la mitigación del impacto de la minería en los glaciares.- Fernanda Skewes Urtubia.
  9. Hacia una nueva hemenéutica ambiental. – Mario Peña Chacón.
  • COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
  1. Caza de ballenas en la Antártida (Australia, Japón) y la evolución de la convención internacional para la regulación de la caza de ballenas: De la explotación sostenible a la conservación. -Junko María Nozawa.
  2. El estándar de la consulta indígena en Chile. Comentario a la sentencia de la Corte Suprema sobre la central hidroeléctrica Neltume. -Jorge Ossandón Rosales.
Para quienes no pudieron asistir al lanzamiento, FIMA dispone de algunos ejemplares que pueden ser retirados en nuestra oficina previa coordinación al correo rivera@fima.cl. Así mismo, este y todos los tomos de Justicia Ambiental pueden ser descargados en el siguiente link Descargar Revista Justicia Ambiental VI
Chile-landscape-part-2

19/03: Lanzamiento Revista Justicia Ambiental

El próximo 19 de marzo realizaremos el lanzamiento del VI número de la Revista Justicia Ambiental.

En esta ocasión, contaremos con el comentario del Presidente del Segundo Tribunal Ambiental, Ministro Rafael Asenjo Zegers. Además, como todos los años, los asistentes podrán llevarse un libro.

El evento se realizará en la Fundación Heinrich Böll (Av. Francisco Bilbao 882, Providencia) a las 18:30 hrs. Los interesados en asistir, deben escribir al correo rivera@fima.cl (INSCRIPCIONES CERRADAS).

Artículos de la Revista

Portada 6to número Revista Justicia Ambiental

¡Se viene 6to número de la Revista Justicia Ambiental!

Ya estamos en la recta final para el lanzamiento del 6to número de nuestra revista, que ya se ha convertido en un referente para todos los y las interesados/as en la Justicia Ambiental.

Como siempre, este año contamos con excelentes artículos de los más importantes expositores del derecho en materia ambiental. Destacamos particularmente el discurso del Presidente de la Corte Suprema Jorge Muñoz, elaborado para el I Foro Interamericano de Justicia Ambiental, organizado por el Segundo Tribunal Ambiental.

Aquí les dejamos los contenidos de esta edición para que se vayan preparando y emocionando tanto como nosotros!

EDITORIAL

Rodrigo Polanco Lazo

ESTUDIOS

  1. EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL. Sergio Muñoz Gajardo.
  2. EL CIERRE DEL MERCADO EUROPEO DE CARBONO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO: ANÁLISIS DE ESTA MEDIDA Y NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA CHILE. Felipe Ramírez Parada.
  3. LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA ELABORACIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL: EL CONVENIO DE AARHUS. Eduardo Salazar Ortuño y Magda Tóth Nagy.
  4. EL DEBER – OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE PROTEGER EL DERECHO A LA VIDA DE LAS PERSONAS. Fernando Dougnac Rodríguez.
  5. CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA: Una oportunidad para combatir el cambio climático y mejorar la salud pública. Florencia Ortúzar Greene.
  6. COMPENSACIÓN POR INSTALACIÓN DE PROYECTOS LOCALES NO DESEADOS: CONSIDERACIONES PARA SU DISCUSIÓN. Andrés Sáez A.
  7. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL EN CHILE: OPERANDO SIN INSTRUCCIONES, PERO OPERANDO. Ezio Costa Cordella.
  8. PROPUESTAS REGULATORIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LA MINERÍA EN LOS GLACIARES. Fernanda Skewes Urtubia.
  9. HACIA UNA NUEVA HERMENÉUTICA AMBIENTAL. Mario Peña Chacón.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

  1. CAZA DE BALLENAS EN LA ANTÁRTIDA (AUSTRALIA C. JAPÓN) Y LA EVOLUCIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA REGULACIÓN DE LA CAZA DE BALLENAS: DE LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN. Junko María Nozawa
  2. EL ESTÁNDAR DE LA CONSULTA INDÍGENA EN CHILE. COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA NELTUME. Jorge Ossandón Rosales.

Muy pronto les estaremos informando de la fecha de lanzamiento e este nuevo tomo. Estén atentos!

