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Ante la crisis económica y social que traerá la pandemia por el Covid19, ONG Fima, Oceana, el Observatorio de Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregan a autoridades chilenas una serie de medidas que integran condiciones ambientales a las líneas de créditos de grandes empresas, potenciamiento de las economías sustentables locales e incentivar la inversión privada verde.

23 de abril 2020. Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que los efectos del COVID19 llevarán a una recesión incluso más profunda que la vivida durante la Gran Depresión. La expansión del virus no sólo traerá consecuencias sanitarias devastadoras sino que también tendrá efectos sociales considerables, lo cual sin duda agudizará  los efectos de la crisis social en nuestro país.

En la línea del llamado internacional de no volver al mismo sistema económico y social que nos trajo a esta crisis y ser conscientes que la pandemia entrega una oportunidad de cambios profundos sociales y ambientales, es que ONG Fima, Oceana, el Observatorio de Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregan a Presidencia, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Gobiernos regionales y Seremis una serie de medidas para una reactivación sustentable.

“Los costos de la crisis no pueden ni debe ser una carga para las y los trabajadores de nuestro país, estamos en un momento clave para implementar políticas públicas que permitan el el cambio hacia un modelo de desarrollo económico sustentable, ecológico,  equitativo y preocupado de los derechos laborales y sociales. Para esto, necesitamos redefinir los principios que han orientado la actividad económica del país hasta ahora y dar los primeros pasos hacia una economía centrada en el cuidado del medio ambiente, las personas, el desarrollo productivo más que sólo la ganancia de utilidades” afirma Luis Silva de OPES.

En este paquete de nueve propuestas que entregan las organizaciones se encuentran el establecimiento de condiciones a las líneas de créditos de grandes empresas, donde se entregue beneficio público a aquellas empresas que superen las 25 mil UF y que cumplan con requisitos medioambientales específicos de reducción de emisiones, estrategias de protección de cuencas, eficiencia y seguridad hídrica, protección de humedales, borde costero y restauración de ecosistemas terrestres.

Sara Larraín de Chile Sustentable agrega «Estamos preocupados del lobby para relajar las regulaciones ambientales con la excusa de la reactivación económica. Hoy estamos demandando al gobierno atenerse rigurosamente a la regulación ambiental vigente y transparentar a los ciudadanos que los dineros públicos que se aporten para el salvataje de empresas y para la reactivación económica tengan claros condicionamientos sociales y ambientales; ajustadas a objetivos climáticos, protección de la biodiversidad y equidad social»

Otra medida a implementar es el rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total, con prioridad en aquellas empresas cuyas metas institucionales sean acordes con los objetivos climáticos, la protección de la biodiversidad y de las cuencas hidrográficas, incluidos los glaciares y humedales, y que, al mismo tiempo, sean estratégicas en términos de generación de empleo; el cumplimiento de la normativa ambiental pese a condiciones externas desfavorables. .

“Esta crisis sanitaria y económica nos pone en posición de tomar medidas que apunten a cambiar el modelo de desarrollo. La  reactivación económica, acá y en el mundo, debe ir en la línea de acelerar la transición hacia una economía realmente sustententable, que se haga cargo de la ineludible conexión con el medio ambiente.  La transición es necesaria de cara a la crisis climática, pues no podemos continuar un sistema destructivo que nos tiene al borde de un colapso mayor al que vivimos en estos días”, seña Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Entre otras de las medidas que proponen las diversas organizaciones se encuentran potenciar la inversión pública verde, a través del establecimiento de una red de agua potable y saneamiento total en el país, sobre todo en zonas rurales, que disminuya la brecha de carencia de alcantarillado y tratamiento de aguas.

En tanto, la pobreza energética es otro de los fenómenos que afecta diariamente a la población en el país, es por ello que el reacondicionamiento de hogares se vuelve fundamental, a través de subsidios en medidas de aislación y de recambio de cocinas y calefactores. Medida que traería una reducción importante en la emisión de contaminantes por quema de leña, la reducción del riesgo de enfermedades producidas por material particulado  y ahorros monetarios para las familias que reciben el subsidio.

“La transición a un modelo ecológico debe comenzar ahora, la política pública debe aplicarse de manera multiescalar con estos fines, reconociendo y potenciando el valor de las economías ancestrales y locales sustentables, estableciendo incentivos para una inversión privada que promueva el respeto de los derechos humanos y a valores propios del bien común. Como también avanzar decididamente en la descarbonización de la matriz energética” puntualiza Matías Asún Director Nacional de Greenpeace

Impulsar acciones de restauración ecológica, que busquen restablecer ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos e invertir en el desarrollo de una industria nacional de valorización de residuos, incentivando al mismo tiempo la transición hacia un modelo de economía circular son otros de los aspectos relevantes que deberían ser considerados por las autoridades para realizar una reactivación económica que sea sustentable con el medio ambiente.

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