Esta iniciativa, responde a las resoluciones que modificaron la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto en octubre 2012, y que a pesar de reconocer vicios de la Evaluación Ambiental llevada a cabo por el SEA, modifica la RCA, pero en ningún caso corrigió dichos vicios y, más aún, decide favorablemente en base a dos informes solicitados al Ministerios de Medio Ambiente y a la Dirección General de Aguas, en que ambos organismos se manifiestan disconformes con lo resulto en primer término por el SEA.

Por su parte, la Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA, se encuentra estudiando nuevas vías de impugnación, mientras se resuelven las reclamaciones que están aún pendientes.

Justicia Ambiental, es una publicación especializada que la Fiscalía del Medio Ambiente ha desarrollado en conjunto con la Fundación Heinrich Böll, y que el 2013 cumple 5 años. La revista se desarrolla en el marco de la difusión de los valores que integran la protección del medioambiente, erigiéndose como un espacio de discusión especializada en torno a los problemas que lo afectan así como de sus posibles soluciones. Es por eso que FIMA, invita a toda la c o m u n i d a d a c a d é m i c a n a c i o n a l e internacional, profesionales y organizaciones interesadas en materias ligadas al derecho ambiental, aguas, minería, eléctrico o relacionadas, a escribir y enviar sus artículos.

El plazo final para la recepción de los trabajos, es el viernes 31 de mayo de 2013.Los artículos pueden ser enviados via mail a fima@fima.cl o impresos a Portugal 120 of. 1A, Santiago. Chile.

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Manual de citas y referencias

Algunos destacados de este número:

- Hasta el 31 de mayo se recibirán trabajos para la Revista Justicia Ambiental.

- Sebastián Rogers escribe sobre la Consulta Indígena en el marco del Convenio 169 de la OIT

- Ezio Costa nos invita a cuestionarnos nuestro modelo de desarrollo en 5 Conversaciones Para Chile. 

 Por: Sebastián Rogers Bozzolo

Desde la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT el 15 de septiembre de 2009, Chile no ha contado con una reglamentación de la consulta que respete los estándares del Convenio. El D.S 124 de MIDEPLAN del año 2009 pretendió regular la consulta, sin embargo, ha sido fuertemente cuestionado, tanto por sus vicios de forma en la elaboración y aprobación como en los que respecta a la regulación sustantiva de la consulta.

Es por ello que el Gobierno sometió a consulta a los pueblos indígenas, en agosto de 2012, la nueva propuesta de reglamentación del artículo 6 y 7 del Convenio 169. A su vez, recibió la contrapropuesta de reglamento que efectuaron distintos pueblos indígenas, y presentó una nueva propuesta sobre ciertos artículos (disponible en: http://www.consultaindigena.cl/articulo120413_2.html).

El artículo 6 del Convenio 169 dispone que al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Un punto fundamental para una adecuada reglamentación de la consulta dice relación con la definición del ámbito de aplicación a los órganos del Estado. La nueva propuesta recientemente entregada por el Gobierno mantiene falencias en este aspecto, puesto que señala los órganos a los cuales se les aplicarían el reglamento en cuestión¹.

 El órgano del cual emana la medida no debiese ser el factor determinante a la hora de aplicar el reglamento de consulta, sino que por el contrario, debiese ser la medida propiamente tal la que determine su aplicación. Los elementos que determinan la aplicación de la consulta según el Convenio, son tanto la afectación directa a los pueblos indígenas, como la materia, la cual se refiere al tipo de medida que se pretende aplicar, ya sea administrativa o legislativa.

En el marco del Convenio 169, respecto de las medidas administrativas, lo que determina este carácter no es el órgano del cual proviene, sino que la función pública que ejerce. Vale decir, es el ejercicio de potestad y el carácter de función pública lo que determina que una medida sea o no consultada, más no su origen. Lo anterior resulta importante para efectos de incluir dentro del ámbito de aplicación del nuevo reglamento de consulta a todos los órganos del Estado que ejercen potestades públicas.

Resulta particularmente relevante el caso de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la cual es una corporación de derecho privado pero ejerce funciones públicas. La CONAF no forma parte de la administración del Estado en los términos del inciso segundo artículo 1 de la Ley Nº 18.575, ni tampoco se encuentra incluida dentro de los órganos de la administración a los cuales les sería aplicable la nueva propuesta normativa del gobierno. Siguiendo la lógica del artículo 4 del nuevo reglamento, quedan excluidas de la consulta indígena todas las medidas que adopte CONAF, como puede ser un plan de manejo o por ejemplo un plan para reforestar Rapa Nui, sin embargo, CONAF ejerce potestades públicas por lo que dicta medidas administrativas que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas.

Por lo tanto, para una adecuada implementación de un nuevo reglamento, que cumpla con los estándares del Convenio 169 de la OIT y que reemplace al cuestionado decreto 124 de MIDEPLAN, es fundamental que su ámbito de aplicación sea determinado por el ejercicio de una función pública. En este sentido, una visión amplia permite incluir dentro del concepto de medidas administrativas a aquellas que tienen su origen en corporaciones de derecho privado pero que ejercen función pública (como es el caso de la CONAF).

Este plan de acción busca implementar la declaración del Principio N 10, el cual fue firmado en la conferencia Río +20 de junio de 2012, en el que los países aceptaron trabajar hacia un instrumento regional para mejorar el acceso a los derechos.

