[caption id="attachment_5778" align="alignleft" width="300"]Antonio Madrid Meschi Antonio Madrid Meschi.
Asistente de Proyectos FIMA[/caption]

En los últimos meses, los efectos concretos del cambio climático se han hecho evidentes tanto en el país como fuera de éste. Hay bastante certeza de que las lluvias y aluviones del norte, la sequía, las tormentas en el centro del país y otras extremas variaciones en el clima pueden explicarse en buena medida por este fenómeno, sobre el cual, con una certeza del 95% (IPCC 2013), ha influido primordialmente el humano. Un antecedente más, de los muchos ya existentes, es el informe del centro especializado, CR2, presentado este lunes a la Presidenta, donde se señala que el cambio climático explica al menos un 25% de la actual sequía en nuestro país: la más larga y extensa de la historia.

Estos hechos no debiesen sorprendernos. De acuerdo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Chile es un país altamente vulnerable, ya que cumple con 7 de las 9 características que lo calificarían en esta situación. Estas son: poseer zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas altamente contaminadas; y ecosistemas frágiles (2ª Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2011).

La vulnerabilidad entendida como la “propensión o predisposición a verse afectados de manera adversa” incluye distintos conceptos y elementos, incluyendo la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para hacer frente al cambio climático y adaptarse (IPCC, 2014). Con esta condición particular, es que el país afronta la necesidad colaborar con la meta de mantener el aumento de temperatura mundial bajo los 2°C hacia el fin de este siglo, límite entendido como una “barrera de defensa” frente a probables efectos devastadores para la humanidad.

Entendemos que la mantención de éste límite y la prevención de esos efectos se persigue principalmente mediante acciones de mitigación y reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En esta área, nuestro país genera un 0.26% de emisiones a nivel mundial (INDC Chile, 2015), lo que es marginal comparado con otros países, sin embargo nuestras emisiones aumentan cada día más.

Si bien aceptamos que es fundamental reducir las emisiones de GEI, la mitigación por sí sola no es suficiente y sus efectos se percibirán sólo después de la segunda mitad del siglo XXI (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 2014). El calentamiento del planeta está sucediendo ahora, al igual que sus consecuencias, por lo que es urgente contar con estrategias de adaptación, especialmente para un país en desarrollo y altamente vulnerable como Chile, que ya soporta los efectos en forma desproporcionada, y pone en riesgo el acceso al agua, su seguridad alimentaria, ecológica y económica, además de los efectos sociales sinérgicos que estos cambios pueden producir.

El Estado chileno debe comprender que retrasar las acciones de adaptación, sólo provocará aumentar su costo y disminuir su efectividad. Es por esto, que a pesar de existir ciertos avances, como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del año 2014 y los Planes Sectoriales de Adaptación (existen 2 de los 9 comprometidos en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012), consideramos muy preocupantes algunas situaciones que a simple vista pudiesen parecer desconectadas.

Por una parte, el escuálido compromiso adquirido por el Estado en su comunicación de Contribución Nacional Tentativa de Chile (INDC), para el Acuerdo Climático de París, 2015. Esta comunicación, cuyo anteproyecto fue objeto de numerosos comentarios por parte de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático (MCCC)- de la cual ONG FIMA forma parte- y que aun a la fecha no han sido respondidos formalmente, compromete un esfuerzo de adaptación que presenta serias insuficiencias.

Es claro que las falencias y determinaciones más sorprendentes se dan en el ámbito de la mitigación, en donde se opta por un compromiso incluso menor a las opciones barajadas en el anteproyecto y donde la gran mayoría de las acciones están condicionadas a decisiones externas a la voluntad del gobierno, como por ejemplo la mejora en la economía, ayuda internacional, la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal y la prórroga del Decreto Ley 701, Decreto que desde la dictadura ha permitido el subsidio estatal a grandes empresas forestales tales como CMPC (sí, la misma de la colusión papelera), quienes aportan en gran medida a la deforestación y el calentamiento global.

No obstante, en cuanto a adaptación, la INDC también se queda bastante corta. No considera medidas de gestión de desastres naturales, ciudades sustentables ni salud pública; no se hace referencia a un principio rector que garantice respeto de los derechos humanos e igualdad de género, considerando los efectos diferenciados sobre sectores más vulnerables a los fenómenos climáticos como lo son las mujeres, niños, ciertas comunidades, pueblos indígenas y campesinos; carece de medidas en el sector de recursos hídricos; no integra medidas referentes al sector minería, a pesar de sus enormes impactos relacionados; y no explicita las medidas concretas para mejorar la resiliencia, entre otros varios aspectos.

Por otra parte, pero íntimamente relacionada, está la situación de los glaciares en Chile. Estas masas de hielo forman parte de ecosistemas fuertemente amenazados por el cambio climático, pero que tienen radical importancia en la adaptación, considerando su aporte a la regulación del clima, así como a la disponibilidad de agua para el consumo humano y mantenimientos de ecosistemas, especialmente en el norte y centro de nuestro país para los periodos de sequía. Todo esto hace de ellos importantes reservas de agua que es necesario resguardar y proteger, principalmente de la actividad minera (MCCC, 2014). Sin embargo, hasta ahora las señales del gobierno en este sentido, parece que apuntan más a resguardar a la minería de la protección de los glaciares, que a preservarlos por su gran valor ecosistémico.

Así las cosas, ambas situaciones parecen ir en la dirección contraria a las necesidades de Chile. Situación relevante en vísperas de la COP21 de París, en diciembre de este año, instancia donde se espera se produzca un gran acuerdo climático entre los Estados Parte y una excelente oportunidad para que nuestro país comience a delinear una rectificación de su rumbo.

Somos un país que se ahoga bajo los aluviones y sufre los embates de su peor sequía, pero que aparenta no tener la voluntad de manotear ni aun para salvarse. ¿Cómo exigirle al mundo que cambie su comportamiento para evitar los desastres, cuando quienes sufrimos con ellos no estamos dispuestos a realizar ese cambio? La vulnerabilidad que nos caracteriza parece no empujarnos lo suficiente hacia repensar nuestro modelo de desarrollo y sus efectos reales en el medioambiente y las personas, ni tampoco hacia tomar las medidas de adaptación profundas que se necesitan hoy para protegernos.

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