Corporación FIMA ( Fiscalía del Medio Ambiente) http://www.fima.cl Corporación FIMA Fri, 11 Jul 2014 13:17:30 +0000 es-ES hourly 1 ¡Ya está disponible el boletín FIMA 24! http://www.fima.cl/ya-esta-disponible-el-boletin-fima-24/ http://www.fima.cl/ya-esta-disponible-el-boletin-fima-24/#comments Fri, 11 Jul 2014 13:10:42 +0000 http://www.fima.cl/?p=4447 ¡No se pierda esta edición!

Boletín FIMA 24

Destacamos:

  • Destacamos en esta edición una interesante columna de nuestra procuradora M. Victoria Galleguillos “La decisión detrás de una norma de calidad ambiental” donde analiza la importancia de los órganos encargados de definir nuestras normas ambientales y los efectos que estas tendrán en nuestras vidas.
  • Además, Saludamos afectuosamente a nuestros amigos de AIDA, organización que hace poco tiempo cumplió 15 años de trabajo en la defensa del medio ambiente a nivel interamericano. 
  • Por último, no se queden sin revisar el resumen de las noticias ambientales más destacadas en temas de medio ambiente.

¡Esperamos que lo disfruten y difundan!

Boletín FIMA 24

]]> http://www.fima.cl/ya-esta-disponible-el-boletin-fima-24/feed/ 0 Convocatoria pasantías FIMA 2do. semestre 2014 http://www.fima.cl/convocatoria-pasantias-fima-2do-semestre-2014/ http://www.fima.cl/convocatoria-pasantias-fima-2do-semestre-2014/#comments Tue, 08 Jul 2014 22:43:09 +0000 http://www.fima.cl/?p=4440

Digital Fima

Se invita a estudiantes de Derecho de 3°, 4° o 5° año interesadas en derecho ambiental y que deseen trabajar ad-honorem.

Los pasantes trabajarán junto a la directora de proyectos en áreas como litigación ambiental, derecho de aguas, minería, derecho procesal ambiental, derecho internacional ambiental e investigación relacionada.

El período de la pasantía tiene una duración de 3 meses (Agosto – Octubre).

Interesados enviar su CV con carta de intención antes del 25 de Julio de 2014 a fima@fima.cl

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La decisión detrás de una norma de calidad ambiental http://www.fima.cl/la-decision-detras-de-una-norma-de-calidad-ambiental/ http://www.fima.cl/la-decision-detras-de-una-norma-de-calidad-ambiental/#comments Tue, 08 Jul 2014 18:25:24 +0000 http://www.fima.cl/?p=4438 Procuradora FIMA
M. Victoria Galleguillos A. Procuradora FIMA

Las normas de calidad y de emisión son una de las principales manifestaciones de la política ambiental del país. Es mediante estos instrumentos de gestión ambiental, particularmente mediante la norma primaria de calidad ambiental, que se establecen las concentraciones y períodos máximos o mínimos permisibles de elementos cuya presencia pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población.

Es por esta razón, que a diferencia de las decisiones adoptadas en la actual evaluación ambiental de proyectos, donde el objetivo es una verificación del cumplimiento de la legislación vigente, las decisiones detrás de las normas de calidad y emisión constituyen ya no un control, sino un espacio de definición de una determinada política pública en materia medioambiental. Es detrás de estas normas donde, dentro de otras ponderaciones, está aquella que sopesa dos factores emblemáticos de la discusión ambiental nacional: un buen nivel de salud  pública y el desarrollo económico.

A la luz  del contenido de las normas (el cual incluye los máximos o mínimos de derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones y ruidos a los que estará expuesta la población), es posible concluir cómo estas reglas tienen un efecto directo en variados derechos consagrados en nuestra constitución, entre ellos el derecho a la vida, a la salud, a la propiedad, y al ejercicio de actividades económicas. Es por esta razón, que la elección del órgano encargado de definir, generar y fiscalizar el cumplimiento de estas normas es también una decisión de vital trascendencia.

