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05/12 Coloquio: Las aguas indígenas y la reforma al código

En la contexto de la discusión de la reforma al código de aguas, ¿qué rol tiene los pueblos indígenas y los derechos humanos?

Afiche Coloquio San Pedro

Exponen:
– Marcela Ramos, Presidenta de la Asociación de Regantes del Río San Pedro.
– Juana Corante, Presidenta de la Asociación de Regantes del Río Vilama.

– Nancy Yáñez, Abogada experta en Derecho Indígena. Doctora en Derecho y Profesora de la U. de Chile.

Modera:
– Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA.

Fecha: Martes 5 de diciembre. 
Hora: 18:30 hrs.
Lugar: Casona Hostel. Almirante Montt 465, Santiago.
Inscripciones: https://goo.gl/forms/lLiu5U3cqb6fGn262
*Gratis/ Cupos limitados.

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CDP ante anuncio de Endesa y Colbún: “Caída definitiva de HidroAysén es un logro ciudadano en la tarea de superar un modelo de desarrollo irresponsable”

·      Ya lo han dicho muchos, Patagonia Sin Represas ha sido la principal causa socioambiental de la historia reciente de Chile, que ha incidido fuertemente en las políticas públicas relativas al agua, participación ciudadana y, principalmente, energía” señalaron.

·      Hoy la organización se mantiene monitoreando lo relacionado con derechos de agua e impulsando acciones que permitan seguir transformando la matriz energética, la institucionalidad hídrica y el sistema de toma de decisiones, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo menos intensivo en uso de recursos naturales, donde el ahorro, la eficiencia y la participación ciudadana vinculante sean el puntal.

Un logro ciudadano, un paso más en el trabajo que sigue vigente en pos no solo de mantener la Patagonia a salvo del extractivismo voraz e irresponsable, sino también a Chile y el único planeta que tenemos”.

Con estas palabras recibieron en el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) el anuncio definitivo de la decisión de Colbún y Endesa de desechar el proyecto HidroAysén, reiterando el agradecimiento a la ciudadanía que desde Aysén, pasando por todas las regiones de Chile y diversos países del mundo, se plegó a esta gran causa.  Si bien la información ya se conocía por la prensa, hoy fue oficializada a través de un hecho esencial ingresado a la Superintendencia de Valores y Seguros.  En la comunicación, confirmaron que devolverán los derechos de agua al Estado.

De esta forma, la malograda sociedad sigue el camino que en agosto de este año comunicara Energía Austral, de Xstrata y Origin Energy, al desistirse del otro mega proyecto hidroeléctrico en Aysén: la represa río Cuervo.

Para los dirigentes del CDP este anuncio refleja que, si la ciudadanía se organiza en pos de una causa común, es posible torcer la mano a las grandes corporaciones, cierta visión hegemónica e incluso el Estado.  “Ya lo han dicho muchos, Patagonia Sin Represas ha sido la principal causa socioambiental de la historia reciente de Chile, que ha incidido fuertemente en las políticas públicas relativas al agua, participación ciudadana y, principalmente, energía” señaló al respecto Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.

En este sentido Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, expresó que “aplaudimos los avances que se están dando en materia de energías renovables no convencionales, pero nos preocupa la capitalización que hacen actores de gobierno y otros privados, dando a entender que lo que han llamado ‘revolución energética’ se dio por su voluntad. Es preciso recordar que hace una década la institucionalidad, el sector político y el gran empresariado eran adversarios de la causa Patagonia Sin Represas más aún insistían que sin las grandes centrales en el territorio austral el país ‘se apagaría’”.

Asimismo, el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, expresó que “la tarea no ha concluido.  Nuestra región y la Patagonia siguen en la mira de un modelo de desarrollo que mercantiliza los bienes comunes y ve como una aspiración loable la artificialización de los ecosistemas fundamentales. Salmonicultura, minería, extracción de hielos y un turismo desbocado son parte de la misma matriz mental que impulsó HidroAysén y Río Cuervo”.  Por ello, planteó que “la decisión que se adopte sobre el agua, los bosques, los minerales, los hielos de este hermoso y excepcional territorio, debe ser adoptada por toda la sociedad, con alta responsabilidad intergeneracional”.

En este sentido, desde el Consejo de Defensa de la Patagonia señalaron que el tiempo dio la razón a quienes impulsaban la causa. Hoy Chile lidera el crecimiento de proyectos con energías renovables no convencionales, en buena medida como resultado de este triunfo ciudadano histórico que es motivo, apuntó el director nacional de Greenpeace Matías Asún, “para estar alegres, orgullosos y agradecidos del trabajo de tantos que lograron lo que parecía imposible en todos los frentes: legal, de activismo, político, comunicacional, regional, en el fondo, ciudadano.  Hoy es tiempo de celebrar”.

Por último puntualizaron que se mantienen monitoreando todo lo relacionado con derechos de agua y su disposición con sentido de bien común, e impulsando acciones que permitan seguir transformando la matriz energética, la institucionalidad hídrica y el sistema de toma de decisiones, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo menos intensivo en uso de recursos naturales, donde el ahorro, la eficiencia y la participación ciudadana vinculante sean el puntal.

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Reformas a la evaluación ambiental y el rol de la ciudadanía

Ezio Costa Cordella Abogado Director Ejecutivo de FIMA
Ezio Costa Cordella
Abogado
Director Ejecutivo de FIMA

El gobierno ha abierto un proceso de participación ciudadana a propósito de su intención de modificar el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las personas y organizaciones que quieran hacer observaciones, tienen plazo hasta el 14 de noviembre para hacerlo, ya sea por medio de la página web del Servicio de Evaluación Ambiental o por medios analógicos, en las oficinas de partes de la misma institución.

Un tema como este suena bastante técnico y eso probablemente aleja a la mayoría de los ciudadanos de siquiera leer de qué se trata. El Ministerio no lo hace más fácil, pues en su sitio de participación, los comentarios pueden realizarse al costado de los artículos modificados, sin ningún tipo de ayuda para entender de qué se trata la modificación, qué es lo que decía el reglamento antes, qué va a decir ahora y cuál es la finalidad de ello. Además, el proceso si bien es abierto, no está publicado en la plataforma de consultas ciudadanas del MMA, ha sido escasamente publicitado y no han existido acciones de promoción para generar mayor participación.

Sin embargo, esto no es lo más preocupante de la modificación propuesta.

Lo primero que llama la atención, es el alarmante número de proyectos que se pretende exceptuar de la evaluación ambiental mediante modificaciones en las magnitudes de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).

En todos los casos, son cambios que no parecieran tener una justificación técnica y sin dudas no tienen una justificación normativa. Entre las, al menos, 19 modificaciones de este tipo que encontramos, hay algunas modificaciones especialmente llamativas. Así, por ejemplo, hoy las plantas procesadoras y de explotación intensiva de recursos hidrobiológicos (salmoneras) que tienen una capacidad igual o mayor a 500 ton/anuales deben someterse a evaluación, mientras que en la propuesta de modificación serían solo las de mil toneladas anuales o más. En la misma línea, la producción de moluscos no filtradores, equinodermos, crustáceos y otras especies, sometidos a un sistema de producción intensiva, aumenta el umbral de 35 ton/anuales a 1.000 ton/anuales para que su evaluación sea obligatoria.

En lo que se refiere a las turberas (ecosistemas de especial fragilidad y valor por su función de regulación hídrica), se pretende limitar los casos en que su explotación debe ser evaluada, exceptuando de la obligación a las explotaciones de musgo sphagnum (pompón) de menos de cinco hectáreas. Esto, en la práctica, significa desproteger absolutamente estos ecosistemas, cuando en lugares como Chiloé la discusión avanza sobre cómo protegerlos y por lo tanto proteger el ciclo hídrico.

A pesar de existir algunas modificaciones que parecen avanzar en el sentido adecuado, la reforma que se está promoviendo toma al procedimiento de evaluación ambiental como un mero trámite e intenta simplificarlo de mala manera, en lugar de atender a su finalidad de prevención y mitigación de los impactos ambientales. Una vez más, la participación de la ciudadanía resulta clave para develar este problema y representarlo ante la autoridad.

Por último, se estaría exceptuando todas las prospecciones mineras de proyectos que ya se hayan iniciado, permitiendo a esta industria no evaluar un número muy importante de proyectos y por lo tanto, que sus impactos no sean prevenidos por la autoridad ambiental ni tampoco puedan ser fiscalizados por la misma.

Una segunda línea de modificaciones complejas, está dada por la flexibilización de los contenidos mínimos de la evaluación ambiental, con cuestiones como no exigir la localización exacta de partes del proyecto, tanto en declaraciones como estudios de impacto ambiental. Asimismo, se modifica la obligación de caracterizar la fase de cierre, que hoy contiene una serie de requisitos de contenido, por una mención general a las medidas, obras y acciones de esa etapa.

Una tercera modificación preocupante, está relacionada con los impactos paisajísticos en territorios con presencia de pueblos indígenas. En el reglamento actual, se les considera una afectación a un área o población protegida y por lo tanto se requiere estudiar el impacto que dichos proyectos tienen sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos afectados. En la propuesta, toda esta consideración se elimina, restando protección a dichos grupos humanos y su territorio.

Por último, en lo que dice relación con la participación ciudadana, se incorporaría una mención a los estándares con que una observación se entendería debidamente considerada y respondida por parte de la autoridad. Dichos estándares, sin embargo, no responden ni a la calidad de derecho que tiene la participación, ni a la interpretación jurisprudencial que se ha tenido de esos estándares, tampoco a las funciones que se le atribuyen a la participación, ni a los estándares internacionales en la materia. Esto tiene una importancia crucial, pues la posibilidad de reclamar que tienen los ciudadanos respecto de una evaluación ambiental, está vinculada a la manera en que ellas han sido, o no, consideradas por la autoridad.

Todo lo anterior constituye algunos ejemplos de cambios regresivos de la propuesta reglamentaria, cuestión que sin duda nos genera preocupación. Muy probablemente varios de estos cambios tienen su origen en la Comisión Asesora Presidencial de reforma al SEIA, cuestionada por sobrerrepresentar a los sectores productivos en desmedro de la sociedad civil, los trabajadores de la institucionalidad ambiental, los parlamentarios y la academia, quienes formaron una comisión paralela denominada Comisión Sindical Cívico Parlamentaria y enviaron sus propios aportes para la evaluación de este reglamento. Dichos informes, sin embargo, claramente no fueron sopesados.

A pesar de existir algunas modificaciones que parecen avanzar en el sentido adecuado, la reforma que se está promoviendo toma al procedimiento de evaluación ambiental como un mero trámite e intenta simplificarlo de mala manera, en lugar de atender a su finalidad de prevención y mitigación de los impactos ambientales. Una vez más, la participación de la ciudadanía resulta clave para develar este problema y representarlo ante la autoridad.

Columna publicada en El Mostrador el sábado 11.11.17.

coloquio para web

28/11 Coloquio “Principio Contaminador Pagador y Biodiversidad: ¿Se puede pagar la pérdida de biodiversidad?”.

El próximo martes 28 de noviembre se realizará el coloquio organizado por CEDAN UDP y por ONG FIMA “Principio Contaminador Pagador y Biodiversidad: ¿Se puede pagar la pérdida de biodiversidad?”. 

Expositores:

- Ezio Costa, Director Ejecutivo ONG FIMA

- Alejandra Figueroa, Jefa de la División ‘Recursos Naturales y Biodiversidad’ del Ministerio del Medio Ambiente

- Eduardo Pavez, Gerente General de Bioamérica Consultores, Presidente de la Unión de Ornitólogos de Chile y              Co-Director del Programa de Conservación del Cóndor Andino Chile-Argentina.

Modera: Fernanda Salinas, Doctora en Ciencias m. Ecología y Evolución, Investigadora de ONG FIMA.

Lugar:  Sala 304, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales. 

Av. República 105, Santiago, Región Metropolitana

Hora: 13:00 hrs. 

Inscríbete

coloquio 28 nov

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[CERRADA] Convocatoria pasantías nacionales

#PasantíasFIMA.

Fecha de postulación: Hasta el 19 de noviembre 2017 (inclusive)

  • Derecho: 

La convocatoria es estudiantes de derecho en universidades nacionales que cursen 3ro, 4to o 5to año y que estén interesados en el área ambiental.

Los pasantes trabajarán en áreas como litigación, derecho de aguas, minería, derecho procesal ambiental, derecho internacional ambiental e investigación.

La pasantía tiene una duración de 3 meses.

Los interesados deben enviar su CV y carta de intención al correo s.susaeta@fima.cl

  • Ciencias

Se buscan estudiante de carreras científicas (o afines) que cursen 3ro, 4to o 5to año que deseen hacer una pasantía voluntaria en ONG FIMA

Los pasantes trabajarán en áreas como litigio ambiental, educación ambiental, contaminación ambiental, derecho ambiental e investigación relacionada.

El período de la pasantía tiene una duración de 3 meses.

