Hace algunos días la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama) puso fin a uno de los últimos enfrentamientos entre Aguas Andinas y Gener por el proyecto eléctrico Alto Maipo que impulsa la segunda.

Para organización que representa a más de 50 agrupaciones de Aysén, chilenas y extranjeras, la decisión del Gobierno de que el proyecto siga adelante es irregular, al existir múltiples observaciones que apuntan a la ilegalidad del proyecto y a la falta de información esencial y relevante “lo cual es mérito suficiente para que se rechace y la empresa presente un estudio a la altura. Así lo dijo incluso la ministra de Medio Ambiente”.

La comunidad indígena del Ayllu de Cúcuter, de origen atacameño, es una de las pocas colectividades nativas del norte que aún carecen de electricidad. Ubicados al sur de San Pedro de Atacama, quedan 14 familias viviendo en el lugar, cerca de 60 personas, las que aumentan a 200 debido a la movilidad entre sus familiares de las comunidades vecinas.

La aprobación de tres de sus centrales eléctricas ha sido fuertemente cuestionada. Tanto, que la compañía a la que están ligados hombres claves de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y el Gobierno, tuvo que paralizar la Construcción de Campiche tras un fallo de la Corte Suprema. Paralelamente, la Comisión de Recursos Naturales investigó la luz verde a la termoeléctrica Los Robles y la hidroeléctrica Alto Maipo. Y las conclusiones no son alentadoras.

Luego de un largo lobby por parte del Consejo de Defensa de la Patagonia, el director de Responsabilidad Corporativa del banco español, explicó en un e-mail al grupo ecologista que el organismo financiero no considera financiar el proyecto. Según Juan Pablo Orrego, que ha liderado las conversaciones con el ejecutivo, éste también le comunicó que el BID tampoco contemplaría financiar el proyecto de Endesa-Colbún, debido a los impactos que generaría en el país.