¡Protegiendo a la Comunidad, Medioambiente y Democracia! Caritas Chile y ONG FIMA lanzan Manual de Participación Ciudadana

El lunes 24 de mayo se lanzó el libro «Protegiendo la comunidad, el medio ambiente y la democracia: Manual de participación ciudadana en materia ambiental», material elaborado conjuntamente por el equipo de ONG FIMA, Caritas Chile y con el apoyo de MiserorEl documento busca ser una herramienta de empoderamiento y educación para la ciudadanía, y está enfocado en temáticas medioambientales de participación ciudadana, como el derecho al acceso a la información y la participación en el Sistema de Evaluación Ambiental.

Mayo 2021. La participación ciudadana no solo otorga empoderamiento, colaboración colectiva y apertura a las personas, sino que también es símbolo de una democracia sana, donde todas y todos tienen acceso a información clara. Pero, el principal problema que existe hoy en día es que no todos/as saben cómo participar activamente, o dónde encontrar información relevante a ciertos casos que podrían afectarles. 

Es en este contexto que Caritas Chile, junto a ONG FIMA han lanzado un Manual de Participación Ciudadana en materia ambiental, con el fin de educar sobre cómo, cuándo y dónde las y los ciudadanos pueden participar. El manual abarca contenidos como los estándares básicos de la participación ciudadana, un instructivo de cómo hacer solicitudes de transparencia y acceso a la información y cómo realizar observaciones ciudadanas a proyectos o acciones ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre otras cosas.

El propósito de este documento es ser una herramienta útil para las comunidades y personas que se enfrentan a procedimientos de participación de ciudadana y así fomentar que esta se dé para que la voz de la ciudadanía sea escuchada en todos los proyectos que les afectan en su vida y el medio ambiente, siempre recordando el texto del principio 10 de la declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también consagrado en el Acuerdo de Escazú, «El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes».

El lanzamiento oficial se realizó el 24 de mayo de manera online, donde participaron Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA; Lorenzo Figueroa, Director de Caritas Chile; Gabriela Simonetti, Directora Ejecutiva de Kauyeken; y Cristina Dorador, Constituyente por el Distrito 3. Si no alcanzaste a verlo, o quieres volver a hacerlo, puedes encontrar la grabación del evento aquí. 

Por otra parte, el manual -gratuito y de libre acceso- está disponible para ser descargado aquí:

Descargar el manual aquí

Desafíos y oportunidades que traerá la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú

Gabriela Burdiles Perucci
Abogada
Directora de Proyectos ONG FIMA

El próximo 27 de septiembre, coincidiendo con el Debate General Anual de la Asamblea General de la ONU, se abrirá a la firma de los 33 países de nuestra región el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o “Acuerdo de Escazú”, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Recordemos que este instrumento es el primer acuerdo vinculante sobre asuntos medioambientales y derechos humanos en nuestra región. Por ello, esta es un una fecha importante para el inicio de un proceso, que esperamos, pueda contribuir a cambiar de manera sustantiva, la forma en que se toman las decisiones en materia ambiental y en cómo se implementan los derechos de acceso a la información, participación y justicia.

El Gobierno ya ha manifestado su postura al respecto el pasado 7 de junio de 2018 a través de un comunicado sobre la apertura a la firma del Acuerdo, en el que Chile y Costa Rica, como co-presidencias del proceso de negociación, reafirmaron su compromiso con su firma y pronta entrada en vigor. Además, reiteraron su “firme compromiso por continuar liderando los trabajos necesarios para la realización de la primera Conferencia de las Partes[1].

El Acuerdo de Escazú, se ha destacado en los medios nacionales e internacionales por ser el primer tratado en el mundo que otorga garantías para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto sin duda que es fundamental para una región con uno de los mayores índices de asesinatos y violencia hacia defensores ambientales. Sin embargo, este acuerdo es novedoso también por otras razones, que aquí quisieramos destacar.

El Acuerdo consagra un verdadero sistema de garantías y obligaciones interdependientes, que aplicadas de manera integral y equilibrada, propenden al fortalecimiento de la democracia ambiental. El principio que está detrás de todo esto, es el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que tuvo como eje central la búsqueda del desarrollo sostenible, donde el desarrollo económico se sitúa como un objetivo que debe ser alcanzado de manera equilibrada y coherente con el cuidado ambiental y la eliminación de las desigualdades sociales.

Así, el Principio 10 proponía ciertas garantías a la hora de tomar decisiones y de proteger el medio ambiente: transparencia de la información publica ambiental, de los riesgos ambientales y de las decisiones; la posibilidad de opinar, de ser parte de las decisiones; y por último, de acudir a terceros independientes e imparciales si esos derechos no son respetados, si el medio ambiente está en riesgo, o si éste ha sido dañado.

Chile ya cuenta con un marco institucional y legal, que garantiza en diferentes niveles los tres pilares fundamentales de la democracia ambiental. Sin embargo, nuestro desafío está en la implementación real de estas garantías, en lograr que ellas se respeten, aunque a juicio de algunos, los procesos puedan parecer lentos o engorrosos, y pese a cualquier “agenda pro inversión” que se proponga en el país.

Precisamente, casos como el reciente escape masivo de salmones en Chiloé, el cual se suma a otros graves episodios ya protagonizados por dicha industria y por las instituciones a cargo en la zona, dan cuenta de que aún falta mucho por avanzar en la materia. Este ejemplo revela algunos de nuestros desafíos pendientes en cuanto a contar con sistemas adecuados de alerta temprana de emergencias ambientales, con evaluaciones ambientales con participación ciudadana efectivas y con un acceso real a la justicia de las comunidades locales.

En este contexto, esperamos que la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú sea el inicio de un camino hacia una manera diferente de tomar las decisiones, en donde la agendas que buscan fomentar la inversión, no menoscaben los derechos fundamentales de las personas y las comunidades. Por último, hacemos un llamado al resto de los países de la región a firmar y luego ratificar este acuerdo, pues es necesario la ratificación de al menos 11 países para su entrada en vigencia.

[1] Ministerio de Relaciones de Chile: https://minrel.gob.cl/comunicado-conjunto-costa-rica-chile-sobre-la-apertura-a-la-firma-del/minrel/2018-06-07/104324.html

 

 

Representantes del público América Latina y el Caribe afinan detalles para 6ta. Reunión del Principio 10

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ONG's involucradas en la negociación del Principio 10 se reúnen con embajadora de Holanda

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Con la presencia de más de 40 representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, se desarrolló el pasado 25 de junio el Primer Taller de las Organizaciones Sociales sobre los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia en temas ambientales. La actividad organizada por Iniciativa de Acceso para América Latina y el Caribe, FIMA y Fundación Casa de la Paz, se orientó a dar a conocer el proceso que desde el 2012 se está desarrollando para la implementación de los Derechos de Acceso, discutir los desafíos que enfrentamos en nuestro país en el marco del trabajo que casa organización realiza, y elaborar propuestas o aportes al gobierno sobre los temas que se deben considerar en la negociación del instrumento regional.

El taller contó con exposiciones de Constance Nalegach del Punto Focal Democracia Ambiental Latino América y el Caribe, Valeria Torres de Cepal, Alessandro Lodi de Casa de La Paz, Andrea Sanhueza de Iniciativa de Acceso y Gabriela Burdiles Perucci de FIMA.

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