Interesados/as deben enviar su CV con carta de intención al correo s.susaeta@fima.cl con copia a galleguillos@fima.cl

 

 

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Ordenamiento Territorial: La otra cara de los conflictos socioambientales

Amanda Cozzi Bas
Amanda Cozzi Bas – Socióloga. Área de estudios ONG FIMA

En Chile ha aumentado de manera evidente la aparición y desarrollo de conflictos socioambientales, tanto así, que según el ranking internacional elaborado por Atlas de Justicia Ambiental el país se posiciona en el lugar doce con 48 conflictos a la fecha.

Si bien, la aparición de estos conflictos tiene múltiples causas, al observar los resultados del Informe Anual de Derechos Humanos (2016), se menciona que hasta el año 2015 el 54% de ellos estaba vinculado al lugar de explotación o exploración, es decir, a la ubicación donde se instalaría el proyecto. Aquí la mayor oposición se genera desde la comunidad local que defiende su territorio ante el daño al valor natural, cultural, religioso o turístico del lugar, sin embargo, muchas veces estas disputas traspasan la frontera local, alcanzando escalas regionales y nacionales.

Algunos ejemplos son los casos de Hydroaysen, Tiltil, Dominga, Isla Riesco y la reciente manifestación contra el Proyecto Alto Maipo, en donde diversos actores contraponen visiones, percepciones, intereses y valoraciones sobre el acceso, control, uso y ocupación de un territorio.

De este modo, la planificación territorial juega un rol elemental, ya que es el ordenamiento del espacio geográfico a partir de normas, legislaciones, planes, estrategias y/o políticas que configuran y regulan su accionar, lo que conlleva a reflexionar y analizar estas controversias desde una dimensión territorial.

Bajo este contexto cabe preguntarse ¿Por qué los instrumentos vigentes de planificación territorial no son suficientes para afrontar estos fenómenos?

En términos de planificación, uno de los principales problemas que actualmente tenemos como país, es que no existe un instrumento que contemple una visión nacional de ordenamiento territorial. Por el contrario, son múltiples los instrumentos -normativos e indicativos- existentes, que operan con diversas regulaciones y bajo la supervisión de diferentes organismos sectoriales, como por ejemplo, los Planos reguladores, Planos Metropolitanos, Zonificación del Borde Costero, Plan de Desarrollo Comunal, Política Nacional de Desarrollo Urbano, entre otras. Lo que genera un marco institucional complejo que dificulta la coordinación y articulación de la planificación multiescalar y la consideración de las particularidades territoriales [1].

De esta manera, contar con una política de ordenamiento territorial a nivel nacional, parece ser una de las medidas que pudiese contribuir a la disminución de este tipo de fenómenos, ya que permitiría entregar un lineamiento o visión nacional para integrar de manera armónica las dimensiones culturales, sociales, económicas y ambientales sobre el territorio. Pero además, posibilitaría generar acciones de regulación de la ocupación y uso del suelo con criterios de sustentabilidad, protección ecológica y cultural y equidad en la distribución de las externalidades ambientales y sociales.

Es así, que el presente año se elaboró el Anteproyecto de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (2017), la cual pretende establecer un marco general de directrices a nivel nacional para guiar de forma coherente la aplicación y articulación de los diversos instrumentos de planificación existentes.

El anteproyecto se encuentra abierto a consulta pública hasta el 10 de Noviembre, en donde es fundamental hacer observaciones dirigidas a esclarecer la forma en que se ejecutarán las acciones propuestas. Es decir, cómo se integrarán dimensiones sociales, culturales, económicas y ambientales para el desarrollo sostenible del territorio; cómo se garantizará la participación y representación de los diversos y contrapuestos intereses de la sociedad civil, específicamente, los de las comunidades locales ante las decisiones ambientales que pueden afectar sus territorios; si habrá una zonificación en función a territorios de saturación ambiental, valor cultural, ecológico, turístico, entre otras; a qué nivel se restringirá la política, si será normativa o indicativa; y por último, cómo pretende mantenerse en el tiempo, considerando que se acerca una elección presidencial que podría modificarla, o bien, dejarla obsoleta.

De este modo, es necesario avanzar hacia una política nacional de ordenamiento territorial, que de manera vinculante se superponga a los instrumentos normativos e indicativos existentes en la materia, estableciendo las bases para orientar el desarrollo sostenible e integral del territorio, involucrando equitativamente los diversos intereses de sus habitantes, escalas territoriales, contextos y realidades, y a la vez, equiparando las condiciones desiguales de participación en las decisiones territoriales y distribución de las cargas y servicios ambientales, que genera la pugna y controversia de muchos de los conflictos ambientales que actualmente se encuentran activos a lo largo del país.

[1] Pretch, A., Reyes, S., & Salamanca, C. (2008). El ordenamiento territorial en Chile. Ediciones UC.

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Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) celebra triunfo judicial contra HidroAysén

  •  Tribunal Ambiental confirmó rechazo al agónico proyecto hidroeléctrico que se pretendía instalar en la Patagonia.

En fallo emitido este martes el Segundo Tribunal Ambiental resolvió rechazar casi la totalidad de las alegaciones formuladas por el consorcio HidroAysén (Enel-Colbún) contra la decisión del Comité de Ministros, y con ello se mantiene la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable para el proyecto.

Valoramos el fallo porque si bien lo sensato a toda vista era que se mantuviera el rechazo, éste entrega una mayor certeza a la inviabilidad de un proyecto altamente cuestionado, lo que sin duda va determinando el fin de un ciclo judicial para HidroAysén”, señaló Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, integrante del CDP.

El Tribunal Ambiental rechazó en su totalidad las alegaciones de la empresa que eran estrictamente jurídicas y acogió dos de cuatro alegaciones vinculadas a materias técnicas, dejando vigente la calificación desfavorable de HidroAysén, que sentenció negativamente el proyecto en 2014. Junto con ello el Tribunal reafirmó en dicha resolución que “el Comité de Ministros estaba facultado para ejercer la potestad invalidatoria; que la invalidación efectuada por dicho órgano estuvo debidamente motivada (…)”.

La sentencia del tribunal fue acordada con el voto concurrente del Ministro Rafael Asenjo, quien estuvo por rechazar en todas sus partes la reclamación en contra de la Resolución Exenta Nº 570/2014.

Finalmente los representantes del CDP subrayan que este proyecto desde un comienzo ha sido rechazado socialmente, siendo evidentes sus impactos socio-ambientales e innecesario para la matriz energética nacional, pero aun así los titulares de HidroAysén han insistido en acudir a nuevas instancias para conseguir la aprobación. “Esperemos que con este fallo quede claro el mensaje de rechazo jurídico de una vez por todas” concluyeron desde el CDP.

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Conversatorio: “Isla Riesco, un tesoro escondido y en riesgo”

Mañana jueves 19 de octubre a las 18:30 hrs. Ana Stipicic, vocera de Alerta Isla Riesco, y Victoria Belemmi, abogada de ONG FIMA, conversan sobre este importante caso en el que una comunidad se empodera encontra de la minería de carbón que amenaza con destruir un ecosistema único.

Lugar: Café Literario Balmaceda (ver mapa)

Hora: 18:30 – 19:45.

Inscripciones aquí: https://goo.gl/forms/fYXtmv4CptzFpMyc2

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CSCP: Trabajadores, Organizaciones medioambientales y parlamentarios solicitan una reforma al SEIA con representatividad de todos los sectores

La instancia creada en reacción a la baja representatividad de la comisión para la reforma del SEIA creada por la Presidenta, busca integrar la visión de todos los actores y construir así, un instrumento eficiente que permita una correcta evaluación de los proyectos que ingresan para evaluación ambiental.

Integrantes de la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria (CSCP), se reunieron con el Ministro de Medio Ambiente para entregarle el documento “Diagnóstico y Propuestas para una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”. En la reunión los distintos participantes de la comisión, expusieron a grandes rasgos las propuestas del documento y sus principales preocupaciones ante una reforma al SEIA.

En la instancia el parlamentario Daniel Melo (PS), le manifestó al Ministro Marcelo Mena, que la CSCP, nació como una comisión paralela a la comisión creada por la Presidenta, debido a la mínima representación del mundo ambiental, ciudadano y del trabajo, así como la sobre representación del mundo empresarial en dicha instancia presidencial, Sobre las propuestas, el parlamentario indicó, la necesidad de una reforma que equilibre los desbalances del sistema y que evalué los proyectos de mejor manera, elevando los estándares de la participación ciudadana.

En la misma línea Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable, manifestó que” la reciente crisis de desempeño del SEIA en los casos de Til Til y Dominga , debido a la concentracion territorial de cargas ambientales, y el intervencionismo de los superiores jerarquicos del SEA respectivamente, constituyen un llamado urgente a la presidenta para avanzar hacia un Sistema de Evaluacion Ambiental   con un estantar OECD, que incluya criterios de ordenamiento territorial, y participacion ciudadana incidente y vinculante. Chile no puede perpetuar un sistema que impone proyectos contra la voluntad de las comunidades y sin trasparentar como se evitaran los impactos ambientales”

Por su parte Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señaló “Nuestro principal interés es que los proyectos que ingresan al SEIA sean evaluados incorporando todas las visiones necesarias, pero con especial vista a la necesidad de prevenir daños ambientale. Por eso, nos parece que si vamos a reformular esta instancia, el proceso debe considerar las propuestas de todos y no solo aquellas representativas de los titulares de los proyectos. En ese sentido, el trabajo de esta mesa ha sido muy abierto y esperamos que nuestras propuestas sean acogidas, así como que se haga un proceso abierto de participación ciudadana respecto de las mismas”.

Así mismo, Doris Sandoval y Carlos Sierralta, representantes de los trabajadores y dirigentes de FENATRAMA, indicaron que una reforma al SEIA requiere de la participación activa de los trabajadores, esto porque son ellos quienes conocen las falencias del sistema, así como el dónde se pueden mejorar los procesos.

“Entendemos que nuestro rol dirigencial considera también, la capacidad de ejercer la crítica y autocrítica responsable, respecto de los procesos en los que participamos directamente como funcionarios/as; y desarrollar opinión sobre el perfeccionamiento de la evaluación ambiental en Chile. De igual forma, nuestro norte es la defensa del rol técnico de nuestro accionar, el respeto de las decisiones técnicas tomadas en las regiones y la profundización de la participación ciudadana”, indicó la Directora de FENATRAMA Doris Sandoval M

Tras escuchar a los comisionados, el Ministro de Medio Ambiente señaló que las mejoras al SEIA se harían en tres líneas de trabajo, la primera en relación a un instructivo presidencial que permita ordenar la tramitación de los proyectos: en una segunda línea la modificación del reglamento en cuanto a la agilización de proyectos y mejoras a la participación ciudadana; y una tercera línea sería un proyecto de ley que mejore procedimientos, entre ellos la participación ciudadana.

Por último, como resultado de la reunión, el Ministro abrió la posibilidad de realizar un proceso de participación ciudadana para las reformas reglamentarias, así como se planteó la posibilidad de un trabajo conjunto, con el fin de hacer un cruce entre las propuestas planteadas por la CSCP y la Comisión Presidencial, que permitan realizar una reforma equilibrada con la representación de los diversos mundos que son afectados por los proyectos de inversión a evaluar.

 

cambio climático

Por qué legislar sobre cambio climático

Por Sabiñe Susaeta H.

En general, existe consenso en que el Cambio Climático es un problema global que afecta a todo el planeta. Este consiste en el calentamiento de la Tierra debido al efecto de los gases invernadero, que han aumentado en las últimas décadas producto de la intervención humana en el ecosistema.

Por sus características geofráficas, Chile es un país especialmente afectado y nuestras autoridades se han comprometido en dos instancias, Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994 y el Protocolo de Kioto en 2002, a trabajar en la mitigación y adaptación contra el Cambio Climático.

¿Entonces por qué nos empeñamos en que se cree una Ley General para enfrentar el Cambio Climático? La principal necesidad de legislar sobre la materia se da porque las medidas relativas a enfrentar las crisis climáticas solo son a nivel de políticas públicas, y no de normativa, por lo que los organismos a cargo no tienen las facultades para hacerlas aplicables de manera obligatoria.

En cuanto a organización y estructura, Chile ha mejorado en materia de Cambio Climático, pero no es suficiente. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 2014 creó una estructura institucional a nivel nacional, liderada por el ya existente Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Dicho plan estableció un Equipo Técnico Inter¾Ministerial de Cambio Climático y creó los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), los que al año 2016 no habían sido incorporados[1]. Esta estructura sigue vigente en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del año 2017, sin embargo sus funciones están recién comenzando a ser aplicadas.

El problema, es que estas estructuras dependen de que sean mantenidas por el gobierno de turno (porque son políticas) y no han sido creadas de manera legal, por lo que estos organismos tampoco tienen atribuciones para exigir a otras instancias las medidas que integren para la adaptación al cambio climático.

De ello la necesidad de legislar, ya que la eficacia del derecho deriva en gran parte de su coercividad, es decir, la capacidad el Estado de exigir el respeto a las normas por parte de los ciudadanos y de los mismos poderes del Estado, que si no las cumplen, pueden ser sancionados. Es necesario que la aplicación de los mecanismos de mitigación y adaptación por parte de las autoridades sea una obligación de estas y no solo recomendaciones; lo mismo cuando estas medidas recaen sobre los particulares.

