La aprobación de tres de sus centrales eléctricas ha sido fuertemente cuestionada. Tanto, que la compañía a la que están ligados hombres claves de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y el Gobierno, tuvo que paralizar la Construcción de Campiche tras un fallo de la Corte Suprema. Paralelamente, la Comisión de Recursos Naturales investigó la luz verde a la termoeléctrica Los Robles y la hidroeléctrica Alto Maipo. Y las conclusiones no son alentadoras.

Luego de un largo lobby por parte del Consejo de Defensa de la Patagonia, el director de Responsabilidad Corporativa del banco español, explicó en un e-mail al grupo ecologista que el organismo financiero no considera financiar el proyecto. Según Juan Pablo Orrego, que ha liderado las conversaciones con el ejecutivo, éste también le comunicó que el BID tampoco contemplaría financiar el proyecto de Endesa-Colbún, debido a los impactos que generaría en el país.

La ley 20.417 además crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Aunque la Presidenta Bachelet destacó la nueva institucionalidad como un “paso sustantivo hacia el futuro”, organizaciones medio ambientales aseguraron que no es suficiente.

En su informe, la Comisión de Recursos Naturales constató irregularidades en los organismos encargados de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, tales como dilución de responsabilidades, falta de prolijidad para aclarar datos entregados por la empresa AES Gener y falta de personal e instrumentos necesarios para el seguimiento adecuado del proyecto.

Ante el inminente término del plazo legal de evaluación de 120 días del Proyecto Hidroeléctrico Aysén (HidroAysén), el próximo lunes 4 de enero, el Consejo de Defensa de la Patagonia en representación de las cerca de 60 organizaciones regionales, nacionales e internacionales que lo integran, presenta la siguiente declaración pública