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Principio 10

Avances y retrocesos: Resumen de la VII reunión de Negociación del Principio 10

A una semana de terminada la séptima reunión de negociación del acuerdo regional para la mejor implementación del Principio 10, la representante electa del público, Andrea Sanhueza y nuestra Directora de Proyectos, Gabriela Burdiles, hacen un balance de lo ganado y lo retrocedido en esta ronda.

En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en Buenos Aires y se negociaron los artículos 6 y 7 sobre acceso a la información pública y el artículo 8 sobre participación pública. Siendo el 7, el más complejo de negociar y donde la sensación de retroceso invadió durante algunas jornadas a los representantes del público.

Así, en la carta leída el penúltimo día de negociación, Andrea Sanhueza sañalaba lo siguiente:

“(…) El texto sobre acceso a la información es regresivo y por consiguiente inaceptable para el público. Nos parece necesario que se evalúe el grado de regresividad del texto hasta ahora negociado.

La dirección de la negociación no puede seguir en esta línea.  Queremos explicitar nuestras mínimas exigencias para participación y justicia.

En participación, el texto debe GARANTIZAR el derecho a participar, pero todavía vemos países que proponen verbos como facilitar, promover y alentar. Queremos recalcar que estamos frente a un instrumento con enfoque de derechos, que los Estados tienen la obligación de garantizar.

La participación debe ser temprana para efectivamente incidir en la toma de decisiones ambientales.  Vemos que varios gobiernos quieren diluir el texto y no quieren hablar ni de participación temprana o de incidencia. La participación tardía, frente a hechos consumados, no es participación.

Sobre el derecho al acceso a la justicia, lo fundamental es la amplia legitimación activa, que le permite a cualquier persona u organización acceder a la justicia para proteger el medio ambiente.  Además, es indispensable contar con mecanismos expeditos y oportunos que permitan evitar el daño ambiental.

Asimismo, el texto debe recoger plenas garantías para los defensores ambientales.

Hemos llegado a un punto de inflexión.  Para seguir adelante demandamos una negociación de buena fe.  La buena fe implica la creación de estándares regionales que mejoren la realidad actual.

Nos parece que aquellos países que no están preparados a construir estándares regionales robustos le despejen el camino a los países que sí tienen un compromiso real con el desarrollo sostenible y con la gente.

Ya es hora de definir el carácter vinculante del acuerdo. El público no está dispuesto a ocupar estas sillas observando cómo se rebajan estándares y recortan derechos. Si estamos dispuestos a seguir trabajando con propuestas progresivas que recuperen la visión que inspiró esta iniciativa”.

Por otra parte, la representante del público señaló que respecto de los resultados de la negociación del artículo 8 el balance es más alentador:

“Entre algunos de los aspectos positivos están el que se garantiza la participación del público, no sólo para los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino también cuando estos proyectos someten a evaluación sus revisiones, reexaminaciones y/o actualizaciones.

En segundo lugar, se asegura la participación en los procesos de autorizaciones ambientales (como el SEIA) que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Es un avance significativo que se vinculen los impactos en el medio ambiente con los de la salud de las personas, ya que sabemos por ejemplo como la contaminación del aire y agua producto de actividades repercute directamente en la salud de las personas.

En tercer lugar, se establece que el lenguaje que se utilice para informar a la ciudadanía sobre las características de los proyectos, tales como ubicación y tecnología, además de sus impactos, debe ser siempre comunicado de forma comprensible y no técnica.

En cuarto lugar, los medios para informar a la ciudadanía en general y a los directamente afectados deben ser culturalmente adecuados.

En quinto lugar, se establece la obligación de comunicar al público prontamente la decisión adoptada, informando sobre los motivos que la sustenta, incluyendo la consideración de las observaciones planteadas por el público.

El aspecto donde no se logró una provisión sólida es aquella que se refiere a cuándo debe ocurrir la participación. Desde el público aspirábamos a que la provisión estableciera que “la participación se iniciará en etapas tempranas cuando todas las opciones estén abiertas de manera que la misma sea debidamente considerada”. Finalmente se acordó un párrafo que habla de una participación inicial, y se estableció que en la sección de definiciones del Convenio se incluirá una definición de “participación inicial” que hará referencia al momento de cuando “todas las opciones están abiertas’.”