Para esto, es necesario, como mínimo, una ley que contemple: Primero, la creación de un Organismo de Cambio Climático y la estructura de sub organismos a su cargo. Segundo, la creación legal de medidas permanentes para la mitigación y adaptación al Cambio Climático; además de encargar al Organismo de Cambio Climático la potestad reglamentaria para establecer medidas concretas ante ciertas situaciones de emergencia (tales como los actuales Planes de Descontaminación y prevención) .

Organismo para el Cambio Climático

Es importante recordar que, la transversalidad es una característica central en medio ambiente general, y especialmente en Cambio Climático. La aplicación de medidas debe ser coordinada y fiscalizada por una entidad dedicada a ello, la cual tenga las facultades para requerir a los demás organismos del Estado y a los particulares, la aplicación de las medidas adoptadas por la autoridad.

Medidas de mitigación y adaptación mínimas contenidas en la Ley

Los Planes de Mitigación y Adaptación para el Cambio Climático vigentes, varían según el gobierno de turno, mientras que la creación de una norma general de cambio climático haría sostenibles las medidas de mitigación y adaptación a lo largo del tiempo. El hecho de que cada gobierno cree nuevos planes y nuevas medidas, provoca que para cuando estos están recién comenzando a ser aplicados, ya nos encontramos frente a un nuevo gobierno que pretende cambiarlos por un nuevo plan de Cambio Climático.

Por todo lo anterior, es necesario que los candidatos presidenciales se pronuncien sobre sus propuestas para hacer frente al Cambio Climático, pues sabemos el largo proceso que significa la creación de una ley, y definitivamente no tenemos tiempo para seguir esperando. Es necesario dar estabilidad a la regulación del Cambio Climático en Chile, significando aquello la existencia de un organismo transversal, con competencia para hacer obligaciones las medidas adoptadas. Significando también estabilidad normativa, como medidas mínimas establecidas legalmente que garanticen su permanencia en el tiempo, y exigibilidad bajo sanción en caso de no ser respetadas por las instituciones o personas sobre las cuales recaigan.

[1] Según estudio realizado por AdaptChile publicado como “Gobernanza Climática y respuestas locales al cambio climático: Comparación de Estudios de Casos para Ciudades de la Alianza del Pacífico” (2016)

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Apoya las propuestas de FIMA en Vota Inteligente

La Fundación Ciudadano Inteligente, nos invitó a participar con propuestas para la plataforma Vota Inteligente y que así los candidatos se pronuncien respecto a ellas.  Desde Ciudadano Inteligente harán llegar las propuestas que se levanten a todas las candidaturas presidenciales y parlamentarias y éstas se podrán comprometer en la misma plataforma a llevarlas a cabo y cumplirlas en caso de resultar electas.

Nuestras propuestas son:

El problema que se quiere solucionar es:

Falta de legislación y regulación en materia de Cambio Climático en Chile.

El Cambio Climático es un fenómeno global, consistente en el aumento de la temperatura media de la Tierra producto de la acumulación de gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Esto producirá importantes impactos en Chile, tales como: Aumento en la temperatura de los valles y enfriamiento en las costas; períodos de grandes sequías e incendios forestales; derretimiento de hielos y glaciares.
Aun así, el Cambio Climático no ha sido tomado lo suficientemente en serio y, como consecuencia, Chile no cuenta aun con legislación al respecto.
En Chile, el sector más importante en contribución a producción de GEI es el sector “energía”, sector representado principalmente por la minería (70%).
Como si no fuera suficiente, Chile es calificado como un país altamente vulnerable, cumpliendo con 7 de las 9 características que lo definen como tal, según la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

La causa de este problema es:

La intervención humana aceleró el proceso de calentamiento de la tierra. Este aceleramiento es producido por la emisión de los distintos gases de efecto invernadero (GEI) emitido por la actividad humana.

La propuesta para solucionar este problema es:

Nuestra propuesta consiste en que se legisle, promulgue y publique una Ley Nacional de Cambio Climático, con la principal finalidad de regular de manera comprensiva y transversal una materia que en Chile ha sido tratada jurídicamente de forma desmembrada y principalmente mediante planes y políticas, que no tienen fuerza obligatoria.

Objetivos de la Ley

Como mínimo, la ley debiese contemplar los siguientes objetivos:

-Creación de un organismo autónomo. Su director ejecutivo debe ser elegido por alta dirección pública y por un cargo de seis años. Este organismo estaría a cargo de manejar la contingencia del cambio climático en el país, y coordinar transversalmente las herramientas necesarias con los demás organismos públicos.

-Creación de un fondo para mitigación y adaptación de cambio climático. Un fondo mediante el cual este organismo pueda financiar proyectos de gobernanza local de mitigación y adaptación del cambio climático, con énfasis en las soluciones locales de adaptación. Las medidas debieran estar enfocadas en la protección de los derechos humanos y en la adecuada gestión de desastres.

En un plazo de

2 años

Apóyala aquí

El problema que se quiere solucionar es:

Mejorar la Planificación Territorial en Chile

La causa de este problema es:

Falta de Ordenamiento Territorial Ambiental En Chile no existe una normativa de Ordenamiento Territorial integrada y con un enfoque ambiental. Tampoco contempla debidos procesos de participación ciudadana y se limita a las zonas Urbanas.

La propuesta para solucionar este problema es:

La causa del problema es que la planificación territorial existentes está regulada por la norma de Urbanismo y Construcción, con un enfoque de uso de suelo urbano y aprovechamiento inmobiliario. Existen otros instrumentos tales como las concesiones marítimas y de acuicultura, Zonificación de Uso del Borde Costero, los Planes de Manejo Forestal, pero todos han sido pensado de manera específica para cierto elemento del medio ambiente o espacio geográfico, y no de forma transversal.

Propuesta

-Legislar sobre la materia, creando un organismo autónomo o dotando a un organismos ya existente, de facultades para aplicar y hacer aplicar a los demás actores de la administración del Estado, las políticas nacionales de planificación territorial.
Este organismo debe estar abocado a la planificación territorial del país, a revisar los distintos sectores donde se estén aplicando decisiones que tengan relación a la planificación territorial.

-Construir la planificación territorial en base a procesos de Participación Ciudadana y al principio de Justicia Ambiental, evitando zonas de sacrificio.
-Reconocer la importancia de la toma de decisiones a nivel local, respecto de la orientación que la ciudadanía espera de sus propias localidades, lo que se regula a través de los gobiernos regionales y municipios.
-Hacer vinculante las políticas de planificación territorial, en la toma de decisiones de las distintas autoridades, incluyendo especialmente la Evaluación Ambiental.

En un plazo de

2 años

Apóyala aquí

Sem. ONG FIMA _UdeChile

Seminario: Participación ciudadana puede contribuir en la mejora de los estándares ambientales

(Nota tomada Facultad de Derecho U. de Chile)

Diversos temas relevantes en materia ambiental se trataron en el seminario “Estado y Medio Ambiente: el control del poder en materia ambiental”, realizado el pasado 24 de agosto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A la actividad, en que participaron expositores nacionales e internacionales, asistieron más de 200 personas.

Organizado por el Centro de Derecho Ambiental (CDA), la ONG FIMA y el Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, el seminario trató especialmente cuestiones relativas a la participación ciudadana y el control jurisdiccional de los actos administrativos en materia ambiental.

La profesora Valentina Durán, directora del CDA, resaltó la importancia del principio de control público al cual está sujeta la Administración, pues ello asegura tanto la legalidad como la legitimidad democrática de sus actuaciones. En este contexto, la académica invitó a la reflexión en el contexto de la reciente jurisprudencia en materia de invalidación ambiental, como el emblemático caso de la Minera Dominga.

La profesora Durán añadió que el seminario busca aportar a los debates nacionales que se han llevado a cabo en relación a las tres formas de control que se analizan: participación ciudadana, Contraloría y tribunales de lo contencioso-administrativo.

Participación ciudadana en materia ambiental

La primera mesa del seminario fue moderada por María Victoria Galleguillos, coordinadora de Estudios de FIMA y trató sobre el problema de la participación ciudadana en la gestión ambiental. Álvaro Ramis, académico de la Universidad Alberto Hurtado abordó el tema de la democracia y la participación desde una mirada filosófica, y ahondó en la importancia de incentivar el hábito de la participación ciudadana desde la educación preescolar.

Posteriormente, Manuel Morales, abogado de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX de Ecuador, expuso sobre la experiencia constituyente en dicho país y cómo la participación ciudadana contribuyó a la mejora de estándares ambientales, en específico a la consagración de los derechos de la naturaleza. Finalmente, Rafael Asenjo, Ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental recalcó la importancia de la función de la participación ciudadana en la gestión ambiental, destacando que no es posible gestionar el patrimonio ambiental a espaldas de la ciudadanía.

Rol de la Contraloría

Seminario "Estado y Medio Ambiente: El Control del Poder en Materia Ambiental"
Segunda mesa: Rol de la Contraloría en materia ambiental. Luis Cordero, Alicia de la Cruz, Camilo Mirosevic, Sebastián Pilo.

 

La segunda mesa trató sobre la incidencia de la Contraloría General de la República en materia ambiental y fue moderada por la abogada y estudiante de doctorado, Alicia de la Cruz Millar. En este espacio, Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo e investigador del RegCom, evocó con nostalgia un Diálogo organizado por el CDA en mayo de 2006 sobre la función de la Contraloría en materia ambiental y expuso la evolución de la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría, reconociendo su importancia en la instalación de la institucionalidad ambiental.

Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, destacó la importancia de la jurisprudencia administrativa, al constatarse el hecho de que los altos niveles de conflictividad ambiental y los déficits de la ley no fueron subsanados por la implementación de los Tribunales Ambientales. Al término, Sebastián Pilo, director de la Asociación por la Igualdad y la Justicia de Argentina, identificó como uno de los principales desafíos para las entidades de control el hecho de que la información pueda ser puesta al servicio de los grandes debates ambientales.

El contencioso-administrativo ambiental

El profesor del Departamento de Derecho Económico, y estudiante de doctorado, Francisco Agüero, moderó la mesa que analizó las principales tendencias del contencioso-administrativo ambiental chileno. Al inicio, Paulina Riquelme socia fundadora de EELAW, se refirió al desarrollo jurisprudencial de la invalidación administrativa de la resolución de calificación ambiental, ahondado sobre los alcances del artículo 53 de la Ley General de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Por su parte, Diego Lillo, coordinador de litigios de la ONG FIMA, se refirió a la relación entre la invalidación impropia y el artículo 25 quinquies de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Este bloque concluyó con la presentación de Ximena Insunza, investigadora del CDA y ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental, quien apuntó la necesidad de una reforma legislativa para crear un contencioso-administrativo general ambiental, trascendiendo las limitaciones derivadas del artículo 17 N° 8 de la Ley que crea los Tribunales Ambientales.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la abogada Gabriela Burdiles, directora de Proyectos de FIMA, quien presentó una recopilación de las discusiones y exposiciones llevadas a cabo durante el día. Asimismo, los organizadores agradecieron el apoyo del Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, la que hizo posible el encuentro a través del Programa de estímulo para proyectos académicos de estudiantes postgrado, cuyo fondo benefició al proyecto presentado por el doctorando Ezio Costa, junto a Alicia de la Cruz y Francisco Agüero.

Ver el programa 

Descargar Presentaciones:

Alvaro Ramis – Académico UAH

Camilo Mirosevic – División Jurídica Contraloría.

Diego Lillo – Coordinador de Litigios ONG FIMA

Luis Cordero – Académico U. de Chile

Paulina Riquelme – Socia EELAW

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Río Cuervo: Escenas Post-Crédito

Rodrigo Pérez Aravena
Rodrigo Pérez Aravena
Abogado
Equipo de Litigios ONG FIMA

La Central Hidroeléctrica Cuervo ha caído. La frase suena como proferida al final de una superproducción cinematográfica de esas que algunos frecuentamos apreciar en cines. De esas que están muy de moda y que aparentan poner fin a larguísimas sagas, que en el desarrollo de emocionantes episodios, relatan el conflicto perpetuo entre dos mundos diametralmente opuestos, donde cada parte ha dado una encarnizada lucha por la persistencia y el triunfo de sus ideas. En el preámbulo de las escenas finales, una de las fuerzas ha cedido gracias a alguna jugada maestra de su adversario, o bien por desgaste. Finalmente, una de las posiciones se constituye en vencedora, la otra es la derrotada; una parte se lamenta y la otra celebra; acto seguido la película muestra sus créditos finales.

Sin embargo, la realidad puede ser mucho más compleja que una simple dialéctica o choque de fuerzas, aun cuando puede haber un símil en las estructuras narrativas. Hasta antes de que Energía Austral comunicara su decisión de desistirse del proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, existía (y aún existe) una férrea oposición dada principalmente por la comunidad y organizaciones civiles como CODEFF y CODESA entre otras, que desde un principio alertaban sobre el riesgo de grave afectación a los ecosistemas de la zona por parte de esta propuesta de inversión. Tema aparte el riesgo sísmico involucrado en la construcción de una central de embalse en medio de una falla geológica como la de Liquiñe-Ofqui.