Convocatoria Justicia Ambiental titulo

Se extiende convocatoria 6to número Revista Justicia Ambiental

CONVOCATORIA REVISTA JUSTICIA AMBIENTAL 2014

Invitamos a toda la comunidad académica nacional e internacional, profesores y organizaciones interesadas en materias ligadas al derecho ambiental, aguas, minería, eléctrico, a escribir, y enviar sus artículos al 6to número de la revista#JusticiaAmbiental publicada por Fiscalía del Medio Ambiente en conjunto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

Plazo de recepción: 15 de mayo de 2014  30 de mayo de 2014

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Justicia Ambiental, es una revista de la Fiscalía del Medio Ambiente – FIMA, que tiene por objeto contribuir al desarrollo del Derecho Ambiental, promoviendo la discusión crítica y plural sobre temas jurídicos relevantes en esta materia. La Revista se compone de dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia, en las cuales se aceptan trabajos inéditos de cualquier autor nacional o extranjero.

El Consejo Editorial de la Revista someterá a evaluación los trabajos recibidos, cuyo resultado será comunicado al autor a más tardar 90 días después de su recepción. La Revista se reserva el derecho de aceptar o rechazar la publicación de los trabajos recibidos, así como de sugerir al autor cambios de forma que no impliquen alterar el fondo

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del trabajo.

Las colaboraciones deberán presentarse escritas en idioma español, en páginas tamaño carta, letra Times New Roman 12, a espacio y medio. Aquéllos correspondientes a estudios no podrán tener una extensión superior a 30 páginas.

Tratándose de estudios, el autor titulará su trabajo de la forma más breve posible en español e inglés, y anotará al inicio su nombre y apellidos, grado académico, dirección postal, correo electrónico y la institución a la que pertenece. Además, se deberá incluir un resumen del contenido del trabajo al inicio del texto en español y en inglés y en no más de dos párrafos. Por último deberá contener 5 palabras claves en español e inglés.

La jurisprudencia comentada deberá tener una extensión no superior a 15 páginas, incluyendo el contenido del fallo, el que también deberá ser transcrito por el autor del comentario.

Las citas bibliográficas y notas al texto deberán hacerse a pie de cada página, de acuerdo a la norma de citas publicada en la página www.fima.cl.

Ver norma de Citas ISO

Las colaboraciones deben enviarse al correo electrónico fima@fima.cl, antes del 15 de mayo de 2014  30 de mayo de 2014.

* * *

Toda solicitud de colaboración, canje, suscripción debe dirigirse a:

Fiscalía del Medio Ambiente – FIMA

Portugal 120, oficina 1-A, Santiago / (56-2) 22221670 / www.fima.cl

Fima invita a escribir en Revista Justicia Ambiental

portada revista

Descarga la Revista Justicia Ambiental V

Debido al gran éxito que tuvo el 5 número de la revista Justicia Ambiental, comunicamos que no quedan ejemplares en formato papel para entregar. Sin embargo, como todos los años, hemos dispuesto de una versión online que estará disponible a partir de ahora en dropbox para su descarga en formato PDF.

Descargar Aquí

(Si tienes problemas con este enlace, escríbenos a comunicaciones@fima.cl y te la enviaremos por e-mail)

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Invitación lanzamiento Revista Justicia Ambiental

portada revistaMichael Álvarez, representante de la Fundación Heirich Böll y Fernando Dougnac, presidente de la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), invitan a usted al lanzamiento del quinto número de la Revista “Justicia Ambiental”, a realizarse el día martes 28 de enero a las 19.30 horas en la Fundación Heinrich Böll ubicada en Av. Francisco Bilbao 882 (esquina Infante), Providencia.

Al término de la presentación se ofrecerá un vino de honor y se entregará un ejemplar a cada invitado.

MARTES 28 DE ENERO – 19.30 HRS.

EN AV. FRANCISCO BILBAO 882, PROVIDENCIA

Se ruega confirmar asistencia a: toloza@fima.cl

*Cupos limitados

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Mejor acceso a la Justicia Ambiental: Una oportunidad para América Latina y el Caribe

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Existen diversas iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la implementación de este derecho y sin duda una de las más llamativas, son las 26 directrices acordadas el 2010 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (también conocidas como Directrices de Bali).

