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Por: Natalia Acevedo
Asistente de Investigación.
Estudiante de Derecho UAH[/caption]
Existen cosas innegables en la actualidad: Marte tiene agua líquida, el cambio climático hace estragos en el planeta y la calidad del aire en Santiago llega niveles que nos tientan a preguntar si podría ser peor.
Esto último alcanzó su máxima expresión mediática durante el mes de junio, con la primera emergencia ambiental decretada en la Región Metropolitana en 16 años, situación que fue precedida por una seguidilla de preemergencias que no pudieron frenar lo inevitable ni borrar la sensación de que la mala calidad del aire debería ser una prioridad.
El complejo escenario ambiental era el momento propicio para que la administración tomara cartas en el asunto y se luciese con una nueva «Norma Primaria de Calidad para Dióxido de Azufre (SO2)», que no se reforma desde el año 2002. Era una excusa ideal para elaborar una norma que realmente tomase medidas eficaces para disminuir la presencia de este contaminante en la atmósfera y prevenir sus efectos adversos, entre los que se cuentan morbilidad respiratoria y mortalidad prematura.
Lamentablemente, la administración no hizo la tarea. Una norma es tan buena como los estudios en los que se funda, y esta norma en particular persigue la protección de la salud de las personas, por lo que la calidad y seriedad de estos estudios es un asunto vida o muerte.
La lectura del anteproyecto de norma demuestra que solo se consideró seriamente un estudio: El «Análisis General de Impacto Económico y Social» (AGIES), con énfasis especial en la parte económica. Quizás el resultado no sería tan problemático si el estudio en sí fuese algo más que un encubrimiento para la dictación de una norma primaria de protección a las fundiciones, que deja a la ciudadanía con el modelo de norma más desfavorable a la salud, el que genera nulos cambios en la situación actual.
A modo de contexto: este estudio provee tres modelos de norma primaria de calidad ambiental distintos, uno más estricto, otro medianamente estricto y un último modelo que conserva el estado del SO2 en la atmósfera tal como está. Su propósito es ayudar tanto a la administración como a la ciudadanía a tomar decisiones y realizar observaciones de manera informada, propósito en el que falla estrepitosamente.
Para empezar, el AGIES no provee la información completa de cuánto costaría implementar la nueva norma primaria. Los lectores deben deducir esta información de una suerte de gráfico, que solo muestra los costos totales de los distintos modelos de norma considerados; pero en ningún momento individualiza o nombra estos costos, de manera que no podemos saber exactamente qué está considerando la administración a la hora de decidir qué modelo de norma protegerá la salud de la población.
Una segunda gran falla es que no conocemos realmente con qué se están contrastando estos costos. El estudio describe latamente el desgarrador impacto económico que los modelos más estrictos tienen sobre los recursos monetarios de las fundiciones (responsables del 60,88% de SO2 en la atmósfera), pero no hace lo propio con otro bien de suma importancia: En otras palabras ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto nos ahorramos evitando las muertes prematuras por SO2? Porque si este valor es superior a los gastos generados para las fundiciones, la administración tiene el deber de implementar el modelo que mejor ayude a preservar la vida.
Pues bien, el valor de la vida no se encuentra en ninguna parte del AGIES. Para hallarlo, debemos bucear en el expediente de la norma y por fin encontrarlo rezagado en un pie de página prácticamente ilegible de algún power point. ¿Quiere saber cuál es ese valor? $14.900 UF ($376.865.700).-, lo que equivale a un 7,3% del valor de la vida humana para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)[1].
Crudo que se valore la vida en números, más crudo que no se le valore ni siquiera en ellos.
Esto es inaceptable para la ciudadanía. Una norma cuyo objeto es tutelar la salud de las personas, que podría evitar muertes, que podría elevar la calidad de vida los habitantes del país, especialmente de aquellos que viven cerca de estas mega fuentes emisoras de SO2, no puede omitir en su Análisis de Impacto Económico y Social un dato tan importante como el valor económico de la vida; que en este caso, tenía un valor más alto que el de los gastos generados a las fundiciones por cualquier modelo de norma.
La montaña rusa de omisión de datos claves y relevantes, información entregada a medias, mala organización de la misma, enfoque obsesivo en justificar el modelo más barato para las fundiciones y más caro para la salud por sobre los otros modelos más beneficiosos para esta; concluye con el AGIES sugiriendo el modelo de norma que salva cero vidas, evita cero casos de asma, cero casos de morbilidad respiratoria, y tutela cero derechos constitucionales.
Este es, finalmente, el modelo plasmado en el anteproyecto de revisión de norma primaria de calidad ambiental, documento que también da cuenta de la obsesión administrativa por ahorrarle costos a las fundiciones que terminarán pagando las personas. Esto no es algo a la ligera, pues Chile tiene fundiciones que son reconocidamente ineficientes y que no cumplen con estándares internacionales mínimos, ni en lo ambiental ni en lo económico.[2]
Lo que nos merece una última interrogante ¿qué pretendía dictar la administración? ¿Refleja el estudio la preparación de una norma primaria de calidad ambiental o una norma de protección a las fundiciones actuales y a su ineficiencia? Porque si pretendía lo primero, ha reprobado estrepitosamente.
[1] http://yosemite.epa.gov/ee/epa/eed.nsf/pages/MortalityRiskValuation.html#pastvsl
[2]http://www.mch.cl/2015/09/29/menor-capitalizacion-de-codelco-podria-arriesgar-desarrollo-de-fundiciones/
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