Probablemente, determinados por el indiscutible efecto que se produce en derechos fundamentales, no fueron pocos quienes  al momento de discutir el procedimiento de generación de normas de calidad ambiental, se inclinaron a que estas fueran establecidas en una ley, y  por ende que su contenido fuese discutido y aprobado en el Congreso. Sin embargo,  la exigencia de una gestión ambiental más eficiente y capaz de adecuarse rápidamente a los cambios, como también el contenido altamente técnico de la regulación determinó que las normas de calidad ambiental fueran dictadas mediante un decreto supremo, firmado por el Ministro de  Medio Ambiente y de Salud. Esta necesidad sin duda correcta, estuvo aparejada del establecimiento de  un sistema fuertemente reglado en la generación y revisión de las normas. Dentro de este procedimiento se incluye un análisis técnico y económico, desarrollo de estudios científicos, consultas a organismos públicos y privados como también una adecuada publicidad. Estos requisitos tienen el claro objetivo de actuar como formas de control ciudadano y técnico, y en este sentido son un contrapeso a las facultades otorgadas a la administración.

Tras la dictación del decreto supremo número 20 el pasado 15 de diciembre, que entre otros aspectos deroga la concentración anual  de la norma de material particulado grueso respirable o MP10, la discusión de años atrás retoma su sentido. De acuerdo al Consejo de Defensa del Estado el D.S N°20 se atiene a la Constitución y a ley, tiene claros fundamentos, siendo además dictado con estricta sujeción a los principios que orientan la gestión ambiental moderna. Sin embargo,  tal como lo consignan las reclamaciones presentadas ante el Segundo Tribunal Ambiental por la ONG Fiscalía del Medio Ambiente representada por el abogado Fernando Dougnac, comunidades y municipios de Puchuncaví, Huasco, Quintero y Santiago, la aseveración anterior merece variados matices.

Tales reclamaciones relatan de forma clara cómo la dictación de la señalada norma carece de fundamentación científica y económico-social, además de infringir el reglamento que regula su dictación, el principio preventivo y la constitución. En conclusión, lo que cada una de estas reclamaciones hace evidente es que el cumplimiento de las exigencias de la dictación de la norma fue solo formal o derechamente no fueron realizadas.

Lo anterior se reafirma con la utilización inédita de la figura de Amicus Curiae en la causa, mecanismo que permite que una persona de reconocida idoneidad técnica y profesional invocando la protección de un interés público presente un informe de la materia. En esta ocasión se presentó un contundente escrito por parte del Doctor en Salud Ambiental de Harvad Sr.Pablo Ruiz Rudolph, quien dentro de sus conclusiones señala que recomienda revisar la derogación de la norma, dado que ella parece ignorar los efectos en la salud a largo plazo del MP10, a lo que se suma que el proceso de evaluación de los efectos sociales, parece sesgado, subestimando los impactos de la derogación.

Algunos dirán, que el diagnóstico de la preocupante situación de calidad del aire en el país es compartido, pero que el encargado de definir el cómo arreglarlo, es el gobierno, mediante el ministerio del medio ambiente. Sin embargo,  quienes esbozan esta afirmación no deben olvidar, que ese cómo, en un estado de derecho, debe estar debidamente fundamentado y establecido de acuerdo a la normativa vigente. En caso contrario, deberá ser declarado ilegal impidiendo, por ende, que tenga efecto alguno.

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CURSO DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL http://www.fima.cl/curso-de-capacitacion-ambiental-en-el-ambito-municipal/ http://www.fima.cl/curso-de-capacitacion-ambiental-en-el-ambito-municipal/#comments Fri, 04 Jul 2014 23:04:44 +0000 http://www.fima.cl/?p=4432 El 30 de junio comenzó el Curso de Capacitación: Derecho Ambiental en el Ámbito Municipal.

PROGRAMA TALLER CAPACITACIÓN DERECHO AMBIENTAL 2014 FIMA-HBOLL-DIGA

Afiche Curso Derecho Ambiental

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Exitoso Taller de las Organizaciones Sociales Taller de las Organizaciones Sociales sobre los Derechos de Acceso http://www.fima.cl/exitoso-taller-de-las-organizaciones-sociales-taller-de-las-organizaciones-sociales-sobre-los-derechos-de-acceso-a-la-informacion-participacion-y-justicia-en-temas-ambientales/ http://www.fima.cl/exitoso-taller-de-las-organizaciones-sociales-taller-de-las-organizaciones-sociales-sobre-los-derechos-de-acceso-a-la-informacion-participacion-y-justicia-en-temas-ambientales/#comments Fri, 27 Jun 2014 22:58:57 +0000 http://www.fima.cl/?p=4406 Con la presencia de más de 40 representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, se desarrolló el pasado 25 de junio el Primer Taller de las Organizaciones Sociales sobre los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia en temas ambientales. La actividad organizada por Iniciativa de Acceso para América Latina y el Caribe, FIMA y Fundación Casa de la Paz, se orientó a dar a conocer el proceso que desde el 2012 se está desarrollando para la implementación de los Derechos de Acceso, discutir los desafíos que enfrentamos en nuestro país en el marco del trabajo que casa organización realiza, y elaborar propuestas o aportes al gobierno sobre los temas que se deben considerar en la negociación del instrumento regional.

