La mañana del martes 12 de enero se promulgó la ley número 20.417 que crea el ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente con el objetivo de fiscalizar todos los pasos que se den en esta materia el país.

La Presidenta Michelle Bachelet destacó que la nueva institucionalidad ambiental es una de “las dos mayores innovaciones administrativas” junto a la del ramo de la Energía y que con esta promulgación se cumplen los compromisos del gobierno.

Asimismo, la mandataria indicó que se trata de una paso sustantivo hacia el futuro de una economía verde, que reducirá los riesgos y las inequidades ambientales a los que está sometida la población, generalmente, los grupos de menor recursos.

Autoridades y representantes de ONGs junto a la Presidenta

“Hay desigualdades importantes que corregir en este campo. Sabemos muy bien que los más perjudicados por la contaminación son los grupos de menor ingreso, que la exposición a los agroquímicos afecta a los trabajadores temporeros agrícolas, que es profundamente desigual la distribución de las aéreas verdes en los centros urbanos. Necesitamos una política pública que reduzca la inequidad en la exposición a los riesgos ambientales e incrementar la equidad en el acceso a los beneficios ambientales, para que el conjunto de la población se vea favorecida”, afirmó Bachelet.

La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte destacó que con la nueva legislación se va a cambiar el diseño de las multas a las que se veían sometidas las empresas que transgredían la legislación en la materia que actualmente podían llegar a una suma irrisoria de un millón y medio de pesos, por ejemplo, en el caso de las trasnacionales que violaban las normas chilenas.

“Era necesario ponernos a la altura de los tiempos, con una Superintendencia poderosa con ministros de fe, con facultades para supervisas. Estamos en condiciones de imponer multas de hasta cuatro mil millones de pesos, de manera que sea muy caro hacerle daño al medio ambiente. No le conviene al Chile de hoy que sus empresarios se porten mal, porque van a tener un guardián activo, vigilante, que está acompañado de un guardián muy importante: la ciudadanía”, destacó Uriarte.

Sin embargo, desde las organizaciones ambientalistas manifestaron que la nueva institucionalidad ambiental no es una medida suficiente.

Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, indicó que es preocupante que muchas de las medidas medioambientales van a depender de la decisión que tomen los Tribunales Ambientales, que actualmente ni siquiera se encuentra aprobado por el Congreso.

“Nos parece que esto es absolutamente insuficiente, creemos que la puesta en funcionamiento de la Superintendencia del Medioambiente haya quedado condicionada a la aprobación de Tribunales Ambientales no es adecuada, menos en tiempos electorales. Aquí se va a producir una negociación difícil, eso nos parece preocupante. Lo mismo ocurre con todas las modificaciones a la ley de base del medioambiente y la tramitación de proyecto que queda supeditada a tribunales”, sostuvo Liberona.

Además aseguraron que se echa de menos una decisión más clara en relación a la creación de un servicio de protección de aéreas silvestres y protección y conservación de la biodiversidad, así como la participación ciudadana efectiva.

A pesar de ello, tanto las organizaciones ambientales como los parlamentarios que participaron en el proceso de elaboración de esta ley coincidieron en que la iniciativa elevó el nivel de discusión en el área medio ambiental y que ahora existirá un ministerio con interlocución política. Eso sí, manifestaron que seguirán dando la batalla para que este tipo de instituciones se haga respetar.

Fuente: Radio Universidad de Chile