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ONG’s y académicos manifiestan preocupación por el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Las organizaciones y personas que suscriben la presente declaración aseveran:

1. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es la última pieza para culminar un proceso de adecuación de la institucionalidad ambiental en Chile. Este debería hacerse cargo de las deficiencias que la actual institucionalidad pública tiene, con respecto la gestión de la biodiversidad. La que hasta ahora solo ha tenido una aproximación sectorial, basada en una mirada concentrada solamente en recursos, dispersión y sobreposición de competencias, falta de recursos humanos y financieros, entre otras falencias detectadas y sugeridas a resolver incluso por la OCDE.

Confiábamos en que el proyecto de ley comprometido por la actual administración propusiera soluciones a estas falencias. Sin embargo, el proyecto de ley (PL) en discusión, no aborda las deficiencias detectadas, sino que por el contrario, consolida lo que precisamente se esperaba eliminar: una mirada fraccionada del territorio y enfocada solamente en recursos. El PL ignora la dimensión genética y excluye de la gestión del Servicio aquellas especies marinas de valor comercial, sin comprometerse siquiera con integrar o coordinar su gestión con los ministerios sectoriales que hoy tienen potestad sobre estos recursos.

2. El PL ignora el carácter patrimonial de la diversidad biológica y es erróneo en su concepción, adoleciendo de serios problemas conceptuales en sus definiciones operacionales. De hecho, tiene una definición errónea del concepto de biodiversidad.

3. El PL genera un Servicio básicamente reactivo, sin capacidad de abordar ninguna de las grandes tareas ambientales a las que Chile se ha comprometido, ignorando de plano los instrumentos que pudiesen ser creados para integrar verdaderamente la gestión de la biodiversidad al desarrollo de la nación en todos sus niveles; genético, especies y ecosistemas. No responde a resolver los problemas de nuestra institucionalidad sino que los agrava.

4. El PL es deficiente técnicamente, no entrega garantías mínimas de protección a la biodiversidad y es una clara muestra de la poca importancia que le asigna el Estado de Chile a proteger la naturaleza presente en el territorio; tierra y mar.

5. Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en diciembre de 2016, sólo vienen a disminuir la calidad técnica del proyecto de ley que se presentó en 2014 y a desfavorecer la protección de áreas que resulta esencial proteger.

6. El PL no avanza en una gestión integrada de la conservación de la biodiversidad del territorio nacional en su totalidad, considerando sus diferentes ecosistemas como parte de un todo.

7. El PL viola el artículo 3 de la Convención de Washington ratificada por Chile, al modificar y desafectar áreas protegidas (AP) a través de actos administrativos y no mediante procesos legislativos.

8. El PL vulnera el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, en cuanto no se realizó una consulta indígena previa a la elaboración del PL y se realiza la tramitación del PL mientras se encuentra sin concluir el proceso de consulta. Esto es grave, por cuanto además de vulnerar un derecho reconocido en un tratado internacional, que mandata a consultar medidas legislativas con los pueblos indígenas en miras a llegar a acuerdo o consentimiento sobre las materias consultadas, vuelve a romper las frágiles confianzas existentes entre el mundo indígena y el Estado, en una materia tan importante como lo es la conservación de la biodiversidad.

9. El Pl contraviene la Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional (RAMSAR), pues elimina los Humedales como categoría de AP y permite su intervención, y no favoreciendo la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas presentes en ellas.

10. El PL carece completamente de una visión adecuada de los océanos, existe una ausencia de un enfoque apropiado sobre los ecosistemas marinos, considerando las especies hidrobiológicas como “recursos” y traspasando las funciones que deberían corresponder al Servicio de Biodiversidad a Subpesca o Sernapesca.

11. Nos preocupa que en el gobierno no exista ninguna voluntad política para tramitar este proyecto en conjunto con el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, lo que puede generar un conflicto con los trabajadores de CONAF.

12. El PL no da garantías a los trabajadores de Conaf, que serán traspasados al futuro SBAP, de que se respeten sus derechos laborales fundamentales.

En definitiva el proyecto de ley no resuelve los problemas de nuestra institucionalidad sino que los agrava. Genera un Servicio reactivo, sin capacidad de abordar ninguna de las grandes tareas ambientales a las que Chile se ha comprometido. Cuenta con una aproximación sectorial al tema, basada en una mirada concentrada sólo en recursos, dispersión y sobreposición de competencias.

Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en diciembre de 2016 sólo vienen a disminuir la calidad técnica del proyecto y desfavorecen la protección de áreas que resulta esencial proteger.

Consideramos imperativo que, ante la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorar significativamente el Proyecto de Ley, que este sea retirado del proceso de tramitación en el Senado con le propósito de hacerle cambios sustantivos.

Santiago 6 de enero de 2017.

 

Suscriben esta declaración:

  • Agrupación Biosfera
  • APP Las cumbres de Pichoy
  • CODEFF
  • Consorcio ICCA
  • Conservación Marina
  • Fundación Terram
  • Greenpeace Chile
  • Parque Cordillera
  • Parques para Chile
  • Geute Conservación Sur
  • Jardín Botánico Chagual
  • Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén Comunidad Agrícola de Los Diaguitas Huasco Altinos Observatorio Ciudadano
  • Sociedad Botánica de Chile
  • ORCA Chile
  • ONG FIMA
  • FENASIC – Conaf

Académicos:

  • Eduardo Fuentes
  • Javier Simonetti
  • Alberto Tacón
  • Verónica Morales