Ahora, con la renuncia de la empresa a su Resolución de Calificación Ambiental (motivada por la supuesta inviabilidad en la construcción de la línea de transmisión subterránea), pareciera que esta particular controversia entre la libertad para desarrollar proyectos de inversión y el derecho a vivir en un medio ambiente sano, llega a su esperado desenlace. Y entonces empezamos a sentir esa tentación de querer bajar el telón a nuestra superproducción, a mostrar los créditos finales, así como los agradecimientos que hicieron posible la exhibición de esta obra.

Sin embargo, si bajamos el telón a la historia del proyecto Río Cuervo, debemos echar mano de manera obligada a un recurso cinematográfico muy de moda; la escena post-crédito. Como su nombre lo indica, este tipo de escena se inserta durante la mención de quienes intervinieron en la cinta o bien en su culminación, con la intención hacer un cierre definitivo del episodio, o bien, presagiarnos el advenimiento de uno nuevo.

Pareciera que el fin del proyecto Río Cuervo nos tiene preparada una de esas escenas post-crédito, ya que aún quedan sin resolver una serie de problemáticas socioambientales que requieren de un pronunciamiento por parte de las autoridades correspondientes.

Dicha escena, no es otra que la sentencia definitiva que el Ilustre Tribunal Ambiental de Valdivia dicte, respecto de la causa que ha sido sometida a su conocimiento y decisión[1].

Varias son las temáticas que se han puesto en conocimiento de este órgano colegiado: resolver lo alegado por los reclamantes sobre la evidente falta de información esencial que el proyecto adolecía y la conclusión de ello, esto es, que la autoridad ambiental desde un principio debió declarar inadmisible dicha propuesta.

Otro aspecto relevante sometido a la decisión del Tribunal, alude a la aprobación del proyecto, por parte del SEA[2], con evidente inobservancia a la normativa ambiental, adoleciendo falta de apego a criterios preventivos y precautorios para descartar riesgo sísmico en la zona de Aysén, a lo cual se suma la falta de razonabilidad del Comité de Ministros al ratificar dicha decisión. Ni durante la Evaluación Ambiental ni en las etapas recursivas, el titular supo descartar el riesgo de un evento sísmico a causa de la construcción y operación del embalse, como tampoco la autoridad ambiental justificó debidamente la aprobación del proyecto a pesar de estos riesgos mal evaluados.

Como último punto relevante a destacar, es necesario un pronunciamiento sobre el real valor y dimensión de las propuestas del titular, para hacerse cargo de los impactos en la zona. La ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, obliga a los titulares de proyectos sometidos a Estudios de Impacto Ambiental, a la adopción de medidas de mitigación y compensación, pero aun así surge la problemática sobre la proporcionalidad y pertinencia de este tipo de acciones; tema que ya ha sido abordada en opiniones anteriores[3].

Es sabido que el proyecto Río Cuervo consideraba viable la inundación de los lagos Yulton y Meullín, la afectación de humedales y ecosistemas abundantes en biodiversidad, así como la tala de considerables hectáreas de bosque nativo. ¿Eran las medidas de compensación propuestas por el titular, lo suficientemente razonables como para, a lo menos, igualar las funciones ecosistémicas de humedales y bosques que han vivido un proceso de formación que ha abarcado milenios?

Debo advertir que el guión de esta escena post-créditos está bien guardada bajo llave, por lo que no podemos adelantar la decisión del tribunal, como tampoco asegurar que el contenido del fallo se referirá a estos puntos. Pero lo relevante, imperioso y necesario en esta etapa; es que independiente de cuál sea la parte favorecida por el fallo; este debe pronunciarse respecto del fondo de la controversia, reflejada en componentes ambientales como los ya descritos.

A mi juicio, el proyecto Central Río Cuervo sencillamente no era viable ambientalmente, implicaba enormes riesgos a la vida de los habitantes de Aysén y contemplaba una serie de detrimentos ecosistémicos cuya mitigación y compensación eran, de plano, insuficientes e improcedentes. Otra cosa es lo que diga el Tribunal Ambiental. Aun así, un análisis de fondo nos podría dar una mayor claridad sobre cómo los actores relevantes de esta saga pueden afrontar estas problemáticas a futuro, ya que la experiencia indica que el guion descrito en estas líneas suele repetirse con frecuencia.

La renuncia del titular a la RCA del proyecto Río Cuervo, no puede hacernos perder el foco en las consideraciones descritas, no obstante que el desenlace dice que la zona de Aysén no deberá soportar la pesada mochila que implicaba el proyecto. La sentencia que el Tribunal Ambiental debe dictar, constituiría además un cierre necesario, y adecuado en caso de incorporar estas temáticas; en definitiva la escena post-créditos que le falta a esta obra.

Lamentablemente no puedo garantizar que lo que se exhiba pondrá punto final a la saga; o la extenderá por unas cuantas temporadas más.

[1] Ver Causa Rol R-42-2016 del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

[2] Servicio de Evaluación Ambiental

[3] Ver Belemmi Victoria, “Compensaciones Ambientales: Un problema presente y futuro” en http://www.fima.cl/compensaciones-ambientales-un-problema-presente-y-futuro/

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Triunfo ciudadano: CDP Celebra renuncia definitiva de Energía Austral a RCA de proyecto Central hidroeléctrica Cuervo

  • Más allá de la decisión adoptada por el titular, los representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia esperan que el Tribunal Ambiental incorpore en su fallo todos los antecedentes respecto de la falta de rigurosidad de los Estudios de Impacto Ambiental, en base a los cuales se aprobó el proyecto.

 El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), considera un “triunfo ciudadano” la reciente renuncia total del titular, Energía Austral SpA a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Central Hidroeléctrica Cuervo, que mantuvo amenazada la vida de los habitantes de Puerto Aysén, como la valiosa biodiversidad de esa zona de la Patagonia.

Por más de 7 años la ciudadanía de Aysén dio una lucha frontal en contra de un proyecto de altísimo riesgo, y mientras esperaba el fallo respecto de las reclamaciones ante el Tercer Tribunal Ambiental recibe esta gran noticia. “Ahora esperamos que la empresa devuelva los derecho de agua, principalmente consuntivos – dejando de pagar más de dos millones de dólares al año de patente por no uso-, y también las más de 20 mil hectáreas adquiridas a precio irrisorio vía ´pituto´ con una conocida familia de Aysén”, indicó Peter Hartman, coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.

“Energía Austral SpA al renunciar a los derechos y obligaciones establecidos en las resoluciones de la autoridad, se abstiene en definitiva de ejecutar el proyecto aprobado por las mismas. (…)”, señala el documento presentado este 28 de agosto ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que formaliza los trascendidos recientes de prensa. Con ello la empresa renuncia ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, a la titularidad de la Resolución Exenta N°180, del 16 de septiembre de 2013, de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Cuervo.

Para el abogado y Director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa “Este hecho ratifica que la construcción de este tipo de centrales es inviable en la Patagonia y además, devuelve la certeza y seguridad a los ayseninos. Es de esperar que ahora el sector sea priorizado para protección, al ser una reserva ecosistémica única y de valor incalculable para nuestro país y las generaciones venideras”.

La ciudadanía y organizaciones sociales se opusieron desde sus inicios a este proyecto por sus importantes falencias técnicas referidas a la construcción de un embalse de 13 mil hectáreas sobre una falla geológica activa, Liquiñe-Ofqui, en un área rodeada de volcanes, que, además, implicaría la desaparición de humedales, lagunas y la destrucción de un área de alto interés ecosistémico para el país, lo cual ha sido refrendado por diversos expertos.

Oferta laboral ONG FIMA

[CERRADA] Buscamos Profesional para Proyecto de Educación Ambiental

Para proyecto de 7 meses:

Buscamos a un Profesional con experiencia en el área de la Educación Ambiental y conocimientos en sustentabilidad, residuos y calidad del aire. Pueden postular a esta convocatoria tanto profesionales del área de las Ciencias Exactas y Naturales, como de la Educación.

  • Media jornada.
  • Disponibilidad inmediata.
  • Fecha de postulación: hasta el 20 de agosto 2017
  • Enviar CV y carta de intención a salinas@fima.cl
Principio 10

Avances y retrocesos: Resumen de la VII reunión de Negociación del Principio 10

A una semana de terminada la séptima reunión de negociación del acuerdo regional para la mejor implementación del Principio 10, la representante electa del público, Andrea Sanhueza y nuestra Directora de Proyectos, Gabriela Burdiles, hacen un balance de lo ganado y lo retrocedido en esta ronda.

En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en Buenos Aires y se negociaron los artículos 6 y 7 sobre acceso a la información pública y el artículo 8 sobre participación pública. Siendo el 7, el más complejo de negociar y donde la sensación de retroceso invadió durante algunas jornadas a los representantes del público.

Así, en la carta leída el penúltimo día de negociación, Andrea Sanhueza sañalaba lo siguiente:

“(…) El texto sobre acceso a la información es regresivo y por consiguiente inaceptable para el público. Nos parece necesario que se evalúe el grado de regresividad del texto hasta ahora negociado.

La dirección de la negociación no puede seguir en esta línea.  Queremos explicitar nuestras mínimas exigencias para participación y justicia.

En participación, el texto debe GARANTIZAR el derecho a participar, pero todavía vemos países que proponen verbos como facilitar, promover y alentar. Queremos recalcar que estamos frente a un instrumento con enfoque de derechos, que los Estados tienen la obligación de garantizar.

La participación debe ser temprana para efectivamente incidir en la toma de decisiones ambientales.  Vemos que varios gobiernos quieren diluir el texto y no quieren hablar ni de participación temprana o de incidencia. La participación tardía, frente a hechos consumados, no es participación.

Sobre el derecho al acceso a la justicia, lo fundamental es la amplia legitimación activa, que le permite a cualquier persona u organización acceder a la justicia para proteger el medio ambiente.  Además, es indispensable contar con mecanismos expeditos y oportunos que permitan evitar el daño ambiental.

Asimismo, el texto debe recoger plenas garantías para los defensores ambientales.

Hemos llegado a un punto de inflexión.  Para seguir adelante demandamos una negociación de buena fe.  La buena fe implica la creación de estándares regionales que mejoren la realidad actual.

Nos parece que aquellos países que no están preparados a construir estándares regionales robustos le despejen el camino a los países que sí tienen un compromiso real con el desarrollo sostenible y con la gente.

Ya es hora de definir el carácter vinculante del acuerdo. El público no está dispuesto a ocupar estas sillas observando cómo se rebajan estándares y recortan derechos. Si estamos dispuestos a seguir trabajando con propuestas progresivas que recuperen la visión que inspiró esta iniciativa”.

Por otra parte, la representante del público señaló que respecto de los resultados de la negociación del artículo 8 el balance es más alentador:

“Entre algunos de los aspectos positivos están el que se garantiza la participación del público, no sólo para los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino también cuando estos proyectos someten a evaluación sus revisiones, reexaminaciones y/o actualizaciones.

En segundo lugar, se asegura la participación en los procesos de autorizaciones ambientales (como el SEIA) que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Es un avance significativo que se vinculen los impactos en el medio ambiente con los de la salud de las personas, ya que sabemos por ejemplo como la contaminación del aire y agua producto de actividades repercute directamente en la salud de las personas.

En tercer lugar, se establece que el lenguaje que se utilice para informar a la ciudadanía sobre las características de los proyectos, tales como ubicación y tecnología, además de sus impactos, debe ser siempre comunicado de forma comprensible y no técnica.

En cuarto lugar, los medios para informar a la ciudadanía en general y a los directamente afectados deben ser culturalmente adecuados.

En quinto lugar, se establece la obligación de comunicar al público prontamente la decisión adoptada, informando sobre los motivos que la sustenta, incluyendo la consideración de las observaciones planteadas por el público.

El aspecto donde no se logró una provisión sólida es aquella que se refiere a cuándo debe ocurrir la participación. Desde el público aspirábamos a que la provisión estableciera que “la participación se iniciará en etapas tempranas cuando todas las opciones estén abiertas de manera que la misma sea debidamente considerada”. Finalmente se acordó un párrafo que habla de una participación inicial, y se estableció que en la sección de definiciones del Convenio se incluirá una definición de “participación inicial” que hará referencia al momento de cuando “todas las opciones están abiertas’.”

Otro factor a destacar, es la mención a la importancia de generar mecanismos para resguardar la seguridad de los defensores ambientales. Respecto a este punto, Gabriela Burdiles agrega:

“Se incorporó un nuevo texto del artículo 9 bis sobre Protección de Defensores Ambientales. Este agregado fue propuesto por la delegación de Costa Rica, representada por la Vice Ministra de Medio Ambiente, sra. Patricia Madrigal, con apoyo de las organizaciones del público. En él se propone una definición de estos individuos y grupos que trabajan en la defensa del ambiente y los derechos humanos. Luego establece un deber de prevención, protección e investigación de cualquier amenaza o ataques en contra de estos grupos. Finalmente, establece un grupo de trabajo ad-hoc en el marco de este acuerdo que se dedique a abordar este tema. Los gobiernos aceptaron la incorporación del artículo propuesto al texto compilado de Cepal, para discutirlo en la próxima ronda de negociación en noviembre de este año”.