Otro factor a destacar, es la mención a la importancia de generar mecanismos para resguardar la seguridad de los defensores ambientales. Respecto a este punto, Gabriela Burdiles agrega:

“Se incorporó un nuevo texto del artículo 9 bis sobre Protección de Defensores Ambientales. Este agregado fue propuesto por la delegación de Costa Rica, representada por la Vice Ministra de Medio Ambiente, sra. Patricia Madrigal, con apoyo de las organizaciones del público. En él se propone una definición de estos individuos y grupos que trabajan en la defensa del ambiente y los derechos humanos. Luego establece un deber de prevención, protección e investigación de cualquier amenaza o ataques en contra de estos grupos. Finalmente, establece un grupo de trabajo ad-hoc en el marco de este acuerdo que se dedique a abordar este tema. Los gobiernos aceptaron la incorporación del artículo propuesto al texto compilado de Cepal, para discutirlo en la próxima ronda de negociación en noviembre de este año”.

Así, la invitación es a seguir atentamente esta negociación que debiera culminar este año. Si se logra un convenio sólido y ambicioso, éste tendrá un beneficio directo en la vida de las personas que habitamos América Latina y el Caribe.

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4 de junio: Lanzamiento EDI para Chile!

afiche EDI vf baja copiaEl Indice de Democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés), es la primera plataforma interactiva pública que hace seguimiento al progreso que los países tienen en la implementación de las leyes que promueve la transparencia, responsabilidad y participación pública en la toma de decisiones.

El 4 de junio realizaremos el lanzamiento con los resultados que este informe arrojó para la realidad de nuestro país. Tendremos excelentes comentaristas y esperamos que se pueda generar un buen debate que permita crear conciencia respecto a la importancia que los Derechos de Acceso tienen para la democracia y la protección de nuestro medio ambiente.

Los invitamos a estar atentos y a seguirnos con el hashtag #LanzamientoEDI.

¿Por qué es necesario medir los índices de democracia ambiental de cada país?

La democracia ambiental se basa en la idea de que la participación ciudadana real y significativa es crítica para asegurar que las decisiones sobre la tierra y recursos naturales sean tomadas adecuada y equitativamente en relación a los intereses de los ciudadanos. En ese sentido, la democracia ambiental involucra tres derechos entrelazados: La habilidad de las personas para acceder libremente a la información sobre la calidad y problemas del medio ambiente para participar significativamente en la toma de decisiones y para solicitar el cumplimiento de las leyes ambientales o compensaciones en caso de daños.

Proteger estos derechos para cada persona, especialmente los más marginados y vulnerables, es el primer paso para promover la igualdad y justicia en el desarrollo sustentable. Cuando existe la falta de estos derechos esenciales, el intercambio de información entre el gobierno y el público es ahogado y las decisiones que dañan a las comunidades y al medio ambiente, no pueden ser cuestionada o reparadas. Establecer un marco legal fuerte, es el punto de partida para el reconocimiento, protección y empoderamiento de los derechos de democracia ambiental.

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Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Materia Ambiental: Una Propuesta Regional

Resulta necesario el acceso oportuno y de fácil comprensión de la información relativa a las actividades, consecuencias, normas y políticas que competen a un proyecto que, de una forma u otra, vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Por María Díaz Le-Fort*

A pesar de la creciente importancia otorgada a la protección del medio ambiente y a su interrelación con el bienestar del ser humano, aún existen importantes falencias para lograr una buena gobernanza democrática, entendiéndose por esta, una gobernanza que “estriba en proponer un modelo político-social integrado y en asegurar que las normas establecidas sean cumplidas por todos los factores” (Cepal, 2013).

Dichas falencias radican principalmente en la debilidad de la normativa para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, a la participación en la toma de decisiones, y la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia cuando un proyecto ambiental les afecte. Estos llamados “derechos de acceso” son parte de la naturaleza de todo gobierno democrático, el cual provee la base para la protección de los derechos humanos.

