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La ruta de los incendios: Planes y propuestas retrógradas

Fernanda Salinas Urzúa Doctora en Ciencias m. Ecología y Evolución Investigadora Asociada - ONG FIMA
Fernanda Salinas Urzúa
Doctora en Ciencias m. Ecología y Evolución
Investigadora Asociada – ONG FIMA

Los incendios tienen larga data en Chile. Entre 1870 y 1910, los colonos europeos, replicando las prácticas del viejo continente, arrasaron los bosques nativos entre Talca y Concepción y los del valle central entre el río Malleco y el Bío Bío, con incendios intencionales para ‘limpiar’ el territorio y así poder practicar la agricultura y la ganadería. Consecuencia de estas prácticas, provincias enteras, como la de Malleco, quedaron erosionadas. Años más tarde, Pablo Neruda, conmovido por la transformación de su tierra natal, escribió la Oda a la Erosión de la Provincia de Malleco: “Volví a mi tierra verde y ya no estaba, ya no estaba la tierra, se había ido. Con el agua hacia el mar se había marchado (…). Rozó con fuego el alto nivel de los mañíos, el baluarte del roble, la ciudad del raulí, la rumorosa colmena de los ulmos, y ahora desde las raíces quemadas, se va la tierra, nada la defiende, bruscos socavones, heridas que ya nada ni nadie puede borrar del suelo: asesinada fue la tierra mía, quemada fue la copa, originaria (…)”.

Ciertamente, si no fuera por la capacidad de regeneración natural de la vegetación de nuestros bosques, nuestro país tendría un paisaje completamente desolador. Muchas especies nativas arbóreas, arbustivas, trepadoras y herbáceas son capaces de rebrotar desde las raíces después de los incendios, mientras las semillas de otras especies pueden encontrar un suelo con humedad, sombra y nutrientes alrededor de los troncos y ramas que han caído. Los troncos de los árboles quemados que permanecen en pie, y los restos que quedan dispersos en el suelo, además de otorgar sombra y protección del viento y la desecación a las plantas que se regeneran, sustentan la compleja vida del suelo que permite el reciclaje de nutrientes, protegen el suelo de la erosión, retienen humedad, proveen de hábitat, refugio y alimento a aves, anfibios, reptiles, insectos y pequeños mamíferos del bosque.

A pesar de la importancia que representan los restos de material leñoso para la regeneración de la vegetación después de los incendios, una práctica común en Chile y en el mundo es cosechar este material para usarlo como leña. Sin embargo, crecientes investigaciones han documentado las consecuencias ecológicas y ecosistémicas de esta práctica, entre los que se cuentan la erosión del suelo, la alteración del ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes, la pérdida de hábitat para fauna y la colonización de especies exóticas invasoras. No obstante los antecedentes científicos disponibles, el año 2015 CONAF abrió una licitación para remover el material leñoso en el área incendiada el año 2002 en la Reserva Nacional Malleco de una superficie de más de 780 hectáreas, sin considerar la abundante colonización de especies invasoras en sectores previamente licitados en la Reserva (Salinas & Armesto, datos no publicados). A raíz de esa licitación, se cuestionó a CONAF el incentivo perverso que representaba esa licitación a incendios deliberados que podrían ser replicados en otras áreas protegidas del país, y el desincentivo a las medidas de control de incendios accidentales en las mismas. No hubo postulantes a esta licitación y se declaró desierta.

A mediados de Enero del 2017 se desataron en Chile central los incendios más grandes de su historia. Las cifras oficiales de CONAF registran entre Valparaíso y Bío Bío una superficie incendiada de 594.783 hectáreas, de las cuales un 57,2% correspondería a plantaciones forestales, un 21,8% a matorrales, 18,3% a bosques nativos, 2,5 a suelos con uso agrícola y 0,2% a suelos con uso industrial o ciudades. La simultaneidad de 120 incendios activos al 26 de enero, facilitó la propagación a gran velocidad e intensidad, alcanzando una extensión, que lo transformó en un incendio de sexta generación, la más alta definida en la escala de la Unión Europea, y nunca antes registrada en el mundo.

Sin embargo, las advertencias respecto a las características de los incendios venideros habían sido previstas. El 3 de enero 2017 Michel De L’Herbe adelantó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que la temporada de incendios 2017 sería altamente destructiva, que afectaría a las comunidades rodeadas por plantaciones forestales, señaló la insuficiencia del equipamiento de CONAF para controlar los incendios y la importancia de contar con ayuda internacional en caso de emergencias. A esta instancia se excusaron de asistir el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, el Director Ejecutivo de CONAF, Aarón Caviares, el Director de la ONEMI, Ricardo Toro y el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes.