Así, la invitación es a seguir atentamente esta negociación que debiera culminar este año. Si se logra un convenio sólido y ambicioso, éste tendrá un beneficio directo en la vida de las personas que habitamos América Latina y el Caribe.

Portada Seminario FIMA 2017

Seminario FIMA: Estado y Medio Ambiente: El Control del Poder en materia ambiental.

El miércoles 24 de agosto se realizará el Seminario de Derecho Ambiental que anualmente ONG FIMA organiza. En esta oportunidad, la actividad se realizará en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Entrada liberada previa inscripción en el siguiente link:

https://goo.gl/uEnzkA

VER PROGRAMA SEMINARIO 24 AGOSTO

24 de agosto.  Aula Magna Facultad de Derecho U. de Chile.
24 de agosto.
Aula Magna Facultad de Derecho U. de Chile.

 

 

 

 

 

CSCP SEIA 9

Certeza y modificaciones a la regulación ambiental

Ezio Costa Cordella Abogado Director Ejecutivo de FIMA
Ezio Costa Cordella
Abogado
Director Ejecutivo de FIMA

Columna publicada el 04.08.17 en El Mostrador

En diversas publicaciones y alocuciones recientes, los gremios empresariales y especialmente la SOFOFA, han ingresado a la arena de las políticas públicas pidiendo básicamente dos cosas: simplificación regulatoria y modificaciones al sistema de evaluación ambiental. Ninguna de las peticiones han sido suficientemente detalladas, pero a simple vista hay algunas observaciones que debiéramos hacer.

Respecto de la simplificación regulatoria, si ella se da en el marco de un proceso de mejora como el que viene hace años empujando la OCDE, pareciera una iniciativa muy loable. Finalmente, lo que se busca es que la regulación sea creada de manera razonable, con objetivos, costos y beneficios claros y con participación ciudadana.

Además, la mejora regulatoria busca que la regulación existente sea simple y comprensible para los ciudadanos, lo que significaría que, por ejemplo, cualquier persona pueda leer de corrido y entender una circular del Servicio de Impuestos Internos o una notificación judicial; cuestiones que hoy en día utilizan un lenguaje técnico incomprensible para la mayoría de los ciudadanos y que obscurecen nuestra relación con las instituciones públicas. Esa misma simplificación le sirve, por supuesto, a las empresas, que en la medida en que tengan que atenerse a regulaciones más claras, deben incurrir en menores costos de comprensión y de cumplimiento.

Lo que la simplificación regulatoria no significa ni puede significar, es desregulación o baja en los estándares de protección de derechos. Lo que la regulación hace en los mercados, es intentar balancear la libertad económica y el uso de la propiedad con los objetivos de política pública. Esos objetivos pueden ser técnicos o políticos, pero necesariamente debieran estar ligados a la manifestación de la voluntad popular y por lo tanto el espacio en que la democracia se hace presente. A veces, la regulación los balancea simplemente corrigiendo fallas de mercado y confiando en que este mismo maximice el bienestar. En otras ocasiones, la regulación actúa alterando de alguna manera un mercado para proteger otros intereses de la política pública, como la protección de personas en posiciones de desventaja.

Sin embargo, en el contexto actual, es especialmente preocupante el hecho de que se vincule la simplificación regulatoria a una posible reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La primera preocupación arranca de la experiencia, normalmente cuando se habla de modificar el SEIA, en realidad se está hablando de bajar estándares. La segunda preocupación es la fuente que se pretende usar para esta modificación. En 2016, el gobierno formó una comisión asesora presidencial para proponer modificaciones al SEIA y esta, en su inmensa mayoría, estaba conformada por personas cercanas a los titulares de proyectos, existiendo una pequeña representación académica y de la sociedad civil, parte de la cual renunció a mitad de camino alertada precisamente por este desbalance.

El informe de dicha comisión deja claro que el espíritu modificatorio que se tiene en mente, se basa en bajar exigencias y con ello disminuir plazos. Bajo el discurso de la certeza, se pretende traspasar riesgos e incertidumbres a los ciudadanos, a pesar de que estos tienen poco o nada que ganar en estos procesos.

En paralelo, una comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil, parlamentarios y los sindicatos de funcionarios de la institucionalidad ambiental (estos últimos, quienes en realidad evalúan los proyectos), elaboró otro informe con propuestas de mejoras al SEIA, para dotarlo efectivamente de capacidad de protección del medio ambiente y otorgar mayores certezas a todos los involucrados y no solo a los titulares de proyectos. El informe (disponible aquí), plantea reformas mucho más relevantes, como es la despolitización del SEIA, la autonomía de los organismos de evaluación, la necesaria participación de las municipalidades y la creación de un ordenamiento territorial vinculante.

La certeza jurídica en materia ambiental, se lograría si se mejoraran los estándares y respetaran las normas. Si pudiéramos estar seguros de que no se va a autorizar un proyecto que afecte una reserva o un parque nacional, o que tenga la potencialidad de afectar a una especie en peligro de extinción, o que ponga una carga ambiental desmedida sobre una comunidad. La certeza debiera estar en que al presentar un proyecto como los antes descritos, ciertamente no sería aprobado. Entonces, ningún titular tendría que gastar su tiempo y dinero en presentar algo así. Mientras tanto, las personas y comunidades podrían tener la certeza de que sus vidas no se verán fuertemente alteradas por voluntades externas sobre las que no tienen ningún control.

En definitiva, si realmente se planteará una reforma al SEIA, el gobierno debe cuidar la certeza de todos los ciudadanos y no sólo de aquellos ciudadanos que presentan proyectos al sistema. Simplificar la regulación para darnos la seguridad de que podremos desarrollarnos en un medio ambiente sano y vivir una vida digna.

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Corte Suprema ordena a SEA revisar proyecto hidroeléctrico en río Achibueno

El fallo otorga nuevas esperanzas para la protección del Santuario de la Naturaleza Achibueno y entrega un mayor nivel de certeza al acceso a la justicia, al establecer los plazos para tramitar las solicitudes de invalidación de los proyectos a los que la administración debe acogerse.

Santiago, 27 de julio 2017.

El máximo tribunal del país dictó sentencia a favor de la ONG FIMA respecto a una solicitud de invalidación presentada por dicha organización, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Achibueno”. Con esto, el Servicio de Evaluación Ambiental se ve obligado a abrir el procedimiento de invalidación y pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, la que apunta a corregir los vicios en que incurrió la administración al aprobar el proyecto.

El fallo además de conceder una nueva oportunidad para la defensa del Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno, en el que se pretenden instalar dos centrales de pasada; significa un importante cambio para la jurisprudencia ambiental y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía.

“Lo que la Corte Suprema señala es que la invalidación solicitada por un interesado que no haya participado de la evaluación ambiental de un proyecto, obliga a la administración a tramitar siempre el procedimiento administrativo respectivo en la medida que haya sido interpuesta dentro de los dos años siguientes a la dictación de la RCA”, explica Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA.

Para el abogado, esto es muy importante porque ordena y asienta una jurisprudencia que permite de forma efectiva compatibilizar las distintas acciones existentes en la Ley de Tribunales Ambientales.

“Estamos felices, porque por un lado, vemos más posibilidades de que este proyecto que desde el principio ha estado mal planteado y peor evaluado no se haga; y por otra porque se está asegurando un mayor nivel de certeza frente a la justicia para la ciudadanía”, sentenció Lillo.

El proyecto

El Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente en Enero de 2011, consiste en la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada en serie, con una potencia total instalada de 135 MW, y una línea eléctrica de 66 kv.

Para los opositores, ya desde su evaluación se manifestaron vicios al no ser debidamente consideradas las observaciones ciudadanas. Además, su aprobación se realizó pese a que existían claros informes entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) y el Ministerio del Medio Ambiente, indicando que existían importantes inconsistencias en el proyecto, como la falta de caudal ecológico y el encontrarse al interior de una zona protegida como es un parque nacional.

Ver fallos:  

Contacto de presa:

  • Constanza Dougnac
  • +569 99378564
  • cdougnac@fima.cl
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A un mes de Municipio Verde ¿en qué estamos?

M. Victoria Galleguillos Alvear Coordinadora de Investigación  FIMA
M. Victoria Galleguillos Alvear
Coordinadora de Investigación
FIMA

“El municipio es simultáneamente el último escalón del aparato del Estado y el primer peldaño de acceso desde el ciudadano”[1]

A un mes del lanzamiento de la plataforma web Municipio Verde los desafíos crecen día a día, junto con el ánimo de avanzar hacia la creación de un espacio de colaboración en materias ambientales entre sociedad civil, mundo privado y municipalidades.

Luego de 5 años de trabajar en la capacitación de funcionarios municipales en derecho ambiental y con la convicción de generar soluciones y estrategias ambientales geográficamente adecuadas, es que como organización decidimos crear una herramienta dirigida a fortalecer la democracia ambiental de los gobiernos locales del país. Así, el plan piloto de Municipio Verde -integrado por las 11 municipalidades más numerosas de la Región Metropolitana- se encuentra actualmente en funcionamiento con las aplicaciones “Infórmate”, “Evalúa” y “Participa”, herramientas que tienen por objetivo principal acercar y visibilizar la gestión ambiental de los municipios e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de su territorio.

Los aprendizajes de este primer periodo han sido numerosos, entre ellos se encuentra la necesidad de generar nuevos indicadores, capaces de reconocer los diferentes desafíos a los que enfrentan los municipios, como también medidores que permitan visibilizar los esfuerzos de mayor continuidad e impacto en el territorio. Asimismo, el conseguir que la herramienta sea efectivamente utilizada y conocida por los ciudadanos ha requerido del apoyo de variadas organizaciones. Así, durante el mes de junio participamos en la Semana del Clima organizada por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, lo que nos permitió crear nuevos lazos de colaboración y dar a conocer la iniciativa. En este mismo esfuerzo, las propias municipalidades han difundido el proyecto en sus redes, por ejemplo, mediante la inclusión de Municipio Verde en sus programas de difusión audiovisual sobre la gestión ambiental, como la Municipalidad de las Condes.

En esta misma línea, la incorporación de regiones se ha hecho imperiosa, pues en ellas existen aún mayores desafíos de visibilidad y coordinación. Así, se nos acercó la Municipalidad de Coronel interesada en ser parte del proyecto y en dar a conocer el trabajo ambiental que se ha llevado adelante en una zona especialmente afectada por problemáticas ambientales. Dentro de las iniciativas que Municipio Verde comenzará a difundir, se encuentra el Plan Verde Coronel 2050, programa que permitió que la comuna triplicara sus áreas verdes en menos seis años.

En este período también se creó en redes sociales la sección #ConPocoSeHaceMucho, que intenta rescatar cómo municipalidades pequeñas o con escasos recursos, generan proyectos innovadores en materia ambiental que marcan la diferencia. Así, ejemplos como la campaña de reciclaje de ropa en la comuna de Chile Chico y la inclusión de contenidos en la malla curricular de colegios impulsado por la Municipalidad de Renca, dan cuenta de prácticas que buscamos visibilizar con el ánimo de aumentar su replicabilidad e incidencia.

Ha sido un período de grandes aprendizajes, que estamos seguros continuarán y nos permitirán avanzar hacia la construcción de una mejor herramienta para fortalecer la democracia ambiental de los gobiernos locales del país. La invitación está abierta para que todos los municipios que quieran intregrarse nos contacten, y así poder hacer que esta herramienta sea útil y efectiva para toda la ciudadanía. Queremos que los vecinos y vecinas de todo Chile sepan que ocurre a su alrededor y cómo ellos pueden contribuir a cambiar el color de su comuna.

[1] FERNÁNDEZ, Juan, Gestión Ambiental Local, ¿Hacia dónde va la Gestión Ambiental local? Aportes y sugerencias pensando en Río +20, Ministerio del Medio Ambiente, 2010.

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Abierta Convocatoria de Pasantías y Práctica Profesional FIMA

#PasantíasFIMA.

Fecha de postulación: Entre el 10 y el 21 de julio 2017.

En esta oportunidad se buscan pasantes de derecho, científico y practicante de periodismo.

  • Derecho: 

La convocatoria es para 2 estudiantes de derecho en universidades nacionales que cursen 3ro, 4to o 5to año y que estén interesados en el área ambiental.

Los pasantes trabajarán en áreas como litigación, derecho de aguas, minería, derecho procesal ambiental, derecho internacional ambiental e investigación.

La pasantía tiene una duración de 3 meses.