Por: Gabriela Burdiles Perucci

Abogada

Directora de Proyectos de FIMA

Todo Estado de Derecho democrático debe ofrecer a sus ciudadanos un sistema capaz de resolver los conflictos de relevancia jurídica que se susciten entre ellos, o entre éstos y el Estado. En material ambiental, el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, establece que los Estados deberán proveer “acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. De este modo, en materia ambiental el acceso a la justicia implica que todos los ciudadanos, sin distinción de ningún tipo, puedan recurrir a árbitros imparciales e independientes para proteger sus derechos ambientales.[1]

Hoy existe un reconocimiento cada vez mayor en el mundo de que el acceso a la justicia ambiental es uno de los pilares centrales para lograr la protección ambiental y el desarrollo sostenible, junto con los derechos a acceder a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones con efectos ambientales. No obstante, pese a los significativos avances registrados en los últimos 20 años en nuestro país y en la región en cuanto al acceso a la justicia de aquellos sectores tradicionalmente marginados de la toma de decisiones, en muchos países la legislación que facilita la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río aún no está desarrollada o encuentra dificultades para su implementación.[2] Esto porque si bien los cambios legislativos son importantes, el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental presenta algunos obstáculos prácticos particulares. Primero, que generalmente nos encontramos con intereses en conflicto que son colectivos y difusos, y en segundo lugar, la complejidad propia de los casos ambientales. Estas dos complicaciones implican que para hacer valer estos derechos ante los tribunales de justicia, se requiera de una especial capacidad de organización de los afectados, además de contar con la capacidad económica y técnica adecuada para enfrentar este tipo de procesos. Lo anterior, sumado a la constante crítica y presión desde los sectores productivos por la “judicialización” de grandes proyectos de inversión.

Existen diversas iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la implementación de este derecho y sin duda una de las más llamativas, son las 26 directrices acordadas el 2010 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (también conocidas como Directrices de Bali). Respecto del acceso de justicia, se establece que los Estados deben garantizar la posibilidad de presentar recursos ante órganos judiciales o de otro tipo de carácter independiente e imparcial para impugnar decisiones relacionadas con solicitudes de información rechazadas, o con la participación del público en asuntos ambientales, o con decisiones, acciones u omisiones de una autoridad pública o privada, que afecten el medio ambiente o contravengan normas jurídicas ambientales.

En cuanto a los procedimientos, las directrices establecen que los Estados deben garantizar que ellos son efectivos, justos, abiertos, transparentes y equitativos. Y en cuanto al derecho a iniciar una demanda, se establece que se le debe dar una interpretación amplia, no prohibitiva y considerar la posibilidad de establecer mecanismos adecuados de asistencia, información y capacitación para reducir los obstáculos financieros y de cualquier tipo al acceso a la justicia. Adicionalmente, los Estados deben garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las sentencias y que ellas sean de dominio público según corresponda.

En el ámbito regional y sobre la base de estas directrices, el pasado 31 de octubre, 17 países de América Latina y el Caribe, signatarios de una declaración que promueve el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales liderada por Chile, acordaron en Lima, Perú, una visión común sobre los valores que deben inspirar un futuro convenio o instrumento regional sobre esta materia. En dicho documento, los países plantean que “debe reforzarse a todos los niveles la función del público mediante la libertad de acceso a la información ambiental, la amplia participación en la adopción de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en relación con las cuestiones ambientales”. Como un avance en este sentido, podemos destacar que algunos países de la región, como Costa Rica, Bolivia y Chile, ya han avanzado hacia la implementación de instancias especializadas con jurisdicción ambiental, tanto en el poder judicial como en la administración o en organismos independientes, algunos incluso estableciendo acciones colectivas que legitiman el derecho que tienen determinados grupos sociales afectados por decisiones ambientales para solicitar que se resuelvan dichas controversias, o permitiendo que cualquier persona pueda iniciar un proceso judicial en defensa de intereses difusos. También en varios países de la región se han dictado leyes que sancionan delitos contra el medio ambiente, creando fiscalías ambientales especializadas, así como sistemas de fiscalización administrativos, y también contemplan procesos judiciales para perseguir la responsabilidad civil por daños ambientales, independientemente del otro tipo de sanciones. Cabe destacar igualmente la creación de la figura del Defensor del Pueblo en países como Uruguay, Perú y Ecuador, como una instancia de recepción de denuncias de los ciudadanos y de asesoría legal frente a la vulneración de sus derechos.

En el caso de Chile, con la creación de los nuevos Tribunales Ambientales, se ha avanzado en crear procedimientos más expeditos y concentrados, destinados a obtener resultados oportunos en casos de daño ambiental y para resolver reclamaciones por la no consideración de las observaciones de las comunidades frente a la aprobación ambiental de proyectos. El país ha avanzado también en el establecimiento de una instancia independiente ante la cual recurrir en caso de denegación del acceso a la información pública, con la creación del Consejo para la Transparencia. Por último, la entrada en funcionamiento de la nueva Superintendencia del Medio Ambiente que con planes de fiscalización y mecanismos de denuncias, permitirá prevenir de mejor forma los casos de contaminación y daño ambiental, como proveer información a la ciudadanía respecto de las posibles emergencias ambientales.