De acuerdo a la información proporcionada por la ONEMI, ya desde el 17 de Enero 2017 la tasa de superficie afectada por incendios comenzó su ascenso. El 18 de Enero la ONEMI declaró alerta roja en un total de 14 comunas entre las regiones de Valparaíso y el Maule, que ascienden a 16 comunas y la provincia de Colchagua al 19 de enero. El 20 de Enero, la región de O’Higgins y 17 comunas entre la región de Valparaíso y el Maule son decretadas con Alerta Roja. Recién el 21 de Enero se decreta Estado de Excepción Constitucional, Estado de Catástrofe y Zona de Catástrofe para las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en O’Higgins y las comunas de Vichuquén y Cauquenes en Maule.

Actualmente, el Ministerio Público lleva a cabo un proceso de investigación, donde se ha considerado la responsabilidad penal de funcionarios de la Compañía General de Electricidad de la Sexta Región por no cumplir con el mantenimiento y limpieza de las servidumbres de paso y las franjas cortafuego que deben existir en los tramos con tendido eléctrico. Así mismo, la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora de incendios, donde se evalúa el rol de CONAF, la Intendencia y los Consejeros Regionales en la prevención de los incendios y en evitar su propagación mediante cortafuegos. Mientras tanto, la ONG Red por la Defensa de los Territorios señala que es fundamental investigar la correlación entre las plantaciones infectadas por Sirex Noctilio, avispa taladora de pino, detectada en Chile desde el 2001 que seca los bosques y se expande muy rápidamente y la intencionalidad de los incendios forestales con el fin de sanitizar el suelo de manera económica. Antes de los incendios, este insecto afectaba decenas de predios forestales desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, que estaban con orden de raleo o tala. De acuerdo a la Ley 20.326, las pérdidas de la forestación frente a un siniestro climático o de un incendio serían subsidiadas por CONAF. Además, el Ministerio Público y la PDI en el mes de Febrero realizaron incautaciones, tanto en CONAF como en ONEMI, para revisar los contratos de prestación de servicios en combate de incendios con las empresas españolas acusadas de sobornos, tráfico de influencias y cohecho internacional en España. A lo anterior se suma que el 29 de Enero la Presidenta Michelle Bachelet informó de 43 personas detenidas por su eventual responsabilidad en 38 incendios forestales, con 27 formalizados en distintas Fiscalías.

A raíz de los incendios, numerosos académicos e investigadores reflexionaron de manera pública respecto a la oportunidad generada por este catastrófico escenario, de replantear el modelo forestal imperante en el país, indicando la importancia del diseño de paisajes heterogéneos y diversificados; resilientes frente al cambio climático global, la situación de escasez hídrica a la que están sujetas las comunidades aledañas a las plantaciones forestales, como a los mismos incendios forestales. Sólo el Ministerio del Medio Ambiente acusó recibo de la desusada participación de la comunidad científica en el debate y constituyó el Comité Nacional de Restauración Ecológica, al cual, en la reunión realizada en marzo, se sumaron representantes del mundo privado, como el presidente de la CORMA y delegados de CMPC y Arauco.

Mientras tanto, con una velocidad asombrosa, el Ministerio de Agricultura, a través del Consejo de Política Forestal, presentó en marzo 2017 una Propuesta de Restauración Ecológica y Recuperación del Patrimonio Forestal Productivo, en la que se indica como acción prioritaria la ‘limpieza’ de los sitios incendiados, indicando apoyo técnico y económico para la remoción del material leñoso “de tal forma que se minimice el impacto en los suelos” con el fin de ser utilizado como leña. El documento continúa, diciendo que “el aprovechamiento de maderas debe realizarse lo antes posible a fin de evitar un mayor deterioro de las mismas”. Además, los Ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Hacienda y Medio Ambiente, presentaron en el mismo mes, un Plan de Acción para la Recuperación de Patrimonio Natural y Productivo afectado por los incendios de 2017, sin distinguir propietarios de bosques nativos y plantaciones, donde “se fomentará la corta y limpieza de los sitios afectados por los incendios.”

Tanto el informe de la OCDE 2016, como el Informe País 2016, y el Informe del Estado del Medio Ambiente, reconocen la contaminación atmosférica como el principal riesgo para la salud de la población y calidad de vida. En las principales ciudades del sur de Chile, entre abril y agosto principalmente, la principal razón de los altos niveles de superación frecuente de los valores límites de las normas diarias de material particulado es el consumo de leña para calefacción domiciliaria. Por esta razón, el MMA ha declarado numerosas comunas del sur como zonas saturadas por material particulado respirable y ha establecido Planes de Descontaminación Atmosférica.

A la luz de los hechos, se esperaría que las investigaciones en relación a las causas de los incendios forestales recientes y la claridad respecto a las responsabilidades llegaran a fin antes de eliminar posibles evidencias mediante, por ejemplo, la remoción del material leñoso de los sectores quemados. Deseable sería, además, después de la catástrofe, contar con una planificación territorial en el que la infraestructura ecológica fuera considerada para diseñar paisajes sostenibles y resilientes. Nuestras autoridades, sin embargo, como las del siglo XIX, incentivan y financian la práctica de la ‘limpieza’ de los territorios, en desmedro de la erosión de los suelos y fomentan la calefacción con leña en las ciudades saturadas en el sur de Chile.