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Gabriela Burdiles P.
Directora de Proyectos de FIMA[/caption]
Noviembre fue un mes que estuvo cargado de negociaciones internacionales en materia ambiental. Las primeras dos semanas sucedió en la ciudad de Bonn, Alemania, la 23ra Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones de Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), mientras que durante la última semana de dicho mes tuvo lugar en Santiago de Chile, la Octava Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
En cuanto a la primera Conferencia, el foco de las discusiones se mantuvo en torno a las acciones y compromisos climáticos de los países previos a 2020, es decir, antes de la plena operatividad del Acuerdo de Paris (AP), y a las reglas específicas o “Libro de Reglas” necesarias para implementar dicho Acuerdo, todo con el objetivo de que el aumento de la temperatura media mundial esté por debajo de los 2ºC y lo más cercano a 1,5ºC para el año 2100.
Dentro de los resultados de esta conferencia es destacable el diseño del Diálogo de Tanaloa, el cual se implementará desde el año 2018, y donde los Estados deberán rendir cuentas en la próxima COP y evaluar colectivamente cómo aumentarán la ambición de sus planes de acción climática. Otro hito importante dentro de la historia de estas negociaciones fue la adopción de un plan de acción en materia de agricultura, lo cual hasta la fecha era un tema que había sido postergado en las discusiones anteriores, el cual incluye temas de adaptación y seguridad alimentaria, entre otros.
Otro aspecto novedoso de estas negociaciones es la atención que los temas de transparencia y acceso a la información han recibido a partir de la adopción del artículo 12 y 13 del AP, que disponen el deber de las Partes de cooperar en la adopción de medidas para mejorar el acceso a la información sobre el cambio climático y que para ello establece un marco de transparencia reforzado y flexible.
En particular, el marco de transparencia tiene el objetivo de “dar una visión clara de las medidas adoptadas para hacer frente al cambio climático”, así como del “apoyo prestado o recibido por las distintas Partes”, aumentando con ello la “claridad y facilitando el seguimiento de los progresos realizados en relación con las contribuciones determinadas a nivel nacional” y las medidas de adaptación. En esta materia, se avanzó en un texto informal de negociación que refleja las posturas de los diferentes países sobre cómo implementar dicho marco.
Sin duda, que aún quedan muchos aspectos pendientes de este texto y que los gobiernos tendrán mucho trabajo por delante para poner en marcha el Acuerdo de Paris en los plazos previstos. Sin embargo, la sociedad civil también tiene un rol en todo esto y por eso es importante que se creen estos canales de transparencia y de acceso a la información, de modo de que se pueda hacer un seguimiento de las acciones climáticas y donde nuestras autoridades deban rendir cuentas de sus compromisos.
Acuerdo regional para la adopción del Principio 10
En cuanto a las negociaciones del Acuerdo Regional sobre Democracia Ambiental o Principio 10, éstas se centraron en los artículos sobre acceso a la justicia, protección de defensores ambientales, y fortalecimiento de capacidades. Respecto del acceso a la justicia, se acordó garantizar la eliminación y reducción de las barreras y asimetrías que miles de personas, grupos y organizaciones enfrentamos en la defensa de los derechos ambientales en la región.
Además, se acordaron importantes garantías para proteger a quienes, diariamente y corriendo diferentes riesgos, realizan la defensa ambiental y ejercen sus derechos de acceso a la información y a la participación, labor que durante décadas ha sido desconocida y que presenta la mayor prioridad en el contexto de los países de nuestra región. En particular, se acordó asegurar un entorno propicio para el trabajo de estas personas y grupos, así como medidas adecuadas y efectivas para prevenir y sancionar cualquier ataque o amenazas que puedan sufrir.
Estas son disposiciones innovadoras y originales que responden a las necesidades urgentes de nuestra región y a la protección de nuestro medio ambiente. Como en materia de cambio climático, ellas garantizan la transparencia y el acceso a la información de las decisiones ambientales, facilitando la participación de la sociedad civil y de los más afectados por estas medidas.
Por ello, es de esperar que la discusión de estas normas y su implementación siga avanzando para responder a las necesidades que hoy tenemos en nuestra región.
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