5 años de la Reserva Nacional Kawésqar: los temas que siguen pendientes para su protección

Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental.

El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo?

Los reclamos de la comunidad

Con la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace “que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel”, dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los “acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta”.

Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga “sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024”.

Una zona sobreexigida

Dentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura.

A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, “lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades”, afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

“El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.

De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.
“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales”, agrega Barrera.

“Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina”, aporta González.

A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. “¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?”, plantea Barrera.

Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, “no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad”.

Fotografía de portada por Patricio Miranda | Greenpeace Chile

Hoy se lanza «Alianza Humboldt» en oposición a proyectos Dominga y Cruz Grande

  • Alianza Humboldt es el nombre de la nueva agrupación que reúne a organismos nacionales e internacionales.
  • Anuncio se produce ad-portas de los alegatos que se llevarían a cabo mañana en la Corte Suprema por caso Dominga.

Santiago 26 de febrero, 2019. A través de la web www.alianzahumboldt.cl, 17 agrupaciones anuncian la creación de este nuevo conglomerado, cuyo objetivo será defender el ecosistema de las comunas de La Higuera y Freirina de la amenaza que representan los megaproyectos Minera Dominga de Andes Iron y Puerto Cruz Grande de CAP Minería. En el mismo sitio se presenta la declaración de principios de la agrupación, donde afirman que defenderán hasta las últimas consecuencias la valiosa zona, caracterizada por su alto endemismo en tierra y por albergar una rica biodiversidad marina en el conjunto de islas e islotes ubicados en la costa, conocido como Archipiélago de Humboldt.

La Alianza está formada por las organizaciones internacionales y nacionales Oceana, Greenpeace, Sea Shepherd, Chao Pescao, Fundación Terram, Chile Sustentable, FIMA, Geute, Ecosistemas, Ayni, Chinchimén, Fundación Relaves, Panthalassa y Codesa, junto a agrupaciones de la zona en conflicto coordinadas a través de Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, y de la cual ya son parte Defensa Ambiental IV Región, MODEMA y Sphenisco junto a otras 35 asociaciones regionales.

La declaración señala que “urge proteger de manera definitiva estos ecosistemas, que han sido identificados por la ciencia como prioritarios para la conservación y que sus propios habitantes han debido defender una y otra vez”, recordando que en el pasado estas comunidades ya habían hecho frente a la instalación de tres centrales termoeléctricas a carbón en el renombrado caso Barrancones, que, gracias a una inédita presión popular, culminó en la cancelación de dichos proyectos.

Desde la Alianza Humboldt anuncian que utilizarán “todas las vías institucionales disponibles, tanto a nivel nacional como internacional para proteger este hotspot de biodiversidad”, para revertir el irregular proceso de evaluación ambiental de Dominga y Cruz Grande, los cuales no presentaron información mínima que permitiera evaluar los impactos ambientales, ni tampoco consideraron el sinnúmero de estudios científicos que demuestran el alto valor ecológico de esta zona, tanto en la costa como en el interior.

Por otro lado, la agrupación destaca la importancia de preservar las actividades económicas sustentables del lugar como la pesca artesanal y el turismo, las cuales, de construirse ambos proyectos, estarían en peligro. Solo la comuna de La Higuera aporta el 80% del desembarque de locos y lapas de toda la región de Coquimbo, recursos que los pescadores artesanales administran desde áreas de manejo para asegurar la sustentabilidad, mientras que cada año son miles de turistas chilenos y extranjeros que visitan la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt para avistar gran cantidad de ballenas, delfines, aves marinas y peces que abundan en esta área.

Finalmente, Alianza Humboldt hace un llamado al Estado de Chile a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de conservación. En 2010, el país se comprometió en la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes, realizada en Japón, a proteger el 10% de las zonas marinas y costeras ecológicamente representativas al año 2020. Al día de hoy, apenas un 0,02% de la superficie marina de Chile central, que abarca desde Antofagasta a Valparaíso, se encuentra protegida, “por lo que se hace urgente que el país avance en el cumplimiento de estos tratados internacionales”, señalan.

Recordemos que el proyecto minero portuario Dominga fue rechazado tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como por el Comité de Ministros en 2017, por lo que Andes Iron, titular del proyecto, apeló ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Esta instancia anuló el rechazo y determinó que Dominga se volviese a votar en la región de Coquimbo, frente a lo cual diversas organizaciones ambientales y locales apelaron ante la Corte Suprema, buscando que se mantenga el rechazo. En los próximos días, el máximo tribunal escuchará los alegatos de las partes, para en los meses posteriores, dictar una sentencia definitiva.