El taller contó con exposiciones de Constance Nalegach del Punto Focal Democracia Ambiental Latino América y el Caribe, Valeria Torres de Cepal, Alessandro Lodi de Casa de La Paz, Andrea Sanhueza de Iniciativa de Acceso y Gabriela Burdiles Perucci de FIMA.

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25/06 Taller de las Organizaciones Sociales Sobre los derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia http://www.fima.cl/primer-taller-de-las-organizaciones-sociales-sobre-los-derechos-de-acceso-a-la-informacion-participacion-y-justicia/ http://www.fima.cl/primer-taller-de-las-organizaciones-sociales-sobre-los-derechos-de-acceso-a-la-informacion-participacion-y-justicia/#comments Tue, 17 Jun 2014 00:16:07 +0000 http://www.fima.cl/?p=4362 Innvitacion DEF
PRIMER TALLER DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Sobre los derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia

Inscripciones en: fima@fima.cl o alodi@casadelapaz.cl

PROGRAMA TALLER 25 DE JUNIO

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CHILE: A deeper insight http://www.fima.cl/chile-a-deeper-insight/ http://www.fima.cl/chile-a-deeper-insight/#comments Mon, 16 Jun 2014 21:48:33 +0000 http://www.fima.cl/?p=4356 mate
María Díaz   Ingeniera Comercial Coordinadora de Adm. y Recursos. FIMA.

* Columna publicada en The World Justice Project 

Chile has shown economic and political stability during the last twenty years, with high rates of economic growth, controlled inflation, low unemployment and global integration. At the international level, it has been seen as an “island of political and economic calm in a troubled region” and the most competitive country of South America (1). These considerations are supported by international institutions such as the World Economic Forum, which in 2011 indicated that Chile was the 33rd most competitive country in the world, with an average of 5.4% in the Monthly Economic Growth Index during 2012, and 4.1% in 2013 (2).

This progress has allowed Chile to be part of international organizations such as the OECD (3) which involves the active participation of Chile among the group of most influential countries in analyzing and proposing best practices in public policy (4).

Nevertheless, it is essential to further examine the issue of economic development. Is strong economic growth enough for an emerging country to be seen as a “developed nation” in comparison with the rest of South America? Does this provide real insight about if the country is developing effectively ?

Even though the country’s economic performance is promising, its figures regarding socio-environmental issues are far from being assessed in the same way. According to the “Create Your Better Life Index” (5) released by the OECD, Chile is second among member countries for high air pollution and poor water quality. There are also modest results on life opportunities and wealth distribution, which is also reflected in Chile’s 0.52 Gini Coefficient. This coefficient is an international measure of income inequality within a country; where 0 indicates perfect equality, and 1 is maximum inequality. According to the last ECLAC report in 2011, the country has the highest income inequality among OCDE members, and the 8th least equal coefficient in South America.

It must be mentioned that Chile economically depends on extractive activities that require the exploitation of natural resources. Hence it is critical to include – within the whole reflection about the country’s development conditions – the implications of these activities both on society and the environment. The demand for raw materials to meet the needs of the productive sectors, particularly water and energy, have increased in an exponential fashion over the past few decades, bringing higher consequences for people depending on their geographical location, income, and sociocultural origin.

Thus, the concept of environmental justice seems critical to understand when analyzing how economic growth is affecting society and weakening the overall process of national development. According to the US Environmental Protection Agency, environmental justice refers to “the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies” (6). In this sense, it is related with three lines of understanding justice: distribution, recognition and participation (7).

Even if the new environmental institutional framework has improved in recent years, including the creation of a Superintendent of Environment and Environmental Courts in 2010, Chilean legislation is far from achieving the integration of the above three lines to reach a satisfactory level of environmental justice. The latter is reflected in the lack of citizen participation and negative consequences of unequal distribution of the consequences of environmental initiatives, such as energy or mining projects.