Sin embargo, es necesario avanzar hacia su plena implementación incorporando mecanismos que efectivamente permitan a víctimas de escasos recursos asegurar su derecho a la defensa jurídica antes estos tribunales, así como para asegurar el cumplimiento de los fallos, lo cual hasta el momento no se ha solucionado. Queda pendiente en este sentido, informar más a la ciudadanía sobre estos procesos, integrando a comunidades vulnerables e indígenas, ya que existe aún desconocimiento al respecto, e implementar mecanismos de resolución alternativa de controversias, a través por ejemplo de mesas de diálogo, en casos en que ello proceda. Nos encontramos hoy ante una oportunidad única para nuestro país y para la región en torno a la posibilidad de alcanzar un compromiso para la implementación cabal del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y para promover un acceso más equitativo a la justicia ambiental. Una convención de este tipo sin duda, permitirá fortalecer la capacidad de los estados en estos temas, superar los obstáculos que aún existen para acceder de manera equitativa y efectiva a la justicia ambiental y permitirá elevar los niveles de protección de los derechos humanos.


[1] J. Froti y otros, Voz y opción: Abriendo la puerta a la democracia ambiental, Washington, D.C., Instituto de Recursos Mundiales (WRI), 2008.

[2] CEPAL, Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe. Situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas. En Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 151, octubre, 2013.
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Corte de Apelaciones de Coyhaique declara admisible Recurso de Protección contra Central Río Cuervo y decreta orden de no innovar

El Dínamo

La Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible el recurso de protección que ya más de 60 vecinos de Coyhaique y Puerto Aysén han presentado durante los últimos días en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación de la región de Aysén que el pasado 10 septiembre de este año aprobó el proyecto río Cuervo de Energía Austral.

En la resolución, fechada el 24 de octubre, se decretó una orden de no innovar, con lo cual paralizó la tramitación del estudio, y pidió al gobierno entregar un informe relacionado con los fundamentos del recurso. Para ello le dio un plazo de ocho días, contados desde el jueves último.

“Que la corte haya declarado admisible el recurso y que, más aún, haya dictaminado orden de no innovar da cuenta que para los magistrados el fondo del recurso tiene sustento como para acogerlo a tramitación. Es decir, consideran que existen motivos para pensar que el proyecto pone en riesgo los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación” señalaron desde la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.

Junto a decenas de pobladores la organización impulsa la presentación legal a nivel local, para lo cual contado con el apoyo de la Fiscalía del Medio Ambiente y el abogado regional Rodrigo de los Reyes.

Algunos de los fundamentos en los que se sustentan estas vulneraciones constitucionales se remiten airregularidades en el proceso de evaluación, los riesgos que implicaría levantar un embalse de 13 mil hectáreas sobre una falla geológica activa (río Cuervo, vinculada a la Liquiñe-Ofqui) y en un área rodeada de volcanes, y la pérdida de ecosistemas únicos no intervenidos.

Radio Santa María

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Convocatoria al 5to número de la Revista Justicia Ambiental

Invitación a publicar

Fiscalía del Medio Ambiente, invita a toda la comunidad académica nacional e internacional, profesionales y organizaciones interesadas en materias ligadas al derecho ambiental, aguas, minería, eléctrico o relacionadas, a escribir y enviar sus artículos para el quinto número de la Revista Justicia Ambiental.

Justicia Ambiental,

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es una publicación especializada que FIMA ha desarrollado en conjunto con la Fundación Heinrich Böll y que el 2013 cumple 5 años. La revista se desarrolla en el marco de la difusión de los valores que integran la protección del medioambiente, erigiéndose como un espacio de discusión especializada en torno a los problemas que lo afectan así como de sus posibles soluciones.

El objetivo es canalizar el debate respecto de la problemática ambiental en nuestro país, por lo que para continuar con el nivel logrado en las publicaciones anteriores, queremos sumar

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a nuevos articulistas que aporten con su experiencia y visión en el debate público del derecho ambiental.

Fima es una organización no gubernamental sin fines de lucro, creada en 1998 con el propósito de promover el derecho a vivir en

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un medio ambiente sano y velar por la protección del patrimonio ambiental de Chile.