El proyecto de CAP, por su parte, fue aprobado a pesar de la oposición local y de la presentación de recursos judiciales, pero aún no ha iniciado obras.

➜ CARTA ABIERTA DE ORGANIZACIONES CIVILES EN DEFENSA DEL ARCHIPIÉLAGO DE HUMBOLDT

 

 

 

Waterkeeper Alliance:

 Constituida formalmente en 1999 para defender y proteger las cuencas hidrológicas y velar por la calidad de las aguas, esta organización cuenta con cerca de 200 programas de protección en todo el mundo. Entrega asesoría en planificación estratégica, campañas de difusión, soporte científico y legal, para asegurar que el modelo Waterkeeper se mantenga y respete en cada uno de sus programas. WATERKEEPER

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AIDA: 

Asociación Interamericana de Defensa Ambiental. Fundada en 1998 en un esfuerzo mancomunado de ONGs americanas, con el fin de fortalecer la capacidad de todos y cada uno de sus miembros para enfrentar la grave amenaza ambiental, que las actividades económicas y la extracción de recursos naturales desenfrenada representan en la región. Como organización busca la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental a nivel nacional e internacional, y promueve los mecanismos de participación ciudadana necesarios para asegurar la efectividad de las normas. FIMA es el único integrante nacional desde su fundación. AIDA

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E-LAW

Environmental Law Alliance Worldwide o Alianza Mundial de Derecho Ambiental, es una organización fundada en 1989 y formada actualmente por cerca de 300 estudios jurídicos y científicos de más de 60 países. Su objetivo es proporcionar a abogados locales de interés público, junto a científicos y técnicos, el entrenamiento y recursos necesarios para la protección del medio ambiente en sus comunidades, a través del uso de la Ley. FIMA es su representante oficial en Chile desde el año 2000. E-LAW

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Patagonia sin represas

Campaña de oposición a los mega proyectos hidroeléctricos que se pretenden llevar a cabo en la Patagonia Chilena, ignorando que una parte considerable de sus ecosistemas más espectaculares y extraordinarios se encuentran en su sector occidental, es decir, en territorio chileno. La campaña incluye ensayos, propuestas y reflexiones sobre los principales problemas que ha sufrido la Patagonia Chilena en su pasado reciente y los que amenazan su futuro. También se presentan ideas y alternativas respecto de opciones de desarrollo para esta macro bio región, que tienen como ejes, el respeto a la integridad ambiental de su naturaleza y a su identidad cultural. PATAGONIA SIN REPRESAS

Campaña de oposición a los mega proyectos hidroeléctricos que se pretenden llevar a cabo en la Patagonia Chilena, ignorando que una parte considerable de sus ecosistemas más espectaculares y extraordinarios se encuentran en su sector occidental, es decir, en territorio chileno. La campaña incluye ensayos, propuestas y reflexiones sobre los principales problemas que ha sufrido la Patagonia Chilena en su pasado reciente y los que amenazan su futuro. También se presentan ideas y alternativas respecto de opciones de desarrollo para esta macro bio región, que tienen como ejes, el respeto a la integridad ambiental de su naturaleza y a su identidad cultural. PATAGONIA SIN REPRESAS

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Convenio con Clínica de Derecho Ambiental UDP

En su afán por establecer redes de trabajo en favor del Medio Ambiente, FIMA y el Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, han llegado a un acuerdo que permitirá a ambas instituciones asesorarse mutuamente, y así sacar el máximo provecho a los recién estrenados Tribunales Ambientales.

El convenio acordado por Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA y Dominique Hervé, Directora de

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la Clínica de Derecho Ambiental UDP, significa un gran avance en materia de asociatividad y trabajo conjunto para la protección del medio Ambiente.

Este acuerdo se une a otros que nuestra Corporación ha estado desarrollando y que también están orientados a aprovechar todas las instancias que nuestra institucionalidad ambiental dispone para la defensa de nuestro ecosistema y el de las comunidades que ven vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así mismo, este convenio se suma al que FIMA y la Universidad Alberto Hurtado han venido desarrollando desde 2012, enfocado en cuestiones académicas de derecho ambiental.

De esta forma, FIMA reafirma su compromiso en la creación y participación de redes de colaboración que permitan un trabajo profundo, consistente y propositivo en el desarrollo sustentable de nuestro país.

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