In regards to the Chilean energy industry, there is an absence of clear economic policy in the long term, leading to short term strategy environments where 90% of energy production is concentrated in three private companies (8). This situation results in an investment in non-renewable energies because of their minor costs and fast reaction to “supposed” energy crises, at the expense of its huge socio-environmental impacts. Although Chile has more than four 4,000 km of coastline to produce tidal energy, the most arid desert in the world for solar power, and over 300 geothermal areas identified throughout the country (9), just 0.2% of the country’s electrical grid is based in renewable energies (not counting hydroelectricity) and it imports more than 60% of its energy need (10). Hence, more than 50% of the energy consumed comes from coal and petrol, and over 30% of the country’s electrical grid is represented by hydroelectricity (11), which is considered as a renewable energy ignoring the significant socio-environmental damage of the dams, such as extensive flooding of pristine areas, disruption of rivers and displacement of communities.

On the other hand, mining activity contributes to 15% of the national GDP and generates 60% of the exportation of the country (12). However, there is also a need to measure the high levels of air pollution, spill of toxic waste on water resources threatening health – even the life – of people, while violating the right to live in an environment free of contamination (13).

High associated costs and technical difficulty produced by the processes and imbalance of information between agents generates a lack of effective access to environmental justice and deficiency in citizen participation. Particularly, the poorest communities are the most affected. They do not have easy access to consultative participation where the approval of projects carry social and environmental burdens and are being discriminated against in administrative procedures and marginalized in decision making that directly affects them.

The State should promote the creation and real application of proper policies to avoid major environmental problems. It should prevent the unfair distribution of the harmful impacts of these projects, and encourage the appropriate participation of all people in the consultative process in every initiative that has direct or indirect impacts to citizen’s environment.

In summation, economic growth will remain necessary to lift people out of poverty. However, the current paradigm of development is not going in the right direction, as it does not include the social and environmental variables that indicate sustainable development. Since the problems mentioned above (among others) have not been resolved, we cannot say that Chile is progressing as a whole. So, does economic performance truly reflect an accurate picture of a country’s development?

Citations:

1 Report by the World Economic Forum. The Global Competitiveness Index 2012–2013, http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_Rankings_2012-13.pdf

2 Banco Central, Santiago, Chile, IMACEC statistics, 2013 http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-indicadores/index_aeg.htm

3 Organization for Economic Co-operation and Development

4 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) http://www.oecd.org/document/57/0,3746,en_21571361_44315115_42999161_1_1_1_1,00.html

5 http://www.oecdbetterlifeindex.org

6 http://www.epa.gov/environmentaljustice/

7 Walker, G (2009), Beyond Distribution and Proximity: Exploring the Multiple Spatialities of Environmental Justice, Antipode, vol. 41, issue 4, pp. 614-636.

8 Chile Sustentable, “Energía en Chile: Para qué y para quién?”, 2013

9 http://www.os.is/gogn/unu-gtp-sc/UNU-GTP-SC-18-06.pdf

10 Comité Nacional de Energía, Balance Nacional Energia 2013

11 Ibid

12 Ibid

13 Universidad Diego Portales, “Medio Ambiente y derechos humanos: Justicia ambiental y el caso rinconada de Maipu”, 2010

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Central Río Cuervo ¿Hacia qué tipo de desarrollo nos dirigimos? http://www.fima.cl/central-rio-cuervo-hacia-que-tipo-de-desarrollo-nos-dirigimos/ http://www.fima.cl/central-rio-cuervo-hacia-que-tipo-de-desarrollo-nos-dirigimos/#comments Wed, 11 Jun 2014 13:45:54 +0000 http://www.fima.cl/?p=3281
vito
María Victoria Galleguillos Parte del Equipo de Litigación de FIMA

Lo que tiñe a la aprobación referida de ilegalidad es la inobservancia de la normativa ambiental vigente por parte del  Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto dado que la aprobación del proyecto no solo contraviene el dictamen de la justicia, el cual ordenó la realización de tres estudios, habiéndose realizado solo uno de ellos, sino también permite la ejecución de un proyecto con una ponderación de riesgos e impactos transgresora de derechos fundamentales.

*Columna publicada en Veo Verde

El desarrollo sostenible ha sido definido como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro de atender a sus propios requerimientos. Es claro que la opción de un desarrollo de estas características, implica que la toma decisiones en torno a la inversión y utilización de recursos naturales debe contener criterios de largo plazo integradores de diversas variables de contenido social, económico y ambiental.

De acuerdo a documentos oficiales, la política ambiental chilena estaría inspirada en el concepto de desarrollo sostenible, sin embargo decisiones como la reciente aprobación de la Central Hidroeléctrica Rio Cuervo, parecieran dotar a dichos documentos de un carácter meramente nominal.

