Victoria Ambiental para San Antonio: Comunidad logra que los Ojos de Mar avancen hacia ser considerados humedal urbano

Tras más de dos años de lucha socio ambiental y judicial se logró un acuerdo trascendental entre la comunidad, municipalidad de San Antonio, el Ministerio de Medio Ambiente y EPSA para la protección y preservación del sistema de lagunas ubicados en Llolleo.

La conciliación fue firmada este martes 27 de noviembre entre la Municipalidad de San Antonio, las partes reclamantes (entre ellas la organización Ojos de Mar, vecinos y la asociación indígena Calaucán), terceros coadyuvantes, el Consejo de Defensa del Estado – en representación del Ministerio del Medio Ambiente- y EPSA. Con esto, la autoridad ambiental deberá retrotraer el proceso a la etapa de evaluación técnica de la solicitud, realizar nuevas campañas y determinar, en un plazo de cinco meses, un nuevo polígono de protección. En el documento, también se establece un Comité encargado de la gobernanza del Humedal Urbano Ojos de Mar, presidido por la Municipalidad de San Antonio, quienes también se comprometen a dictar una Ordenanza General de Humedales Urbanos para la comuna, dentro de los primeros seis meses una vez declarada la protección. Por su parte, la empresa portuaria se comprometió, entre otras cosas, a financiar estudios de investigación para la protección del humedal, la verificación de las descargas de agua; instalar letreros informativos para las personas que visiten el área; coordinar el rescate de fauna; efectuar capacitaciones; y generar mesas de trabajo con la municipalidad y organizaciones comunitarias, en tanto no sea conformado el Comité de Gobernanza y Gestión, además de efectuar cambios en las luminarias para no afectar a la fauna existente en el lugar.

Representantes de la comunidad defensora del medio ambiente expresaron su satisfacción y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana. “Estamos satisfechas con este proceso, que no fue fácil, pero aquí se demuestra que el diálogo puede resultar en soluciones beneficiosas para el territorio y su biodiversidad, este es un primer paso y estaremos atentos a que los compromisos establecidos se cumplan en los plazos acordados ”, señala Liliana Plaza – Fundación Ojos de Mar.

Un largo camino para la protección de Fiu y otras especies

En San Antonio conviven una larga tradición portuaria con una comunidad empoderada y agotada del creciente deterioro ambiental de la comuna, quienes hicieron de las lagunas Ojos de Mar, en Llolleo, un emblema para demostrar que otro tipo de vida también es posible. Observando las múltiples interacciones y especies que dependen de este frágil ecosistema, decidieron ingresar un expediente para solicitar su protección en el marco de la ley 21.202 que busca proteger los humedales urbanos.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó la solicitud de declaratoria de humedal urbano para el sistema de lagunas Ojos de Mar, ubicadas en la localidad de Llolleo en la comuna de San Antonio. Este hito marcó un antes y un después para la comunidad, quienes convencidos de la enorme relevancia ambiental de estos ecosistemas y ante la amenaza que significaba la expansión del puerto de San Antonio, EPSA, reclamaron al Segundo Tribunal Ambiental. Fue en esta instancia en que se convocó a las partes, Municipio, Comunidad, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo de Defensa del Estado y Empresa Portuaria, para acudir a una resolución alternativa de conflictos, en este caso, someterse a un procedimiento de conciliación.

“Este acuerdo es un hito para la región, pero también para la institucionalidad de nuestro país. Si bien, Ojos de Mar fue el primer humedal urbano en ser rechazado en Chile, hoy es el primer humedal urbano que va a contar con un comité de gobernanza que es representativo tanto de organizaciones ambientales locales, como de organizaciones indígenas de la comuna, la empresa y la municipalidad de San Antonio.”señala Macarena Martinic abogada de la ONG FIMA, organización que representó a la comunidad reclamante durante todo el proceso.

La conciliación lograda integra importantes acciones y actividades que se enmarcan en 3 ejes estratégicos:

El primer eje se centra en lograr una delimitación precisa del humedal urbano a través de la ejecución de nuevas campañas en terreno y la incorporación de criterios técnicos y jurisprudenciales actualizados. Este trabajo estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente en el marco de una nueva resolución que reconozca a los Ojos de mar como Humedal Urbano.

El segundo eje se enfoca en la gobernanza del humedal. Se acordó establecer un comité encargado de la gobernanza y gestión del humedal liderado por la Municipalidad y conformada por EPSA, instituciones académicas, sociedad civil, pueblos originarios y el MMA. Esta instancia será responsable del seguimiento, control y toma de decisiones relacionadas con la administración y gestión del Humedal Urbano.

El tercer eje se relaciona con la implementación de una serie de medidas que abordarán las amenazas presentes y futuras que enfrenta el humedal. Estas medidas se implementarán en el corto, mediano y largo plazo, previa visación de la instancia de gestión liderada por el municipio, y que se actualizarán en función de los conocimientos técnicos disponibles.