Los interesados deben enviar su CV y carta de intención al correo s.susaeta@fima.cl

  • Ciencias

Se buscan estudiante de carreras científicas (o afines)que cursen 3ro, 4to o 5to año que deseen hacer una pasantía voluntaria en ONG FIMA

Los pasantes trabajarán en áreas como litigio ambiental, educación ambiental, contaminación ambiental, derecho ambiental e investigación relacionada.

El período de la pasantía tiene una duración de 3 meses.

Interesados deben enviar su CV con carta de intención al correo s.susaeta@fima.cl

  • Practicante de periodismo

Sus labores son:

  • Apoyar en la gestión de prensa.
  • Apoyar en la difusión de contenidos en redes sociales.
  • Ayudar en la creación de campañas.
  • Ayudar en la coordinación de eventos y proyectos en general.
  • Colaborar en la redacción de notas y contenidos.

Requisitos:

  • Estar cursando último año o haber egresado de periodismo o alguna carrera afín.
  • Tener disponibilidad de horario
  • Tener interés por el medio ambiente
  • Tener interés por las comunicaciones organizacionales.

Ofrecemos:

  • Integrarse a un equipo joven con mucha experiencia en la defensa ambiental.
  • Posibilidad de influir realmente en el trabajo de la organización.
  • Horario flexible
  • Ofrecemos una aporte económico para ayudar con gastos de locomoción y colación.
COMUNICADO NAMATI

“DECLARACIÓN DE VILLA INFLAMABLE POR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODAS/OS Y EL EMPODERAMIENTO JURÍDICO”

En Villa Inflamable -Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina-, a los 24 días del mes de junio de 2017, en el marco del ¨Encuentro Regional de Intercambio de Experiencias sobre Empoderamiento Jurídico¨, nos encontramos reunidos/as representantes de organizaciones de la sociedad civil de alcance nacional, regional e internacional, provenientes de 13 países, que trabajamos con las comunidades más vulnerabilizadas de nuestras sociedades para revertir las violaciones de derechos y la discriminación estructural a la que son sometidas.

Bajo el entendimiento de que la articulación de esfuerzos a nivel latinoamericano permitirá potenciar nuestras capacidades internas y de incidencia para lograr que la promesa de una justicia igualitaria para todos y todas se haga realidad, acordamos la siguiente declaración abierta:

  1. Afirmamos:
  • Que nuestros países no han logrado revertir las profundas y estructurales desigualdades existentes, ni las injusticias que afectan a comunidades especialmente vulnerabilizadas como lo son las mujeres, los pueblos originarios, los/as migrantes y refugiados/as, las víctimas de la discriminación racial, los/as habitantes de asentamientos informales, las personas LGTBIQ+, los/as desplazados/as o afectados/as por razones ambientales, las personas con discapacidad, los/as niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de libertad, entre otras.
  • Que existe un amplio consenso internacional en torno a que el acceso a la justicia resulta fundamental para revertir este estado de cosas -lo cual se reconoce en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 100 Reglas de Brasilia, entre otros instrumentos de DDHH que específicamente protegen a los grupos en condiciones de vulnerabilidad-.
  • Que, a pesar de ello, las barreras que actualmente existen para acceder a la justicia en forma adecuada y oportuna se manifiestan de numerosas formas, incluyendo obstáculos de tipo geográfico, simbólico, económico, edilicio, lingüístico, cultural y de diseños institucionales.
  • Que para revertir las asimetrías existentes en el acceso a justicia se requiere el compromiso del sector público, pero también del sector privado, de la sociedad civil, de la academia y de la comunidad internacional, entre otros.
  • Que, sin embargo, estas barreras no se derribarán sólo sobre la base de reformas institucionales diseñadas “desde arriba”, sino que se requiere del rol protagónico de las comunidades y las víctimas, para conocer, usar y transformar el derecho.
  • Que las organizaciones aquí firmantes, las que se sumen a esta declaración, así como cientos de otras organizaciones, defensores/as y activistas de la sociedad civil en nuestros países, estamos en condiciones de jugar un rol clave tanto para acompañar, acelerar y potenciar los procesos jurídicos comunitarios, como para contribuir a promover sociedades pacíficas e inclusivas, al igual que para aportar a los cambios institucionales, culturales y económicos que nuestros países deben realizar con miras a brindar un servicio de justicia adecuado, igualitario, oportuno, de calidad, accesible y eficaz.
  1. Exhortamos:

A los Estados -incluyendo a los gobiernos locales, subnacionales y nacionales-,

  • A asegurar a todos/as sus habitantes sin distinción -y priorizando a los grupos más desfavorecidos-, el derecho de acceder a la justicia para revertir las violaciones de derechos que los aquejan y resolver sus necesidades jurídicas.
  • Para ello, a garantizar el acceso universal a asistencia jurídica -asequible, de calidad, independiente y con soporte interdisciplinario- para dichas poblaciones, asegurando su provisión a todo aquel que la necesite, amplificando la cobertura de los servicios de defensa pública, y proveyendo los recursos económicos y técnicos necesarios para lograrlo.
  • A eliminar todas las barreras y asimetrías que actualmente existen, entre los sectores de poder y el resto de la población, para acceder a la justicia y al ejercicio de funciones judiciales.
  • A generar diagnósticos exhaustivos y rigurosos sobre el acceso a la justicia, los cuales deben ser realizados bajo una perspectiva de derechos humanos, incluyendo elementos de interseccionalidad, como así también la percepción de la ciudadanía sobre sus derechos y el sistema institucional. Dichos diagnósticos deben incluir indicadores claros, que permitan medir los avances en el acceso a la justicia.
  • A sistematizar y brindar información detallada, en forma completa, veraz y oportuna, en torno al estado de situación del acceso a la justicia en cada uno de los ámbitos nacionales y subnacionales.
  • A brindar educación jurídica, y a desarrollar y apoyar la generación de capacidades comunitarias que aseguren a dichos grupos las condiciones para conocer y apropiarse del derecho y de las vías que existen -y/o deberían existir- para hacerlos valer.
  • A desplegar los canales adecuados para institucionalizar una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones públicas, incluyendo las de las instancias administrativas, judiciales y parlamentarias.
  • A implementar políticas de capacitación a operadores jurídicos, funcionarios públicos y magistrados, en derechos humanos, y de sensibilización sobre los problemas legales que enfrentan los sectores vulnerabilizados de nuestras sociedades.
  • A asegurar la existencia de vías adecuadas para la resolución alternativa de conflictos y la canalización de reclamos extrajudiciales o prejudiciales, evitando la judicialización de problemas que pueden ser resueltos por otras vías.
  • A generar vías administrativas idóneas -de trámite sencillo y de respuesta ágil-, para aquellos casos en que las violaciones de derechos se explican por la acción u omisión del propio Estado.
  • A implementar las políticas necesarias para lograr que los procesos judiciales, en particular aquellos colectivos o en los que se dirimen cuestiones estructurales, cuenten con instancias adecuadas de participación, se resuelvan con perspectiva de derechos humanos, y prevean mecanismos para el cumplimiento efectivo de las sentencias que se adopten.
  • A proteger de cualquier amenaza y/o riesgo a las víctimas, así como a los/as defensores y defensoras de estos derechos; a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión y asociación; y a abstenerse de incurrir en la criminalización de líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos.
  • A implementar políticas para descentralizar las oficinas y servicios de las instituciones públicas que tienen a su cargo la protección de los derechos -incluyendo las judiciales-, y acercarlas -no sólo geográficamente- a las comunidades vulnerabilizadas.
  • A generar en los Poderes Judiciales las condiciones para su independencia de los poderes político y económico, evitando interferencias en la resolución de conflictos, en particular en casos de violaciones de derechos humanos que requieren respuestas estructurales.
  • A reconocer y respetar las formas de organización, las decisiones y el sistema de valores que las propias comunidades -especialmente los pueblos originarios o ancestrales- pretenden darse para sí mismas, con criterios de pluralismo jurídico.
  • A garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y culturalmente adecuado de las personas y comunidades, en aquellas decisiones que las afectan.
  • A elaborar un plan de implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el cual debe ser ampliamente participativo, promoviendo especialmente el involucramiento activo de quienes enfrentan barreras territoriales, lingüísticas, económicas y culturales para acceder a dichos foros. Asimismo, el plan debe contar con indicadores de progreso que permitan identificar los avances en el acceso a la justicia de los sectores en condición de vulnerabilidad.

A los organismos regionales y de la comunidad internacional,

  • A monitorear en cada uno de los países la situación en materia de acceso a la justicia, e impulsar, firme y decididamente, buenas prácticas en torno a la temática.
  • A apoyar política, técnica y financieramente la agenda de acceso a la justicia en los ámbitos locales, nacionales, regionales e internacionales.
  • A promover y monitorear avances efectivos para el adecuado cumplimiento, en los niveles nacionales y subnacionales, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y en particular su Meta 16.3. Asimismo, a reformar integralmente el sistema de indicadores vigente -el cual resulta limitado para monitorear el progreso de los Estados-, asegurando que éstos adquieran un alcance integral.

Al sector privado,

  • A garantizar en sus actividades el respeto de los principios y obligaciones en materia de derechos humanos y de derecho ambiental, y a cumplir con todas las normas internacionales, nacionales y subnacionales.
  • A respetar la participación y las decisiones de las comunidades en cuanto al uso de sus territorios; a contribuir, y abstenerse de causar daños a su calidad de vida.
  • A no incurrir en interferencias o tráfico de influencias en las instituciones públicas.
  • A cumplir con las decisiones estatales -legislativas, judiciales y administrativas- que los obliguen.
  • A producir y brindar información en cuanto a las actividades que realizan y su impacto.
  • A adaptar sus actividades económicas con miras al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  1. Nos comprometemos: 
  • A trabajar junto a las personas y comunidades para poner los derechos en sus manos, promoviendo el empoderamiento jurídico, y acompañando los procesos para su exigibilidad.
  • A conformar la Red Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, tener un rol activo en ésta, y promover la incorporación de nuevos/as integrantes que compartan los valores y prácticas expuestos.
  • A intercambiar información, experiencias, conocimientos y aprendizajes, para potenciar las acciones que se desplieguen en toda la región, en pos del acceso a la justicia de las comunidades vulnerabilizadas.
  • A realizar campañas públicas -y otras acciones de visibilización- en torno a los problemas que afectan a las comunidades con las que trabajamos; a la identificación de quienes producen dichos daños, y/o de quienes deben prevenirlos y/o repararlos; y a mostrar los avances y las potencialidades que impliquen las acciones de empoderamiento jurídico y promoción del acceso a la justicia de dichas comunidades.
  • A producir información sobre nuestras prácticas, y a aunar esfuerzos en la socialización y evaluación de las políticas de empoderamiento jurídico y acceso a la justicia que implementan nuestros países.
  • A realizar acciones de incidencia ante organismos públicos -de todos los poderes del Estado- para la implementación de políticas que reviertan los límites y barreras al derecho de acceder a la justicia en cada uno de nuestros países; así como a realizar acciones de incidencia en el plano regional y global, con miras a obtener un compromiso efectivo de la comunidad internacional en torno a la temática.

Los derechos en manos de la gente. ¡La justicia para todas y todos!

Declaración Inflamable – Red Latinoamericana de empoderamiento jurídico

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“Rol de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad: Reflexiones en torno a la consulta sobre proyecto de ley sobre el SBAP y SNAP”

El 14 de junio se realizó en la Facultad de Derecho de la UDP, el Coloquio  “Rol de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad: Reflexiones en torno a la consulta sobre proyecto de ley sobre el SBAP y SNAP”, organizado por FIMA y por los estudiantes del CEDAN (Coordinación de Ecología y Derecho Animal) UDP.

Aquí un resumen de la charla elaborada por Victoria Galleguillos, Coordinadora de Estudios de FIMA  y Amanda Cozzi, Asistente de Proyectos de FIMA. 

Existe un vínculo intrínseco entre los pueblos indígenas y la naturaleza, principalmente, por el valor y los derechos ancestrales que ostentan sobre sus territorios, el cual da en muchas ocasiones sirve de sustento a su cultura y existencia.

De esta manera, el siguiente coloquio tuvo como objetivo hacer una reflexión sobre el rol de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad, a partir de la consulta indígena nacional realizada por el Ministerio de Medio Ambiente entre enero de 2016 hasta abril de 2017 sobre el proyecto de ley que crea el SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) y SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas).

Además de dar a conocer el proceso de consulta indígena, esta instancia permitió hacer una revisión y contextualización del escenario normativo y legislativo que existe en Chile sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Generando un espacio de dialogo y reflexión, en torno a las principales dificultades que se tuvieron en el proceso y desafíos que se levantan en la materia, especialmente enfocado en lo que se refiere a la consagración del derecho de consulta previa, libre e informada en casos de proyectos de ley.

Para esto, se contó con la participación de tres expositores, que abordaron el tema desde diferentes perspectivas:

  • Lorna Puschel, Jefa del Departamento de Legislación del Ministerio de Medio Ambiente.

Lorna expuso sobre el proceso de consulta Indígena realizado por el Ministerio de Medio Ambiente: el contexto que motivó a realizar la consulta, la medida legislativa a consultar, las materias y contenidos que se consultaron, la metodología empleada, medios de difusión utilizados, particularidades culturales que se consideraron, el alcance y los resultados del proceso.