El proyecto “Central Hidroeléctrica Rio Cuervo” de la empresa Energía Austral Ltda se sitúa en la comuna de Aysén, y consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de embalse. Su ejecución comprende la inundación los lagos Yulton y Meullín, los cuales dejarán de existir como lagos individuales, y la cabecera del Rio Cuervo.

La gravedad de la venia del Estado en este caso, no estriba exclusivamente en la incoherencia presentada. Ya que lo que tiñe a la aprobación referida de ilegalidad es la inobservancia de la normativa ambiental vigente por parte del  Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto dado que la aprobación del proyecto no solo contraviene el dictamen de la justicia, el cual ordenó la realización de tres estudios, habiéndose realizado solo uno de ellos, sino también permite la ejecución de un proyecto con una ponderación de riesgos e impactos transgresora de derechos fundamentales.

Son diversos los factores que hacen del proyecto en cuestión uno de alta complejidad, lo cual ameritaba una ponderación estricta de los factores involucrados. Entre dichos elementos se encuentra la construcción de una central de embalse en una altura aproximada de 40 metros sobre uno de los brazos del Río Cuervo, torrente que forma parte del complejo Yulton-Meullín reducto de la biodiversidad patagónica. A lo que se suma que dicha área geográfica forma, además, parte de un sistema de fallas sísmicas activas.

Un aspecto fundamental en la toma decisiones ambientales es la necesidad de contar anticipadamente con toda la información relevante, ya que solo de dicha manera será posible establecer de forma preventiva los impactos y riesgos ambientales del proyecto. Únicamente un estudio de impacto ambiental, que considere todas las aristas correspondientes, hace posible dicho objetivo. Es en este aspecto donde el estudio aprobado de la Central Hidroeléctrica Río Cuervo resulta ser absolutamente insatisfactorio, especialmente en relación al riesgo de inducción sísmica del cual no se presentó estudio alguno, haciendo imposible el análisis referido.

En Chile, las reglas claras que atraerían fuertes inversiones parecen significar unas reglas más bien débiles en su ejecución, como también en su labor protector del medio ambiente.  Resultaría sin duda preocupante, que los actuales incentivos a la inversión constituyan la ausencia de reparación en la calidad de los proyectos, como también la débil ponderación y prevención de sus costos medio ambientales. De ser así, las externalidades negativas no internalizadas por sus generadores serán continuamente cargadas a Chile y sus ciudadanos. Lo anterior no debe ser visto como un mandato de retroceso en el crecimiento, sino como un reto al desarrollo nacional en vías de que este la aptitud de permitir que los beneficios comunes y privados sean a la vez justos ambientalmente.

Finalmente, que la opinión pública vertida en relación a la aprobación del proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo sea una fuerte critica a nuestra institucionalidad ambiental y su capacidad de rechazar proyectos extremadamente gravosos para el medio ambiente, es una cuestión del todo atendible y necesaria en el debate nacional. Sin embargo a esta crítica debiese sumarse el necesario y hoy ambiguo límite que significa el respeto a los derechos fundamentales en la calificación ambiental de proyectos, límite que, no está demás enunciarlo, debiese estar presente en todo acto estatal.

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La razón de defender el Medio Ambiente http://www.fima.cl/la-razon-de-defender-el-medio-ambiente/ http://www.fima.cl/la-razon-de-defender-el-medio-ambiente/#comments Tue, 10 Jun 2014 00:33:53 +0000 http://www.fima.cl/?p=4344 Por Fernando Dougnac Presidente de FIMA
Por Fernando Dougnac
Presidente de FIMA

El lenguaje es la manera de comunicar a los otros seres los sentimientos, pensamientos e inquietudes del expositor. Por ello, salvo en las relaciones coloquiales donde se acepta un cierto relajo fruto tanto de la confianza como de la sintonía de pensamientos de los interlocutores y de la existencia de un cierto acuerdo tácito sobre lo que se habla, en los demás casos, sobre todo en los dichos de la autoridad, se debe ser muy preciso y claro en los términos que se emplea.

 La Presidenta Bachelet, ha dicho en su última cuenta pública al país, lo siguiente: “La equidad ambiental y social será efectiva si incorporamos transversalmente en la gestión ambiental, la protección de nuestro patrimonio natural. La conservación de la biodiversidad debe ser considerada como un activo: tanto las facultades del Estado en relación a la gestión de los recursos naturales, como el fortalecimiento de la investigación científica en la materia, deben avanzar integradamente para dar cumplimiento a estos desafíos.”

