Representantes de las organizaciones sociales pidieron que el Gobierno incluya sus propuestas en la negociación del Principio 10 de la Declaración de Río + 20 que se realizará entre el 9 y 12 de Agosto en República Dominicana.

En una reunión convocada por el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Madrid, Abogado de la ONG FIMA y Andrea Sanhueza, Representante Electa del Público para la negociación del Principio 10, entregaron a Constance Nalegach, Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales, un conjunto de propuestas de texto sobre acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia.

En la oportunidad, cuyo objetivo fue dar a conocer a representantes de la sociedad civil los objetivos de la IV Reunión de Negociación del Convenio sobre los Derechos de Acceso a la Información, la Participación y la Justicia en Asuntos Ambientales, los asistentes le solicitaron a la representante del Ministerio, que estas propuestas sean efectivamente consideradas y apoyadas por Chile como un aporte sustantivo para las negociaciones que 21 Gobiernos llevarán a cabo la próxima semana en República Dominicana.

“Esperamos que el Gobierno de Chile continúe con el liderazgo que ha tenido a la fecha y participe en la negociación con iniciativas sustantivas y progresistas en la materia. Nuestras propuestas aportan en este sentido y son el fruto de un trabajo riguroso”, señaló Antonio Madrid de FIMA.

Por su parte, Andrea Sanhueza comentó lamentamos mucho que el Ministerio de Relaciones Exteriores no estuviera presente en la reunión, ya que nos interesaba de sobremanera que conociera nuestras propuestas, las cuales fueron preparadas por 20 expertos de 11 países de la región”.

Esta reunión internacional que se desarrollará entre el 9 y el 12 de agosto de este año, se enmarca en la negociación que desde el 2015 los gobiernos de América Latina y el Caribe se encuentran realizando para dar cumpliemiento al Principio 10 de la Declaración de Río, a la cual Chile está suscrito y que señala:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.  

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