“(…) se tomo una decisión jurídico política de no consultar todo el proyecto de ley, sino de consultar todas aquellas materias que se estimaba afectaban directamente a los pueblos indígenas”

“(…) no habían muchas experiencias previas de consultas de medida legislativa, entonces la verdad es que acudimos a todo lo que pudimos para aprender de algo que el Ministerio no sabía hacer, entonces fue un aprendizaje bien grande”

Para finalizar, la representante ministerial mencionó las indicaciones que se ingresaron el día 12 de junio de 2017, entre ellas detalle especialmente: (i) Consideraciones a usos o costumbres ancestrales y participación de pueblos indígenas en la generación y diseño de planes de manejos, (ii) Promoción y participación prioritaria en las concesiones de áreas protegidas, (iii) Excepciones e infracciones dentro y fuera de las áreas protegidas y la (iv) mantención del status quo de la Isla de Pascua.

  • Judith Schönsteiner, Miembro del Centro de Derechos Humanos UDP.

Desde una mirada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Judith expuso sobre el contexto legislativo que enmarca el proceso de consulta libre e informada, más allá del Convenio 169, haciendo hincapié en que instrumentos como la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los pueblos Indígenas son relevantes para analizar lo sucedido. En este contexto, para entender e implementar el marco legal internacional la profesora destaco la importancia de hacer una revisión histórica y social de las acciones y legislaciones que se han llevado a cabo en el país y el continente (discriminación, expropiación de territorios, entre otros). En este sentido señaló:

“sin resolver cuestiones de autodeterminación, los derechos culturales y desarrollo, no vamos a poder diseñar instituciones y políticas públicas adecuadas, y eso incluye el derecho a los territorios y recursos naturales”

También se detuvo en los recursos naturales y derechos territoriales, poniendo especial hincapié en que se trata de problemáticas transversales y no solo relacionados a elementos de la biodiversidad y áreas protegidas. Por último, expuso los principales desafíos legales que surgen a la hora de aplicar el Convenio 169, tanto a nivel internacional como nacional.

  • Antonio Madrid, Asistente de proyectos ONG FIMA.

Antonio Madrid reflexionó en torno a la consulta indígena realizada y la falta de reglamentación  que existe en materia consulta indígena a proyectos de ley en el país.

En relación al proyecto a la consulta realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, presento algunas observaciones asociados al proceso:

  1. Vulneración al carácter previo de la consulta, lo anterior en atención a que la consulta fue realizada durante la tramitación del proyecto de ley, es decir ya creado y definido su contenido.
  2. Vulneración a la integridad de la consulta, en cuanto el ministerio definió las materias del proyecto de ley a consultar.
  • Vulneración de una consulta indígena de buena fe por parte del Estado chileno.

Por último, expuso dos problemáticas que surgen de un análisis detenido en atención al cumplimiento de la obligación internacional del Estado chileno en materia de consulta. Por un lado, el hecho de que no exista un reglamento que regule el procedimiento de Consulta Indígena para proyectos de ley y por otro, que el Decreto Supremo N°66 solo contemple la hipótesis de consulta de proyectos de ley que emanan del Ejecutivo, mas no del Congreso, distinción no contemplada por el Convenio y por lo tanto restrictiva del derecho consagrado.

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No son muchas las organizaciones que se dedican a la defensa del interés público ambiental. Menos común, es que esas organizaciones logren mantenerse en esta labor por casi 20 años; ya que como ustedes sabrán, una de las grandes dificultades en Chile es el financiamiento.
ONG FIMA se ha mantenido en el tiempo, lo que nos ha permitido consolidarnos y ampliar nuestras líneas de acción, siempre con la mirada puesta en la justicia ambiental y el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
Uno de los desafíos que tenemos hoy, es diversificar nuestro financiamiento y conectarnos con más personas dispuestas a contribuir en las labores que ONG FIMA realiza. Por lo mismo, hemos iniciado una campaña de socios, en la que estamos invitando a nuestros amigos a aportar mensualmente en este esfuerzo.
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Proyecto Incide ONG FIMA

Director Nacional de la DGA visita San Pedro de Atacama

La visita surgió luego de la reunión que tuvieron en Santiago las dirigentas de las asociaciones de regantes de los ríos San Pedro y Vilama, Marcela Ramos y Juana Corantes, para solicitar la realización de una consulta indígena en el marco de la reforma al código de aguas que actualmente se discute en el congreso. En esa oportunidad, el Director Nacional de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, ofreció hacer una inspección en terreno y un taller informativo para toda la comunidad respecto a los principales elementos de la reforma.

En la actividad de fiscalización se visitaron sectores que tienen en alerta a la comunidad por la posible contaminación del Río San Pedro e intervención del cauce. El jefe nacional de fiscalización de la DGA explicó el valor de que sea la comunidad quienes realicen las denuncias, ya que durante el 2016 solo hubo 5.

Por su parte, la charla sobre la reforma al código de aguas, contó con presentaciones de las directivas de las asociaciones de regantes, del Consejo de Pueblos Atacameños y de la comunidad de Peine.  Como cierre, estuvo la presentación del director de la DGA, quien hizo un resumen de las etapas que ha tenido el proceso, explicó algunos de los mitos que circulan entorno a la propuesta y respondió preguntas de la comunidad.

Con relación a la consulta indígena, la autoridad mencionó que su servicio no cuenta con recursos para realizar esta actividad a nivel nacional, ante lo que la comunidad espera acudir al congreso para solicitar que el senado de curso a esta obligación que el estado de Chile tiene por ser suscriptor del convenio 169 de la OIT.

FIMA trabaja con las asociaciones de regantes en el marco del Proyecto Incide, el cual busca entregar herramientas legales y acompañar a la comunidad en el ejercicio de sus derechos.

incendio vichuquen

La ruta de los incendios: Planes y propuestas retrógradas

Fernanda Salinas Urzúa Doctora en Ciencias m. Ecología y Evolución Investigadora Asociada - ONG FIMA
Fernanda Salinas Urzúa
Doctora en Ciencias m. Ecología y Evolución
Investigadora Asociada – ONG FIMA

Los incendios tienen larga data en Chile. Entre 1870 y 1910, los colonos europeos, replicando las prácticas del viejo continente, arrasaron los bosques nativos entre Talca y Concepción y los del valle central entre el río Malleco y el Bío Bío, con incendios intencionales para ‘limpiar’ el territorio y así poder practicar la agricultura y la ganadería. Consecuencia de estas prácticas, provincias enteras, como la de Malleco, quedaron erosionadas. Años más tarde, Pablo Neruda, conmovido por la transformación de su tierra natal, escribió la Oda a la Erosión de la Provincia de Malleco: “Volví a mi tierra verde y ya no estaba, ya no estaba la tierra, se había ido. Con el agua hacia el mar se había marchado (…). Rozó con fuego el alto nivel de los mañíos, el baluarte del roble, la ciudad del raulí, la rumorosa colmena de los ulmos, y ahora desde las raíces quemadas, se va la tierra, nada la defiende, bruscos socavones, heridas que ya nada ni nadie puede borrar del suelo: asesinada fue la tierra mía, quemada fue la copa, originaria (…)”.

Ciertamente, si no fuera por la capacidad de regeneración natural de la vegetación de nuestros bosques, nuestro país tendría un paisaje completamente desolador. Muchas especies nativas arbóreas, arbustivas, trepadoras y herbáceas son capaces de rebrotar desde las raíces después de los incendios, mientras las semillas de otras especies pueden encontrar un suelo con humedad, sombra y nutrientes alrededor de los troncos y ramas que han caído. Los troncos de los árboles quemados que permanecen en pie, y los restos que quedan dispersos en el suelo, además de otorgar sombra y protección del viento y la desecación a las plantas que se regeneran, sustentan la compleja vida del suelo que permite el reciclaje de nutrientes, protegen el suelo de la erosión, retienen humedad, proveen de hábitat, refugio y alimento a aves, anfibios, reptiles, insectos y pequeños mamíferos del bosque.

A pesar de la importancia que representan los restos de material leñoso para la regeneración de la vegetación después de los incendios, una práctica común en Chile y en el mundo es cosechar este material para usarlo como leña. Sin embargo, crecientes investigaciones han documentado las consecuencias ecológicas y ecosistémicas de esta práctica, entre los que se cuentan la erosión del suelo, la alteración del ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes, la pérdida de hábitat para fauna y la colonización de especies exóticas invasoras. No obstante los antecedentes científicos disponibles, el año 2015 CONAF abrió una licitación para remover el material leñoso en el área incendiada el año 2002 en la Reserva Nacional Malleco de una superficie de más de 780 hectáreas, sin considerar la abundante colonización de especies invasoras en sectores previamente licitados en la Reserva (Salinas & Armesto, datos no publicados). A raíz de esa licitación, se cuestionó a CONAF el incentivo perverso que representaba esa licitación a incendios deliberados que podrían ser replicados en otras áreas protegidas del país, y el desincentivo a las medidas de control de incendios accidentales en las mismas. No hubo postulantes a esta licitación y se declaró desierta.

A mediados de Enero del 2017 se desataron en Chile central los incendios más grandes de su historia. Las cifras oficiales de CONAF registran entre Valparaíso y Bío Bío una superficie incendiada de 594.783 hectáreas, de las cuales un 57,2% correspondería a plantaciones forestales, un 21,8% a matorrales, 18,3% a bosques nativos, 2,5 a suelos con uso agrícola y 0,2% a suelos con uso industrial o ciudades. La simultaneidad de 120 incendios activos al 26 de enero, facilitó la propagación a gran velocidad e intensidad, alcanzando una extensión, que lo transformó en un incendio de sexta generación, la más alta definida en la escala de la Unión Europea, y nunca antes registrada en el mundo.

Sin embargo, las advertencias respecto a las características de los incendios venideros habían sido previstas. El 3 de enero 2017 Michel De L’Herbe adelantó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que la temporada de incendios 2017 sería altamente destructiva, que afectaría a las comunidades rodeadas por plantaciones forestales, señaló la insuficiencia del equipamiento de CONAF para controlar los incendios y la importancia de contar con ayuda internacional en caso de emergencias. A esta instancia se excusaron de asistir el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, el Director Ejecutivo de CONAF, Aarón Caviares, el Director de la ONEMI, Ricardo Toro y el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes.

De acuerdo a la información proporcionada por la ONEMI, ya desde el 17 de Enero 2017 la tasa de superficie afectada por incendios comenzó su ascenso. El 18 de Enero la ONEMI declaró alerta roja en un total de 14 comunas entre las regiones de Valparaíso y el Maule, que ascienden a 16 comunas y la provincia de Colchagua al 19 de enero. El 20 de Enero, la región de O’Higgins y 17 comunas entre la región de Valparaíso y el Maule son decretadas con Alerta Roja. Recién el 21 de Enero se decreta Estado de Excepción Constitucional, Estado de Catástrofe y Zona de Catástrofe para las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en O’Higgins y las comunas de Vichuquén y Cauquenes en Maule.

Actualmente, el Ministerio Público lleva a cabo un proceso de investigación, donde se ha considerado la responsabilidad penal de funcionarios de la Compañía General de Electricidad de la Sexta Región por no cumplir con el mantenimiento y limpieza de las servidumbres de paso y las franjas cortafuego que deben existir en los tramos con tendido eléctrico. Así mismo, la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora de incendios, donde se evalúa el rol de CONAF, la Intendencia y los Consejeros Regionales en la prevención de los incendios y en evitar su propagación mediante cortafuegos. Mientras tanto, la ONG Red por la Defensa de los Territorios señala que es fundamental investigar la correlación entre las plantaciones infectadas por Sirex Noctilio, avispa taladora de pino, detectada en Chile desde el 2001 que seca los bosques y se expande muy rápidamente y la intencionalidad de los incendios forestales con el fin de sanitizar el suelo de manera económica. Antes de los incendios, este insecto afectaba decenas de predios forestales desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, que estaban con orden de raleo o tala. De acuerdo a la Ley 20.326, las pérdidas de la forestación frente a un siniestro climático o de un incendio serían subsidiadas por CONAF. Además, el Ministerio Público y la PDI en el mes de Febrero realizaron incautaciones, tanto en CONAF como en ONEMI, para revisar los contratos de prestación de servicios en combate de incendios con las empresas españolas acusadas de sobornos, tráfico de influencias y cohecho internacional en España. A lo anterior se suma que el 29 de Enero la Presidenta Michelle Bachelet informó de 43 personas detenidas por su eventual responsabilidad en 38 incendios forestales, con 27 formalizados en distintas Fiscalías.