El plazo de recepción es hasta el 15 de mayo de 2013. Envío por correo electrónico a fima@fima.cl o en papel a La Concepción 141. Of. 901 Providencia. Santiago.

Descargar Instrucciones a los autores

Descargar normas de citas

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Revista Justicia Ambiental IV

Revista Justicia Ambiental 2012

En su cuarta versión, la publicación cuenta con reflexiones respecto a la interpretación de los Derechos Humanos en la Protección del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales alrededor del mundo, entre otros.

En medio del gran debate ambiental que ha afectado a nuestro país por temas como la aprobación de la Central Punta Alcalde por parte del Comité de Ministros, los problemas por la planta de Agrosuper en Freirina, y la puesta en marcha de la nueva Institucionalidad Ambiental, la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente lanzó el cuarto número de su Revista Justicia Ambiental.

La revista, que se ha consolidado como un importante punto de referencia para la discusión de la problemática ambiental en nuestro país, busca contribuir al debate sobre los vacíos existentes en la regulación e institucionalidad vigentes en Chile. Desde hace cuatro años que esta publicación ha logrado contribuir a la investigación jurídica en la materia y a la difusión de temas de avanzada, además de constituirse como una herramienta de reflexión y conocimiento para los líderes y miembros de comunidades y organizaciones sociales afectadas por esta temática.

“Esta revista es parte del trabajo de incidencia e investigación que FIMA realiza, y nos sentimos orgullosos de poder convocar a tan importantes académicos y juristas para reflexionar y analizar la actualidad del derecho ambiental en nuestro país”, explicó Ezio Costa, Director Ejecutivo de la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA.

 Los temas de esta edición, que congrega a importantes académicos del área, son:

  • La Interpretación de los Derechos Humanos para la Protección del Medio Ambiente en la Corte Europea de Derechos Humanos.
  • Tribunales Ambientales en el mundo.
  • Manejo Integrado Cuencas
  • Análisis de Jurisprudencia sobre Convenio 169.
  • Sentencia Sobre el Proyecto Hidroeléctrico Río Cuervo.

La presentación estuvo a cargo del profesor Raúl Letelier Wartenberg, Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado y de Fernando Dougnac Rodríguez, presidente de FIMA, quienes hicieron un recorrido por los temas abordados en la revista e invitaron a leerla con detención.

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Lanzamiento 4to número de la Revista Justicia Ambiental

Los invitamos el martes 15 de enero a las 18:30 horas, al lanzamiento del 4to número de la Revista Justicia Ambiental.

La presentación estará a cargo del profesor Raúl Letelier Wartenberg, Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado y de Fernando Dougnac Rodríguez, presidente de FIMA. Los asistentes podrán retirar un ejemplar de la revista y al final de la presentación participar de un vino de honor.

El lanzamiento se realizará en la Fundación Heinrich Böll. Los interesados en asistir, deben enviar un mail a fima@fima.cl

¡Los esperamos!

Portada Libro (web)

Revista Justicia Ambiental III

EDITORIAL

Francisco Ferrada Culaciati*

Constituye un motivo de gran satisfacción la publicación del tercer número de la revista Justicia Ambiental. No sólo por cuanto vuelve a plasmar uno de los pilares de FIMA, que es la constante divulgación del trabajo que

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hacen sus integrantes en tribunales, talleres con comunidades, cursos de jueces, etc., sino también al darle la oportunidad a terceros de traspasar a la comunidad interesada sus conocimientos en esta particular área del derecho. No deja de ser especial este número, al involucrar algunos temas dedicados a la minería, en una época en que vivimos un auge de esa actividad económica, aplaudida por muchos que no reparan en sus externalidades negativas.

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portada justicia ambiental II

Revista Justicia Ambiental II

Editorial

Justicia ambiental y Justicia constitucional*

Humberto Nogueira Alcalá**
En el ámbito nacional hacen falta publicaciones especializadas en el ámbito de derechos complejos como es el derecho medio ambien- tal, posibilitando la reflexión académica; el análisis de la legislación, la superación de sus vacíos y el mejoramiento de ella; él examen, in- terpretación y aplicación del derecho internacional convencional y consuetudinario, que forma parte del derecho vigente y con aplicabi- lidad preferente respecto del derecho interno; el estudio de los fallos de nuestros tribunales superiores, con capacidad de determinación de aciertos y desaciertos, buscando siempre la crítica constructiva en pos del desarrollo de una adecuada interpretación, delimitación y apli- cación de los derechos en la resolución del conflicto jurídico, a través de una sentencia suficientemente fundada, congruente y de acuerdo a las fuentes del derecho vigentes; todo ello con el objeto de contribuir a mejorar nuestro derecho y su aplicación, contribuyendo a preservar en mejor forma nuestro medio ambiente, nuestra calidad de vida y un desarrollo sustentable.