Con relación a las medidas de protección acordadas, para Francisco Sanhueza – Chile Ambiental, estas son muy relevantes, debido a que “las decisiones de protección, conservación y restauración tendrán la flexibilidad suficiente para adaptarse en un contexto de crisis climática y de biodiversidad, en base al conocimiento generado en el mismo humedal a partir de los estudios técnicos que acuerde la mesa de gobernanza”.

Declaración pública | Escazú: el acuerdo que Chile debe firmar antes de recibir la COP25 de cambio climático

El día de hoy, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que nuestro país será el anfitrión de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25). Al respecto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos lo siguiente:

El cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos como sociedad los seres humanos y requiere de una respuesta conjunta de la comunidad de naciones, así como el compromiso de todos los ciudadanos, actores sociales y políticos involucrados en este problema. Los graves efectos de este fenómeno están en la actualidad azotando a cientos de comunidades alrededor del mundo y, en particular, a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El cambio climático es mucho más que una afectación al medio ambiente, pues sus impactos causan cambios irremediables en la forma y calidad de vida de los habitantes de este planeta.

Estamos conscientes de que, lamentablemente, los esfuerzos que están haciendo los países del globo son insuficientes ante la envergadura de este fenómeno, tal como lo demuestra el último Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el cual hace un urgente llamado a ser mucho más ambiciosos en el compromiso de todas las naciones en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para no superar el límite de temperatura de 1.5°C de aquí a 12 años. Con este objetivo, el IPCC destaca enfáticamente que es necesario e imperioso reducir a la mitad las emisiones de gases efecto invernadero para el año 2030.

Tal como expresamente indican la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible -todos instrumentos internacionales que han sido respaldados por la actual administración-, no es posible enfrentar estos retos sin garantizar la participación informada de todos los actores interesados en el tema.

Ante esto, el Acuerdo de Escazú es la herramienta idónea que promueve y permite a los países lograr una plena implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, en favor de la equidad, la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de que Chile propuso este instrumento y lideró toda su negociación, nuestro país aún no lo ha suscrito ofreciendo excusas poco claras.

Desde el año 2012 hasta marzo del 2018, nuestro país buscó que este acuerdo fuera ambicioso y vinculante, lo que contribuyó a que se adoptara el primer tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe -y primero en el mundo- que protege a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El 27 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se abrió el proceso de la firma del Acuerdo de Escazú, pero nuestro país, a pesar de haber invitado a sus pares a la ceremonia, sorpresivamente se restó de la instancia. La incoherencia fue mayor cuando el Presidente Sebastián Piñera centró su discurso ante la Asamblea General en torno a temas ambientales y desarrollo sostenible.

En la actualidad, el Tratado ha sido firmado por 16 países, algunos de los cuales ya comenzaron su proceso de ratificación. Chile, por su parte, no ha sido capaz de finalizar el estudio de cláusulas tipos que figuraban hace años en la negociación. El desconcierto es mayor por cuanto, según el mandato de los países, Chile tendría que estar en estos momentos liderando la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Al día de hoy, la sociedad civil no entiende porqué el Ejecutivo está actuando con tanta desprolijidad y temor en sus relaciones internacionales, especialmente en materia ambiental y derechos humanos.

En consecuencia, frente al anuncio del Ejecutivo de hospedar la próxima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las organizaciones de la sociedad civil aquí firmantes, declaramos que:

  1. La política ambiental e internacional de Chile debe ser una política de Estado que asegure su seriedad, consistencia, coherencia y responsabilidad.
  2. Chile está dando una confusa señal ante la comunidad internacional y nacional sobre su capacidad de liderazgo al no haber firmado el Acuerdo de Escazú. Además, pierde la oportunidad de fortalecer su democracia ambiental, de fomentar la transparencia y de mejorar su proceso de toma de decisiones; todos objetivos que son claves para enfrentar el cambio climático.
  3. El cuestionamiento hacia Chile por su actuar en relación con el Acuerdo de Escazú, sin duda, se traspasa al rol que tendrá nuestro país en la próxima cumbre de cambio climático.
  4. Para contribuir a subsanar en parte lo anterior, se requiere al menos, la adopción inmediata de las siguientes medidas:
    1. Firmar e iniciar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú considerando lo infundado de las razones esgrimidas por el Ejecutivo y del excesivo plazo que ha transcurrido desde que se indicó por Cancillería que estaba realizando un nuevo estudio del mismo. Este punto es necesario para un país que pretende, además, hospedar una Conferencia internacional como la de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
    2. Junto con lo anterior, asumir el liderazgo de conducción respecto del Acuerdo de Escazú que, por mandato de los países, comenzó el 27 de septiembre y durará hasta la primera Conferencia de las Partes.

Ante lo expuesto, las organizaciones aquí firmantes esperamos, sinceramente, que nuestro país enmiende el camino en materia ambiental y transite de los meros anuncios a compromisos concretos y significativos para el real fortalecimiento de los derechos humanos.

 

Organizaciones firmantes:

Fundación Terram

Espacio Público

ONG FIMA

Greenpeace

CODEFF

Observatorio Ciudadano

Amnistía Internacional Chile

Andrea Sanhueza, Representante Electa del Público para el Acuerdo de Escazú

La ruta de los incendios: Planes y propuestas retrógradas

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