A raíz de los incendios, numerosos académicos e investigadores reflexionaron de manera pública respecto a la oportunidad generada por este catastrófico escenario, de replantear el modelo forestal imperante en el país, indicando la importancia del diseño de paisajes heterogéneos y diversificados; resilientes frente al cambio climático global, la situación de escasez hídrica a la que están sujetas las comunidades aledañas a las plantaciones forestales, como a los mismos incendios forestales. Sólo el Ministerio del Medio Ambiente acusó recibo de la desusada participación de la comunidad científica en el debate y constituyó el Comité Nacional de Restauración Ecológica, al cual, en la reunión realizada en marzo, se sumaron representantes del mundo privado, como el presidente de la CORMA y delegados de CMPC y Arauco.

Mientras tanto, con una velocidad asombrosa, el Ministerio de Agricultura, a través del Consejo de Política Forestal, presentó en marzo 2017 una Propuesta de Restauración Ecológica y Recuperación del Patrimonio Forestal Productivo, en la que se indica como acción prioritaria la ‘limpieza’ de los sitios incendiados, indicando apoyo técnico y económico para la remoción del material leñoso “de tal forma que se minimice el impacto en los suelos” con el fin de ser utilizado como leña. El documento continúa, diciendo que “el aprovechamiento de maderas debe realizarse lo antes posible a fin de evitar un mayor deterioro de las mismas”. Además, los Ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Hacienda y Medio Ambiente, presentaron en el mismo mes, un Plan de Acción para la Recuperación de Patrimonio Natural y Productivo afectado por los incendios de 2017, sin distinguir propietarios de bosques nativos y plantaciones, donde “se fomentará la corta y limpieza de los sitios afectados por los incendios.”

Tanto el informe de la OCDE 2016, como el Informe País 2016, y el Informe del Estado del Medio Ambiente, reconocen la contaminación atmosférica como el principal riesgo para la salud de la población y calidad de vida. En las principales ciudades del sur de Chile, entre abril y agosto principalmente, la principal razón de los altos niveles de superación frecuente de los valores límites de las normas diarias de material particulado es el consumo de leña para calefacción domiciliaria. Por esta razón, el MMA ha declarado numerosas comunas del sur como zonas saturadas por material particulado respirable y ha establecido Planes de Descontaminación Atmosférica.

A la luz de los hechos, se esperaría que las investigaciones en relación a las causas de los incendios forestales recientes y la claridad respecto a las responsabilidades llegaran a fin antes de eliminar posibles evidencias mediante, por ejemplo, la remoción del material leñoso de los sectores quemados. Deseable sería, además, después de la catástrofe, contar con una planificación territorial en el que la infraestructura ecológica fuera considerada para diseñar paisajes sostenibles y resilientes. Nuestras autoridades, sin embargo, como las del siglo XIX, incentivan y financian la práctica de la ‘limpieza’ de los territorios, en desmedro de la erosión de los suelos y fomentan la calefacción con leña en las ciudades saturadas en el sur de Chile.

Coloquio ONG FIMA

Coloquio: “El rol de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad: Reflexiones en torno a la consulta del SBAP y SNAP”

La consulta a pueblos indígenas es un mecanismo participativo contemplado en el Convenio 169 de la OIT que busca regular elementos relacionados a la conservación de las costumbres y garantizar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, involucrándolos en la toma de decisiones legislativas y/o administrativas que pudiesen afectarlos directamente, especialmente en su territorio y recursos naturales.

Así, el año 2016 el Ministerio del Medio Ambiente convoco a una consulta indígena, en fin de generar un proceso de dialogo sobre indicaciones y observaciones para el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Este proceso se llevó a cabo en las 15 regiones del país, involucrando a diferentes actores y organismos públicos, como CONADI, Seremi de Medio Ambiente, Organizaciones Indígenas regionales y locales, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Nacional de las Artes y Cultura, entre otros.

En este contexto, el presente coloquio busca abrir un espacio de discusión sobre dicho proceso de consulta, como también sobre el rol que actualmente cumplen los pueblos indígenas en la conservación del patrimonio ambiental del país.

coloquio 14 junio

 

Municipio Verde

¡Municipio Verde ya está disponible!

El jueves 1 de junio se realizó el lanzamiento de nuestro portal Municipio Verde, una plataforma interactiva, donde la ciudadanía podrá evaluar la gestión ambiental de su comuna. El evento contó con la presencia de autoridades, representantes municipales y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Equipo de Municipio Verde
Equipo de Municipio Verde

A salón lleno se presentó esta nueva herramienta ciudadana, un proyecto de ONG FIMA que busca aportar directamente en la gestión ambiental local, poniendo a disposición de los municipios información actualizada de las distintas comunas que participen del proyecto y permitiendo a la ciudadanía participar activamente de esta importante área dentro de los municipios.

La plataforma fue presentada por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien valoró el aporte para las comunas que Municipio Verde realiza y afirmó que “iniciativas como éstas nos permiten a nosotros no sólo visibilizar lo que hacemos, sino que también ponerlo en valor y de alguna manera someterlo al escrutinio ciudadano”.

En ese sentido apuntó a la capacidad de Municipio Verde de comparar el trabajo que realizan las municipalidades, ya que permite a los vecinos exigir a las autoridades determinados esfuerzos que, a veces se rechazan argumentando que no se pueden realizar por falta de recursos, y por lo mismo, indicó que herramientas como éstas ayudan a elevar el estándar de los proyectos de los gobiernos locales.

Carolina Leitao y Ezio Costa
Carolina Leitao y Ezio Costa

El diseño estuvo a cargo de la Fundación Ciudadano Inteligente, quienes aportaron desde su experiencia en la implementación de plataformas para la participación ciudadana, buscando la elaboración de sitio amigable y fácil de usar. En ese sentido, Colombina Shaeffer, subdirectora de la Fundación sostuvo que hoy el mundo está avanzando hacia la transparencia democrática en gobiernos locales.

En esa línea apuntó a la aparición de las llamadas “tecnologías cívicas”, un puente entre el Estado y tecnología, para lograr una comunicación más eficiente con la ciudadanía, avanzar hacia un desarrollo más sólido y un mejor uso de la infraestructura pública. “En Chile tenemos muy pocas tecnologías cívicas en el ámbito ambiental y en ese sentido Municipio Verde es muy pionero y cumple con los estándares que el acceso a la información y la transparencia requieren”, afirmó.

Por su parte, el Director Ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, sostuvo que este proyecto busca brindar a las personas más herramientas y mayores capacidades para defender sus propios derechos. En ese sentido, afirmó que la gestión ambientar local es un área muy invisibilizada, donde existe poca información, hay mucho trabajo por hacer y donde los vecinos y vecinas pueden incidir directamente.

Además, señaló que, por ejemplo, la plataforma permitirá a los vecinos ser notificados por los proyectos de inversión que cuenten con participación ciudadana para poder realizar sus observaciones. Así, dijo, se empodera al ciudadano, pero también se facilita el trabajo del Estado en la materia.

La plataforma www.municipioverde.cl ya está disponible y de libre acceso. Están todos invitados a visitarla o contactarnos a través de nuestras redes sociales vía Facebook, Twitter e Instagram.

Afiche taller Chiloé 27 mayo ONG FIMA

Sábado 27 de Mayo: Taller para la comunidad de Chiloé

En el desafío de ONG FIMA de apoyar a la ciudadanía defensa ambiental del territorio que habita, se invita a toda la comunidad de Chiloé, alrededores y visitantes, a participar en este taller organizado por ONG FIMA.

Lugar: Sala de Charlas, Parque Nacional Chiloé, Cucao, Sector Chanquín.

Horario: 14:30-17:00

Expositores:

  • Ezio Costa Cordella – Director Ejecutivo ONG FIMA 
  • María Victoria Galleguillos – Coordinadora de Estudios y Formación ONG FIMA 

Temas a tratar: 

1.            El Conflicto Socioambiental y Chile. Características, actores, causas y vías de solución.

2.            Un ejemplo de conflicto socioambiental – Pompón en Chiloé

3.            El derecho ambiental ciudadano:

  • Deberes Ciudadanos en el cuidado del Medio Ambiente 
  • Participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos.
  • La denuncia: colaboración en la función fiscalizadora del Estado en medio ambiente.

4.            Reflexiones comunes. 

Afiche taller Chiloé 27 mayo

Video ONG FIMA

Te invitamos a ver esta animación sobre nuestro trabajo.

Estamos felices de mostrarles eesta breve animación que hemos realizados para dar a conocer el trabajo que, desde 1998, FIMA hace ininterrumpidamente.

En estos 19 años hemos logrado consolidarnos y ampliar nuestras líneas de acción, siempre con el fin de alcanzar una mayor justicia ambiental para Chile. Sin embargo, ahora nos encontramos frente a la necesidad de aumentar nuestras formas de financiamiento y para eso hemos iniciado una campaña de socios que se comprometan a donar mensualmente a nuestra organización. 

Esperamos que les guste y que nos ayuden a difundirlo, para así poder generar una red de socios permanentes y continuar trabajando con el gran equipo que tenemos en FIMA

Pueden ver y compartir el video desde youtube en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DBKzd2Tb8hU&t=1s

isla riesco

Ciudadanos y Ongs presentan observaciones contra el uso de Tronaduras en Mina Invierno

La comunidad espera que con esta nueva etapa, el proyecto sea evaluado incluyendo todas sus externalidades negativas y finalmente sea rechazado debido al daño ecológico e impacto en las vidas de las personas.

Hoy finalizan los 20 días hábiles para realizar observaciones al proyecto emplazado en Magallanes, luego de que ineditamente en marzo pasado la Corte Suprema ordenara revocar la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, de Mina Invierno para el uso de Tronaduras en Isla Riesco, y abrir el Proceso de Participación Ciudadana.

En este contexto, desde Alerta Isla Riesco, AIR, junto a la comunidad y ONGs, entre las que se encuentran Chile Sustentable, Fundación Yendegaia, Codeff, Greenpeace y el Centro de Conservación Cetácea a nivel nacional y ACUE y Agrupación Ecológica Patagónica en la Región de Magallanes, entre otras, han trabajado intensamente para que la participación ciudadana refleje los impactos que este proyecto tendría para la zona, tanto por sus efectos contra el medio ambiente, como para la calidad de vida de sus vecinos y en su fuente laboral.

“Desde que nos fue notificado el restablecimiento de este espacio fundamental, hemos estado trabajando sin parar para levantar observaciones técnicas hacia el proyecto de tronaduras y los impactos que generarán en el medio ambiente de Isla Riesco y para los habitantes”, comenta Ana Stipicic, coordinadora nacional de AIR.

Dentro de los temas generales observados se encuentra el gran impacto que los combustibles fósiles, como en este caso el carbón, tienen para el cambio climático; el fraccionamiento del proyecto, que fue presentado de forma separada para el puerto, mina y las tronaduras; y en específico los impactos de las tronaduras para la fauna terrestre y marina y la actividad ganadera, entre otras. Además de la poca prolijidad del Servicio de Evaluación Ambiental para la difusión del proceso entre la ciudadanía.

“Se puede observar que aún, pese a la decisión de la Corte Suprema que retrotrajo el procedimiento, con el objeto de que se haga la participación ciudadana (PAC), no existe una intención por parte del SEA de Magallanes de realmente facilitarla, en un lugar donde de por si, es de difícil acceso, está bastante aislado y sin embargo, la publicidad que se hizo al proceso y a los impactos del proyecto mismo, han sido bastante pobres. Esto incide finalmente, en que la Participación Ciudadana no pueda cumplir su objetivo real, que es llegar a una mejor decisión ambiental”, señaló Diego Lillo, Coordinador de Litigios de la ONG FIMA.

Adicionalmente, desde Alerta Isla Riesco acusan lo poco simétrico que resulta exigir a la ciudadanía a que demuestre los impactos del proyecto “Impresiona que se le pida a las comunidades bajo sus escasos y limitados recursos, que sean ellas las que demuestren la existencia de diversos impactos ambientales, en contraposición a empresas como Copec y Ultramar que pueden acceder a contratar equipos completos de profesionales para demostrar, como lógicamente les conviene, que no pasará nada en ningún aspecto evaluado con el uso de tronaduras”, agrega Stipicic.

Mina Invierno
Dado el comportamiento de la compañía minera en estos años de explotación, las organizaciones creen que el proyecto Mina Invierno, desde sus inicios pretendió incorporar las tronaduras. Sin embargo, en su Estudio de Impacto Ambiental, EIA, la empresa negó sistemáticamente que usaría explosivos, aprobándose así un proyecto que no contemplaba ese método extractivo mucho más contaminante. Sólo pasados unos años, la empresa presentó una modificación al proyecto mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), incorporando las tronaduras, aludiendo a que se habían encontrado con rocas más duras de lo esperado y a que el costo de producción y los valores del carbón en el mercado hacía posible que se tuviera que despedir grandes cantidades de trabajadores o que cesaran sus operaciones, lo que claramente ha constituido una presión política importante hacia las autoridades evaluadoras.

Para efectos de este nuevo proceso, organizaciones sociales y personas de Magallanes solicitaron participación ciudadana, cuestión que en un comienzo fue denegada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin embargo, para la Corte Suprema, fue evidente que esto significó una ilegalidad en su tramitación y es por eso que obligó a retrotraer todo el proceso a su etapa inicial, abriéndose así una esperanza para la comunidad con la participación ciudadana.