Descarga Revista Justicia Ambiental II

 

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Concurso Portada Revista Justicia Ambiental

FIMA te invita a ser parte de nuestra Revista Justicia Ambiental en su 4º número mediante el envío de una fotografía para su portada.

En el marco de la difusión de los valores que integran la protección del medio ambiente, esta revista se erige como un espacio de discusión especializada en torno a los problemas que lo afectan así como de sus posibles soluciones.

Este cuarto número está dedicado a la memoria de la profesora Svitlana Kravchenko, miembro del Consejo Editorial desde los inicios de la revista y directora del Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de Oregon.

Los temas propuestos son:
Humedales
Bosques de Chile
Volcanes
Glaciares
Fiordos de Chile

Requisitos de la fotografía:
300 DPI originales
Envío en formato JPG
Mínimo 10 MG (desde la cámara)

Enviar hasta el 17 de agosto al correo electrónico fima@fima.cl

Fotografía: www.blogdedisenadoresypublicitarios.com

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Se extiende plazo de Convocatoria para publicar en nuestra Revista de Justicia Ambiental.

Estimados, se extiende el plazo para la recepción de los artículos
para el cuarto número de la Revista Justicia Ambiental hasta el 17 de
junio de 2012. Los trabajos deben enviarse al correo fima@fima.cl,
donde también pueden escribir para solicitar más información.
Puedes encontrar los términos de referencia de la revista en www.fima.cl
Agradecemos desde ya la difusión entre sus redes y ¡esperamos sus aportes!

COMITÉ EDITORIAL

Más información e instrucciones AQUÍ.

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Convocatoria para el cuarto número de la Revista Justicia Ambiental. Invitación a publicar

Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, creada en 1998 con el propósito de expandir y definir la política ambiental chilena. Con esta finalidad y con el objeto de canalizar el debate respecto de la problemática ambiental hemos venido desarrollandola Revista de Justicia Ambiental, publicación especializada que cumple este año 2012, su cuarto número.

Para continuar con el nivel logrado en las publicaciones anteriores, es relevante que abogados, y especialistas en políticas ambientales participen con sus artículos e investigaciones en materias ligadas al derecho ambiental, en el cuarto número dela Revista JusticiaAmbiental dela Fiscalíadel Medio Ambiente (FIMA).

La primera edición de esta publicación especializada en derecho y políticas ambientales entre sus artículos trató temas como los principios que regulan el medio ambiente en Chile, energías renovables no convencionales y el marco regulatorio del uso del agua, entre otros. La segunda edición presentó temas como la justicia ambiental y constitucional, diversos temas de estudio y comentarios

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de jurisprudencia.

La tercera

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edición dela Revista JusticiaAmbiental propuso discutir los distintos puntos de vista referidos a la nueva institucionalidad ambiental, desde la modificación de la ley 19.300, con la consecutiva creación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental yla Superintendenciadel Medio Ambiente, además de la futura instalación de los Tribunales Ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, temas que queremos seguir profundizando en esta cuarta edición.

Queremos sumar a nuevos articulistas que aporten con su experiencia y visión en el debate público del derecho ambiental. También les solicitamos difundir esta convocatoria para que diferentes sectores de la sociedad ligados a la defensa, al estudio y al derecho del medio ambiente tengan la opción de colaborar con sus artículos y se sumen a este debate.

Los interesados se pueden contactar con la Fiscalíadel Medio Ambiente a fima@fima.cl. Para obtener más información sobre FIMA, sus objetivos y proyectos, así como de la Revista Justicia Ambiental, visite www.fima.cl.

La convocatoria se cierra el día 31 de mayo del 2012. Descargar INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 2012 y Guía de citas

Saluda atentamente,

Rodrigo Polanco Lazo

Abogado

Fiscalía del Medio Ambiente – FIMA

polanco@fima.cl

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Revista Justicia Ambiental Vol. 3

Revista Justicia Ambiental volumen III

Descargar

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Aquí ==> http://www.fima.cl/wp-content/uploads/2011/12/Revista-final.pdf