Así, los derechos de acceso efectivo a la información, participación y justicia en materia ambiental, han sido reconocidos a nivel internacional como derechos inherentes a todo ser humano, y por tanto, mencionados en diferentes instrumentos internacionales, y concretamente estipulados en el Principio 10 (P10) de la Declaración de Rio de 1992.

Veinte años después, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), se renovó este compromiso entregando una nueva oportunidad para concientizar sobre la importancia de dichos derechos para el desarrollo sostenible. Pues, la protección del medio ambiente se sustenta en el ejercicio de ciertos derechos humanos, como son los derechos de acceso; y, a su vez, el bienestar del ser humano depende del estado del medio ambiente.

Y es que, por un lado, no pueden subestimarse los impactos socio-ambientales asociados a proyectos de extracción de recursos naturales que traen consigo la inundación de grandes extensiones de tierra, contaminación de recursos hídricos y/o la reubicación de comunidades aledañas, entre otros. Por otro lado, sin duda las comunidades locales desempeñan un rol fundamental en la preservación de los recursos naturales de su zona, y por lo tanto su participación en la toma de decisiones, sus observaciones y recomendaciones ayudarán a mitigar conflictos y lograr mejores soluciones contribuyendo al desarrollo sostenible.

Así, resulta necesario el acceso oportuno y de fácil comprensión a la información, el conocimiento de las consecuencias, normas y políticas que competen a un proyecto que podría vulnerar el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Del mismo modo, es importante generar la demanda de dicha información, facilitando la transparencia de las decisiones adoptadas y la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

Por último, el P10 hace referencia al derecho de acceso a la justicia ambiental en caso de que existan irregularidades en el proceso de aprobación de un proyecto, o si existe la necesidad de aplicar medidas para la reparación de impactos ambientales. La principal importancia radica en la eliminación de las asimetrías en el ejercicio de los derechos de acceso entre la ciudadanía, donde son las comunidades vulnerables quienes muchas veces asumen los costos ambientales de proyectos mineros, hidroeléctricos, forestales y quienes tienen mayores limitaciones en el fácil acceso de la información, en la participación en los proyectos que les afecten y más aun en el acceso la justicia.

De este modo, no puede cuestionarse la importancia que tiene el efectivo cumplimiento de estos derechos. Por este motivo, el año 2002 surgió la Iniciativa Acceso, una red global de la sociedad civil conformada actualmente por 15 países de América Latina y el Caribe (ALC), quienes se comprometieron a crear un instrumento regional que permita la cabal implementación del P10.

El Gobierno de Chile lideró el proceso para lograr la firma de la Declaración del P10 de 10 países de la región de ALC, y la Cepal asumió la secretaría técnica. Parte de las acciones de esta iniciativa, es la continua difusión de la importancia de estos derechos, enfatizando la necesidad de lograr una cercanía del diálogo gobierno-ciudadanía, en la cual FIMA está comprometida como la ONG de contacto del proceso. 

La mayoría de los países de ALC han normado estos derechos en el ámbito nacional. Sin embargo, dada la debilidad de los marcos institucionales, aún existe un fuerte déficit en su implementación, el desconocimiento de estos derechos por parte de la ciudadanía y la incipiente cultura de rendición de cuentas por parte de los gobiernos

Si bien Chile se caracteriza por ser de los más avanzados en la región, los procedimientos institucionales para dar a conocer proyectos de inversión a las comunidades afectadas e incorporar sus inquietudes en el proceso de evaluación son insuficientes. De esta forma, la creación de un Convenio Regional para la ALC que fije mejores estándares en las normas y procedimientos de la Administración del Estado, será indudablemente un gran aporte a la gobernabilidad democrática de los países, la transparencia y rendición de cuentas.

No obstante creemos que la educación a comunidades afectadas es la clave y el foco en el que debemos centrarnos para entregar poder en la toma decisiones, con una seria integración de los intereses comunitarios, contribuyendo así al entendimiento social de que el medio ambiente es un bien colectivo, de propiedad y responsabilidad de todos.

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*Encargada de finanzas y  analista de proyectos de FIMA.

Ingeniera Comercial, Universidad Diego Portales. Master en Medioambiente, Universidad de Melbourne.