Nuestra legislación aún está lejos de plantearse estos objetivos, pues además de carecer de los mecanismos adecuados para asegurar una participación ciudadana influyente en el SEIA, tampoco tiene las herramientas institucionales que permitan nivelar a las comunidades con sus contrapartes empresariales y estatales. Siendo este el escenario, resulta bastante difícil que un proyecto de gran magnitud sea realizado sin que se produzcan conflictos sociales.
Seguir leyendoLo que la simplificación regulatoria no significa ni puede significar, es desregulación o baja en los estándares de protección de derechos. Lo que la regulación hace en los mercados, es intentar balancear la libertad económica y el uso de la propiedad con los objetivos de política pública.
Seguir leyendoHa sido un período de grandes aprendizajes, que estamos seguros continuarán y nos permitirán avanzar hacia la construcción de una mejor herramienta para fortalecer la democracia ambiental de los gobiernos locales del país.
Seguir leyendoDe esa forma, hemos ido asumiendo cosas tan inadmisibles como las repetitivamente denominadas “zonas de sacrificio”. Solo pronunciar la frase suena absurdo, lo decimos casi casualmente, sin darnos cuenta de lo que significa, del daño irreparable, la muerte de niños y adultos, la pérdida de patrimonio natural irrecuperable, y el olvido de tradiciones que significan parte de nuestra identidad nacional.
Seguir leyendoEl informe es claro en destacar que si bien “las consideraciones ambientales están cada vez más presentes en el sistema de educación en Chile”[3], los programas de estudios están obsoletos y se requieren actividades mucho más amplias. Sólo con estas acciones se podrá avanzar hacia una efectiva contribución de la sociedad civil en la formulación de políticas ambientales.
Seguir leyendoEste informe de la OCDE marca el que probablemente sea un nuevo comienzo en la discusión de políticas públicas ambientales. Así como en otras áreas, es fundamental que en materia ambiental la discusión esté cruzada y dirigida por una lógica de justicia, que nos permita desde este espacio irremediablemente común al que llamamos medio ambiente, construir otros en los que el reconocimiento del otro como un igual en dignidad y derechos nos conduzca no sólo a crecer, sino también a desarrollarnos.
Seguir leyendoMientras comunas como Providencia sufrieron con las inundaciones, en la región de Atacama los habitantes aún no se recuperan del desborde de los tranques de relaves provocado por el aluvión del pasado 28 de Marzo del 2015. Aun cuando estemos hablando de casos que difieren en circunstancias y consecuencias, no es menos cierto que en ambos subyace un elemento común: la falta de cuidado de particulares y de autoridades.
Seguir leyendoEn el caso Rancagua Expres o EFE, la sentencia que resuelve, afirma que para conseguir una participación efectiva dentro del SEA, esta debe ser incorporada desde los inicios de la evaluación. Específicamente, el Tribunal indica que “[…] será fundamental que la autoridad ponga a disposición del titular, con la mayor antelación posible, las observaciones correspondientes y que este último se haga cargo oportunamente de cada una de ellas. Lo mismo deberá hacer la autoridad, para asegurarse que los órganos con competencia ambiental puedan contar oportunamente con las observaciones ciudadanas, como un insumo necesario al momento de emitir sus propios informes” .
Seguir leyendoPese a que en el caso de Isla Riesco podemos hablar de un “triunfo”, el gran problema subyacente es que para buena parte de la ciudadanía afectada por este tipo de proyectos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es percibido no como una garantía de la protección del ambiente, lo cual debiese ser su fundamento principal, sino como una ventanilla única diseñada para otorgar permisos, eventualmente condicionarlos (cuando hablamos de una DIA, esa posibilidad es aún más remota), pero nunca rechazarlos.
Seguir leyendoDesde el punto de vista ambiental, es inaceptable que el Estado juegue un doble papel: es decir, que por una parte sea la autoridad encargada de regir el bien común; y por la otra, sea uno de los tantos agentes económicos del país (Estado-Empresario), en circunstancias que todos ellos, incluidas las empresas estatales, son controladas por el mismo Estado-Autoridad. Columna de Fernando Dougnac.
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