Los países de Latinoamérica y el Caribe bajo este plan de acción, se comprometen a:

• Promover la Declaración e incorporar nuevos firmantes en el proceso;

• Fortalecer y poner de relieve los progresos realizados en materia de derechos de acceso a la información, participación y justicia;

• Promover la participación activa de la sociedad civil a nivel nacional;

• Trabajar hacia la creación de un instrumento regional a través de grupos de trabajo para debatir en el desarrollo de capacidades y esfuerzos de cooperación, y determinar la naturaleza y alcance de este instrumento regional.

“Este nuevo plan de acción muestra la voluntad política de transformar la justicia ambiental y la transparencia en la región. Conforma un espacio en la agenda para abordar el desafío de negociación de un instrumento regional”, señaló Carol Excell, del Instituto de Recursos Mundiales www.wri.org, asociado a The Access Initiative.

El embajador José Balmaceda de Chile, señaló que “(el plan de acción)… es una fuerte señal política para la comunidad internacional, de que estamos respondiendo de forma responsable con este compromiso (principio 10). Estamos en un nuevo tiempo histórico para la región. Esta es la primera vez que representantes de los gobiernos de estos 14 países y de la sociedad civil, se sientan a debatir al mismo nivel con transparencia y confianza asuntos relevantes para el futuro de la región. Este es un legado para la madurez en la región. Hemos estados dispuestos a alcanzar consensos en el plan de acción que nos permitirá movernos hacia delante en los procesos nacionales y esfuerzos regionales. Estoy seguro de que esto resultará motivante para otras naciones que querrán unirse al proceso”.

Daniel Barragan del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, ONG, explicó: “Esperamos que para el final del 2014 podamos contar con el desarrollo de un instrumento en el Principio 10, que establezca acciones concretas para garantizar a todos los ciudadanos y comunidades de nuestra región una participación efectiva e informada, para que podamos tener una voz y ser parte de la toma de decisiones en lo referente a medio ambiente y recursos naturales”.

El Plan incluye una serie de disposiciones innovadoras, incluidos los procedimientos para la participación del público en este proceso regional y sus grupos de trabajo y las oportunidades de cierre del Sur a Sur en la creación de capacidades en materia de derechos para promover la transparencia, la participación pública y el acceso a la justicia. También proporciona un mayor apoyo para la aplicación efectiva a nivel nacional. En la reunión, se vio a Colombia y Honduras firmando la declaración, así como copresidentes ser elegidos para dirigir grupos de trabajo. Costa Rica y Brasil recibieron el mandato para diseñar el instrumento regional del Principio 10 y Jamaica y Colombia recibieron la tarea de facilitar el trabajo en cooperación y desarrollo de capacidades. 

Las observaciones entregadas por FIMA, tienen relación con los siguientes factores:

• Ausencias de información sobre impacto en sitios prioritarios, flora y fauna.
• Descripción insuficiente de la influencia en Santuario Yerba Loca:
• Predicción y evaluación del impacto ambiental, incluidas las eventuales situaciones de riesgo
• Medidas de Reparación, Mitigación y Compensación
• Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes
• Inexistente evaluación de los impactos del proyecto sobre ambientes periglaciares
• Falta de compensaciones emisiones Región de Valparaíso sector Cordillera
• Falta de datos en la estimación de línea de base.
• Inserción de un total de 18 mil trabajadores en la etapa de construcción del proyecto que dura 6 años. 2043 trabajadores para los próximos 65 años y 1000 trabajadores para los 2-3 años siguientes.
• Ausencia de análisis costo – beneficio

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The Access Initiative es la red de trabajo de organizaciones de la sociedad civil más grande que existe. Está dedicada a  asegurar que las comunidades locales tengan los derechos y la capacidad para acceder a la información y participar en la toma de decisiones que afecten sus vidas y medio ambiente.

Miembros de todo el mundo llevan a cabo  la promoción basada en fomentar la colaboración y la innovación para avanzar en la transparencia, cuentas públicas e inclusividad en la toma de decisiones en todos los niveles.

En materias que van desde las leyes para la libertad de información, la participación en estudios de impacto ambiental, hasta asegurar que comunidades aisladas tengan la capacidad de influir en las decisiones políticas para la apertura de tribunales públicos en casos de daño medio ambiental, pertenecen al trabajo de TAI, para así unir las luchas por la reforma política, ayudando a construir una democracia ambiental.

TAI Newsletter Special LAC Edition Volume 2

La Investigación titulada “El Convenio 169 de la OIT y la participación ciudadana”, es desarrollada por Sebastián Rogers y su compañera Andrea López de Maturana.

El Convenio 169 de la OIT, entró en vigencia en septiembre de 2009, luego de haber estado 18 años entrampado en el Congreso. En él se establecen una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la consulta. Lo anterior significa que cada vez que se se adopte une medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas, se debe llevar a cabo una consulta de buena fe, mediante los procedimientos adecuados, con el propósito de llegar a un acuerdo. Debido a esto, existen numerosos proyectos de inversión que han sido paralizado por nuestra Corte Suprema atendido a que no cumplieron con la consulta ni con los estándares fijados en el Convenio 169.

En la memoria, analizarán el convenio 169 para profundizar los conceptos establecidos, como por ejemplo el de”afectación directa”, estudiando la jurisprudencia que se ha desarrollado desde el año 2009 hasta el día de hoy, y así realizar un análisis crítico de la actual propuesta de reglamentación de la consulta elaborada por el Gobierno, teniendo a la vista la experiencia comparada sobre la materia.

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Destacamos:

• Convocatoria a publicar en el 5to número de la revista Justicia Ambiental
• Diego Lillo escribe sobre la sentencia de Achibueno
• Fima se une a The Access Initiative (TAI)

Boletín 12 FIMA