 Como se verá, llama la atención que se continúe usando un lenguaje economicista para tratar un tema que no sólo es importante desde esa perspectiva, sino que esencial para la subsistencia misma del ser humano. Sin la existencia de un medio ambiente sano, la vida se torna imposible, o se degrada de tal forma, que no se comparece con la dignidad de las personas, reconocida hoy universalmente y que es la base de la moderna teoría y práctica de la protección de los derechos humanos.

 Se dirá que no se debe dar tanto valor a las palabras como a la intención, pero en mi opinión, ello no es así. Calificar la conservación de la biodiversidad, que no es otra cosa que conservar la naturaleza en sí, de un “activo” revela que ella tiene un valor económico, cuando en realidad, tal como ya se ha dicho, su importancia es muchísimo mayor pues es el sustento mismo de la vida humana. Limitarla a uno de esos aspectos, es reducir su importancia. Esto puede llegar, como muchas veces ha ocurrido en nuestro país, a someterla a las exigencias temporales de los intereses económicos, no sólo de los empresarios, sino que del Estado mismo en su aspecto patrimonial, y de los agentes sociales, que llevados por una situación económica injusta, ven en la desprotección de la naturaleza la oportunidad de mejorar aparentemente su calidad de vida.

 En ese contexto, es necesario recordar que el Estado de Chile es también empresario minero a través de Codelco, lo que lo ha llevado a dictar normas más permisivas ambientalmente que las que se le exigen a los demás actores económicos, como es la dictación del D.S. 80, que reemplazó el D.S. 90, respecto de un emprendimiento efectuado por Codelco, donde se establecieron parámetros ambientales más laxos para esa empresa.

Desde el punto de vista ambiental, es inaceptable que el Estado juegue un doble papel: es decir, que por una parte sea la autoridad encargada de regir el bien común; y por la otra, sea uno de los tantos agentes económicos del país (Estado-Empresario), en circunstancias que todos ellos, incluidas las empresas estatales, son controladas por el mismo Estado-Autoridad. Se dirá que muchas de ellas han sido sancionadas por la autoridad ambiental, pero lo que no deja de ser chocante, es que el destino final de los dineros que se les cobran como multas a esas corporaciones, sea el mismo Estado, y estos dineros ingresen a las cuentas generales de la Nación. Es decir, se saca la plata de un bolsillo para meterla en el otro, con la grave consecuencia de estarse burlando moralmente de la ciudadanía, que no ve en la sanción una pena efectiva respecto del infractor. Es decir, en este caso, las sanciones pecuniarias son meramente simbólicas pues, los dineros permanecen en las mismas arcas del infractor.

Por esto, es necesario que se cree la responsabilidad personal de los directivos de las empresas (estatales y privadas), frente a infracciones graves a las normas ambientales. Un ejecutivo, puede arriesgarse a efectuar maniobras ambientalmente peligrosas, si la responsabilidad de ellas, recae sólo sobre su representada y es ella la que sola soporta las pérdidas. Pero otra cosa muy distinta sería, si el que toma la decisión arriesgara no sólo la pérdida económica de su empresa, si no que su propia libertad y patrimonio. Si fuere así, sería muchísimo más cauteloso respecto de las decisiones ambientales que tome.

El caso de Codelco es emblemático, no sólo por su tamaño económico, el que le otorga un gran peso en la economía nacional, sino que por su peso político en las decisiones de la autoridad. Como muestra de ello, basta preguntarse por qué razón el Estado no ha aprobado normas más efectivas, y no simplemente declarativas, respecto de la protección de los glaciares. Si el lector no percibe la razón, pregunte qué sucede con los trabajos en la alta montaña que realiza la División Andina de Codelco. Si aún tiene dudas, pregunte qué ha sucedido y sucede con el agua de Calama, de las comunidades indígenas, etc.

Ahora que se ha rendido una cuenta pública, debemos meditar respecto si consideramos que la autoridad política realmente entiende la razón de defender el medio ambiente y está dispuesta a llevar esta defensa hasta sus últimas consecuencias.

 

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The Access Initiative (TAI):  http://www.fima.cl/the-access-initiative-tai/ http://www.fima.cl/the-access-initiative-tai/#comments Mon, 02 Jun 2014 22:05:25 +0000 http://www.fima.cl/?p=4306 Organización global dedicada a garantizar el derecho a acceso a la información, participación en la toma de decisiones y justicia en materia ambiental a toda la ciudadanía. TAI

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